Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125874
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d", Ac. 4/2007, CSJN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.874 "ARINA ISABEL BEATRIZ C/ IRIBARREN LUIS FERNANDO S/ EXCLUSIÓN DE HERENCIA"
I. El demandado deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, por un lado, con sustento en que los planteos traídos no eran propios de la vía incoada, declaró mal concedido el remedio de nulidad y lo reputó inoficioso a los fines regulatorios y, por el otro, rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 279, 289 y 296, CPCC; 30, ley 14.967; v. resol. de 29-IX-2023, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 25-X-2023 y su archivo adjunto identificado como "Recurso...").
En el caso, en el marco de un juicio de exclusión de herencia, la Cámara interviniente confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la demanda promovida por Gimena y Franco Iribarren y declaró la indignidad de Luis Fernando Iribarren, excluyéndolo como posible heredero en el sucesorio de sus padres, sus hermanos y su tía (v. sents. de 19-VII-2019 y 8-III-2021).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de adecuado servicio de justicia, razonabilidad, defensa en juicio, libertad de expresión, supremacía constitucional y debido proceso (arts. 14, 18, 31, 32 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1, 13.1, 13.2 y 13.3 CADH; 19, PIDCP; v. págs. 25/30 y 33/34, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó -sin fundamentos- los remedios locales. Afirma que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 318:189; 319:2264; 308:980,1762; 310:1707; 308:2077; 236:27; 237:193; 240:160; entre otros).
En tal sentido, aduce que el fallo atacado omitió -al igual que el de la instancia anterior en grado- tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en las vías de nulidad e inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la revisión de las circunstancias fácticas y probatorias, la purga de la indignidad, la adquisición de los bienes hereditarios por prescripción, la caducidad de la instancia judicial y el progreso de la acción. Y asegura que, contrariamente a lo expuesto, tales agravios resultaban suficientes para demostrar el absurdo de la sentencia de la Cámara, así como la violación de la doctrina legal invocada y, en consecuencia, refutar las razones dadas por el Tribunal de Alzada (v. págs. 24/34, adjunto cit.).
II.3. Finalmente, denuncia que el presente constituye un supuesto de gravedad institucional, en tanto lo resuelto excede el interés de las partes al haberse llevado adelante una causa que califica como prescripta, lo que generó un dispendio jurisdiccional que perjudica al Estado (v. pág. 29, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 27-X-2023), el mismo no fue contestado.
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los recursos interpuestos ante los tribunales locales, así como las cuestiones de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, se controvierten, de un lado, la denegatoria de la vía de nulidad y, del otro, la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias para hacer lugar a la acción incoada y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa, irrazonable interpretación de las pruebas y de la normativa aplicable y omisión de cuestiones conducentes, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la acreditación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y el de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura asumida por este Tribunal para descartar los recursos intentados, reiterando agravios expuestos en los remedios locales, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta (v. págs. 49/74 del escrito electrónico de fecha 28-III-2021; págs. 24/34, adjunto cit. y resol. en crisis).
Y en dicha tarea, soslaya rebatir -debidamente y conforme con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la Acordada 4/2007 de la CSJN- las puntuales razones brindadas en la decisión impugnada: la inadmisibilidad de la vía de nulidad local -en tanto los agravios traídos resultaron ajenos al carril incoado- y la insuficiencia técnica del remedio de inaplicabilidad de ley (v. resol. cit.).
IV.3. Asimismo, corresponde agregar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 14, 18, 31, 32 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1, 13.1, 13.2 y 13.3 CADH; 19, PIDCP; v. págs. 25/30 y 33/34, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 23-IX-2021; C. 122.810, "Zubiri", resol. de 24-V-2022; C. 125.016, "Carbone", resol. de 10-XI-2022; C. 125.751, "Lambare Maidana", resol. de 1-VIII-2023 y C. 126.235, "Abdala", resol. de 13-IX-2023, entre otros).
IV.4. Resta agregar que tampoco se observan motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional. Independientemente de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear aspectos formales, más no para suplir la ausencia de cuestión federal, lo cierto es que ella constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. pág. 29, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d", Ac. 4/2007, CSJN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:59:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:44:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 13:04:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/07/2024 22:48:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2024 10:04:59 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2024 12:58:20 hs. bajo el número RR-447-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia