Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2026-29243046-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la RESOL-2026-132-E-ARCA-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo, en las actuaciones administrativas EX-2024-03428621-
AFIPSRRODVMENT#SDGPCI,.
2Costas a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-87350898-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 8 de Septiembre de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2026-29243046-APN-SGASAD#TFN, (ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A).
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Mediante el RE-2026-29241462-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. e interpone recurso de apelación contra la RESOL-2026-132-E-ARCA-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo, en las actuaciones administrativas EX-2024-03428621- AFIPSRRODVMENT#SDGPCI, mediante la cual se dispuso no hacer lugar a la solicitud de devolución de sumas en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 131/2022, en relación a la destinación Nro. 22 057 EC01 011732 J, cuyo valor asciende a pesos cuarenta y un millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro con 31/100 ($ 41.474.784,31), con más sus intereses.
Efectúa un breve relato de los hechos y sustenta la repetición solicitada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Camaronera Patagónica S.A. c/ Dirección General de Aduanas”. Sostiene que los derechos de exportación pagados fueron fijados por el Decreto N° 131/2022 cuya inconstitucionalidad opone. Explica que en los términos requeridos del artículo 76 de la Constitución Nacional, el decreto en cuestión, no constituye una delegación legislativa válida. Asevera que en el precedente citado la Corte Suprema dispuso que los derechos de exportación son tributos y que deben ser creados por ley del Congreso Nacional en aplicación del principio de legalidad tributaria.
Cita jurisprudencia que entiende aplicable. Agrega que el Poder Ejecutivo invoca como fundamento su ámbito de reserva y facultad de reglamentación (artículo 99, inc. 1° y 2° de la Constitución Nacional) cuando este no abarca la definición de la alícuota del tributo, fijada por el decreto aquí apelado. Indica que este Tribunal posee facultades suficientes para revisar la validez constitucional del Decreto en cuestión y declarar la inconstitucionalidad del mismo. Explica que, en el precedente “Camaronera Patagónica S.A.”, la CSJN concluyó que los derechos de exportación son tributos, y que por ello deben ser creados por el Congreso, que sus elementos esenciales deben estar establecidos por esa misma institución, y que las alícuotas podrían ser fijadas por el PE en tanto exista una delegación legislativa clara y precisa.
Desarrolla el principio de legalidad tributaria o reserva de ley. Explica que el art. 755 del C.A. no califica como una norma delegante válida a efectos de que el PE fije las alícuotas de los derechos de exportación. Cita la doctrina sentada en los fallos de la CNACAF, de las causas caratuladas “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A”. Afirma que la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes debe ser analizada no solo en virtud de lo dispuesto tanto en el artículo 1164 del Código Aduanero, sino también a partir del denominado bloque de constitucionalidad y, especialmente, de las directrices emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las directivas de la Comisión Interamericana.
Ofrece prueba, hace reserva de plantear el caso federal, y solicita que se revoque la resolución apelada, haciendo lugar a la repetición interpuesta, con más los intereses solicitados y con costas al Fisco.
II. Mediante el IF-2026-59557744-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Luego de efectuar una negativa genérica, analiza los antecedentes normativos que dieron lugar a la fijación de los derechos de exportación. En primer lugar, plantea la incompetencia del Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de las normas (cfr. art. 1164 del C.A.), cita jurisprudencia. En cuanto a la cuestión de fondo, precisa que no resulta aplicable al caso de marras el precedente del Máximo Tribunal "Camaronera Patagónica", dado el diferente contexto normativo que se presenta en el caso de autos, en tanto al momento de la entrada en vigencia de la Resolución N° 11/2002 (05/03/02) aún no había sido dictada la ley 26.122. Transcribe los argumentos esbozados en la sentencia de este Tribunal en los autos caratulados "Transportadora del Gas del Sur S.A.", Expte N° 38.422-A, donde se examinó el Decreto N.° 793/2018, el cual considera aplicable mutatis mutandis. En otro orden, invoca la doctrina emanada en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”
(EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN). En subsidio, solicita que en el supuesto caso que se haga lugar a la repetición, se aplique el criterio establecido por la Corte Suprema en la causa “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A) c/ DGA s/ Recurso Extraordinario”, y los intereses de conformidad con lo previsto en los arts. 811 y 812 del C.A. Ofrece prueba y solicita se confirme la resolución aduanera apelada, con costas III.- En la PV-2026-61064585-APN-VOCXIV#TFN se declara la causa de puro derecho. Mediante la PV-2026- 81615043-APN-VOCXIV#TFN se elevan los autos a la Sala “E” y finalmente medianteIF-2026-82979401-APN- VOCXIV#TFN se los pasa a sentencia.
IV. El expediente EX-2024-03428621-AFIP-SRRODVMENT#SDGPCI se inicia el 8 de octubre de 2024 con Motivo de Solicitud de Caratulación: Aceitera General Deheza Destinación N° 22 057 EC01 011732 J. Posteriormente se agrega diversa documentación entre ellas el escrito por el cual se inició la solicitud de devolución de derechos de exportación, en relación al P.E Nro. 22 057 EC01 011732 J, cuya destinación también se encuentra glosada y luego a través del IF-2025-00617460-AFIP-SESUADSALO#SDGOAI, se remiten los autos a la Sección Inspección Simultánea a fin de que emita informe técnico respondiendo a los lineamientos establecidos por la Res. Gral. AFIP N ° 2365/07 Pto. “B”, 4-5 y 6, estableciendo en moneda de curso legal el importe que correspondería devolver y luego, por SECCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA se certifique el pago efectuado por el solicitante y en su caso, efectúe la liquidación correspondiente Luego de diversos pases se emite el informe técnico de la Sección Inspección Simultanea de la Aduana de San Lorenzo IF-2025-00792460- AFIP-SEISDVOSAL#SDGOAI en donde se indica que, teniendo en cuenta la entrada en vigencia del Decreto 131/2022 desde el 19 de Marzo del año 2022 -que implemento el 33% en concepto de Derechos de Exportación-, la DDT abonó CONFORME el importe correspondiente por el concepto mencionado anteriormente y que por este motivo, dicha instancia opinaba que no sería su competencia determinar la supremacía de una norma sobre otra.
A continuación se agrega el IF-2025-00807985-AFIP-SEFIADSALO#SDGOAI que contiene la liquidación correspondiente a la cancelación de los derechos de exportación de la operación efectuada. Posteriormente después de diversos pases se agrega el DICTAMEN NRO. 284/2025 (DV RJU2), en el que se indicó que no correspondía acceder a lo solicitado, todo por cuanto se habría abonado el importe que efectivamente correspondía en concepto de derechos de exportación, conforme la normativa vigente. Luego se agrega el IF- 2025-04314239-ARCA-DVAYFN#SDGOAI en el que se indica que la firma abonó, el 29/09/2022, la suma de $2.093.636.160 -en concepto de pago por el 90% de la Declaración Jurada de Exportación 22001DJVE006346V- con la que se habrían cancelado los derechos de exportación de la destinación Nro. 22 057 EC01 011732 J, pero que dicha instancia advierte que no surge de los actuados cuál es el monto de la cancelación de esa destinación, motivo por el cual requirio su detalle y verificar si era coincidente con el reclamado por la empresa.
A continuación se dicta el IF-2025-04349279-ARCA-SITEDVOPSL#SDGOAI informando que el interesado solicita la devolución de $ 41.474.784,31, que es la resultante de la diferencia entre el 33% en concepto de Derecho de Exportación -que abonó conforme según Decreto 131/2022- y el 31% -según el anterior Decreto 790/2020 vigente hasta el 18/03/2022-. Mediante el IF-2026-00334812-ARCA-DVAYFN#SDGOAI se solicita al servicio juridico tenga a bien ratificar y/o rectificar - de corresponder - los términos del dictámen juridico emitido, verificando además la fecha desde la cual correspondería considerar los intereses resarcitorios previstos en el art. 811 del codigo aduanero y, una vez cumplido ello, se de intervención al Departamento Aduana San Lorenzo.
Por ello se emite el IF-2026-00339176-ARCA-DVRJU#SDGTLA ratificando en un todo el dictamen jurídico incorporado en autos. Finalmente con fecha 18 de febrero de 2026 se dicta la RESOL-2026-132-E-ARCA- ADSALO#SDGOAI, apelada en autos.
V. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.”
VI. En virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación al Permiso de Embarque Nro. 22 057 EC01 011732 J en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 131/2022.
VII. Las costas deberán ser soportadas por la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164).
Por lo expuesto, voto por:
1).- CONFIRMAR la RESOL-2026-132-E-ARCA-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo, en las actuaciones administrativas EX-2024-03428621-
AFIPSRRODVMENT#SDGPCI,.
2).- Costas a cargo de la actora.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto del Dr. Segura continuando conforme lo siguiente.
II. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -RESOL-2026-132-E-ARCA-ADSALO#SDGOAI-, en cuanto denegó la devolución de las sumas pretendidas por la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. en concepto de diferencia de derechos de exportación abonados con relación al permiso de embarque (“PE”) 22057EC01011732J, se ajusta a derecho. Asimismo, cabe recordar, como ya lo hice en innumerables precedentes, que no resulta aplicable al caso el plenario de este tribunal del 26.04.22.
Mediante el referido PE 22057EC01011732J la actora documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 2304.00.10.100B –Harina de tortas (Ley 21.453) Harina y -pellets- TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA (SOYA), INCLUSO MOLIDOS O EN –PELLETS-, abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 131/22 (BO: 19.03.22) que fijó, para esa PA, una alícuota del 33% (Ver art. 1 que remite al decreto 230/20).
De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la vigente a la fecha de cierre de venta - 26.09.22 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora cuestiona la validez de decreto 131/22, por los fundamentos que expone, que remiten al precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14.
III.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que con anterioridad al dictado del decreto 131/22, se dictó el decreto 793/18 (BO: 04.09.18), que fijó una alícuota del 12% para todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del MERCOSUR (Art. 1); sustituyó las alícuotas de derechos de exportación aplicables a las mercaderías comprendidas en su Anexo II, fijando en 18% la alícuota para la PA 1507.10.00 (Art. 3 y Anexo II); y estableció que para las mercaderías cuya exportación ya estaba gravada, el derecho de exportación establecido en su art. 1 (12%) debía adicionarse a los derechos de exportación vigentes de acuerdo a lo estipulado por su art. 3 (18%), por lo que la alícuota aplicable a la PA en trato quedó fijada en 30% (18+12), con el limite determinado por el art. 2 del referido decreto, que indicaba que el derecho de exportación no podía exceder de $4 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda. Dicho decreto fue luego mantenido en su vigencia y validez legal mediante el art. 82 de la ley 27.467 (BO: 04.12.18). Más tarde, el decreto 37/19 (BO: 14.12.19) dejó sin efecto el límite de $4 por cada dólar estadounidense establecido en el art. 2° del decreto 793/18 (Art. 1).
Posteriormente, se dictó el decreto 230/20 (BO: 05.03.20), que fijó para la PA de autos una alícuota del 33% (Art. 1 y Anexo). Dicho decreto fue dictado en el marco de lo establecido por el art. 52 de la ley 27.541 (BO: 23.12.19), que autorizó al poder ejecutivo, hasta el 31.12.21, a fijar derechos de exportación, cuya alícuota no podía superar en ningún caso el 33%.
Luego de ello, se dictó el decreto 790/20 (BO: 05.10.20) que fijó un nuevo sistema de alícuotas para la PA en trato, estableciendo una alícuota del 28% a partir de octubre del 2020, del 29,5% a partir del 01.11.20, del 30% a partir del 01.12.20 y del 31% a partir del 01.01.21 (Art. 1 y Anexo).
Finalmente, mediante el dictado del decreto 131/22 (BO: 19.03.22) se suspendió, hasta el 31.12.22, la aplicación de las alícuotas dispuestas por el decreto 790/20, resultando exigibles las fijadas por el decreto 230/20 (Art. 1), que establecía, para la PA de autos, la alícuota del 33%. Tal alícuota -33%- fue la liquidada a la actora mediante el PE 22057EC01011732J, objeto de la presente.
En segundo lugar, es necesario resaltar que al momento del dictado de los decretos 793/18, 230/20, 790/20 y 131/22 se encontraba ya vigente la ley 26.122 (BO: 28.07.06). Dicha ley tiene por objeto regular el trámite y la intervención del Congreso respecto de los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa bajo la previsión del art. 76 de la Constitución (art. 1). El Capítulo II regula la delegación legislativa. Su art. 11 establece que "las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo" y el art. 12 dispone que el "Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente". En lo que interesa el art. 22 establece que las Cámaras se pronunciaran respecto de la aprobación o rechazo de las normas delegadas mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de la legislación delegada debe ser expreso (conf. art. 82 de la Constitución). El sistema constitucional, en su regulación por la ley 26.122, establece un mecanismo de intervención del Congreso —de aprobación o rechazo- a posteriori del dictado de las normas delegadas por parte del PEN. De tal modo, el art. 76 de la Constitución –que establece los requisitos de validez inexcusables que debe revestir la legislación delegante- tiene una contrapartida en la regulación constitucional de la ulterior intervención del mismo Congreso (art. 99 inc. 3 último párrafo in fine mediante la ley que allí se prevé) de control de la legislación delegada dictada por el PEN. El Congreso que previamente delega sus facultades legislativas luego controla su ejercicio por el PEN. Se señala, en este último sentido, que nada de lo anterior exime al PEN de legislar bajo modalidad delegada prescindiendo de las exigencias del art. 76 de la Constitución en cuanto al ejercicio de esa delegación: ley delegante previa, que contenga las bases de la delegación, con plazo para su ejercicio.
En tercer lugar, debe recordarse la relevancia que tiene en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), sentencia del 15.04.14, en cuanto establece el estándar jurisprudencial de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o incumplimiento, en la norma delegante, de los requisitos del art. 76 de la Constitución.
III.2. A la luz de lo expuesto supra es que corresponde resolver la controversia de autos.
Específicamente, véase que las normas delegantes de facultades que se invocan para el dictado del decreto 131/22 (el art. 755 del CA y los arts. 76 y 99 incs. 1 y 2 de la Constitución) que deberían haber habilitado al Poder Ejecutivo Nacional a aumentar las alícuotas para las exportaciones de la mercadería objeto de autos, son normas que, prima facie, no superarían el test del art. 76 de la Constitución -materia delegable, clara política legislativa, con plazo para su ejercicio-. Ello es así aun cuando se invoque el mismo art. 76 o razones de emergencia como la mentada guerra en Ucrania o conjeturas sobre “seguridad alimentaria nacional”. En materia tributaria la intervención del Congreso es esencial y previa a cualquier decisión del Poder Ejecutiva que implique un aumento de tales cargas, cualquiera fuera la situación que se invoque.
Así, resulta claro que el decreto 131/22, en cuanto dispuso eficientemente aumentar al 33% las alícuotas para la mercadería en trato -volviendo al régimen establecido por el decreto 230/20- no se dictó con base en una previa delegación, constitucionalmente válida, de facultades legislativas tributarias, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”). Por ello, como por no haber sido objeto de ratificación posterior por una ley o, aún, bajo el procedimiento establecido por la ley 26.122 y al mencionado estándar jurisprudencial establecido por la Corte, las alícuotas incrementadas por dicha normativa padecen el vicio de nulidad absoluta e insanable que embarga al mencionado decreto (conf. Camaronera Patagónica, considerandos 9º, 10º y 11). Vale también señalar que, aun cuando el decreto 131/22 fuera ratificado por el Congreso mediante una ley o bajo el procedimiento de la ley 26.122 ello solamente tendría efecto a futuro, no retroactivo (conf. Camaronera Patagónica, considerando 11, especialmente su último párrafo), supuesto que no se configura en estos autos. Se recuerda aquí que la ley 27.541, que delegó facultades al Poder Ejecutivo para dictar válidamente los decretos 230/20 y 790/20, estableció como límite temporal el 31.12.21, por lo que al momento del dictado del decreto 131/22 (BO: 19.03.22) tales facultades legalmente otorgadas por el Congreso se encontraban ya vencidas y, como es lógico, las alícuotas establecidas por el referido decreto deben considerarse como incrementadas mediante una norma “delegada” que debe considerarse nula de nulidad absoluta e insanable, conforme el art. 76 de la Constitución, por lo que el reclamo de la actora deviene legítimo y procedente.
Así, a la fecha del vencimiento de las facultades conferidas por el Congreso se encontraba vigente –válidamenteel régimen de alícuotas emergente del decreto 790/20 (BO: 05.10.20), que estableció, desde el 01.01.21, una alícuota del 31% para la PA de autos (Art. 1 y Anexo). En consecuencia, siendo que el aumento de alícuotas posterior establecido por el decreto 131/22 (BO: 19.03.22) resulta nulo, de nulidad absoluta e insanable, tal nivel de alícuotas -31%- es el que resulta válido y aplicable a la fecha de cierre de venta de la mercadería en trato - 26.09.22-.
III.3. A mayor abundamiento, véase que tal razonamiento emerge directamente de la mera lectura de los propios actos del Poder Ejecutivo. Al dictar el impugnado decreto 131/22 invoca como normas delegantes el art. 755 del CA y los arts. 76 y 99 incs. 1 y 2 de la Constitución mientras que, de modo notoriamente divergente , al dictar los decretos 230/20 y 790/20 invocó el artículo 52 de la ley 27.541 y sus modificaciones (de delegación temporaria para modificar alícuotas de derechos de exportación) que lo habilitaba a aumentar alícuotas –con el tope del 33%- cumpliendo con los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución.
En ese sentido, los fundamentos normativos del decreto 131/22 ponen de manifiesto, en contraste con los fundamentos simétricos de los decretos 230/20 y 790/20, una evidente violación por el Poder Ejecutivo de la doctrina de no contradicción con sus propios actos, previos y relevantes -sin perjuicio de la ya apuntada nulidad constitucional que, en sí, vicia al decreto 131/22-. Ello guarda estricta coherencia con el relato de la actora en cuanto a que el proyecto de ley de presupuesto 2022 buscaba extender la delegación de facultades a favor del PEN del art. 52 de la ley 26.541, pero ese proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados; sin facultades delegadas por el Congreso el Poder Ejecutivo decidió igualmente avanzar con el dictado del decreto 131/22, tratando de disfrazar la nulidad absoluta e insanable (arts. 76 y 99 inc. 3 de la CN) que lo vicia en su génesis sosteniendo que se “suspenden” hasta el 31.12.22 las alícuotas del decreto 790/20 y declara exigibles las fijadas por el decreto 230/20 (momento en que el Poder Ejecutivo sí poseía facultades constitucionales para fijarlas). En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido de devolución de la actora por el 2% de derechos de exportación liquidados en demasía por el sistema informático.
IV. Costas: En relación a las costas, se imponen a la Aduana vencida (art. 1163 del CA).
V. Por todo lo anterior, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 131/22 respecto del momento imponible -26.09.22- del PE 22057EC01011732J (art. 6 ley 21.453).
2. Declarar que la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta de la mercadería en trato es la del 31%, conforme lo establecido por el decreto 790/20.
3. Revocar la resolución RESOL-2026-132-E-ARCA-ADSALO#SDGOAI dictada en el marco de las actuaciones administrativas EX-2024-03428621- -AFIP-SRRODVMENT#SDGPCI, declarando que corresponde devolver el 2% de derechos de exportación liquidados en exceso por el sistema informático, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del CA, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
4. Imponer las costas a la Aduana.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1).- CONFIRMAR la RESOL-2026-132-E-ARCA-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo, en las actuaciones administrativas EX-2024-03428621-
AFIPSRRODVMENT#SDGPCI,.
2).- Costas a cargo de la actora.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme Art. 1162 del C.A.).
Date: 2026.09.07 13:52:35 ART Date: 2026.09.08 12:40:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.08 20:30:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.08 20:32:01 -03:00
Fin de la sentencia