Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132313
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (arts. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.313, "Municipalidad de Castelli contra Ale, Bernabé Alfonso. Exclusión de tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, rechazó la acción promovida, con costas a la actora vencida (v. veredicto y sentencia de fecha 5-III-2024).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-III-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la acción promovida por la Municipalidad de Castelli mediante la cual reclamaba la exclusión de la tutela sindical del señor Bernabé Alfonso Ale con sustento en el art. 52 de la ley 23.551.
Para así resolver, señaló que no se hallaba controvertida la existencia del vínculo laboral habido entre las partes; tampoco el cargo que ostentaba el demandado como vocal suplente segundo de la Asociación de Trabajadores Municipales de Castelli, con mandato del 10 de julio de 2016 al 10 de julio de 2020, prorrogado por sendas resoluciones.
Seguidamente, luego de narrar las contradictorias posturas de las partes, con sustento en el expediente administrativo que individualizó, la prueba pericial contable y la oral, consideró acreditadas las inasistencias sin justificación del accionado denunciadas en el escrito de demanda.
Pero en lo que resulta de interés, juzgó que la empleadora no intimó al demandado de modo fehaciente y de manera previa a la instrucción del sumario a acreditar el motivo de sus ausencias; destacó que dicha circunstancia ni siquiera fue invocada por el municipio en el escrito de inicio.
Enfatizó el juzgador de grado en que, sin perjuicio de las inasistencias comprobadas del agente, el accionante no dio cumplimiento con aquella intimación, expresamente exigida en el art. 95 inc. 7 del convenio colectivo aplicable, aprobado por ordenanza 2/17. Y al respecto, precisó que la falta que se pretende sancionar se configura cuando se cumplen todos los presupuestos de la norma: la existencia de ausencias, su falta de justificación, la reiteración de aquellas del modo que establece, y la previa intimación comunicada de la manera y con el objeto que determina.
Refirió que dicha omisión no puede considerarse suplida con el traslado ordenado al agente en el marco del sumario administrativo iniciado, pues este último tiene por objeto el ejercicio del derecho de defensa por parte del trabajador de acuerdo a lo establecido en los arts. 30 de la ley 14.656 y 108 del convenio de aplicación, y no el responder a una intimación que debió efectuarse de manera previa y contemporánea a la falta endilgada con el fin de que acredite el motivo de su inasistencia o bien, revea el trabajador su actitud.
Por otro lado, refirió que las inasistencias denunciadas como hecho nuevo no fueron objeto de sumario administrativo, de modo tal que, el municipio no cumplió con lo establecido en los arts. 24 de la ley 14.656 y 101 del convenio aplicable.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, errónea aplicación y violación de las normas que individualiza (v. escrito electrónico de fecha 20-III-2024).
En sustancia, sostiene que el sentenciante efectuó una errónea interpretación y aplicación del art. 95 inc. 7 del Convenio Colectivo de Trabajo para los empleados de la Municipalidad de Castelli.
Resalta que el mentado art. 95 no refiere que la intimación que regula deba ser previa y contemporánea a la falta, ni tampoco indica que aquella no pueda sustanciarse en el marco del sumario, como —aduce— aconteció en el caso. Insiste en que la norma es clara en cuanto a su alcance, y la interpretación que admite señala que previo al dictado de la sanción debe existir una intimación al trabajador a que acredite el motivo de sus inasistencias, lo que debe conjugarse con la exigencia del art. 101 del mismo convenio de instruir el sumario previo, asegurando el debido proceso.
Refuerza su postura invocando jurisprudencia y aduce que corresponde desplegar una interpretación íntegra del cuerpo normativo a los efectos de entender el espíritu que el legislador le ha querido dar, menciona con ello, a lo dispuesto en los arts. 91 y 101 del convenio colectivo.
Afirma que el tribunal de grado violó el principio de la verdad material, toda vez que rechazó la demanda a pesar de encontrarse acreditados los hechos en ella invocados, incurriendo en un excesivo rigorismo formal.
Agrega que el derecho de defensa del accionado se vio garantizado en el procedimiento sumarial, que fue llevado conforme todas las previsiones normativas aplicables. Detalla que dicho procedimiento no tiene por objeto solo determinar la eventual responsabilidad del trabajador, sino que busca precisar las circunstancias, reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades, identificar a los responsables y proponer sanciones.
Por último, sostiene que la decisión es absurda, contradictoria e ilógica, toda vez que en la misma sentencia se rechaza el planteo referido a las nuevas inasistencias que fueran denunciadas como hecho nuevo por considerar que no fueron objeto de sumario, y a la vez, también se desestima la acción por considerar que el mentado procedimiento no es idóneo.
III. El recurso no prospera.
III.1. A mérito de su extemporaneidad, no es de recibo la medular crítica en la que se objeta la interpretación y aplicación que efectuó el a quo de lo dispuesto en el art. 95 inc. 7 del Convenio Colectivo de Trabajo para los empleados de la Municipalidad de Castelli.
Es que aquella motivación del tribunal afincada en que el empleador no cumplió con la intimación previa y fehaciente al trabajador para acreditar las inasistencias, la que —en su criterio— debió ser efectuada con anterioridad a la instrucción del sumario administrativo, se condice con el planteo formulado por el demandado en ocasión de contestar la demanda, donde efectivamente invocó que ante el incumplimiento de dicho emplazamiento la falta imputada prevista en la mencionada disposición convencional no había quedado configurada (v. págs. 14/16); tal relevante argumento, evacuado el traslado respectivo, no mereció una concreta réplica por parte del municipio (v. presentación electrónica de 29-VI-2022).
Dicha circunstancia torna inatendible la impugnación, pues, conforme lo ha declarado reiteradamente esta Corte, resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las argumentaciones novedosas —fruto de una reflexión tardía—, toda vez que no han sido introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 120.548, "Lanzillotta", sent. de 17-II-2021; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; L. 88.443, "F., E. R.", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.2. A partir de lo señalado, pierden vigor las demás objeciones que rodean a aquel central agravio, incluso, aquella en la que se le atribuye al tribunal de grado haber descartado la idoneidad e importancia que posee la instrucción del sumario administrativo, pues, a todo evento, ello no se verifica en el trazo lógico de la sentencia, en tanto el tribunal no soslayó con esos contornos aquel paso procedimental, sino que —antes bien— hubo de poner de relieve que no reemplaza al requisito de intimación que dispone la norma en debate.
Con todo, las supuestas contradicciones y el excesivo rigor formal que se denuncian, permanecen en el plano de la mera disconformidad del quejoso.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/09/2025 11:51:47 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2025 10:19:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2025 13:15:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/10/2025 12:18:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2025 13:05:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 02/10/2025 15:02:46 hs. bajo el número RS-94-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia