Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 39515
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por los apelantes y confirmar las resoluciones apeladas en pos de evitar nuevas situaciones conflictivas que ubiquen a las partes en situación de riesgo ; sin costas de Alzada atento el carácter de la resolución (art. 68 del CPCC).-
No obstante ello, y en el marco del seguimiento de las medidas que ordena el art. 14 de le ley de violencia familiar , contando en autos con más información sobre la situación familiar actual (conforme los informes obtenidos con fecha 22 de marzo de 2021 y los dichos de las partes en sus presentaciones del 18 y 30 de marzo), DEBERÁN el Juzgado de Origen y su Equipo Técnico , constatar de la manera más fehaciente posible si ha cesado el riesgo a través de las medidas que crea convenientes, incluyendo entre ellas la constatación de los actuales habitantes del inmueble en sus tres departamentos y qué relación tienen con las partes de autos , ello a fin de allanar el camino a las partes para solucionar el conflicto de derechos imperante.-
Asimismo, las partes con el asesoramiento de los responsables de las unidades funcionales intervinientes , DEBERÁN EN EL PLAZO RESTANTE DE LA MEDIDA , resolver la conflictiva de fondo sobre el uso del inmueble y sus derechos sucesorios iniciando las acciones que crean más adecuada a sus posibilidades, conforme claramente ya fuera sugerido por los profesionales intervinientes en autos.- …
Causa N º MO-39515-2016 R.I.: 56/2021
AUTOS Y VISTOS : el recurso de apelación subsidiario interpuesto por los Sres. M. O. y J. H. en la presentación electrónica de fecha 18 de marzo de 2021 que fuera concedido en relación con efecto devolutivo el día 22 de marzo, siendo fundado en la misma presentación y que mereciera la contestación de traslado de fecha 30 de marzo, todas fechas del mismo año.-
a.- Hemos dicho antes de ahora desde esta Sala II que “ La ley 12.569 (y sus modificatorias) estructura un procedimiento abreviado y urgente para operar en situaciones de violencia familiar; se trata de un "sistema encaminado a paliar las consecuencias de situaciones de violencia descriptas a lo largo del texto normativo. Y si bien la ley habla de medidas cautelares (art. 13), está implementando medidas que tienen carácter autosatisfactivo (véase, en tal sentido, Basile, Carlos Alberto, "Aportes críticos en la aplicación de la ley 12.569 de protección contra la Violencia Familiar en la Provincia de Buenos Aires", LLBA, Año 11 nro. 3, Abril de 2004, p. 244; Chechile, Ana M. "Violencia Familiar: comentarios a la nueva ley de la Provincia de Buenos Aires 12569" en J.A. Agosto 15 de 2001, pág. 13; Sosa, Toribio Enrique, "Apuntes procesales sobre la nueva Ley de Violencia Familiar en la Provincia de Buenos Aires". LLBA Año 8, nro. 4, Mayo 2001, p. 42; Kemmelmajer de Carlucci, Aída, "La medida autosatisfactiva: instrumento eficaz para mitigar los efectos de la violencia intrafamiliar" en AA.VV. Medidas Autosatisfactivas. Peyrano, Jorge W – Director, p. 431)" (esta Sala en causa nro. 21275, R.S. 105/13; 21.631, R.I. 52/2015; entre otras).-
Además, se remarcaba en la causa nro. 50.985 (R.S. 562/04) el carácter eminentemente preventivo de la actuación jurisdiccional en este tipo de casos pues la ley 12.569 apunta a adelantarse a las gravísimas situaciones que podrían acontecer , sin ceñirse –entonces- solamente al juzgamiento de hechos disvaliosos ya sucedidos mirando inmediatamente hacia el pasado sino encaminándose –en una ágil orientación, eminentemente preventiva (y, entonces, mucho más cercana a aquella tutela judicial continua y efectiva que la Provincia garantiza en el artículo 15 de su Constitución)- a evitar sucesos que –a la postre- todos podríamos lamentar y, quizás, nunca se llegarían a reparar (ver respecto de la intervención jurisdiccional preventiva en materia familiar, Cárdenas, Eduardo José “Crisis Familiares e hijos menores: ¿está vedada a los jueces la prevención?, La Ley 1988-A, 709).-
En ese camino el Sr. Juez de Grado deberá adoptar todas las medidas idóneas y que fueran menester para prevenir y evitar cualquier situación de violencia intrafamiliar , en base a las medidas establecidas en el art. 7 de dicha ley, enumeración que no es taxativa sino enunciativa (cfr. “Violencia Familiar-Comentarios a la Ley 12.569, Caruso de Gundín, Zulema, pág. 83)" (Causa nro. Mo-29422, R.S. 171/2015; entre otras) .-
Una vez tomadas las medidas de protección para las personas integrantes del grupo familiar en conflicto, la misma ley de violencia familiar establece que durante el trámite de la causa y por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante la solicitud de informes periódicos acerca de la situación, obligación que cesará cuando se constate que ha cesado el riesgo, teniendo en cuenta la particularidad del caso (art. 14, ley 12.569, mod. ley 14.509).-
b.- Previamente, cabe aclarar que la presente causa ha llegado a esta Alzada únicamente en formato digital por lo cual se ha realizado el estudio de la cuestión con las constancias que surgen de la consulta del Sistema Augusta y de la Mesa de Entradas Virtual.-
Ahora bien, al abocarnos a la atenta lectura de las actuaciones que llegan a esta Alzada, no podemos soslayar que la situación familiar ha cambiado desde su denuncia original (mayo 2016), donde las partes involucradas convivían en el mismo inmueble: el denunciante Sr. A. O. -tío de M. y hermano de Z.-, el denunciado Sr. M. O. -hijo de Z.-, la Sra. Z. O. y el Sr. O. -padrastro de A. y Z.-. Al mes siguiente de ese mismo año el denunciante Sr. A. O. se muda del inmueble que compartían por su propia voluntad -por hacerse insostenible la convivencia, como él mismo lo aclara en su presentación de fecha 30 de marzo de 2021- y en noviembre del mismo año se ordena una restricción perimetral a su favor respecto del Sr. M. O..-
Cabe mencionar que en el año 2014 y en el año 2016 (causa nro. 64.900), la Sra. Z. O. realizó sendas denuncias contra su hijo el Sr. M. O. por violencia en base a su cuadro de salud mental (ver informe de fecha 15 de julio de 2016: "cuadro psicótico con descompensación aguda").-
Luego de ello la causa ha sido paralizada (20 de julio de 2018).-
Y al presentarse la nueva denuncia bajo el nro. de causa 4724 de fecha 15 de febrero de 2021 -tres años después-, la situación familiar es completamente distinta: el denunciante Sr. A. O. seguía viviendo fuera del inmueble en cuestión, la Sra. Z. O. y el Sr. O. han fallecido mientras que el Sr. M. O. continuaba habitando el mismo inmueble en compañía de su primo el Sr. J. H..-
De la lectura de la denuncia referida que actualizó el conflicto familiar entre las partes surge con claridad que la cuestión que provoca malestar se asienta exclusivamente en el ejercicio de los derechos sucesorios que los interesados -más dos hermanas del Sr. A. O., tías de M.-, detentan sobre el inmueble en cuestión.-
Ya lo han referido los profesionales intervinientes en los informes agregados en autos recientemente (ver informes de fecha 22 de febrero y 22 de marzo de 2021) y el Juzgado de origen al dar indicaciones de iniciar acciones de fondo (ver resolución de fecha 9 de marzo de 2021). Es más, cabe poner de resalto que el Equipo Técnico del Juzgado en el informe del 22 de marzo deja sentado que sugirió " a los 3 entrevistados que en la medida de sus posibilidades realizaran la sucesión, o en su defecto un acuerdo, comodato o lo que consideraran de quienes podían habitarla, a los efectos de evitar problemas a futuro. También podrían concurrir a un espacio de mediación y resolución de conflictos, a los mismos fines .".-
Ahora bien, con esa problemática de base, frente a la denuncia que reabrió la presente causa, y en base a los informes realizados con fecha 22 de febrero y 8 de marzo de 2021, la Sra. Jueza de grado decretó las medidas de exclusión del hogar y restricción perimetral a favor del Sr. A. O. respecto de sus sobrinos los Sres. M. O. y J. H., atribuyendo la vivienda al denunciante en forma provisoria. Todo ello por el plazo de 3 meses y haciendo " saber a las partes que deberán iniciarse las acciones de fondo que estimen pertinentes, con patrocinio letrado, por separado y por la vía procesal correspondiente " (ver resoluciones de fechas 22 y 25 de febrero, y 9 de marzo, todas de 2021).-
Dichas medidas fueron efectivizadas con fecha 16 de marzo de 2021 , habiendo sido acogidos los denunciados en domicilios de familiares y pareja, conforme ellos mismos lo denunciaran en la presentación de fecha 18 de marzo de 2021, donde ellos mismos apelan dichas medidas.-
En el marco de los agravios expuestos por los recurrentes, debemos decir que compartimos su postura sobre que las cuestiones sucesorias no resueltas por los coherederos/as no pueden generar denuncias en el marco de la ley 12.569 de violencia familiar, pero con la salvedad que si ello ocasionara situaciones o hechos violentos que pusieran en riesgo a los integrantes de la familia, entonces sí se amerita realizar la denuncia correspondiente.
O sea, el problema sucesorio no puede resolverse en este marco, pero las cuestiones que se deriven del mismo (y que pueden generar violencia) sí son atendibles en este tipo de procedimientos.
En este camino, podemos vislumbrar de la denuncia realizada por el Sr. A. O., que el mismo puede ser víctima de violencia económica, ello en base a las razones que expone: no poder sostener más el alquiler donde habitaba y su condición de jubilado con casi 70 años de edad.-
En ese marco podríamos comprender la necesidad de disponer medidas que lo protejan pero, por supuesto, que no podemos dejar de ponderar en esta situación, no solo su posible estado de vulnerabilidad sino la misma situación en la que se encontraría el Sr. M. O., debido a la posible afección de su salud mental y a la falta de medios económicos para subsistir -cuestiones todas ya advertidas por los profesionales intervinientes en autos-. Sumado a la situación del Sr. H. quien se habría mudado junto al Sr. M. O., no solo por una cuestión económica, sino para acompañarlo al haber quedado solo cuando falleció su madre, la Sra. Z. O..-
Entonces, en el marco de la posible violencia económica sufrida por el denunciante, consideramos que las medidas dispuestas a su favor podrían evitar para el denunciante que se perpetúe la violencia de la cual es víctima pero no soluciona la problemática de fondo, es más provocan que las personas que fueron excluidas del mismo inmueble se posicionen desde la resolución de las medidas en una situación de víctimas de violencia económica. Y ello es así porque, en principio, todos tienen derechos sucesorios sobre el mismo inmueble y no han podido acordar al respecto.-
Consideramos que las medidas, como su naturaleza lo indica, únicamente disponen una solución provisoria pero no es el camino para solucionar la cuestión, ni siquiera sus posibles prórrogas lo lograrían.-
Por ello, proponemos que las medidas provisorias se mantengan vigentes por el plazo de tres meses establecido en la resolución apelada, ello a fin de no provocar otras situaciones conflictivas -con una posible revocación de las medidas-, que nuevamente pondrían en riesgo a todos los miembros del grupo familiar afectado. Y ello así especialmente porque la medida más drástica que se ha tomado -exclusión de los denunciado-, ha sido efectivizada con fecha 16 de marzo y volver sobre ella podría generar hechos o situaciones violentas que se pretenden evitar con este tipo de resoluciones.-
A ello se suma que ambas partes difieren en sus dichos en cuanto a si existió o no diálogo previo entre ellos sobre las cuestiones atinentes al inmueble: el Sr. A. O. alega que intentó dialogar y recibió agresiones (presentación de fecha 30 de marzo de 2021), mientras que los denunciados refieren que no tienen relación con el denunciante desde hace años (presentación del 18 de marzo).-
Entonces, frente a ello el carácter preventivo de las medidas cumple su función en el presente caso, evitando así nuevas situaciones de conflicto.-
Y en ese camino, debo rechazar las quejas de los recurrentes en cuanto a que ellos manifiestan encontrarse en situación de calle puesto que de su misma presentación recursiva surge que se encuentran habitando domicilios provisoriamente.-
Asimismo, carece de virtualidad analizar en este momento el agravio respectivo al cumplimiento del art. 8 de la ley 12.569 (mod. ley 14.509), puesto que con fecha 22 de marzo se ha dispuesto que se entreviste a los denunciados en el marco de dicha norma, habiéndose cumplido con ello mediante las entrevistas informadas en la misma fecha por el Equipo Técnico del Juzgado.-
También rechazamos su argumento en cuanto a que no se ha respetado su derecho de defensa en juicio, función que cumple su asistencia letrada a través de la Unidad de Defensa N° 7 Departamental, cuya función fue puesta en conocimiento de los recurrentes en la misma resolución apelada (ver resolución de fecha 9 de marzo de 2021).-
En base a todo ello, consideramos que en pos de evitar nuevos riesgos para las partes en conflicto deberemos confirmar las medidas dispuestas por el plazo vigente.-
POR ELLO : esta Sala II RESUELVE: RECHAZAR el recurso interpuesto por los apelantes y CONFIRMAR las resoluciones apeladas en pos de evitar nuevas situaciones conflictivas que ubiquen a las partes en situación de riesgo ; sin costas de Alzada atento el carácter de la resolución (art. 68 del CPCC).-
No obstante ello, y en el marco del seguimiento de las medidas que ordena el art. 14 de le ley de violencia familiar , contando en autos con más información sobre la situación familiar actual (conforme los informes obtenidos con fecha 22 de marzo de 2021 y los dichos de las partes en sus presentaciones del 18 y 30 de marzo), DEBERÁN el Juzgado de Origen y su Equipo Técnico , constatar de la manera más fehaciente posible si ha cesado el riesgo a través de las medidas que crea convenientes, incluyendo entre ellas la constatación de los actuales habitantes del inmueble en sus tres departamentos y qué relación tienen con las partes de autos , ello a fin de allanar el camino a las partes para solucionar el conflicto de derechos imperante.-
Asimismo, las partes con el asesoramiento de los responsables de las unidades funcionales intervinientes , DEBERÁN EN EL PLAZO RESTANTE DE LA MEDIDA , resolver la conflictiva de fondo sobre el uso del inmueble y sus derechos sucesorios iniciando las acciones que crean más adecuada a sus posibilidades, conforme claramente ya fuera sugerido por los profesionales intervinientes en autos.-
Asimismo, el Juzgado de Origen deberá dar URGENTE INTERVENCIÓN a la Asesoría de Incapaces Departamental a fin de la protección de los derechos del Sr. M. O. y el inicio de las acciones administrativas o judiciales correspondientes .-
REGÍSTRESE . NOTIFÍQUESE EN LOS TÉRMINOS DEL Ac. 3991, MEDIANTE RESOLUCIÓN AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES. DEVU ÉLVASE SIN MÁS TRÁMITE.-
A. O. UFD N °6 Dra. Mariana Kaul
M. O. y J. H. UFD N ° 7 Dr. Crivero
Firmas
Funcionario Firmante: 06/05/2021 11:05:02 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2021 11:26:19 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2021 11:26:44 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia