Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133476
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación electrónica de fecha 1-VII-2024) queda perdido para la recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 133.476, "Municipalidad de Coronel Suárez contra Herr, Leandro Ezequiel. Exclusión de tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida, con costas a la actora vencida (v. vered. y sent. de fechas 25-IV-2024, y aclaratorias de fecha 26-IV-2024 y 29-IV-2024).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-V-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal laboral interviniente rechazó la demanda promovida por la Municipalidad de Coronel Suárez mediante la cual reclamó la exclusión de la tutela sindical del señor Leandro Ezequiel Herr con sustento —entre otras normas— en el art. 52 de la ley 23.551.
Para así resolver, en lo relevante, juzgó verificado que el demandado, empleado del municipio, contaba con "fueros gremiales" en virtud de ser delegado del sector "Planta de Reciclado" por el Sindicato de Trabajadores Municipales (v. vered., pág. 1).
Seguidamente, luego de describir las posturas asumidas por las partes en el litigio, consideró que habiendo sido desconocida la documental acompañada con el escrito de demanda sin que se hubiera producido prueba tendiente a avalar su contenido, no era apta para acreditar las supuestas ausencias que el municipio actor le atribuyó al dependiente para justificar su petición, las que por otra parte —agregó— resultaban de certificaciones médicas que debieron ser controladas individualmente, y no a través del mecanismo de junta médica pretendido por la empleadora; además, sostuvo que el trabajador "registraría sanciones pretéritas" que, precisó, surgirían también de prueba documental no ratificada por otra idónea, siendo la más grave una suspensión de cinco días que dataría de marzo de 2020 (v. vered., pág. 5).
A su vez, señaló que la prueba testimonial producida, aunque poco aportó, dio cuenta de la laxitud del control de puntualidad y presentismo, al menos, en diversos sectores del municipio.
Concluyó que, si bien el demandado distaba de ser el paradigma impuesto por el art. 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, la prueba producida no resultó útil para comprobar los incumplimientos endilgados al demandado de entidad suficiente para justificar la sanción disciplinaria de cesantía cuya aplicación pretendía efectivizar la empleadora procurando obtener previamente la exclusión de tutela sindical.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 171 de la Constitución provincial; 34 inc. 4, 125, 126, 163 incs. 5 y 6, 164, 296, 375, 384 y 439 del Código Procesal Civil y Comercial; 44, 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Afirma que el juzgador "desestimó" arbitrariamente sendas resoluciones municipales que demuestran que el accionado incumplió en reiteradas ocasiones con sus obligaciones, y que, por tratarse de instrumentos públicos, su descalificación solo es posible a través de una acción de redargución de falsedad.
II.2. Expresa que los principios de proporcionalidad y razonabilidad no son aplicables en la especie, pues el municipio no hizo caso omiso a los incumplimientos reiterados que no fueron valorados por el tribunal siendo que, además, se solicitó la aplicación del art. 95 inc. 7 del Convenio Colectivo de Trabajo del caso que establece la posibilidad de sancionar con cesantía las inasistencias reiteradas.
II.3. Postula que es falso lo expuesto en la sentencia en orden a que no se demostraron las ausencias atribuidas al demandado, que —entiende— fueron acreditadas con la prueba documental que —insiste— reviste el carácter de instrumento público y, asimismo, con la prueba testimonial.
II.4. En lo tocante a que el actor registraría sanciones pretéritas, dice que es absurdo y contradictorio el proceder del tribunal, en tanto primero señala que no existe sanciones previas y luego que podría haberlas.
II.5. Luego de insistir con sus argumentos nucleares, concluye que el órgano de la instancia de grado quebrantó el principio de congruencia y las reglas de la sana crítica, vulnerando el derecho de defensa en juicio y el debido proceso.
III. El recurso no prospera.
III.1. Es dable recordar que tanto la valoración del material probatorio como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, y —por ende— no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 130.336, "Cimbaro", resol. de 12-IX-2023; L. 128.695 "Baiz", sent. de 20-IV-2024 y L. 131.241, "Coopetro Sociedad Colectiva", sent. de 19-XII-2025).
III.2. Si bien el quejoso denuncia la presencia de aquel vicio valorativo, los cuestionamientos que traen no lucen suficientes para acreditar su configuración (art. 279, CPCC).
III.2.a. En efecto, en su afán por rebatir la descalificación efectuada por el sentenciante de las constancias documentales acompañadas con el escrito de demanda, el interesado soslaya que, a todo evento, el a quo hubo de ponderar las supuestas inasistencias que el municipio esgrimió al fundamentar la acción de exclusión de tutela sindical, brindando, al respecto, distintos argumentos con los que terminó por desechar la postura actoral (así, que aquellas surgirían de certificaciones médicas que debieron ser controladas individualmente, y que registraría sanciones pretéritas).
El embate pierde entonces sustancial vigor, pues evidencia un ataque parcial a los fundamentos del fallo, y un soslayo a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (conf. doctr. art. 279, CPCC y causas L. 119.085, "Olguín", sent. de 30-VIII-2021; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; L. 130.386, "Villalba", sent. de 28-XI-2024 y L. 133.791, "Varela", sent. de 12-II-2026).
Y conectado con lo anterior, dable es acotar que tampoco acredita el recurrente la configuración de una supuesta contradicción interna del fallo en relación con el registro en el caso de sanciones previas, pues omite considerar el modo en que el tribunal estructuró su decisión, en una línea de razonamiento que dio cuenta de la juzgada falta de prueba de aquellas, pero que hubo de complementarse, no obstante, con aquella otra definición en la que por vía de hipótesis el a quo hubo de analizarlas.
III.2.b. En lo atingente a la crítica vinculada con la prueba testimonial, procede recordar que bajo el régimen procesal de la ley 11.653 —aplicable a la época del dictado del fallo—, este Tribunal ha declarado reiteradamente que su ponderación es asunto reservado a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de apreciación en conciencia, tanto en lo que concierne al mérito y habilidad de las exposiciones, como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras, salvo el supuesto extremo de absurdo (causas L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; L. 127.848, "Tumini", sent. de 27-III-2023; L. 128.464, "Supermercados Mayoristas Makro S.A.", sent. de 30-IV-2024; L. 129.798, "Reginald Lee S.A.", sent. de 23-V-2025; e.o.), vicio que no consigue acreditar el compareciente, quien, todavía, no hubo de ejercer la facultad contemplada en el art. 46 de la ley de procedimiento laboral antes mencionada (causas L. 116.908, "C., G. J.", sent. de 3-IX-2014; L. 117.997, "Martínez Ortega", sent. de 19-X-2016; L. 123.542 "Atalaya", sent. de 15-VI-2022 y L. 130.091, "Moreno", sent. de 9-X-2025).
Sentado lo anterior, y aunque no luzca determinante, ya en orden a la denuncia que contiene el medio de impugnación aludiendo a "sana crítica", como se dijo precedentemente, a la época del dictado del fallo objetado regía en el proceso laboral la regla de valoración de la prueba de la apreciación en conciencia (art. 44 inc. "d", ley 11.653).
III.2.c. A tenor de lo expuesto, lo alegado en referencia al principio de congruencia en su conexión con la valoración de la prueba, despojado de todo sostén, en modo alguno resulta atendible.
Tampoco lo es, la denuncia de la vulneración de derechos y garantías constitucionales, ya que como indica la jurisprudencia de esta Corte, este tipo de alegaciones no son aptas para conmover las conclusiones arribadas por el juzgador de origen, sino se demuestra primeramente la violación de las normas legales actuadas en el fallo (causas L. 121.059, "Nahuel", sent. de 17-II-2021; L. 121.275, "Moreira", sent. de 17-II-2021; L. 125.849, "Saúl", sent. de 23-II-2022 y L. 128.802, "Encina Gaona", sent. de 27-III-2025); extremo este que —como se vio— no se verifica en la especie.
III.3. En suma —como hubo de anticiparse— los cuestionamientos traídos por el compareciente permanecen en el plano de la mera disconformidad personal, limitándose a exteriorizar la pretensión de disputarle al juez de grado el ejercicio de las facultades que —por regla— le resultan privativas y trasunta —en definitiva— el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias a partir de su personal criterio valorativo, sistema que —reiteradamente se ha señalado— configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; L. 128.206, "Conti", sent. de 30-XII-2024; L. 130.890, "Soriano", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación electrónica de fecha 1-VII-2024) queda perdido para la recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/05/2026 13:22:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/06/2026 09:42:43 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2026 09:32:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2026 14:04:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2026 08:35:23 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 05/06/2026 09:09:45 hs. bajo el número RS-64-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia