Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121879
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.879, "Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata contra Prado, José Domingo. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): Pettigiani, Genoud, Kogan, de Lázzari, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 155/168).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 172/182).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida por el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata contra José Domingo Prado (v. fs. 155/168).
Para así decidir, en lo que interesa, tuvo por acreditado en el veredicto que este último había ingresado a trabajar bajo órdenes del consorcio en noviembre del año 2000, no obstante habérsele reconocido una antigüedad en el empleo desde el 15 de febrero de 1978 en la Administración General de Puertos Sociedad del Estado.
Juzgó asimismo probado que el día 6 de diciembre de 2013 el accionado fue electo Vocal Suplente 4to. de la seccional Buenos Aires de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos y Puertos Argentinos (Personería Gremial n° 364), con mandato vigente hasta el 10 de diciembre de 2017. Que posteriormente (12 de febrero de 2016) la empleadora le cursó preaviso a los fines y efectos previstos en el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, poniendo a disposición la certificación de servicios, que le fue entregada con fecha 14 de marzo de 2016.
Estimó probado, igualmente, que el dependiente rechazó la pretensión de su empleadora mediante carta documento, advirtiéndole que por su condición gremial no podía ser preavisado -aún con causa en el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo- sin que mediera pronunciamiento de exclusión sindical en los términos de la ley 23.551, y que -a todo evento- la empresa debía esperar el agotamiento de los plazos de protección sindical, para recién entonces, reiterar la intimación.
Juzgó demostrado que el consorcio, mediante comunicación del 24 de agosto de 2016, reconoció el estatus sindical del señor Prado, comunicándole que, habiendo alcanzado los requisitos para acceder a la jubilación, procedería a iniciar la acción objeto de autos.
Luego, en la etapa de sentencia, a fin de dilucidar la procedencia -o no- de la pretensión expresó, con cita de doctrina legal, que en el marco del proceso de desafuero sólo debía resolverse la verosimilitud del planteo sometido a decisión por el principal; sin que correspondiera emitir opinión alguna acerca de la validez legal de la medida a aplicar.
Desde esa óptica, consideró que las razones esgrimidas por el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata para requerir la exclusión de la garantía gremial resultaban verosímiles, por lo que hizo lugar a la demanda (v. fs. 166).
Juzgó relevante, a tales fines, el no haberse acreditado (siquiera, indiciariamente) la existencia de acto hostil persecutorio, discriminatorio o antisindical por parte de la firma empleadora (v. fs. 161 in fine ) .
Valoró, igualmente, la falta de cuestionamiento por parte del trabajador al cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al beneficio jubilatorio (v.gr. edad y tiempo de servicio cumplido).
Añadió el sentenciante que la ley 23.551, en ninguna parte excepciona la puntual situación del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo del procedimiento de exclusión de tutela; ni tampoco surge limitado ni prohibido ex lege para el empleador en el mismo supuesto.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte demandada denuncia absurdo y violación de los arts. 1, 14, 14 bis, 17, 18, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 7 inc. 5, 8 incs. 1 y 2, 16 del Pacto de San José de Costa Rica; 9 incs. 1, 3 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 23 inc. 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; 3 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 1 del Convenio 98 de la OIT; del Convenio 135 de la OIT; arts. 10, 11, 15, 39 y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 48, 52, 53 incs. "c", "g" y "h" de la ley 23.551; 39, 44 inc. "d", 47 y 48 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 375, 394, 286, 456, 474 del Código Procesal Civil y Comercial.
Impugna la sentencia de grado por quebrantar -en su criterio- los derechos de trabajar, de propiedad y el principio de libertad sindical.
Afirma que la garantía de estabilidad prevista en la Ley de Asociaciones Sindicales no puede ser amenazada en su duración por vía de cursarle al trabajador la intimación prevista en el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, aun cuando dicha intimación resulte de un trámite judicial previo como lo es el de exclusión de tutela.
Define el concepto de práctica antisindical conforme la opinión de diversos autores y expone que se trata de conductas taxativamente tipificadas en el art. 53 de la ley 23.551, a las que la ley les atribuye antijuridicidad, y que, si bien no constituyen delitos del derecho penal, se emparentan con ellos.
Añade que en la especie se está en presencia de un conflicto entre dos derechos: de un lado, el del representante sindical a no ser despedido arbitrariamente, y por otro, el del empleador a extinguir la relación laboral cuando el trabajador cumple los requisitos para obtener una de las prestaciones del sistema previsional.
En este contexto, aduce el recurrente que debe priorizarse el derecho cuyo reconocimiento emana de una norma de jerarquía superior, en el caso, la garantía de estabilidad.
Alega que el dirigente sindical en condiciones de jubilarse no puede ser despedido antes de que finalice el lapso de estabilidad en el cargo.
En base a los argumentos expuestos, solicita se haga lugar al recurso y se revoque la sentencia dictada (v. fs. 181 vta.).
III. Por las razones que seguidamente expondré, considero que el recurso debe prosperar.
En los precedentes L. 114.451, "Fate S.A.I.C.I." (sent. de 20-XII-2017) y L. 119.423, "Consorcio Edificio Gran Emilia" (sent. de 4-VII-2018), mi distinguido colega doctor de Lázzari ha formulado un nuevo examen de la materia debatida -análoga a la presente- y al cual adherí, por lo que habré de reproducir aquí -en lo que resulte pertinente- el contenido de su sufragio, a fin de dar respuesta al sub lite.
III.1. La acción de exclusión de tutela sindical constituye un recaudo de necesario cumplimiento para despojar de la garantía gremial de que goza el dirigente sindical respecto del cual la empleadora procura adoptar alguna de las medidas a las que hace referencia el art. 48 de la ley 23.551.
Sobre el particular, esta Corte tiene dicho que, si bien la citada ley 23.551 no impide adoptar las medidas enunciadas en el mencionado art. 48 de dicho régimen legal, le ha impuesto al principal el deber de requerir previamente la autorización judicial para hacerlo (art. 52, ley cit.; causas L. 107.489, "Márquez", sent. de 30-V-2012 y L. 104.194, "Ortiz", sent. de 30-X-2013).
Si el empleador no hubiera instado la acción de exclusión de la tutela del representante gremial, la situación configuraría objetivamente (esto es, sin posibilidad de ingresar a indagar su razonabilidad, ni su eventual justificación sustancial) una violación de la garantía sindical (causa L. 117.588, "Matus", sent. de 22-IV-2015).
III.2. El fundamento de dicho mecanismo de protección cuya remoción se procura mediante la acción de desafuero, enraizado en el ejercicio de la libertad sindical (arts. 14 bis y 75 inc. 22, Const. nac.; Convenio de la OIT n° 87 con rango constitucional; causa L. 79.331, "Ferulano", sent. de 5-X-2011), radica en resguardar a los dirigentes de las asociaciones sindicales de trabajadores de posibles represalias de la empleadora.
En este sentido, es doctrina de esta Suprema Corte que las dos facetas de la libertad sindical, individual y colectiva, confluyen en un punto clave: el haz o conjunto de garantías que conforman lo que se denomina "fuero sindical", destinadas a proteger la labor de los dirigentes sindicales tendientes a posibilitar su libre ejercicio orientado al logro de los intereses supraindividuales del colectivo de trabajadores representado (manteniéndola indemne de represalias, obstáculos e intervenciones foráneas), lo que en la Constitución nacional se refleja en la concluyente enunciación de que "los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo" (art. 14 bis; causas L. 79.331, cit. y L. 93.122, "Sandes", sent. de 5-X-2011).
Lo expuesto no significa que dicha garantía, establecida para asegurar el adecuado desenvolvimiento de la función gremial del representante, deba ceder en determinados supuestos.
Como bien indicó el Comité de Libertad Sindical "una de las formas de asegurar la protección de los delegados sindicales es disponer que no podrán ser despedidos mientras estén en el ejercicio de sus funciones, ni durante un período determinado a partir del momento en que cesen en ellas, salvo, naturalmente, en caso de falta grave" (La libertad sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, 5ta. Edición revisada, 2006, párr. 804).
III.3. Desde antiguo esta Suprema Corte ha declarado, conforme resolvió en autos el tribunal de origen, que la exclusión judicial de la tutela sindical de los trabajadores amparados por las garantías previstas en los arts. 40, 48 y 50 de la ley 23.551 lo es al solo efecto de que el empleador pueda adoptar la medida invocada en su demanda, la que debe meritarse por el tribunal de trabajo en atención a las circunstancias que - prima facie - hagan verosímil el planteo sometido a decisión (arts. 52, ley cit. y 30, dec. 467/88; causas L. 44.612, "Antonucci", sent. de 6-XI-1990; L. 55.817, "Saba", sent. de 21-XI-1995; L. 72.959, "Siderca S.A.I.C.", sent. de 9-III-1999; L. 94.697, "Municipalidad de Vicente López", sent. de 26-IX-2007; L. 104.968, "Municipalidad de Morón", sent. de 5-V-2010; L. 112.708, "Kraft Foods Argentina S.A.", sent. de 6-XI-2012 y L. 116.866, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otra", sent. de 4-VI-2014); sin que corresponda emitir opinión acerca de la validez legal de la medida a aplicar por el patrón, ya que dicha decisión no define la suerte o existencia del derecho de fondo a debatirse, pues comprende sólo el primer tramo del procedimiento legalmente instituido para la dilucidación del derecho afectado (causa L. 81.958, "Mapelli", sent. de 9-XI-2005).
Bajo esta directriz enmarcada en la concepción del proceso cautelar, este Superior Tribunal vino sosteniendo -por mayoría- que las decisiones de los tribunales de trabajo que hacen lugar a la exclusión de la tutela sindical con arreglo a lo prescripto por el art. 52 de la ley 23.551, no constituyen sentencia definitiva a los fines de la admisibilidad de los recursos extraordinarios previstos en la Constitución local (causas L. 43.894, "Propulsora Siderúrgica S.A.I.C.", sent. de 6-XI-1990; L. 44.612 y L. 55.817, cits.; L. 58.651, "Wobron S.A.I.C.", sent. de 22-X-1996; L. 72.959 y L. 94.697, cits.).
III.4. Ahora bien, en el precedente F.477.XLVII "Fate S.A.I.C.I. c/ Ottoboni, Víctor Octavio s/ exclusión tutela sindical (sumarísimo)", sentencia de 20-VIII-2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que, si bien reiteradamente se ha decidido que los temas vinculados a la admisibilidad de los recursos locales resultan ajenos a esa instancia de excepción por revestir carácter netamente procesal, cierto es, que a partir de los precedentes "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2.478, respectivamente), se precisó que las limitaciones de orden local no pueden ser esgrimidas por los Máximos Tribunales provinciales para omitir el tratamiento de las cuestiones federales sometidas a su conocimiento (Fallos: 334:295; e.o.).
En ese marco, añadió la Corte federal que si el debate resulta susceptible de tratamiento por la vía excepcional del art. 14 de la ley 48 es menester su previo juzgamiento por parte del más alto órgano judicial provincial, conforme lo dispone el art. 31 de la Constitución nacional y según la regulación que le otorga la citada ley, por lo que, en aquellos supuestos ni la legislación, ni los jueces locales, pueden vedar el acceso de los litigantes a esa instancia superior.
Finalmente, partiendo de esa consolidada directriz, declaró que en tanto -en este caso- la defensa del trabajador se había fundado en el principio de libertad sindical establecido en el art. 14 bis y en las normas internacionales de derechos humanos incluidos en el art. 75 inc. 22, ambos de la Constitución nacional, se presentaba como un asunto constitucional que, apto para ser abordado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, necesariamente debía ser resuelto previamente por este Tribunal.
III.5. Desde esta perspectiva, en la causa L. 119.423, "Consorcio Gran Emilia", resolución de 11-V-2016 en línea y con mención de lo decidido por la Corte federal, este Tribunal declaró que la decisión del órgano de origen con arreglo a la cual se admitió la exclusión de la tutela gremial, en el contexto de la denuncia de vulneración del principio de la libertad sindical (con sustento en los arts. 14 bis, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.), resultaba equiparable a definitiva.
III.6. El contexto descripto condujo -de modo ineludible- al reexamen de la doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia y consecuente abandono del criterio tradicional basado en la señalada tesis del procedimiento cautelar o precautorio (causa L. 58.651, "Wobron S.A.I.C.", sent. de 22-X-1996 y otras citadas supra ; igual postura: Corte, Néstor; El modelo sindical argentino, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, pág. 481; voto en minoría de Capón Filas en la causa "Quela S.A. c. Chavez", sent. de 8-XI-1988, CNAT, Sala VI, DT, 1989-A, 73), limitado a verificar la verosimilitud de los hechos en los que la empleadora funda la acción de exclusión de la tutela para remover la investidura del representante gremial, autorizándolo a adoptar la medida pretendida (despido, suspensión o modificación de las condiciones de trabajo) y sujetando la discusión sobre la legitimidad de la decisión a la promoción de un juicio ordinario posterior.
En esta línea de ideas, el primero de los mencionados juristas ha expresado que "...se trata de un procedimiento preliminar preventivo, de carácter obligatorio y que opera como requisito de validez de la conducta del empleador, por el cual quien desea adoptar alguna de las decisiones comprendidas en el ámbito de protección del instituto [...] debe previamente requerir la aprobación del órgano judicial competente, acreditando las circunstancias que lo justifican y que excluyan la posible motivación antisindical del comportamiento patronal..." (v. Corte, Néstor, ob. cit., pág. 481).
III.7. Ahora bien, el replanteo de la doctrina legal lleva a sostener que será en el mismo y único proceso sumarísimo a sustanciarse ante el tribunal de trabajo competente (arts. 52 y 63, ley 23.551; 496, CPCC; 2 y 63, ley 11.653; causa L. 87.644, "Lemos", sent. de 3-IX-2008), donde se dará el debate en que el órgano de grado deberá valorar -en uso de las privativas facultades que le asisten (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- los hechos invocados por el principal y pronunciarse sobre su demostración -o no- y, por ende, respecto de la legitimidad de la petición de desafuero como de la medida cuya adopción se pretende, debiendo la promotora del juicio -a esos fines- individualizarla con precisión (v.gr., en la hipótesis de que se persiguiera aplicar una suspensión de tipo disciplinaria, la empleadora deberá -como recaudo insoslayable- indicar su extensión).
Desde esta óptica, se ha expresado que "...es necesario que el empleador que pretende despedir a un representante sindical no sólo inicie la acción de exclusión de tutela sino que además debe precisar y probar en el proceso los hechos que motivan su petición..." (v. CNAT, Sala VII, autos "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c. Serpa, Haydée", TSS., 2005-423).
III.8. No se me escapa que esta senda es la adoptada por la jurisprudencia y doctrina mayoritarias (v. votos de los doctores Morando y Fernández Madrid, en autos "Quela S.A. c. Chavez", cit.; Etala, Carlos Alberto; Derecho Colectivo del Trabajo, Ed. Astrea , 2001, pág. 241; e.o.), por lo que no resulta ocioso destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII, siguiendo lo dictaminado por el Fiscal General del Trabajo doctor Eduardo Álvarez (v. su dictamen de la causa "Shell Capsa c. Méndez, Edgardo" -n° 11.211, de 28-V-1990-, v. también su informe en la causa "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c. Serpa, Haydée", cit.), ha dicho que la decisión emitida en el juicio de exclusión de la tutela gremial es de carácter pleno y definitivo, por cuanto el trámite sumarísimo único -aunque abreviado- garantiza plenamente la debida defensa y no admite la duplicidad de procesos sobre la misma cuestión, resultando menester que el principal que intente despedir a un representante sindical no sólo inicie la acción de exclusión de tutela sino que también precise y pruebe en el pleito los hechos que motivan su petición (v. causa "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c. Lantaño, Héctor Aníbal", expte. 3.231/05, sent. de 26-VI-2007, con voto de los doctores Rodríguez Brunengo y Ruíz Díaz. En igual sentido, en el precedente "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c. Serpa, Haydée", cit.).
III.9. En definitiva, la sentencia dictada en el proceso de exclusión de la tutela del representante sindical deberá proveer, con base en las circunstancias fácticas acreditadas en la causa, la definición concerniente a la necesidad de privarlo de la garantía juzgando la legitimidad de la decisión que la patronal procura adoptar.
III.10. En el caso, conforme surge de la reseña efectuada, la accionante -Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata- persigue el desafuero del señor José Domingo Prado, al fin de producir la extinción del vínculo laboral por aplicación del art. 252 de La Ley de Contrato de Trabajo, en razón de encontrase el dependiente en condiciones de obtener los beneficios de la ley 24.241 (v. demanda, fs. 38 vta.).
En este contexto, debe declararse procedente la impugnación deducida y modificarse la decisión recurrida en cuanto admitió la acción de exclusión de la tutela sindical -sobre la base del análisis de la verosimilitud de los hechos en los cuales se funda- cuya procedencia deberá juzgarse de conformidad con los lineamientos sobre los que se forja la nueva doctrina legal.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto hizo lugar a la acción de exclusión de la tutela sindical, sobre cuya procedencia deberá pronunciarse -nuevamente- el tribunal a quo con los alcances indicados en la presente.
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