Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 109983
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe deniega el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, 2do. párr., 256 y 257, C.P.C.C.N.; 14 y 15, ley 48).
C. 109.983 "Martínez, Amelia contra Kerbs, Claudia Marcela. Exclusión de herencia".
//Plata, 22 de diciembre de 2015.
AUTOS Y VISTO:
1. La legitimada pasiva deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -por mayoría- rechazó el de inaplicabilidad de ley oportunamente articulado (fs. 321/341 vta. y 290/316, respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente revocó el fallo de primera instancia y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda y reputó caduco el legado de cosa cierta efectuado mediante testamento público otorgado por Beatriz Margarita Martínez en beneficio de la demandada (v. fs. 231/238).
En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y en la violación de los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (fs. 323/vta. y 325/vta.).
Aduce que el decisorio en crisis se aparta de la doctrina de esta Corte, al entender que la interpretación de una cláusula testamentaria remite a cuestiones de hecho ajenas a su jurisdicción extraordinaria. Ello pues, afirma que en el caso no existen elementos fácticos controvertidos y sólo debe desentrañarse el sentido de dicha disposición o la aplicación de determinadas normas del Código Civil (entonces vigente, fs. 328 vta./329).
Alega, además, que el voto de la mayoría de este Tribunal carece de fundamentación y omite el tratamiento de las cuestiones debidamente planteadas en el recurso local, que debieron ser valoradas -a su modo de ver- aún a través del concepto del absurdo (fs. 330/333).
Sostiene, por otro lado, que el fallo atacado deviene contradictorio y se desentiende del criterio establecido en el precedente de esta Corte "Chiappetto" (Ac. 65.056, sent. del 1-IV-2004), al no respetar la voluntad de la testadora debidamente plasmada en el testamento y hacer una interpretación que redunda en la caducidad del legado, contrariando -así- el principio favor testamenti (fs. 333/340).
2. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (fs. 342), el mismo no fue contestado.
3.a. Liminarmente, cabe señalar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las vinculadas con la aplicación e interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , se controvierte el sentido otorgado por la alzada a la disposición testamentaria en favor de la demandada y la suficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad para atacar esa valoración) son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. C.S.J.N., Fallos: 301:951, 307:1642, 329:5424, 330:4770, entre otros).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones de la impugnante no constituyen más que discrepancias de criterio, ineficaces como tales para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, ley 48).
b) Por otra parte, frente a las causales de arbitrariedad esgrimidas por la interesada (autocontradicción, omisión de cuestiones y falta de fundamentación) no se observa que se hayan expuesto motivos bastantes que - prima facie ponderados- autoricen la concesión del remedio incoado (doct. art. 15 citado).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doct. C.S.J.N., Fallos: 323:4028, 329:2206, 3761, 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641 311:100; 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, recaudos que -como se anticipara- no se encuentren satisfechos en la especie.
c) Resta decir que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 16, 17 y 18, Const. nac.; 8, C.A.D.H., fs. 323/vta. y 325/vta.), no abastece el remedio intentado, ya que dicha referencia no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (conf. Ac. 96.343, resol. del 24-IX-2008; C. 108.752, resol. del 30-XI-2011; C. 116.827, resol. del 20-XI-2012; entre otros).
POR ELLO, se deniega el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, 2do. párr., 256 y 257, C.P.C.C.N.; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JUAN CARLOS HITTERS
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia