Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131632
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída en fecha 4 de diciembre de 2023 (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Ac. 4.068/2022 y Resol. 24/20). Con costas.
2Hacer lugar a las quejas traídas el 28 de noviembre de 2023 y el 1 de diciembre de 2023, y conceder los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos (art.292 del CPCC; Ac. 4.068/2022 y Resol. 24/20; art.63, ley 11.653).
3Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos y el de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298 CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida por Molinos Tassara S.A. y, en consecuencia, declaró procedente la exclusión de tutela sindical sobre el señor Luis Pates, sancionándolo con una suspensión de siete días sin goce de sueldo. Luego, instó a los representantes del Sindicato de Molineros Seccional Junín a realizar un curso de sensibilización y formación en perspectiva de género (v. vered. y sent. de 23-X-2023).
Resolvió de esta manera por considerar acreditado, a partir de las probanzas de autos que, en fecha 3 de enero de 2023, en el sector Producción de la empresa accionante, el aquí demandado -junto con otros compañeros-, propinó una serie de bromas e insinuaciones de tipo sexual a su compañera, C.R., así como la imposición sorpresiva de un beso en el dorso de su mano, quién demostró angustia e incomodidad luego de dicho evento.
Así, determinó que tal actitud configuraba un incumplimiento a los deberes que todo trabajador debe guardar en el ámbito de trabajo para con sus compañeros y compañeras, falta que revestía caracteres de violencia o acoso laboral y que ameritaba el ejercicio de poder disciplinario de la empleadora.
II. Contra dicha decisión, el señor Pates interpuso recursos extraordinarios de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. escritos de 2-XI-2023; 6-XI-2023 y 8-XI-2023).
Estos fueron denegados por el a quo (v. resols. de 22-XI-2023). El primero de ellos, por juzgar que el recurrente no había indicado en términos claros y precisos los defectos formales que le atribuyó al veredicto y la sentencia, el de inaplicabilidad de ley por considerar no reunido el requisito de cita legal y doctrinaria en apoyo de su pretensión y el de inconstitucionalidad, por no vislumbrar un caso constitucional en los términos de lo dispuesto en el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial.
Frente a estas denegatorias, el interesado dedujo las quejas en tratamiento (art. 292, CPCC; v. escritos electrónicos de 28-XI-2023; 1-XII-2023 y 4-XII-2023).
En la vía directa destinada a controvertir la denegatoria del recurso de nulidad, el impugnante arguye que los motivos dados por el a quo en su resolución denegatoria no resultan sustanciales, en tanto se desentienden del planteo efectuado por su parte. Respecto a la inadmisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, entiende que el tribunal desinterpretó el escrito recursivo, omitiendo que, en el mismo, se denunció la errónea interpretación de una norma.
Finalmente, en lo tocante al recurso de inconstitucionalidad, considera que expuso debidamente el agravio constitucional que considera configurado en la especia, desde que hizo referencia a las garantías afectadas por el pronunciamiento puesto en crisis, como es la defensa en juicio.
III. Modificando el orden de tratamiento de las quejas traídas, cabe señalar, primeramente, que aquella deducida contra el rechazo del recurso de inconstitucionalidad no puede prosperar.
En la señalada vía recursiva, sostuvo el impugnante que la sentencia de grado es violatoria del debido proceso, por un lado, y, por otro, que constituye una decisión citra petita en tanto los miembros representantes de la entidad sindical no revestían el carácter de parte en las presentes actuaciones, por lo que no podían ser pasibles de condena.
Al respecto, corresponde memorar que, para la admisibilidad del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, es preciso que se haya planteado por parte interesada y resuelto por el tribunal de grado, un caso constitucional en los términos del art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 110.966, "Décima", resol. de 7-VII-2010; A. 69.787, "R.P.", sent. de 13-VII-2011 y L. 121.282, "Maruenda", resol. de 8-XI-2017), extremo no verificado en el sub lite .
En este orden, sabido es que el remedio previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se abre únicamente en el caso en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Carta local (causas L. 87.736, "Barrios", sent. de 2-XII-2009 y L. 118.990, "Tavernise", sent. de 3-IV-2018), supuesto -como se dijo- ausente en la especie, en que -para más- no se advierte en el escrito impugnativo fundamentación idónea en los citados términos (causas L. 120.119, "Goyenetche", resol. de 23-XI-2016 y L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017).
Sentado ello, corresponde recordar que no resulta viable el recurso extraordinario de inconstitucionalidad cuando lo que se alega, es la invalidez de la sentencia misma en cuanto resultaría conculcatoria de determinadas garantías constitucionales (causas L. 78.205, "González", sent. de 10-IX-2003; L. 118.301, "Villalba", resol. 5-XI-2014; L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020 y L. 130.114, "Teves", resol. de 27-III-2023).
IV. Respecto de las restantes quejas traídas, cabe señalar que el tribunal de grado excedió su competencia al formular un juicio vinculado a la procedencia de las vías extraordinarias de nulidad e inaplicabilidad de ley incoadas, materia privativa de esta Suprema Corte (causas L. 123.558, "Ruíz de Galarreta", resol. de 21-IX-2020; L. 125.164, "Sindicato de trabajadores de la industria del hielo", resol. de 22-X-2020; L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.467, "Mazzola", resol. de 19-IV-2021), pues debió limitarse a juzgar si estaban o no reunidos los requisitos de admisibilidad (arts. 55, 56 y 63, ley 11.653; y 281, CPCC), los que se advierten cumplidos en la especie.
Por lo tanto, se hacen lugar a las quejas traídas y se declaran mal denegados los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos, los que se conceden (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Ac. 4.068/2022 y Resolución 24/20).
V. 1. Así las cosas, corresponde señalar que el primero de los remedios descriptos en el parágrafo precedente se observa manifiestamente improcedente (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Ello, desde que los argumentos desplegados en dicha vía -vinculados con la alegada divergencia en el horario de la certificación de las firmas digitales del veredicto y sentencia, así como en el orden de votación- no se observan hábiles a su respecto.
Cabe recordar, que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 129.408, "Beron", resol. de 3-XI-2022).
V.2. Sentado lo anterior, es de observar que no se configura la causal nulificante prevista en el art. 168 de la Constitución provincial desde que la diferencia horaria en la que aparecen estampadas las firmas de los señores magistrados actuantes no descalifica la bondad formal de sus respectivos votos, ni afecta el cumplimiento de las formalidades a las que la manda constitucional citada condiciona la validez de la sentencia.
En la especie, el veredicto y la sentencia atacados muestran el sufragio individual de los tres jueces que integra el tribunal de trabajo interviniente, de conformidad con el orden establecido al efecto por el sorteo practicado, así como también la rúbrica digital de cada uno de ellos, sin que interese el orden cronológico temporal seguido para estamparlas, dato que atiende a una cuestión meramente circunstancial o de hecho que lejos está de definir, en el caso, la recta observancia de las formalidades de validez prescriptas por el citado art. 168 de la Constitución local.
V.3. Para más, en lo que interesa, en el marco del uso de la firma digital, cabe poner de relieve que el art. 7 del "Reglamento para los escritos, resoluciones, actuaciones, diligencias y expedientes judiciales" que, como Anexo único, forma parte integrante del Acuerdo n° 3.975 de la Suprema Corte de Justicia establece que: "… En el caso de tribunales colegiados, las resoluciones y sentencias judiciales que requieran de la suscripción de dos o más magistrados, se tendrán por perfeccionados en la fecha y hora de la firma del último, o del secretario si correspondiere…" (conf. causa L. 129.319, "Tostex S.A.", resol. de 12-IX-2023).
VI. En estas condiciones, como se dijo, no aparecen verificadas las causales previstas en las cláusulas constitucionales cuya denuncia formula el interesado, por lo que -como en otros casos ha resuelto este Tribunal- corresponde desestimar el carril intentado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.).
VII. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley traída se agravia, en definitiva, del progreso de la exclusión de tutela, la que entiende violatoria de los distintos principios del derecho laboral y sindical que indica.
VII.1. Tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018 y L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019).
Asimismo, ha declarado que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013; L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018 y L. 128.295, "Industrias Metalúrgicas Cestari S.R.L.", resol. de 17-X-2022).
VII.2.a. En el caso, el recurso no puede prosperar en atención a su marcada insuficiencia.
VII.2.b. Ciertamente, en este tramo de la impugnación, el recurrente ni siquiera ha denunciado que tal decisión fuese producto del vicio de absurdo, deficiencia técnica que sella su suerte adversa, pues, como lo ha resuelto este Tribunal, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (causas L. 107.447, "Álvarez", sent. de 13-VI-2012; L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017; L. 125.240, "Moreno", resol. de 11-III-2020 y L. 127.317, "Contreras", resol. de 7-VI-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja traída en fecha 4 de diciembre de 2023 (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Ac. 4.068/2022 y Resol. 24/20). Con costas.
2. Hacer lugar a las quejas traídas el 28 de noviembre de 2023 y el 1 de diciembre de 2023, y conceder los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos (art.292 del CPCC; Ac. 4.068/2022 y Resol. 24/20; art.63, ley 11.653).
3. Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos y el de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/04/2024 09:28:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2024 10:19:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 09:16:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:10:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:24:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:19:15 hs. bajo el número RR-378-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia