Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 120107
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca con asiento en dicha ciudad, conforme lo ordenado por esta Corte a fs. 312/319, se pronunció nuevamente desestimando el pedido de exclusión de tutela sindical incoado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires contra Oscar Ariel Rodríguez.
Para así decidir, expresó que resultó acreditado -a través del sumario iniciado por el empleador obrante en la causa- que el día 13 de abril de 2010, el trabajador había abonado indebidamente una suma de dinero a una persona que no era la titular de la caja de ahorros en la que se produjo la extracción y que, admitiendo el equívoco, se hizo cargo del faltante con aportes propios, tomando nota de su accionar para futuras operaciones. Asimismo, se demostró que, con posterioridad a ese hecho, el día 4 de octubre de 2010, una compañera -quien ese día había efectuado varios pases de fondos con el demandado- registró un faltante de dinero en su planilla. Rodríguez, tras dar su versión de los hechos, procedió a hacer la devolución del importe a su colega.
También destacó que tales hechos, a juicio de la entidad bancaria, constituyeron "una deplorable maniobra... para hacerse de sumas que sabía que no le correspondían...", esto es, una grave inconducta con entidad suficiente para convalidar la cesantía decretada por la patronal.
Sentado ello, el a quo concluyó que los incumplimientos cometidos por Rodríguez no encuadraban en ninguna de las conductas tipificadas por el art. 24 del Reglamento de Disciplina que rige al personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto allí se establecen las causales para disponer la cesantía.
Señaló, además, que los hechos acreditados -por tratarse sólo de dos- no podían ser calificados como reiteradas deficiencias en la prestación del servicio en perjuicio de terceros o la institución, dado que el propio demandado, tras la admisión de su error, procedió con sus propios ingresos a efectuar la reparación; menos aún -indicó el a quo - se demostró la "deplorable maniobra" para hacerse de sumas indebidas, máxime que no se probó dolo en su accionar.
Expresó que aun cuando pudieran haberse considerado reprochables los incumplimientos -teniendo en cuenta la antigüedad y puesto en la entidad y la falta de eficiencia y diligencia en la prestación del servicio (art. 21 del Reglamento)- no justificaron -valorando además los buenos resultados de las evaluaciones del desempeño del dependiente durante toda la vinculación (acreditados a través de la propia actuación sumarial)- la medida pretendida por el Banco, toda vez que lució desproporcionada, pues -juzgó- bien podría haberse intentado una sanción de menor gravedad.
Con todo ello, concluyó que la cesantía -máximo apercibimiento conjuntamente con la exoneración- que pretendió adoptar la patronal no guardaba la debida proporción con las faltas cometidas por el empleado ni tenían sustento en el Reglamento Disciplinario de la institución, razón por la cual desestimó la acción de exclusión de tutela sindical deducida (arts. 52, ley 23.551; 21 del Estatuto de los Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires y 1,2, 3, 4, 5, 24 y conc. de su Reglamento Disciplinario).
III. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-XII-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resol., 3-II-2021).
En sustancia, se agravia del rechazo de la demanda pues sostiene que el fallo atacado es absurdo y arbitrario toda vez que se interpretaron incorrectamente las normas contenidas en el Estatuto y Reglamento de Disciplina para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Afirma que la conducta del trabajador se encuentra encuadrada en los arts. 21 incs. a y f; 22 incs. k y n del citado Estatuto y 23 inc. g, 24 incs. c y h y 25 inc. c del Reglamento.
Alega que mediante la sustanciación del sumario administrativo se comprobó el obrar desleal del señor Rodríguez al encontrarse probada la deplorable maniobra consistente en apropiarse de sumas que sabía que no le correspondían. Señala que dicha inconducta tiene entidad suficiente para convalidar la cesantía por tratarse de hechos injuriosos que transgreden los deberes de fidelidad y buena fe y que por su gravedad no permiten continuar la relación laboral.
Afirma que el Banco fundó adecuadamente la medida expulsiva, resultando proporcionada a las faltas comprobadas y subsumió los hechos en la normativa aplicable como corolario de un procedimiento sumarial en el que se reunieron pruebas suficientes a tal fin, las que no fueron desvirtuadas por el demandado.
Entiende que -contrariamente a lo resuelto por el sentenciante- la conducta del demandado encuadra en el art. 24 inc. c del Reglamento de Disciplina ya que hubo reiteradas deficiencias en la prestación del servicio que ocasionaron un perjuicio a terceros y al Banco.
Finalmente, expone que el asunto reviste una cuestión de gravedad institucional.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Inicialmente, corresponde señalar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019 y L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020).
Luego, cabe recordar que esta Corte ha dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018 y L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019).
Asimismo, ha declarado que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013 y L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018).
IV.2. Bajo tales premisas, el recurrente no logra demostrar la existencia del vicio invocado.
A partir de su particular apreciación de las constancias de la causa se limita a verificar el asunto debatido desde su propia óptica -esencialmente a través de la reiteración de argumentos ya esgrimidos y descartados por el tribunal de origen- más sin evidenciar que el razonamiento del a quo se encuentre viciado por absurdo. En efecto, el discurso que contiene el recurso no resulta hábil para descalificar las esenciales motivaciones que -a partir del análisis de los escritos constitutivos del proceso y el material probatorio- condujeron al tribunal a juzgar que en el caso no correspondía excluir de la tutela sindical al demandado y disponer su cesantía.
Ello así, pues, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia que llevó a los magistrados a la solución expuesta en el pronunciamiento, sólo expone su oposición a tales conclusiones, a través de un nuevo análisis del material probatorio, según su propio y particular criterio valorativo -sistema impropio para patentizar el grave vicio invalidante denunciado- y a través del cual pretende subsumir los hechos en los preceptos legales que considera aplicables.
En definitiva, la impugnación no aporta elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017 y L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019).
Por lo demás, y a propósito de la tangencial referencia esbozada en orden a la alegada concurrencia de gravedad institucional, no se advierte en el caso la configuración de un supuesto de tales características.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2021 16:51:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/05/2021 20:01:56 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2021 18:58:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2021 15:24:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 08:43:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia