Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2025-17787614-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, con costas.
2Confirmar la RESOL-2024-1413-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas EX-2023-03327765-AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, en cuanto fue materia de recurso, con costas a la actora vencida (art. 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-75866657-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 6 de Agosto de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2025-17787614-APN-SGASAD#TFN (MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A).
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que mediante RE-2025-17787273-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la RESOL-2024-1413-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas EX-2023-03327765-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI, mediante la cual se rechazó la devolución de la suma de U$S 55.424,60, solicitada por la recurrente, correspondiente a derechos de exportación establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional y abonados conforme los Decretos Nros. 133/2015 y 1343/2016 en relación con el Permiso de Embarque N.º 18057EC01000677U.
Realiza una síntesis de lo acaecido en sede aduanera. Entiende que la aplicación de los derechos de exportación mediante el mencionado Decreto es inconstitucional, ya que viola el principio de legalidad. Aduce que el servicio aduanero pretende ocultar el claro hecho de que el Decreto referido es una norma que impone un tributo sin una ley formal admisible que lo autorice. Invoca la jurisprudencia del caso “Camaronera Patagónica”. Analiza sus alcances y la norma prevista en el art. 755 del CA para concluir que la fijación de un derecho de exportación mediante una resolución del Poder Ejecutivo merece un reproche constitucional. Explica que toda aplicación o incremento de derechos de exportación realizada por este último, es ilegítima siempre que no se fijen límites máximos y mínimos, como así también una clara política legislativa, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 76 de la Ley Suprema. Cita jurisprudencia y doctrina a su favor. Solicita se aplique la doctrina sentada por la Corte en el caso “Camaronera Patagónica S.A.”, en tanto allí se declaró la inconstitucionalidad de una resolución ministerial que estableció derechos de exportación a partir de una delegación inválida y que fue ratificada luego de que haya entrado en vigencia. Entiende que el art. 755 del Código Aduanero, al no ser ratificado por una Ley ni reunir los requisitos que impone el artículo 76 de la Constitución Nacional, no resulta una norma delegante suficiente, para de modo autónomo, autorizar al Poder Ejecutivo a establecer alícuotas de derecho de exportación. Subsidiaramente plantea la nulidad de la resolución apelada con fundamento en su falta de causa, motivación y vulneración del debido proceso, al no haberse hecho lugar a las pruebas ofrecidas en la instancia aduanera Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, y se ordene la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con más los intereses del art. 811, del C.A., con costas.
II. Que mediante IF-2025-51919192-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una reseña de los antecedentes normativos. Manifiesta que el planteo de nulidad de la actora resulta inadmisible, ya que conforme surge de las actuaciones, se cumplieron con todos los deberes y principios procesales aplicables a la materia. Aduce que la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera” es desacertada. Advierte que es abundante la jurisprudencia donde la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que concluye que la delegación efectuada a favor del Poder Ejecutivo es legítima y con arreglo al artículo 755 del Código Aduanero. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso. Asevera que el legislador previó dotar a la administración de tales facultades y funciones al dictar el C.A. precisamente para que las mismas sean ejercidas. Explica que dicha delegación encuentra sustento en las cambiantes circunstancias de la economía que ameritan la adopción de medidas rápidas. Indica la limitación del artículo 1164 del C.A. en relación con la facultad de este Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de normas. Solicita que se declare la aplicación del fallo “Cencosud S.A.” y los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del C.A. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. En la PV-2025-56678526-APN-VOCXIV#TFN se declara la causa de puro derecho. Mediante la PV-2026- 68666146-APN-VOCXIV#TFN se elevan los autos a la Sala “E” y finalmente mediante IF-2026-68643947-APN- VOCXIV#TFN se los pasa a sentencia. .
IV. Que las actuaciones EX-2023-03327765-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI se inician el 28/12/2023 con la PV-2023-03327767-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI efectuada con motivo de...“Solicitud de Caratulación: pe 18057ec01000677uMOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. C.U.I.T. N° 30-50795084-8 DERECHOS DE EXPORTACIÓN”.... A contiuación se agrega el pedido de repetición de derechos de exportación abonados en exceso con relación al permiso de embarque (“PE”) Nro. 18057EC01000677U, acompañando la firma exportadora copia de dicha destinación como así también la constancia de pago de los derechos de exportación - efectuado el 08/02/2018. Posteriormente, se expide el Jefe de la Sección Inspección Simultánea, informando que “...al momento de la oficialización de la DDT, se encontraban vigentes el Decreto 133/15 (vigente 17/12/15) que fija la alícuota en 27%, y el Decreto 1343/16 (vigente desde 02/01/18) que fija una reducción mensual del 0,5%, se abonó CONFORME, el importe correspondiente por el concepto mencionado anteriormente. Asimismo indica que “...NO CORRESPONDERÍA, dar curso a lo solicitado y así mismo considera que no sería de su competencia determinar la supremacía de una norma sobre otra.-.”. Luego la Secciòn Económica y Financiera informa el monto abonado por la firma MOLINO CAÑUELAS SACIFIA en el caso en cuestión. Acto seguido, se provee la respectiva solicitud de repetición efectuada por la exportadora. Finalmente, con fecha 27 de diciembre de 2024, se dicta la RESOL-2024-1413-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, aquí apelada.
V. Que en primer lugar corresponde tratar la nulidad de la resolución apelada opuesta por la actora, con fundamento en su falta de causa, motivación y vulneración del debido proceso.
En tal sentido cabe precisar que no se advierte cuál es el agravio concreto invocado por la recurrente, ya que de la lectura de la resolución apelada se observa la expresión de los motivos que fundamentan el rechazo de la devolución intentada por la actora. Estos motivos –si bien pueden o no compartirse- excluyen considerar a la resolución apelada como carente de fundamentación.
Por su parte, en relación con la vulneración del debido proceso por haberse rechazado las pruebas ofrecidas en la instancia aduanera cabe señalar que, dada la posibilidad que tienen las partes, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables. Que ello así, corresponde rechazar el planteo efectuado por la actora en este sentido, ya que el vicio alegado no le causa indefensión o gravamen que no puede ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta de aplicación al caso la doctrina de la CSJN, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros, Fallos: 205-549 y 267-393).
VI. Respecto al fondo del asunto, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/DGA s/recurso de apelación” (EX2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto por el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
VII. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar la pretensión de devolución de los derechos de exportación relativos al PE N.º 18057EC01000677U, abonados conforme a lo dispuesto en el Decreto Nro. 1343/16, que se encontraba vigente y establecía una reducción progresiva del 0,5% mensual de la alícuota aplicable (27%) a las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), detalladas en el Anexo I del Decreto Nro. 133/2015 y sus modificatorios.
VIII. Las costas deberán ser soportadas por la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164).
Por todo lo expuesto, voto por:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente.
2. Confirmar la RESOL-2024-1413-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas EX-2023-03327765-AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, en cuanto fue materia de recurso, con costas a la actora vencida (art. 1163 del C.A.).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al IV del voto del Dr. Horacio Joaquín Segura.
II. Que adhiero a los argumentos expuestos en el Considerando V -y a su conclusión- respecto del rechazo del planteo de nulidad efectuado por la parte actora.
En efecto, no se advierte que la resolución apelada presente vicios que hubieren causado una indefensión concreta o un gravamen no subsanable en esta instancia. La disconformidad de la recurrente con la valoración efectuada por el servicio aduanero y con la denegatoria de la prueba ofrecida en sede administrativa no basta, por sí sola, para invalidar el acto recurrido, en tanto la actora pudo articular sus defensas, ofrecer prueba y obtener revisión jurisdiccional ante este Tribunal.
Por ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad, con costas a la actora vencida, conforme lo dispuesto por el art. 1163 del Código Aduanero.
III. Que, en particular, considero que el Decreto 1343/16 redujo la alícuota establecida para la posición arancelaria de autos del 27% -conf. Decreto 133/2015- al 26,5%, que fue la efectivamente abonada por la parte actora conforme la fecha de cierre de venta del 10/01/2018, de acuerdo con el régimen de la ley 21.453. En tales condiciones, no se advierte una afectación concreta a su derecho de propiedad derivada de la aplicación de dicha norma en relación con el régimen inmediatamente anterior, toda vez que el Poder Ejecutivo disminuyó la carga aplicable. Ello sin perjuicio del planteo de invalidez constitucional formulado por la recurrente, que corresponde desestimar por las razones que se exponen seguidamente.
IV. Dicho ello, y en relación con el permiso de embarque involucrado y el reclamo de devolución rechazado, corresponde señalar que no resulta factible extender al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Camaronera Patagónica S.A.” —Fallos: 337:388—.
Ello es así toda vez que dicha causa versó sobre hechos acaecidos en el año 2002 y, en consecuencia, el plexo jurídico aplicable y sus circunstancias concomitantes difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso. Aquí el Poder Legislativo declaró vigentes las facultades delegadas -ley 26.939-, previó su intervención posterior al dictado de los decretos delegados -ley 26.122- y se produjo la convalidación legislativa correspondiente.
V. Que, en relación con las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer derechos de exportación, corresponde estarse a la doctrina legal -art. 151 de la ley 11.683- fijada con fecha 26/04/2022 por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN, dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/DGA s/recurso de apelación”.
En dicho acuerdo plenario, por mayoría, se resolvió: “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”.
VI. Que, en cuanto a la presunta vulneración del principio de reserva legal invocada por la recurrente, corresponde tener presente que, al momento de los hechos de autos -y también en la actualidad-, el régimen jurídico aplicable debe ser interpretado en forma armónica.
La ley 26.939 declaró la vigencia de la ley 22.415 y, en consecuencia, de las delegaciones allí previstas, en los términos en que fueron establecidas. A ello se suma la ley 26.122, publicada en el Boletín Oficial el 28/07/2006, que estableció un mecanismo de control y aprobación posterior por parte del Congreso de la Nación respecto de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la interpretación de las leyes debe hacerse evitando asignarles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo unas por otras, y adoptando como verdadero aquel que las concilie y deje a todas con valor y efecto. También ha señalado que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. La ley 26.122, vigente desde el 06/08/2006, resulta central para comprender el tratamiento que corresponde otorgar a los decretos dictados por delegación legislativa. A partir de su entrada en vigor, tales normas mantienen fuerza ejecutoria desde su dictado y publicación, sin perjuicio de quedar sometidas al control posterior de la autoridad delegante, esto es, el Congreso de la Nación.
Corresponde distinguir, entonces, entre establecer originariamente una alícuota tributaria y aprobar o convalidar una alícuota ya fijada por el órgano competente por delegación, sujeta al control del órgano delegante. En el primer supuesto rige, como regla, el principio de irretroactividad de la ley. En el segundo, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su posterior convalidación.
Se trata de normas condicionadas o dictadas ad referendum de la aprobación del órgano delegante, pero dotadas de plena fuerza ejecutoria desde su dictado, en tanto no sean rechazadas por el Congreso.
En esa inteligencia, el art. 17 de la ley 26.122 establece que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad con lo establecido por el art. 2° del Código Civil -actual art. 5° del Código Civil y Comercial de la Nación-, es decir, desde su publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en ejercicio de facultades delegadas gozan de validez y fuerza ejecutoria desde su dictado y publicación, y tal eficacia se mantiene en tanto el Congreso de la Nación no proceda a su rechazo.
Asimismo, cabe tener presente que el art. 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que dicho órgano se encontraba habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
VII. Que las cuestiones planteadas en el presente caso resultan análogas a las resueltas por este Tribunal en el Fallo Plenario citado, dictado el 26/04/2022 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, mediante IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN.
En consecuencia, corresponde aplicar al caso la doctrina legal allí fijada, en cuanto establece que este Tribunal no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en un caso concreto ante el planteo efectuado por un recurrente y que el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación en razón de lo dispuesto por el art. 755 del Código Aduanero.
VIII. Que, en virtud de lo expuesto, los derechos de exportación abonados por la actora en relación con el permiso de embarque de autos fueron liquidados conforme la normativa aplicable a la fecha de cierre de venta y, por tanto, no se advierte pago indebido que habilite la repetición pretendida.
En consecuencia, corresponde confirmar la RESOL-2024-1413-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas EX-2023-03327765- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, en cuanto fue materia de recurso.
IX. En relación con las costas, por la forma en que se resuelve y atento a que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es anterior a la interposición del presente recurso, corresponde imponerlas a la parte actora vencida, de conformidad con lo previsto por el art. 1163 del Código Aduanero.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, con costas.
2. Confirmar la RESOL-2024-1413-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas EX-2023-03327765- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, en cuanto fue materia de recurso, con costas a la actora vencida (art. 1163 del Código Aduanero).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto del Dr. Horacio J. Segura.
II. En primer lugar, corresponde tratar los agravios expuestos por la actora en cuanto a los planteos de inconsistencias de la resolución aduanera apelada y la solicitud de nulidad formulada (puntos IV.a.- y IV.c.- del recurso de apelación). Del análisis de los antecedentes, no surge que en sede aduanera se hubieren producido errores o vicios, que causaren a la actora una indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia. Nótese, que la actora contó con la suficiente oportunidad para ofrecer y producir toda la prueba que evaluare pertinente en esta sede a fin de ejercer su derecho de defensa. Asimismo, se observa que la resolución aduanera apelada en autos, fue dictada conforme lo establecido por el art. 7 de ley 19.549, contando con los requisitos esenciales del acto administrativo. En consecuencia, conforme a lo expuesto, no corresponde hacer lugar a las nulidades planteadas por la recurrente, con costas.
III. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada - RESOL-2024-1413-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI -, en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma MOLINO CAÑUELAS SACIFIA, se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de U$S55.424,60, que según refiere habría abonado en demasía con relación al permiso de embarque (PE) 18057EC01000677U. Mediante tal PE documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 2304.00.10.100B –Harina de tortas (Ley 21.453) Harina y –pallets- TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA (SOYA), INCLUSO MOLIDOS O EN –PALLETS-. abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 1343/16 que fijó, para esa PA, una alícuota del 26,5%.
De modo liminar, cabe precisar que la exportación de autos se encuentra gobernada por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta - 10.01.18 para el PE de auto- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el decreto 509/07 (BO: 23.05.07), que según refiere estableció una alícuota del 24% para la PA objeto de autos (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto).
IV.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad al decreto 509/07 se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada resolución 369/07.
Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “LDC ARGENTINA S.A. c/Dirección General de Aduanas s/apelación” Expte. 38.204-A, a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia.
En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 369/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por la mencionada resolución (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo). Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 32% establecida por la resolución MEyP 369/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones - MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo reestablecidas por la resolución 182/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo.
En conclusión, la alícuota del 32% establecida por la resolución 369/07 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08 y hasta el 17.12.15 (salvo el período de alícuotas móviles de la resolución 125/08), fecha la última en la cual el decreto 133/15 fijó una alícuota del 27% y, posteriormente a ello, se sanciona el decreto 1343/16 (30.12.16) que redujo a su vez la alícuota establecida por el decreto 133/15, reduciendo ambos decretos la del 32%.
Cabe destacar que por los fundamentos expuestos en el referido precedente de esta Sala E “LDC ARGENTINA S.A.” Expte. 38.204-A las resoluciones 369/07 y 182/08, como la alícuota del 32% son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15.04.14.
IV.2. Dicho lo anterior, el decreto 1343/16 -impugnado en estos autos- redujo la alícuota establecida para la PA de autos del 32% (constitucionalmente válida conforme los fundamentos expuestos supra, al haber sido fijada por las resoluciones 369/07 y 182/08) al 26,5% -alícuota efectivamente abonada por la actora-. Siendo ello así no se advierte en el caso ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora.
Por el contrario, para que se vea afectado dicho derecho -por violación al principio de legalidad en materia tributaria- se requiere una incidencia lesiva del Poder Ejecutivo sobre tal derecho. En el caso tenemos una alícuota constitucional y legal previa -del 32%- que, con la resolución impugnada, fue reducida por el PEN al 26,5%, beneficiando así a la actora que vio disminuida su carga tributaria de aquella que legalmente percibía el Poder Ejecutivo.
La intervención del Congreso para modificar alícuotas de derechos de exportación no resulta ineludiblemente exigible -en general y respetando siempre el principio de igualdad- cuando tal modificación -o el de otro elemento esencial del tributo- no incide o lesiona el derecho de propiedad de los contribuyentes afectados por tal modificación. Es lo que sucede en este caso, donde el Poder Ejecutivo -unilateralmente- redujo la alícuota y la carga tributaria consecuente que el contribuyente pagaba. En el caso, el derecho de propiedad del contribuyente, por efecto de la reducción de alícuotas legales, pasó a gozar de una mayor plenitud, expandiéndose respecto de la medida en la que -legalmente- estaba afectado previo a la intervención del Poder Ejecutivo; el Poder Ejecutivo alivió su carga fiscal con el dictado del decreto 1343/16. En consecuencia, corresponde rechazar los agravios expuestos por la actora respecto de la denegatoria de la repetición que intentó -por ser defectuoso su planteo jurídico- y confirmar la resolución apelada.
V. Costas: En relación a las costas, atento a que se aplica jurisprudencia del tribunal que data del 22.02.23 ("LDC Argentina S.A." Expte. 38.204 y "Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A." EX-- -APN-SGASAD#TFN) deben imponerse a la actora vencida (art. 1163 del CA).
VI. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la resolución RESOL-2024-1413-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas EX-2023-03327765- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, con costas a la actora (art. 1163 del CA).
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, con costas.
2. Confirmar la RESOL-2024-1413-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas EX-2023-03327765-AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, en cuanto fue materia de recurso, con costas a la actora vencida (art. 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2026.08.05 17:57:36 ART Date: 2026.08.05 21:14:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.06 12:39:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.06 12:41:13 -03:00
Fin de la sentencia