Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131764
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.764, "Fate SAICI contra Castelli, Néstor Rodolfo. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida, con costas a la vencida (v. vered. y sent. de fecha 24-X-2023).
Se interpusieron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-XI-2023), siendo únicamente concedido este último (v. pronunciamiento de fecha 19-XII-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la acción promovida por Fate Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria, mediante la cual procuraba obtener -con sustento en el art. 52 de la ley 23.551- la exclusión de la tutela sindical del delegado gremial Néstor Rodolfo Castelli, con el objeto de aplicarle una medida disciplinaria, consistente en una suspensión de cinco días sin goce de haberes (v. vered. y sent. de fecha 24-X-2023).
Puntualizó que no había sido materia de controversia la relación de empleo habida entre las partes, así como que el dependiente ostentaba el cargo de vocal segundo de la Seccional de San Fernando del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) con mandato gremial desde el 2 de mayo de 2016 hasta el 2 de mayo de 2020 y que, luego, fue electo miembro titular de la Junta de Disciplina, por un período de cuatro años a partir del día 28 de octubre de 2021.
Tuvo por cierto que el 15 de marzo de 2018 los trabajadores comprendidos en la representación del mencionado sindicato desarrollaron una medida de fuerza consistente en el paro de actividades de la planta de Fate S.A.I.C. e I., decidida con motivo del accidente de trabajo sufrido días antes por el empleado Javier Bertoloti, sin formalizar los trámites de la instancia previa de conciliación.
Seguidamente, con sustento en la prueba testimonial, las constancias de fs. 28 y 29 e informativa de fecha 2 de marzo de 2023, tuvo por acreditado que, con motivo del referido paro de actividades, fueron convocados los líderes de la empresa para realizar las tareas de preparación de pedidos y carga de mercadería a fin de cubrir la entrega al cliente "GP" de Brasil, entre los que se encontraba el señor Tejera (jefe de sector), a quien el demandado -junto con otros representantes- le impidió movilizar la carga de mercadería que llevaba en el "Clark", debiendo dejar los pallets fuera de las calles de expedición, situación que provocó que no pudiera cumplirse con el embarque en cuestión.
Destacó que, durante el transporte de cubiertas que debe hacerse por las calles habilitadas, el clarkista posee una visión reducida por la carga que lleva, lo que trae aparejado el riesgo de accidentes, no encontrándose habilitado en dicha zona el tránsito de trabajadores.
Asimismo, sostuvo que el demandado no probó que la empresa hubiera adoptado una medida de lockout cancelando el servicio de transporte y parando toda la actividad, como tampoco que hubiera obligado a un grupo de operarios del sector depósito a cargar mercadería bajo apercibimiento de despido.
Ya en la sentencia, a la luz de las circunstancias acreditadas en la causa, sostuvo que la vida misma del contrato de trabajo se encuentra enmarcada por el despliegue de comportamientos debidos por las partes y exigidos a éstas, inseparables de las personas que interactúan, con sentido de colaboración, responsabilidad y buena fe recíprocas y que idéntica matriz se observa en los derechos y deberes que derivan de la actividad sindical.
Expresó que la huelga importa la abstención o ausencia de prestación laboral personal amparada en la voluntad colectiva expresada por el sindicato más representativo, en la que se suspenden los deberes de prestación (dar trabajo y pagar salario), pero no las obligaciones de conducta contempladas en los arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, las cuales se mantienen, precisamente, porque el contrato está en suspenso.
Indicó que en autos la medida dispuesta fue resuelta en asamblea para la comprobación del cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, sin necesidad de llevar adelante un trámite de conciliación obligatoria en los términos del art. 12 de la ley 14.786.
Refirió que, aunque es inherente a la huelga la producción del daño propio de la abstención de trabajar, por lo que no puede ser objeto de sanción alguna en tanto constituye un riesgo que la empresa debe asumir por las características propias y necesarias del derecho de huelga, la situación cambia cuando a raíz de la medida de acción directa se produzcan daños que excedan su cometido.
Subrayó que el representante sindical no puede ampararse en su cargo para eludir las consecuencias de los propios actos que desborden el contenido de la representación y vayan más allá de los límites del mandato o de los que la ley impone, siendo titular de acciones que importan un ejercicio anti funcional de los derechos y deberes a su cargo.
Destacó que, en el caso, el accionado impidió la prestación de servicios por parte de los líderes de la empresa, interponiéndose ante los clarks cargados, arriesgando la integridad física al estar transitando por zonas en las que no estaba permitido hacerlo y, de esa manera, contribuyó a que no pudiera efectivizarse la ubicación de los pallets en los lugares adecuados para su carga y, en consecuencia, no lograra cubrirse el embarque para la entrega al cliente de la empresa.
Concluyó entonces que el obrar del demandado excedió los límites de la representación sindical, con comportamientos impropios y violatorios de los deberes generales de conducta de un trabajador y de las normas de seguridad e higiene, generando un daño económico a la empleadora y habiendo puesto en riesgo la indemnidad y/o integridad física de los trabajadores, por lo que declaró procedente la exclusión de la garantía sindical que amparaba al señor Néstor Rodolfo Castelli, para proceder a hacer efectiva la sanción de suspensión por cinco días sin goce de haberes a aplicarse una vez finalizada la licencia gremial (arts. 48 y 52, ley 23.551 y 30, dec. 467/88).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de las normas y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 12-XI-2023).
Alega que se verifica una manifiesta arbitrariedad en la interpretación de la prueba, en tanto la decisión se funda en la existencia de un supuesto daño que excedería al propio de una medida gremial directa pero que no se encuentra acreditado en la sentencia, ni identificado en el expediente, por lo que -afirma- la incongruencia resulta evidente.
Sostiene que el sentenciante incurrió en un error de derecho al interpretar que su parte, en calidad de dirigente sindical, debía cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de trabajo individual (arts. 62 y 63, LCT), cuando el conflicto no se suscitó entre la empresa y el trabajador, sino entre la empresa y la organización sindical.
En dicha línea, refiere que no puede ser sancionado disciplinariamente conforme las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando no estaba actuando como empleado de la accionante sino como dirigente del SUTNA.
Señala que hay una contradicción en el pronunciamiento vinculada a la supuesta deficiencia en el sistema de los frenos de los clarks, que el órgano considera no acreditada, cuando -en rigor- conforme lo denunciado en demanda, aquella circunstancia no estaba dentro de los hechos que involucraban al actor.
Argumenta sobre el carácter ilícito y antisindical de la conducta asumida por la empresa al pretender "reemplazar al personal en huelga con personal de dirección de la misma, como forma de romper la medida gremial" (v. rec., págs. 12, 14 y 15), lo que -refiere- no fue considerado por el tribunal de grado.
Finalmente, aduce vulneradas garantías constitucionales y las contenidas en normas internacionales sobre derechos humanos fundamentales.
III. El recurso no prospera.
III.1. Los agravios traídos a conocimiento de esta Corte remiten al análisis del contenido de los escritos constitutivos del proceso y de las circunstancias fácticas y probatorias de la causa, esto es, materias reservadas a los tribunales del trabajo, cuya decisión no es revisable en esta sede extraordinaria, salvo cabal demostración del absurdo (causas L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 125.370, "Salazar", sent. de 30-V-2023; L. 131.343, "Fratelli ", sent. de 15-IV-2025; e.o.).
Cabe señalar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar al mentado vicio, pues éste hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación material de la prueba (causas L. 125.054, "Hiur", sent. de 3-XI-2022; L. 124.365, "Andrade", sent. de 4-X-2022; L. 128.835, "López", sent. de 9-VIII-2024; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas, y con sujeción a los términos de la impugnación, es posible anticipar la ineficacia del ataque.
III.2.a. La crítica afincada del interesado en que la conducta asumida por su parte como dirigente gremial no pudo ser evaluada ni sancionada con apoyo en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, no es de recibo.
En efecto, reeditando argumentos ya expuestos en ocasión de contestar la demanda (v. págs. 14/16), su discurso refleja tan solo una opinión contraria con lo resuelto, sin atacar frontal y eficazmente el razonamiento que llevó al juzgador de grado a considerar que el comportamiento reprochado al trabajador -en su condición de representante sindical- tuvo aptitud suficiente para hacer lugar al pedimento formulado por la contraria con sustento en el art. 52 de la ley 23.551.
Debe recordarse que tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, a través de la mera reiteración de los argumentos esgrimidos en la instancia anterior, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido (causas L. 122.152, "Romero", sent. de 9-III-2021; L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-II-2023 y L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024).
Es que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020; L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor", sent. de 8-II-2021; L. 131.409, "López", sent. de 9-X-2025; e.o.).
III.2.b. Luego, sin negar su participación en el hecho que le atribuyó la empresa, pero asignándole un distinto alcance, el recurrente señala que no surge identificado ni acreditado en el fallo el supuesto daño derivado de su accionar.
En este orden, ignora que a criterio del tribunal de mérito su conducta contribuyó a que no pudiera efectivizarse la ubicación de los pallets en los lugares adecuados para su carga y, en consecuencia, cumplirse con el embarque para cubrir la entrega del pedido de un cliente, generando un daño económico a la empleadora y habiendo puesto en riesgo su propia indemnidad e integridad física como también la de terceros.
En tales condiciones, ninguna objeción formula respecto del análisis de los elementos de prueba -esencialmente, la testimonial- que condujo al tribunal de grado a decidir este aspecto de la contienda.
Con todo, este tramo del recurso no cumple con la carga de una adecuada fundamentación (art. 279, CPCC), pues el interesado no se encarga de rebatir las motivaciones que constituyeron factores esenciales de la decisión adoptada.
II.2.c. Luego, el planteo traído en torno a que el reemplazo de trabajadores en huelga por jefes y supervisores constituye una práctica antisindical ilícita, se advierte fruto de una reflexión tardía, no introducido, con el alcance que ahora pretende, en la instancia inferior.
En este orden, tiene dicho esta Suprema Corte que no resultan atendibles los planteos novedosos que no fueron arrimados a examen en la instancia de grado (causas L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020; L. 126.298, "Torena", sent. de 21-X-2022; L. 130.280, "Falco", sent. de 29-IX-2024; e.o.). Con análogo criterio, también ha sostenido que son inaudibles en esta sede casatoria los argumentos que importan alterar el enfoque o dimensión del pedimento inicial o de la defensa esgrimida (causas L. 124.420, "Mancuello", sent. de 21-X-2022; L. 127.473, "Sosa", sent. de 20-IX-2023; L. 130.787, "Fernández y Rosales", sent. de 23-VI-2025; e.o.).
III.2.d. Igualmente ineficaz resulta la crítica sustentada en la denunciada violación del principio de congruencia, en tanto no cumple con la carga de alegar y demostrar la configuración del vicio de absurdo en la valoración de los escritos constitutivos del proceso, sin que pueda esta Suprema Corte suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular su impugnación (causas L. 127.849, "Tumini" y L. 126.591, "D'Onofrio", sents. de 27-III-2023; L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023 y L. 130.203, "M., R. G.", sent. de 29-VII-2024).
III.3. En definitiva, el recurso examinado resulta insuficiente en tanto su línea argumental evidencia un desencuentro con el fundamento del fallo apelado omitiendo descalificar las conclusiones de hecho y de derecho del pronunciamiento del tribunal de origen (causas L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021 y L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024).
III.4. Finalmente, se impone puntualizar que la invocación de la vulneración de garantías constitucionales carece de andamiento, pues ello derivaría -eventualmente- de la previa acreditación de la infracción de las normas legales alegadas (causas L. 119.736, "Yucra Coronado", sent. de 21-II-2018; L. 127.427, "Cingolani", sent. de 23-XI-2023 y L. 131.025, "Blatte", sent. de 28-XII-2024), lo que -como se ha visto- no se verificó en la especie.
Asimismo, no resulta ocioso recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 123.405, "D'Ascenzo", sent. de 14-III-2022; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023; L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025; e.o.).
III.5. Con lo hasta aquí señalado, sin que ello implique expedirse sobre el acierto de la decisión, lo resuelto por el tribunal del trabajo ha de permanecer incólume ante la falta de habilidad de los agravios traídos.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20)
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2026 12:26:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/06/2026 19:15:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 11:36:58 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 14:43:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2026 10:40:54 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/06/2026 11:05:56 hs. bajo el número RS-67-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia