Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 133899
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 133.899, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires contra Pagani Muhando, Jerónimo Omar. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida, imponiendo las costas a la vencida (v. pronunciamiento de 28-X-2024).
Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 13-XI-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical iniciada por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires contra el señor Jerónimo Omar Pagani Muhando y dispuso que aquella quedaba habilitada a imponerle al accionado la sanción disciplinaria de suspensión por un día (v. pronunciamiento de fecha 28-X-2024).
Evaluó que el único elemento para valorar y formar su convicción (conf. art. 57 inc. 5 de la ley 15.057), resultaba ser el expediente administrativo digital aportado por la parte actora, el que no había sido desconocido por la contraria, sin perjuicio de la impugnación que esta efectuara ante la justicia contencioso administrativa, la que —destacó— no suspendía el trámite del presente proceso conforme fuera resuelto en decisión que se encontraba firme (v. resol. de fecha 30-VIII-2024).
Con apoyo en dicha prueba documental tuvo por cierto que el demandado se desempeñaba para el Instituto Provincial de Hipódromos y Casinos, así como también su condición de delegado gremial con mandato vigente de la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios (AMS).
Indicó que en el referido expediente se había dispuesto la instrucción de un sumario administrativo, por denuncia efectuada por la agente M. F. S., con la finalidad de esclarecer si el señor Pagani Muhando había cometido o no un ilícito disciplinario y, en ese caso, la creación del acto administrativo que declarara al sujeto pasible de la sanción preestablecida.
Tras ponderar las constancias obrantes en las referidas actuaciones —entre las que destacó: la entrevista del equipo interdisciplinario a la denunciante M. F. S., el dictamen de la Asesoría General de Gobierno n° 388/22 favorable a la instrucción del sumario contra el aquí demandado, la prueba testimonial allí recibida, la declaración del agente sumariado, su alegato, el dictamen jurídico, el informe final de Asesoría General de Gobierno y la resolución del presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos—, consideró acreditado que el accionado incumplió con el deber impuesto en el art. 23 inc. "b" de la ley 25.164 que dispone que los agentes deben conducirse con colaboración, respecto y cortesía en sus relaciones con el público y con el resto del personal y, asimismo, que se configuró la conducta normada en el art. 2 de la ley 13.168 que reprime la violencia contra las mujeres.
En consecuencia, juzgó verificada la verosimilitud de los hechos en los que la empleadora fundó la acción de exclusión de tutela sindical y la autorizó a proceder al desafuero gremial del demandado con el fin de aplicar la medida disciplinaria pretendida de un día de suspensión, sanción que valoró como razonable y legítima.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 13-XI-2024).
II.1. Se agravia por la desestimación de su pedido para que se disponga la suspensión del trámite de las presentes actuaciones.
Señala que la sanción que se le pretende aplicar "no se encuentra firme" por haber sido impugnada en el ámbito contencioso administrativo. Alega que la tutela judicial efectiva implica que ninguna persona puede ser sancionada o afectada en sus derechos sin que haya mediado un pronunciamiento firme y definitivo, ello, conforme el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa en juicio.
II.2. Cuestiona por absurda la valoración del expediente administrativo realizada en el fallo de grado.
Sostiene que el sentenciante omitió ponderar las pruebas de descargo incorporadas en el expediente administrativo (entre ellas, su propia declaración, distintos mensajes cursados con la denunciante y lo manifestado por los testigos ofrecidos por su parte), todo lo cual —a su juicio— resulta relevante y conduce a una solución completamente contraria a la dictada en autos.
II.3. Por último, bajo el argumento de que debe existir contemporaneidad entre la supuesta falta endilgada al trabajador tutelado y la iniciación del proceso de la exclusión de su tutela, aduce que la demanda interpuesta en autos resulta extemporánea, en tanto fue deducida después de dos años de sucedido el hecho en cuestión.
Refiere que no debería haberse dado virtualidad a la acción intentada, máxime —insiste— teniendo en cuenta la impugnación en trámite ante la justicia administrativa, donde no solo se cuestionan las mismas deficiencias, sino que se plantea la nulidad de todo lo actuado.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe advertir que el agravio referido al pedido de suspensión del trámite de la presente causa fue llevado a conocimiento de la instancia de grado y desestimado por el tribunal de origen (v. resol. de fecha 30-VIII-2024) durante el curso del proceso, decisión que quedó firme al haber sido rechazado el recurso de revocatoria intentado por la aquí recurrente (v. resol. de fecha 12-IX-2024).
Se sigue de lo expuesto que el embate, en este aspecto, supone renovar el análisis de un planteo que quedó definido en una etapa anterior a la sentencia definitiva y que, por ende, se encuentra detraída del conocimiento de esta casación.
Cabe recordar que las cuestiones procesales anteriores al dictado del veredicto y sentencia resultan temas ajenos a la órbita del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuyo ámbito está circunscripto al contenido del fallo y su concreta impugnación (causas L. 123.271, "Arguello", sent. de 6-XII-2021; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023 y L. 123.533, "Leguero", sent. de 1-IX-2025).
III.2. Tampoco resultan atendibles las objeciones referidas a la prueba.
III.2.a. Tiene dicho este Tribunal que la valoración del material probatorio a fin de determinar las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se denuncie y acredite el absurdo (causas L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 128.464, "Supermercados Mayoristas Makro S.A. ", sent. de 30-IV-2024; L. 131.365, "Municipalidad de Berisso", sent. de 2-X-2025; e.o.).
También que no cualquier error ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar el absurdo, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; L. 130.006, "Calafate", sent. de 15-IV-2025; e.o.).
III.2.b. La crítica afincada en que el juzgador omitió valorar determinadas constancias obrantes en el expediente administrativo incorporado a la presente no resulta apta para acreditar la configuración de aquella excepcional anomalía.
Es que, desentendiéndose de la línea reflexiva que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión que impugna, el interesado ensaya —pretendiendo disputarles el ejercicio de facultades privativas— un nuevo análisis de la prueba según su propio criterio valorativo, técnica que reiteradamente ha sido tachada de inhábil (causas L. 120.395, "Laterza", sent. de 29-VI-2020; L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023 y L. 131.961, "Garrido", sent. de 27-X-2025).
En definitiva, la crítica analizada traduce una mera discrepancia subjetiva, basada solo en razones de preferencia o conveniencia personal respecto del criterio seguido por el juzgador de grado y, por tanto, resulta ineficaz para acreditar el absurdo invocado (causas L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; L. 127.960, "Nebelung", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.3. La queja que postula que la acción de exclusión de tutela sindical fue iniciada extemporáneamente, tampoco es de recibo.
En efecto, luego de declarada la rebeldía del accionado (v. resol. de fecha 2-VII-2024), este se presentó solicitando la suspensión del trámite de la presente causa (v. escrito de fecha 14-VIII-2024), siendo su petición —como ya se dijo— rechazada por el órgano de grado (v. resol. de fecha 30-VIII-2024). En oportunidad de interponer un recurso de revocatoria contra esta decisión, el ahora impugnante esgrimió iguales consideraciones a las que expone en sustento de su agravio (v. escrito de fecha 9-IX-2024), las cuales fueran desestimadas por el a quo al resolver el remedio interpuesto (v. resol. de fecha 12-IX-2024).
Luego, y sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse, la crítica traída busca encontrar sostén en una reiteración de argumentos llevados a consideración del a quo, que fueron analizados y desestimados por aquel, evidenciando un método que esta Suprema Corte ha juzgado ineficaz a los fines pretendidos (causas L. 122.152, "Romero", sent. de 9-III-2021; L. 125.911, "Aime", sent. de 27-X-2022 y L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-II-2023).
III.4. Con todo lo dicho queda abastecida la respuesta a las críticas traídas y, por ende, la decisión a la que arribó el juzgador de mérito debe permanecer inamovible, pues la impugnación no resulta útil para desvirtuarla.
IV. Por todo lo expuesto, el recurso debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2026 12:26:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/06/2026 19:15:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 14:43:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2026 09:10:48 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 10/06/2026 10:40:54 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/06/2026 11:05:57 hs. bajo el número RS-68-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia