Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 132791
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto V. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.791, "Fiscalía de Estado de la Provincia contra Monasterio, Pedro José. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Budiño, Maidana, Kohan, Carral.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de 27-III-2024).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-IV-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual procuraba obtener —con sustento en el art. 52 de la ley 23.551— la exclusión de la tutela sindical del agente Pedro José Monasterio, con el objeto de aplicarle una sanción disciplinaria consistente en llamado de atención, dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del expediente 3001-25571-2019 tramitado por ante la Subsecretaría de Control Disciplinario. Lo hizo por juzgar que la demanda carece "de causalidad jurídica que sustente el reclamo impetrado (art. 726 del C.C.C.)" (sent. de fecha 27-III-2024).
Para así decidir, con cita de la causa L. 81.958, "Mapelli", sentencia de 9-XI-2005, expuso en la misma que "...en el proceso de exclusión de tutela sindical, solo debe resolverse la verosimilitud del planteo sometido a decisión por el principal sin emitir opinión acerca de la validez legal de la medida a aplicar por el patrono, y que dicha decisión no define la suerte o existencia del derecho de fondo a debatirse, pues compromete solo el primer tramo del procedimiento legamente instituido para la dilucidación del derecho afectado..." (sent., pág. 4).
En este contexto, tras analizar los escritos constitutivos y las constancias obrantes en autos, concluyó que la empleadora obró de manera apresurada cuando impuso la sanción al agente, sin haber requerido previamente la exclusión judicial de la tutela sindical, tal como lo exige el régimen especial de protección previsto en la ley 23.551, como recaudo para su efectivización. En consecuencia, consideró que el acto disciplinario devino nulo en los términos del art. 387 y siguientes del Código Civil y Comercial.
En virtud de lo expuesto, el tribunal de grado resolvió rechazar la demanda.
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 48, 50 y 52 de la ley 23.551; 26, 44 incs. "d", "e" y "f", 47 y 63 de la ley 11.653; 289, 384, 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 387 y 726 del Código Civil y Comercial, y de la doctrina legal que cita.
En concreto, formula los siguientes agravios:
II.1. Afirma que el tribunal de grado interpretó de manera absurda el escrito de demanda y las constancias objetivas de la causa, en tanto juzgó —a criterio de la recurrente erróneamente— que al trabajador se le aplicó la sanción disciplinaria consistente en un llamado de atención, antes de iniciada la demanda; y ello fue así no obstante que —destaca el representante del Fisco— la medida nunca resultó efectivizada.
Antes bien —explica— la promoción del presente proceso fue, precisamente, a los fines de su concreción.
II.2. En esta línea, afirma que el órgano de la instancia de grado incurrió en absurdo al sostener, de un lado, que lo reclamado en autos consistió en la exclusión de la tutela sindical para aplicar al demandado la aludida sanción —remite en este punto a la primera cuestión del veredicto—; y por otro, resolvió en el fallo que esta última le fue impuesta al agente con anterioridad a la promoción del pleito, deviniendo por ello prematura y nula (v. rec., págs. 5/7). Aduce que tal razonamiento quebranta el principio lógico de no contradicción.
II.3. Añade que la decisión en crisis resulta dogmática, ritualista y violatoria del debido proceso, en tanto veda el acceso a la verdad objetiva, colocando al accionante en una situación de indefensión, por lo que no supera el test de constitucionalidad exigido por el art. 18 y concordantes de la Constitución nacional.
II.4. Finalmente denuncia violada la doctrina legal que emerge de las causas L. 114.451, "Fate" (sent. de 20-XII-2017) y L. 119.961, "Guala" (sent. de 4-VII-2018), conforme la cual —explica la impugnante— en los procesos de exclusión de tutela sindical debe resolverse de manera conjunta tanto la desafectación de la garantía, como la justificación de la medida que el empleador prevé adoptar; debiendo esta última ser claramente descripta en la demanda.
III. El recurso prospera.
III.1. De inicio corresponde señalar que acierta la recurrente cuando denuncia infracción de la doctrina legal sentada en las causas "Fate S.A.I.C.I" y "Guala Closures Argentina S.A." más arriba citadas, pues el tribunal de origen efectivamente emitió su decisión al margen de lo establecido por la Suprema Corte en aquellos precedentes.
Si bien en esas causas se trataron recursos interpuestos por los trabajadores contra sentencias que habían acogido las acciones de exclusión de tutela sindical iniciadas, lo cierto es que en ellas este Tribunal, modificando el tradicional criterio sostenido hasta entonces, estableció que, en el marco de dicho proceso, el tribunal de trabajo, en un mismo y único trámite sumarísimo, debe valorar los hechos invocados por el principal y resolver la desafectación de la tutela sindical así como expedirse sobre la justificación de la medida cuya adopción pretende el empleador, debiendo la promotora del juicio —a esos fines— individualizarla con precisión.
Sobre esa base, no resulta ocioso recordar que, con posterioridad, en la causa L. 118.607, "Copetro SC", sentencia de 21-XI-2018, este Superior Tribunal se pronunció en el marco de un juicio en el cual el pedido de desafuero gremial había sido —como en la especie— desestimado, y lo hizo, precisamente, a influjo de la doctrina legal forjada en los casos citados.
III.2. Así las cosas, y contrariamente a cuanto se expresó en el fallo recurrido con respaldo en doctrina legal abandonada, en el sentido que "...sólo debe resolverse la verosimilitud del planteo sometido a decisión por el principal sin emitir opinión acerca de la validez legal de la medida a aplicar por el patrono, y que dicha decisión no define la suerte o existencia del derecho de fondo a debatirse..." (sent., pág. 5), el tribunal de origen debe dar el debate sobre los hechos alegados y probados que le permitan definir la legitimidad de la pretensión de desafuero en relación a la medida cuya adopción —precisamente— se pretende. Queda claro entonces que, por no tratarse de un proceso cautelar o precautorio, esa decisión del a quo hace cosa juzgada material acerca de la existencia o inexistencia de la causa alegada por el empleador, como así también respecto de la medida por él propuesta en caso de que el desafuero prospere.
III.3. En la especie, el agente judicial aquí demandado fue sumariado en el marco del expediente 3001-25571-2019, tramitado por ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de esta Suprema Corte.
No se ha discutido en autos su condición gremial dada su calidad de Secretario General de la Departamental San Isidro y de Congresal Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense, con mandato vigente al momento de interposición de la demanda (v. segunda cuestión del veredicto).
Surge del fallo de los hechos que la conducta en la que incurrió el accionado fue el extravío de una causa penal mientras ejercía la función de correo y trasladaba el expediente desde el Archivo hacia la Mesa de Entradas de UFI. de Benavídez, a bordo de transporte público.
Dichas actuaciones culminaron mediante el dictado de la resolución SC 2312 de 28 de septiembre de 2022, en la que se decidió aplicarle al señor Monasterio "llamado de atención" y dejar constancia donde corresponda previo trámite de exclusión de la tutela sindical.
III.4. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda por considerar que la Suprema Corte actuó apresuradamente al imponer un llamado de atención al agente Monasterio sin haber promovido previamente la acción de exclusión de tutela sindical, provocando con ello la nulidad del acto en los términos del art. 387 del Código Civil y Comercial.
IV. Lo así decidido, como anticipé y demuestra la recurrente, es desacertado, a la luz de los claros términos plasmados en la citada resolución SC 2312 de 28 de septiembre de 2022 (art. 44 inc. "d", ley 11.653, cuya violación se denuncia).
En efecto, en lo que aquí resulta de interés a los fines de resolver, llamo la atención sobre lo que se dice en el punto XI. de los considerandos de la resolución mencionada: allí se entiende "...pertinente imponer al Oficial 2° Pedro Monasterio la sanción de 'llamado de atención' (art. 7, apartado I, inciso "a", del acuerdo 3354), supeditando su aplicación mediante la incorporación en el Registro de Sanciones Disciplinarias, al correspondiente trámite de exclusión de la tutela sindical del agente, en los términos del art. 52 de la Ley N° 23.551" (el destacado me pertenece).
Los precisos términos de la resolución recaída en el expediente 3001-25571-2019 no dejan lugar a la duda pues, conforme surge del texto más arriba transcripto, la efectiva aplicación de la sanción de llamado de atención al agente quedó supeditada (es decir, subordinada, postergada y/o condicionada) al progreso de la acción de exclusión de tutela sindical, que la actora —ahora recurrente— inició por ante el Tribunal de Trabajo n° 2 de San Isidro, poniendo en evidencia el error de interpretación de las constancias adjuntadas a la causa en el que incurrió el juzgador de la instancia anterior.
No resulta ocioso recordar a esta altura que el concepto de absurdo hace referencia a la existencia en el fallo recurrido de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo, es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema (causas L. 117.783, "Vázquez", sent. de 26-III-2015; L. 118.299, "L., J. A.", sent. de 31-V-2017; L. 124.365, "Andrade", sent. de 4-X-2022; L. 128.835, "López", sent. de 9-VIII-2024; e.o.).
Tal —reitero— lo que acontece en la especie.
Lo expuesto quita, en mi opinión, todo sustento al principal motivo que tuvo el a quo para rechazar la demanda, cual es, la supuesta imposición "apresurada" de la sanción sin la previa promoción del desafuero del agente y es suficiente para dar respuesta a la impugnación traída, lo que me exime de ingresar en el análisis de cualquier otro agravio planteado.
V. En virtud del análisis realizado, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó la acción de exclusión de la tutela sindical, sobre cuya procedencia —o no— deberá pronunciarse —con otra integración y renovando, en su caso, los actos procesales que estime pertinentes— el tribunal a quo con los alcances supra indicados.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Maidana, Kohan y Carral, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Budiño, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto V. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/03/2026 09:49:17 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/03/2026 11:47:59 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 25/03/2026 09:00:27 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2026 11:07:29 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2026 11:47:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 25/03/2026 12:14:54 hs. bajo el número RS-24-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia