Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130957
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la exclusión de tutela sindical incoada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados PAMI- con la finalidad de suspender por diez días al demandado Carlos Daniel Fernández (v. pronunciamiento de fecha 24-V-2023).
Para así decidir, sostuvo que antes de juzgar acerca de la exclusión de tutela sindical pretendida por la parte actora correspondía examinar la defensa formulada por el demandado, esto es, si la potestad sancionadora de la empleadora se encontraba -eventualmente- caduca o prescripta al momento de ser ejercida, pues ello era esencial para habilitar a la peticionante a aplicar la sanción en cuestión.
En ese sentido, tras analizar las circunstancias fácticas y probatorias de la causa, consideró que el art. 17 del Anexo de la Resolución INSSJP 539/2004 establece un claro límite para el ejercicio disciplinario que tiene el principal, en tanto sólo puede sumariar a su personal dentro de los seis meses de haber tomado conocimiento de la presunta falta cometida por su dependiente.
En esa línea, concluyó que -en el caso- la parte actora no había observado el citado recaudo normativo, pues, si conoció de la supuesta inconducta del trabajador el día 6 de noviembre de 2015, cierto es, que al momento de notificarle la imputación a Fernández y citarlo para que tomara vista de las actuaciones (enero de 2017) ya había operado en exceso- el plazo de caducidad previsto en la mencionada norma del art. 17.
Luego, y a mayor abundamiento, estableció que tampoco las pretendidas inconductas invocadas por el principal habían tenido suficiente entidad como para justificar la sanción que se pretendía, ni, menos aún, para habilitar la exclusión del demandado de su garantía sindical. Además, la sucesión de hechos que quedaron plasmados en las actuaciones administrativas glosadas a estas actuaciones conjuntamente con las declaraciones testimoniales prestadas en autos, resultaron suficientes -a criterio del juzgador- para evidenciar una conducta discriminatoria de la parte actora hacia el demandado.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 14-VI-2023), el que fue concedido por el tribunal de grado (v. resolución de 27-VI-2023).
II.1. En su presentación, cuestiona, en primer lugar, la decisión del fallo que declaró en el caso la caducidad de la potestad disciplinaria del empleador.
Al respecto, alega vulnerado el principio de congruencia, puesto que, según entiende, eso no fue planteado por el demandado en su escrito de responde, donde sólo se limitó a negar los incumplimientos por los cuales se había iniciado el expediente administrativo y a plantear la prescripción de la acción en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, sostiene que el a quo realizó una absurda valoración de la prueba producida en la causa, efectuando un análisis fragmentado y desajustado de los verdaderos alcances de las declaraciones testimoniales, en sintonía con la arbitraria valoración de las restantes pruebas aportadas en autos.
Agrega, además, que le negó total validez probatoria al sumario administrativo que concluye con la sanción a Fernández.
II.2. También impugna la decisión de origen en cuanto calificó de persecutoria, antisindical y discriminatoria la actitud que asumió el empleador, en tanto entiende que el juzgador basó su decisión en los dichos del actor y de la testigo Conde, quien también fue sancionada en el mismo expediente administrativo por el principal.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe destacar que, como reiteradamente lo ha dicho esta Corte, interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 87.372, "Antonini", sent. de 7-II-2007; L. 93.988, "Ferrera", sent. de 3-VI-2009; L. 121.071, "Yughos", resol. de 30-V-2018 y L. 124.138, "Garen", resol. de 15-IV-2020).
Tales extremos no se verifican en la especie, desde que la réplica se sitúa en el plano de la mera disconformidad del interesado con la solución adoptada.
En efecto, la crítica, afincada en la propia visión que aporta el recurrente acerca de la correcta interpretación que debió efectuar el a quo sobre lo que fue materia de controversia, es insuficiente, pues se limita a efectuar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, evidenciando, tan sólo, la intención de disputarle al juzgador la facultad que la ley le confiere para establecer el alcance de los escritos constitutivos de la litis y determinar el mérito y habilidad de la prueba producida por las partes para demostrar sus alegaciones (causas L. 119.393, "López", sent. de 21-VI-2018; L. 120.133, "Cuelho", sent. de 3-X-2018; L. 120.532, "Espinosa", sent. de 17-VI-2020 y L. 127.116, "Medina", resol. de 9-XI-2021).
De ese modo, no logra neutralizar el análisis que condujo al tribunal de grado a juzgar que el accionante había tomado efectivo conocimiento de la falta objeto del sumario el 6 de noviembre 2015, cuando la Unidad de Auditoría Interna había elevado al Departamento Sumarios el informe definitivo y que, al momento en que le notificó la imputación al trabajador y lo citó para que tomara vista del sumario en el mes de enero de 2017- el plazo de seis meses establecido en el art. 17 de la resolución 539/2004 que establece el Régimen Disciplinario para el personal del INSSJP-, se encontraba visiblemente fenecido.
Por ello, y más allá de las objeciones que pudiera plantear el recurrente a la interpretación realizada por el a quo del escrito de contestación de demanda, cierto es, que el juzgador de grado arribó a la conclusión que se impugna con sustento en la prueba adquirida en el proceso. En ese contexto, los argumentos desplegados en el recurso no resultan eficaces a los fines de evidenciar el absurdo que se imputa al pronunciamiento de origen y, en consecuencia, la denunciada violación del principio de congruencia.
En suma, apartándose del razonamiento expuesto en el fallo atacado, el impugnante opone un criterio discrepante a la apreciación que de las constancias objetivas de la causa efectuó el tribunal de grado, lo cual resulta insuficiente para demostrar el error grave y grosero que configura el absurdo (causas L. 120.158, "Caccaviello", sent. de 21-VI-2018; L. 119.468, "Gómez", sent. de 3-X-2018; L. 119.794, "Arenas", sent. de 6-II-2019 y L. 129.928, "Corinaldesi", resol. de 27-VI-2023).
Cabe recordar, además, que aun cuando el análisis efectuado por el tribunal sobre cuestiones fácticas y probatorias pueda resultar opinable o discutible, esa sola circunstancia no es suficiente para tener por demostrado el absurdo, habida cuenta que lo que habilita la revisión en casación no es cualquier equívoco o disentimiento; antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo, una insostenible o grosera desinterpretación de las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 118.380, "Arce", sent. de 11-IV-2018; L. 120.669, "Fruto", sent. de 24-IV-2019; L. 120.443, "Mascotena", sent. de 6-XI-2019 y L. 129.535, "Polak", resol. de 26-IV-2023), desvío que -como se dijo- no demuestra el recurrente.
Cabe añadir, a propósito de las alegaciones vinculadas con los testimonios rendidos en la audiencia de vista de la causa, que en razón del sistema de oralidad imperante en el fuero laboral la prueba oral no puede ser revisada por la Suprema Corte, quedando reservada a los jueces de la causa, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021).
III.2. Firme -en virtud de lo resuelto en el apartado que precede- la decisión de grado en cuanto juzgó fenecida la potestad sancionatoria del Instituto accionante, devienen inatendibles los planteos que trae el recurrente dirigidos a impugnar la conclusión sentencial de calificar de discriminatoria la actitud de la patronal hacia el demandado.
Ello así, por cuanto las manifestaciones que introdujo el órgano judicial de grado en tal sentido fueron formuladas "a mayor abundamiento", esto es, obiter dicta que sólo tienen un valor accesorio y que no perturba ni incide en las definiciones esenciales que respaldaron la decisión del tribunal. Por ende, no causan agravio y, consecuentemente, devienen inapelable e impropio su tratamiento por esta Corte (causas L. 88.550, "Cantet Manterola", sent. de 2-VII-2008; L. 118.134, "Vaccarezza", resol. de 20-XI-2014; L. 118.685, "Nieva", resol. de 4-XI-2015 y L. 121.081, "Cortez", resol. de 11-IV-2018 y L. 120.086, "Magallanes", sent. de 7-III-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2024 21:08:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2024 10:35:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:46:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2024 07:25:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 08:09:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 09:15:01 hs. bajo el número RR-23-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia