Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126694
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción de exclusión de tutela sindical promovida por FATE S.A.I.C.I. contra Ariel Godoy (v. sentencia de fecha 7-X-2019).
Para así decidir, juzgó no acreditada la causal invocada por la patronal a fin de sancionar al trabajador con una suspensión por 15 días de duración para hacerse efectiva cuando finalice la licencia gremial. Ello así, en tanto concluyó que las acciones cometidas por Godoy habían sido en el marco de un conflicto sindical, y en ocasión en que fuera convocado por los propios compañeros para que se presente en la planta en su carácter de representante sindical.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 104/130), el que fue concedido por el a quo (v. proveído de fecha 31-X-2019).
En su medio impugnativo, con denuncia de absurdo y cita de las normas y la doctrina que considera vulneradas, se agravia de la decisión del tribunal de grado en cuanto juzgó que no había quedado acreditada la causal invocada para excluir la tutela sindical de la que goza el demandado.
En lo esencial, alega que el tribunal interviniente incurrió en arbitrariedad y en el vicio de absurdo en la valoración de las pruebas, especialmente en lo que refiere a las declaraciones testimoniales, tanto las que surgen de las actas notariales adunadas al expediente como las expuestas en la audiencia de vista de la causa.
Asimismo, aduce que el sentenciante incurrió en contradicciones, por un lado por cuanto las citas jurisprudenciales que se aluden en el fallo se refieren a supuestos ajenos al del caso en juzgamiento, y, por otro, que el actuar del demandado no tuvo entidad suficiente para excluir la tutela.
También manifiesta que la decisión es incongruente, por cuanto se expide sobre la proporcionalidad de la medida que se pretende aplicar, lo que no fue discutido por el accionado.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, cabe destacar que los agravios traídos en el sub examine se dirigen a objetar la evaluación del material probatorio formulada por los magistrados de grado -en el caso, tendiente a demostrar la conducta violenta que se atribuyó al trabajador en el desempeño de su cargo, y que definió la voluntad patronal de excluir la tutela sindical que lo ampara- tarea que, dable es recordar, constituye el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de la instancia, y que, por lo tanto, se encuentra en principio excluida de la revisión extraordinaria, salvo cabal demostración del absurdo (causas L. 105.287, "Ruiz", sent. de 12-X-2011; L. 108.726, "Molinas Marecos", sent. de 12-IX-2012; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX- 2014 y L. 121.280, "AB Aceros S.A.", resol. de 22-VIII-2018).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
III.1.b. En el caso, si bien la recurrente denuncia la existencia de absurdo, sus alegaciones no son hábiles para comprobarlo, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar la prueba aportada al proceso, especialmente la testimonial.
En ese orden, el sentenciante de grado juzgó no probada la causal invocada al representante sindical, cuya finalidad era habilitar al empleador a sancionar al trabajador con una suspensión de quince días.
En tal sentido, destacó que no había quedado probado que el accionar de Godoy, aunque impropio, hubiera sido amenazante, ni que desafiara a Gauna -gerente de la planta Radial Camión- en una clara invitación a un desenlace con violencia física, ni que le haya obstaculizado su circulación; sino que, por el contrario, la prueba aportada a la causa, en especial la testimonial, había resultado esencial para demostrar que la acalorada discusión entre el mencionado Gauna y el demandado, había tenido lugar en el marco de un conflicto gremial iniciado a partir de un grave accidente ocurrido con fecha 13 de marzo del 2018, situación que le quitaba al actuar del accionado, en definitiva, la entidad o peso suficiente para excluirlo de la tutela sindical de la que goza por expreso mandato constitucional.
III.1.c. Desde esa perspectiva, se advierte que la argumentación de la recurrente se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva respecto de la valoración de los elementos de juicio evaluados por el tribunal de mérito, lo que no es idóneo a los fines de acreditar que la sentencia está viciada por absurdo. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al judicante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 104.642, "Morgante", sent. de 15-VIII-2012 y L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013).
En efecto, las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva del recurrente, tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las declaraciones testimoniales, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014 y L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015).
Además, olvida la interesada que evaluar el mérito, la habilidad y, por lo tanto, la eficacia de la prueba testimonial producida en la vista de la causa, constituye una atribución privativa de los tribunales de trabajo que no puede ser revisada por esta Corte atento, por lo demás, al principio de oralidad que rige en la materia, salvo eficaz demostración de citado vicio de absurdo (causas L. 113.488, "González", sent. de 23-XII-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014 y L. 117.810, "Sperani", resol. de 20-XI-2014), que el compareciente -como se dijo- no logra demostrar.
III.1.d. En definitiva, desde la perspectiva apuntada, se advierte que la argumentación del recurrente se limita a discurrir, en rigor, en torno al modo como considera que el a quo debió ponderar la prueba rendida, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia; método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia del vicio de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975 "Kilimik", sent. de 28-VIII-2014).
III.2. Tampoco se observa la concurrencia del déficit denunciado respecto del principio de congruencia.
Ello así por cuanto éste importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 97.413, "Di Filippo", sent. de 26-X-2010 y L. 107.944, "Maldonado", sent. de 5-XII-2012), situación que no concurre en el caso.
Por el contrario, de la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado, revela que el sentenciante hubo de ceñirse al pedimento articulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa de la pretensión, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 91.352, "Diarte", sent. de 28-V-2010 y L. 118.176 "Riquel", resol. de 12-XI-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2021 13:35:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/03/2021 14:22:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 10:27:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 16:01:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2021 18:54:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia