Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125025
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.025, "Fate Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria contra Suárez, Daniel Enrique. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la demanda promovida, con costas a la vencida (v. fs. 214/220 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17 de setiembre de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen rechazó la acción promovida por Fate Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria, mediante la cual reclamaba -con sustento en el art. 52 de la ley 23.551- la exclusión de la tutela sindical del delegado gremial Daniel Enrique Suárez, con el objeto de aplicarle una medida disciplinaria, consistente en una suspensión de cinco días (v. fs. 214/220).
Para así resolver, puntualizó -en primer lugar- que no era materia de controversia la relación de empleo habida entre las partes, así como la representación sindical que detentaba el actor al 15 de marzo de 2018 (v. fs. 214 y vta.).
Sin embargo, juzgó no demostrados los hechos denunciados por la empleadora en la fecha antes señalada, en los que habría intervenido el demandado, consistentes en impedir las actividades de carga, expedición y despacho del sector depósito, como también bloquear -junto con otros dependientes- la circulación del "clark" (montacarga), extremos que -puso de resalto el sentenciante- fueron negados en la contestación de la acción impetrada (v. fs. 214 vta. y 215).
Luego de precisar que pesaba sobre la parte actora la carga de acreditar las circunstancias de hecho en las que fundó el pedido de desafuero, descriptas en el párrafo anterior, descalificó todas y cada una de las pruebas producidas por la interesada a esos fines.
Respecto de la testimonial, formó su convicción acerca de su parcialidad y animosidad. Sostuvo que los declarantes evidenciaron su clara intención de favorecer a su oferente, evidenciada en el conocimiento preciso y selectivo de determinados hechos frente a la ignorancia total de otros relevantes, además de no haber podido brindar razón de sus dichos (v. fs. 215 vta.).
Reputó inválidas las declaraciones escritas acompañadas por la patronal a fs. 18/21 al presentar su escrito constitutivo, toda vez que -sostuvo- los firmantes de dichos documentos fueron los sujetos que luego -entre otros testigos- se presentaron en la audiencia de vista de la causa (v. fs. 215 vta.).
En lo concerniente a las fotos y videos que la actora hubo de adjuntar a su pieza inaugural, afirmó que no surgía de los mismos "...una clara, acabada y categórica participación del demandado, en la forma y modo que se narra en demanda..." (fs. cit.). Hizo hincapié, en este aspecto, en la cantidad de personas que se visualizaban en los mismos y en la falta de definición y nitidez de esos registros (v. fs. cit.).
Tampoco valoró favorablemente el acta de constatación notarial (v. fs. 9/16 y 176/183). Aclaró el sentenciante que si bien no fue redargüida de falsa por la contraria, la identificación de los sujetos a los que hace alusión -entre los que se menciona al señor Suárez- no fue realizada por el escribano actuante, sino por el señor José Mario Saco, quien resultó ser uno de los testigos a cuyos dichos el juzgador les restó eficacia convictiva (v. fs. 216).
En suma, el convencimiento en el ánimo de los jueces integrantes del órgano de mérito concerniente a la falta de idoneidad de la prueba aportada en lo atingente a los hechos atribuidos por la empleadora al trabajador en su calidad de representante sindical lo condujo a rechazar la exclusión de la tutela gremial intentada por la pretensora (v. fs. 218/220 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 9, 10, 11, 15 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 52 de la ley 23.551; 354, 375, 384, 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Sostiene que el tribunal efectuó una interpretación errónea del escrito de contestación de la demanda, incurriendo en absurdo y transgrediendo el postulado de la congruencia.
Alega que no es cierto que el accionado hubiera negado en esa pieza procesal los hechos ocurridos el 15 de marzo de 2018, que motivaron el pedido de exclusión de la protección sindical.
Afirma que, más allá de la descripción tergiversada efectuada por el demandado en su conteste con relación a los acontecimientos sucedidos en la fecha señalada, se desprende que, en rigor, reconoció encontrarse en dicha ocasión en la planta de la empresa en el sector depósito y expedición, que existieron "fuertes discusiones" por el funcionamiento del "clark" y que impidió su puesta en marcha por razones de seguridad.
II.2. Impugna la valoración efectuada en la instancia de grado respecto de prueba producida en la causa por considerarla absurda.
II.2.a. En lo concerniente a la testimonial, señala que no existe en el acta de la audiencia de fs. 213 vta. ni una sola transcripción o referencia concreta de la que pueda derivarse la presunta "parcialidad", "animosidad" o "intensión de beneficiar a la parte que lo propuso", conforme hubo de juzgar el tribunal de grado.
Tampoco -agrega el interesado- obra constancia alguna que dé cuenta del conocimiento preciso de algún hecho en contraposición a la ignorancia de "otros similares", ni mucho menos de la presunta "imposibilidad de dar razón de los dichos" de los declarantes.
Manifiesta que la normativa ritual aplicable, citando los arts. 35 de la ley 11.653 y 425 del Código Procesal Civil y Comercial, no mencionan como "testigos excluidos" a los trabajadores dependientes de una de las partes.
II.2.b. Refuta, también, la apreciación efectuada en el fallo de grado respecto de las declaraciones escritas que -en el marco del proceso investigativo interno llevado a cabo por la empresa- habían prestado los señores Saco, Tejera, Cingolani y Balzarini (v. fs. 18/21).
Asevera que el sentenciante no brindó motivaciones suficientes para fundar su descalificación, limitándose a efectuar una mera remisión a las consideraciones por las cuales descartó sus manifestaciones en el marco de la audiencia de vista de la causa; cuya omisa transcripción resalta -a su criterio- la relevancia de las deposiciones escritas adjuntadas a la causa.
II.2.c. Censura la apreciación efectuada por el tribunal de mérito respecto de las fotos y el video acompañados por la actora con su presentación liminar.
Sostiene el apelante que en el escrito de contestación de la demanda, el trabajador reconoció el contenido de este último, aunque indicando que fue "editado" o "cortado" (v. fs. 91), lo que equivale a decir -a criterio del quejoso- que los hechos que surgen de las imágenes extraídas existieron.
II.2.d. Cuestiona, asimismo, el modo en que el órgano de origen valoró la actuación notarial glosada a fs. 9/16 (v. fs. 183).
Ese documento -a criterio del quejoso- da cuenta de los hechos acontecidos el día 15 de marzo de 2018 y de la participación del señor Suárez en su ocurrencia.
Afirma que dicho medio de prueba fue desacreditado por la misma razón que la declaración testimonial del señor José Saco, quién -además de requerir la presencia del escribano- fue quién procedió a la identificación del demandado.
Aduce que el contenido del acta del notario es coincidente con las probanzas orales producidas en la audiencia de vista de la causa, máxime si se tiene en cuenta que en su conteste el accionado se limitó a desconocer su fuerza probatoria, soslayando redargüirla de falsa y sin negar en forma categórica y especifica los hechos a los que hace referencia.
II.3. En síntesis, entiende que la sentencia en crisis debe revocarse por encontrarse viciada de absurdo, resultar violatoria del principio de congruencia e incurrir en una arbitraria y fragmentada valoración de la prueba arrimada.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Dable es recordar que la tarea hermenéutica respecto de las piezas procesales que conforman la traba del litigio -que, al cabo, fijan el esquema de la controversia- y la ponderación de los elementos de prueba colectados en la causa importan el ejercicio de atribuciones privativas de los jueces de la instancia ordinaria. De allí que esa labor se encuentra -en principio- excluida de la revisión casatoria, salvo denuncia y cabal demostración de absurdo (causas L. 105.287, "Ruiz", sent. de 12-X-2011; L. 108.726, "Molinas Marecos", sent. de 12-IX-2012; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014 y L. 121.280, "AB Aceros S.A.", resol. de 22-VIII-2018).
El señalado déficit se patentiza a partir de la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de los obrados (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014 y L. 122.889, "De Zan", sent. de 26-V-2021).
Por otro lado, la infracción del principio de congruencia se produce cuando el juzgador introduce en forma sorpresiva cuestiones de hecho a cuyo respecto las partes no hubieran podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 118.981, "Pérez", sent. de 12-IX-2018 y L. 120.760, "Fleita", sent. de 9-XI-2020; e.o.).
III.1.b. Me he ocupado de precisar los anteriores conceptos que emanan de la doctrina legal del Tribunal que integro, toda vez que de la reseña del contenido de la crítica se desprende que, en el caso, los agravios ensayados se dirigen a objetar la interpretación de los escritos constitutivos, a demostrar la pretendida violación del postulado de la congruencia y a controvertir la evaluación del material probatorio formulada por los magistrados del tribunal de grado, con el objetivo de poner en evidencia los incumplimientos contractuales en que habría incurrido el trabajador, que definieron la voluntad patronal de peticionar judicialmente el desafuero gremial para aplicarle una suspensión disciplinaria.
En este marco, anticipo que si bien es cierto que el recurrente denuncia la existencia de absurdo en lo que respecta a la interpretación del escrito de contestación de la demanda, sus alegaciones no son hábiles para tenerlo por comprobado. Tampoco consigue acreditar la invocada transgresión de la congruencia. Menos aún logra poner de manifiesto que haya mediado una errada ponderación de la prueba aportada.
III.2. Como surge de los antecedentes descriptos, el interesado aduce que el juzgador de grado efectuó una apreciación errónea del escrito de responde de la acción, puesto que -desde su particular punto de vista- de la lectura de dicho libelo luce evidente el reconocimiento expreso del señor Suárez respecto de su presencia el día 15 de marzo de 2018 en la planta de la empresa, en el sector depósito y expedición y, asimismo, en el marco de la existencia de fuertes discusiones por el funcionamiento del "clark" que derivaron en haberse impedido la puesta en marcha de ese aparato por razones de seguridad.
Desde esta arista, se impone señalar que el juzgador de grado, a la hora de valorar las circunstancias fácticas relevantes, afincó su razonamiento en el análisis integral de las pruebas colectadas en la causa y, en particular, en la ausencia de elementos que acrediten la participación del demandado en los hechos en el modo en que se narró en la demanda (v. fs. 215 vta.). También consideró que no se encontraba plenamente demostrado que el accionado hubiera adoptado la conducta atribuida por la empresa (v. fs. 216 vta.). Luego, y sin abrir juicio respecto de la valoración formulada por el juzgador en torno al contenido de la réplica, lo cierto es que con sustento en aquellos elementos estructuró su decisión. A ello cabe agregar que no se advierte que el sentenciante hubiera referido concretamente en ningún pasaje de la sentencia que el trabajador en su conteste hubiera negado su presencia en el sector y en la oportunidad en que ocurrió la situación de conflicto relatada en la postulación inicial.
De suyo entonces, a mi modo de ver, la configuración del vicio del absurdo que denuncia el quejoso en lo atingente a la interpretación del conteste, en el contexto definido por las conclusiones fácticas arribadas, no queda cabalmente evidenciada.
III.3. Tal y como adelanté, tampoco se observa la concurrencia de dicho déficit con relación al pretenso quebranto del principio de congruencia.
Sabido es que este postulado importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 97.413, "Di Filippo", sent. de 26-X-2010 y L. 107.944, "Maldonado", sent. de 5-XII-2012), situación que como dije, no concurre en autos.
A contrario de la línea argumentativa que trae el quejoso, en la especie se revela que, a los fines de dilucidar la contienda, el tribunal de origen hubo de ceñirse al contenido de los escritos liminares, sin apartarse siquiera -en lo que aquí tiene relevancia- de los planteos introducidos en el responde. Esta circunstancia despeja cualquier posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 91.352, "Diarte", sent. de 28-V-2010 y L. 118.176, "Riquel", resol. de 12-XI-2014).
III.4. Sentado lo anterior, corresponde ingresar en el tratamiento de los cuestionamientos destinados a desvirtuar la valoración de las probanzas.
III.4.a. Del compendio de antecedentes surge que el órgano de origen juzgó -en lo esencial- que la promotora del pleito no acreditó el reprochable comportamiento imputado al trabajador -en su condición de representante sindical- con la finalidad de habilitar la aplicación de una suspensión disciplinaria de cinco días.
En definitiva, a criterio del tribunal de mérito, la empleadora no consiguió poner en evidencia la participación del dependiente "...en la forma y modo que se narra en demanda..." (v. fs. 215), pues la omisa demostración del contexto de un conjunto de factores o circunstancias que rodearon a los hechos en los cuales el trabajador demandado hubo de tomar intervención en los términos que le fueron atribuidos por aquella selló la suerte adversa de la pretensión (art. 726, Código Civil y Comercial de la Nación; v. fs. 216 vta.).
III.4.b. Desde esta óptica, la discrepancia subjetiva del interesado respecto de la ponderación de los elementos de juicio colectados que controvierte traduce -en rigor- la descalificación de la labor axiológica realizada en la instancia ordinaria, sin otro aporte que el de exhibir una versión diferenciada respecto de los hechos y de cómo debieron apreciarse las pruebas, lo que configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración de absurdo (causas L. 119.545, "Ciccioli", sent. de 28-VI-2017; L. 119.064, "Britos", sent. de 11-VII-2018 y L. 120.522, "Alegre", sent. de 7-VIII-2019; e.o.).
Concerniente a lo dicho, debo resaltar que las conclusiones que el quejoso pretende extraer de los testimonios rendidos, de las declaraciones provenientes de un sumario interno, de las fotografías y videos aportados, así como del acta del notario certificante, no superan -reitero- el registro de una mera divergencia en la ponderación de tales elementos de juicio formulada por el juzgador.
Recuérdese que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditada la anomalía atribuida al fallo, ni tampoco puede este Tribunal sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito. El evocado vicio invalidante no queda configurado aun cuando la motivación del sentenciante pueda ser calificada de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014; L. 116.981, "García", sent. de 13-V-2015; L. 118.441, "Alonso", sent. 14-X-2015 y L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016; e.o.), extremos que -insisto- no han sido demostrado por el compareciente.
A esta altura, también es preciso memorar que devienen inhábiles para la revisión casatoria las alegaciones destinadas a controvertir la valoración de la prueba testimonial atento que, al apreciar "en conciencia" tales declaraciones, el tribunal de trabajo ejerce una facultad privativa respecto del mérito y la habilidad de los testigos (causas L. 117.589, "Silva", sent. de 10-XII-2014; L. 108.255, "Paz", sent. de 27-V-2015; L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016 y L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021). Ello es así, con mayor razón, cuando la interesada -como aquí ocurre- omitió oportunamente hacer uso de la facultad contemplada en la última parte del art. 46 de la ley 11.653.
III.5. En consecuencia, la réplica bajo examen no logra demostrar que el fallo resulte portador del vicio de absurdo ni exhiba transgresión al principio de congruencia ni tampoco infracción de las otras normas que se denuncian (art. 279, CPCC).
Corolario de ello es que el medio de impugnación bajo análisis debe rechazarse, pues las conclusiones esenciales del fallo no han logrado ser desbaratadas por el intento revisor.
III.6. Antes de finalizar, habré de agregar que la solución que propicio, basada en las particularidades que reviste el caso puesto bajo juzgamiento, en modo alguno implica restarle vigor a la doctrina legal que emerge, entre otras, de las causas L. 114.451, "Fate" (sent. de 20-XII-2017) y L. 118.607, "Copetro" (sent. de 21-XI-2018).
IV. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2021 10:30:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2021 10:37:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/08/2021 11:34:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2021 10:18:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2021 15:02:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.