Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 138084
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 con asiento en la ciudad de Lanús, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la demanda incoada por la Municipalidad de Avellaneda y decretó la exclusión de la tutela sindical de Johanna Soledad Valdez a los efectos de que la accionante pudiera efectivizar la medida disciplinaria requerida, consistente en la cesantía de la trabajadora (v. sent. de 18-VI-2025).
Para así decidir, tras destacar que en las actuaciones la señora Valdez fue declarada en rebeldía el 2 de diciembre de 2024, valoró el material probatorio aportado por la señalada Municipalidad en especial, la prueba documental adunada al proceso- y juzgó acreditada una conducta objetiva de ausencias injustificadas por parte de la trabajadora, independientemente de su condición sindical. Señaló que la cantidad y sistematicidad de dichas faltas, constituyen un fundamento legítimo y suficiente para aplicar la cesantía prevista en la normativa aplicable (Ley 14.656, arts. 103 y 107), sin que se vislumbre en el caso una intencionalidad discriminatoria o antisindical.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-V-2025), el que fue denegado en la instancia de grado (v. resol. de fecha 31-X-2025) y luego admitido por esta Corte mediante resolución de fecha 12 de febrero de 2026 al resolver la queja deducida por el interesado (v. escrito electrónico de fecha 11-XI-2025).
En su presentación, sostiene que las actuaciones administrativas que fueron arrimadas por la parte actora violaron el debido proceso y lo normado en los arts. 24, 27, 29 a 32, 101 y 102 de la ley 14.656, en el art. 1 de la ley 23.592 y en los convenios 98, 111 y 151 de la OIT, en tanto alega que la trabajadora no contó con un sumario previo y la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Cita doctrina legal en sustento de los derechos que considera conculcados.
Postula que resulta nulo el decreto municipal N° 2.761 que dispuso la sanción expulsiva de la señora Valdez en suspenso de acuerdo a lo previsto en los arts. 103 y 107, de la ley 14.656- en tanto resolvió arbitrariamente disponer la sanción más extrema, sin efectuar una intimación previa a la trabajadora para que se reintegre a sus tareas o acreditase el motivo de las inasistencias endilgadas, todo lo cual denota el carácter persecutorio y antisindical del municipio.
Finalmente, denuncia que la accionada transitó todo el proceso judicial rebelde en razón de haber denunciado la contraria un domicilio que no era el de su residencia habitual y por no haberla notificado en todo caso- en el lugar donde atento su condición de representante gremial- ejerce su actividad. En razón de lo expuesto, denuncia nuevamente conculcada la garantía de defensa en juicio.
III. El recurso no prospera.
III.1. Alterando por razones metodológicas- el orden en que los agravios fueron expuestos, cabe inicialmente señalar que resultan infructuosas las consideraciones finales del embate vinculadas a la rebeldía de la accionada declarada en el proceso. Ello así, desde que tiene dicho al respecto esta Corte que las cuestiones procesales previas a la sentencia definitiva se encuentran preclusas y son ajenas, por tanto, al ámbito del recurso extraordinario (causas L. 84.541, "Gaztelu", sent. de 28-IX-2005; L. 86.442, "Gaillardín", sent. de 31-VIII-2007; L. 96.489, "Fink", sent. de 2-IX-2009; L. 123.182, "Santin", resol. 11-III-2020 y L. 130.128, "Gómez", resol. de 1-VIII-2023). Al respecto, dable es destacar que las notificaciones efectuadas en el proceso tales como el traslado de demanda y la notificación de la sentencia- no fueron cuestionadas por la interesada mediante el trámite procesal pertinente.
III.2. A partir de lo expuesto, no queda margen para analizar las objeciones vinculadas al desarrollo de las actuaciones administrativas -que concluyeron en el dictado del decreto municipal n°2761- cuyas constancias fueron valoradas por el a quo , toda vez que en razón de la rebeldía de la aquí recurrente- las argumentaciones traídas han sido esgrimidas por primera vez ante esta instancia extraordinaria y, en consecuencia- se exhiben novedosas y extemporáneas.
Cobran virtualidad así las directrices que establecen que resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los argumentos novedosos fruto de una reflexión tardía- que no fueron introducidos oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023 y L. 131.343, "Fratelli Branca Destilerías S.A.", sent. de 15-IV-2025).
III.3. Finalmente, se impone puntualizar que la invocación de quebranto de garantías constitucionales carece de andamiento, pues ello derivaría -eventualmente- de la previa acreditación de la infracción de las normas legales alegadas en el resolutorio (causas L. 118.740, "Martín", resol. de 26-VIII-2015; L. 119.736, "Yucra Coronado", sent. de 21-II-2018 y L. 125.056, "López", resol. de 2-III-2021), lo que no se verificó en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2026 13:32:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2026 15:56:53 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 23/09/2026 17:03:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2026 14:48:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2026 08:22:54 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/09/2026 11:07:43 hs. bajo el número RR-2078-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia