Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 29.710-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor el contribuyente Explo Ingeniería Minera S.A.:
1Confirmar los ajustes tratados en el Considerando VIII ptos. 1., 2., 3. a- y 3. b-, con costas.
2Confirmar las multas e intereses tratados en los Considerandos IX pto. 1., y X con costas.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por los Expedientes N° 29.710-I y N° 29.711-I , por su actuación en autos en la suma de $ 17.514.- (pesos diecisiete mil quinientos catorce) por la representación procesal y de $ 43.784.- (pesos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
4Regular los honorarios de la Dra. Ana María Machuca por su desempeño en autos -por los Expedientes N° 29.710-I y N° 29.711-I- como perita contadora designada a propuesta del Fisco Nacional en la suma total de $ 17.912 (Pesos diecisiete mil novecientos doce), quedando los mismos a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines la labor pericial realizada y la proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervinieron en el pleito (conf. CSJN fallos 260:14; y 300:70, entre otros). …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-115733568-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 29 de Septiembre de 2023 caratulado “EXPLO INGENIERÍA MINERA S.A. s/recurso de apelación" - VOC XII En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 29.710-I y sus acumulados N° 29.711-I, N° 29.713-I y N° 29.712-I) caratulado “EXPLO INGENIERÍA MINERA S.A. s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias - Impuesto al Valor Agregado”.
El Dr. Martin dijo:
I. Que a fs. 62/75 y 187/196 vta., Explo Ingeniería Minera S.A. (de aquí en más Explo) interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 105/07 y 104/07 DO (DV RRMP), ambas de fecha 30/04/2007, suscriptas por el jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP – DGI. Por la primera, se determinó de oficio la materia imponible y la obligación tributaria frente al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2002 y 2003, con más intereses resarcitorios y se aplicó una multa equivalente al 70% del impuesto omitido, encuadrada en los términos del art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. 1998) (texto anterior a la última reforma). Por la segunda, se determinó de oficio el crédito fiscal ajustado del período 12/2002; la materia imponible de los períodos fiscales 12/2002; 02, 11, 12/2003 y 01 a 12/2004; los saldos a favor de la responsable superiores a los declarados períodos fiscales 04 a 11/2002; los saldos a favor de la responsable inferiores a los declarados por los períodos fiscales 01 a 11/2003 y 01 a 09 y 12/2004; y la obligación impositiva de los períodos fiscales 12/2002, 12/2003, 10, 11/2004 y 01/2005, todo frente al Impuesto al Valor Agregado, con más intereses resarcitorios y se aplicó una multa equivalente al 70% del impuesto omitido, por los períodos fiscales 12/2002, 12/2003, 10 y 11/2004 y 01/2005, encuadrada en los términos del artículo 45 de la Ley 11.683 mencionada.
II. Que a fs. 289/301 y 428/450 el contribuyente Canteras Montecristo S.R.L. interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 107/07 DO y 106/07 (DV RRMP) ambas de fecha 30/04/2007, suscriptas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP – DGI. Por la primera se determinó de oficio la materia imponible por el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2003, con más intereses y se aplicó una multa equivalente a tres (3) veces el impuesto evadido por dicho período fiscal conforme arts. 46 y 47 incs. b) y c) la ley N° 11.683 citada. Por la segunda, se intimó al pago derivado del ajuste por el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 11/2002, 01, 04, 05, 08 a 11/2003, 02 y 12/2004, con más intereses. Que además se determinó de oficio la materia imponible por el mismo impuesto por los períodos fiscales 07 y 12/2002, 01 a 06/2003 y 05/2004, los créditos fiscales ajustados de los períodos fiscales 07 y 09/2003, el saldo a favor de la responsable inferior al declarado del periodo fiscal 04/2003 y la obligación impositiva de los períodos fiscales 07 y 12/2002, 01 a 03 y 05 a 09/2003 y 05/2004, con más intereses y se aplicó una multa equivalente a tres (3) veces el impuesto evadido por los períodos fiscales 07, 11 y 12/2002, 01 a 03 y 05 a 11/2003, 02, 05 y 12/2004 conforme arts. 46 y 47 incs. b) y c) la ley N° 11.683 citada.
III. El contribuyente Explo se agravia en primer lugar respecto del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2002, en relación al método utilizado por el Organismo fiscal para detraer los importes originados por el mecanismo utilizado para expresar los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31/12/2002 en moneda homogénea con el fin de conocer el resultado en valores históricos. Cita la Nota Externa N° 10/2002 (AFIP) utilizada para determinar el resultado neto contable, pero afirma que el Fisco Nacional utilizó un procedimiento distinto. Explica que a partir del resultado en moneda homogénea o constante según los Estados Contables donde hay una pérdida, a ello se le resta la ganancia por inflación (fs. 170) o suma la pérdida por inflación. Así es como se obtiene el resultado histórico que servirá para el cálculo del Impuesto a las Ganancias. Que por el período fiscal 2003 destaca que sí se partió del resultado del ejercicio. Que entonces, debe rechazarse el cálculo realizado por el Fisco Nacional y remplazarlo por el que obra en el Anexo I del recurso.
En segundo lugar, se agravia respecto de los ingresos omitidos que el Organismo fiscal pretende endilgarle y que fueron considerados como incremento patrimonial no justificado. Que la firma Canteras Montecristo S.R.L. (de aquí en más Canteras) conforma un conjunto económico con ella por lo que los movimientos de fondos que reflejan los asientos contables (identificados como 56, 74, 82 y 65) fueron imputados en la cuenta “Anticipo de Clientes”. Que es un error tomar el ingreso en caja con crédito en la cuenta “Préstamo Montecristo”, y que a ello le corresponda un débito en la contabilidad de Canteras en una cuenta que se llame “Préstamo Explo”. Que por otro lado, informa que Canteras por esos movimientos sufrió un ajuste -de similar monto- sobre la base de incrementos patrimoniales no justificados. En síntesis, sostiene que la contabilidad es llevada legalmente en forma, probando los créditos y débitos sin que sea necesaria otra documentación o instrumento, debiendo considerar dichos movimientos de las cuentas como remesas financieras entre ellas y no como ingresos omitidos. En tercer lugar, plantea el agravio sobre el ajuste del periodo fiscal 2003 producido por el aumento en la cuenta caja, respecto del cual no se habría presentado respaldo documental. Aclara que al realizar asientos globales y datados el último día de cada mes para registrar en la contabilidad, corresponde modificar en el caso de “Préstamo de terceros sin respaldo” y consignar $ 2.043,94 siendo ésta la diferencia entre el importe que consta en la Declaración jurada Pro-forma y la justificación del referido asiento. Que respecto del “Préstamo Montecristo” se habla de un “presunto préstamo” y no se tienen en cuenta todos los movimientos de esa cuenta. Que por el Impuesto al Valor Agregado (Explo) períodos fiscales 01/02 a 12/02 alega que respecto del crédito fiscal computado por la factura A n° 0001-00004129 de Guido Lavalle y Gil S.A. la problemática se encuentra en el despacho aduanero n° 16157. Que conforme RG 3431/1991 se debe admitir la deducción de la percepción del IVA y reliquidar el tributo. (sic)
Por los períodos fiscales 01/03 a 12/03, repite al análisis efectuado en el Impuesto a las Ganancias por el mismo ejercicio, respecto de los ingresos omitidos que el Organismo fiscal pretende endilgarle y que fueron considerados como incremento patrimonial no justificado, como así también respecto de la falta de respaldo documental. (sic) Por último, por los períodos fiscales 01/04 a 12/04 explica que en sus registros contables y en especial en el Libro Diario, el asiento de cierre de las cuentas de resultado “604” expone que la cuenta “79- Ventas Cantera Montecristo” tiene el mismo saldo que el registrado en el Libro IVA Ventas, por el que se pagó el tributo.
IV. Resalta (la contribuyente Canteras) en primer lugar que la fiscalización fue ejecutada junto con la de Explo, empresa con la que forma un conjunto económico. A tales efectos se le asignó el mismo inspector y superior para la Orden de Intervención.
Se injuria por el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2003 respecto del método utilizado para detraer los importes originados por el ajuste por inflación, ya que el inspector habría eliminado en primera instancia la consideración del Resultado por exposición a la inflación luego revertido en los asientos.
Respecto de los ingresos de caja no justificados sostiene que se fiscalizó también a la empresa Explo y que los importes debitados en la cuenta de caja provienen de un préstamo otorgado por esta última. Que al llevar en legal forma los libros y registraciones contables estarían probados los movimientos en las cuentas que las vinculan. En consecuencia, no se trata de ingresos omitidos.
Por último, revela que se ve agraviada por la impugnación de gastos sustentada en la ley N° 25.345 que desconoce operaciones exigiendo una suma en concepto del art. 1 más intereses de la ley mencionada (sic). Sostiene la prevalencia del art. 34 de la ley N° 11.683 por sobre el art. 1 de la ley de Prevención de la Evasión Fiscal.
En cuanto al Impuesto al Valor agregado se ve afectada por cuatro cargos. El primero, vinculado a los ingresos de caja no justificados– ya mencionados en Ganancias- por los que alega que se trata de un grupo económico. El segundo, relacionado con la factura de Prestan por la que se impugnaron $ 2.100 de IVA, la que fuera cancelada por canje de piedra.
El tercer aspecto se conecta con la impugnación de créditos fiscales por los períodos fiscales julio a septiembre 2003 en las declaraciones juradas rectificativas de 2006, por las que el agente fiscalizador no solicitó comprobantes justificativos. (sic)
El cuarto cargo se enlaza con la impugnación de gastos realizados en efectivo con Yarda S.A., Tanmix S.R.L., Minera La Tinta S.A., Laura Mercedes Bizzozero y Sgavetti S.A. En tal sentido dice que el Fisco Nacional acepta las operaciones comerciales, pero que las mismas se efectuaron violando la ley N° 25.345.
En lo que respecta a la aplicación de sanciones (ambos contribuyentes) alegan que en atención al necesario recálculo de las obligaciones tributarias, se disponga la disminución de dichas bases.
Para concluir, citan jurisprudencia, ofrecen prueba documental y pericial contable. Hacen reserva del caso federal y solicitan que oportunamente se disponga un nuevo cálculo de los tributos omitidos.
V. Que a fs. 84/94, 209/218, 313/322 y 461/470 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
V. 1- Destaca que se debaten dos aspectos importantes respecto del contribuyente Explo (por el Impuesto a las Ganancias 2002 y 2003). La primera relativa a la procedencia del régimen del ajuste por inflación, ya que el contribuyente no discute que debe eliminarse de su liquidación impositiva, sino la forma en que dice que se habría reliquidado su obligación. Y la segunda cuestión se relaciona con la eficacia probatoria de supuestos mutuos no instrumentados en documentos públicos ni privados con fecha indubitable.
Explica que se determinó para el ejercicio fiscal 2002 un resultado del ejercicio a valores históricos, luego de detraer la incidencia de los ajustes realizados al cierre para reflejar la exposición a la inflación. Que resultó adecuado adicionar al resultado del ejercicio, la diferencia entre el importe real y el declarado por la recurrente. Sostiene sus argumentos resguardándose en las leyes N° 24.073 y 25.561.
Señala que la resolución en crisis no determinó al respecto un incremento patrimonial no justificado, sino que los ingresos de caja registrados contra las cuentas de préstamos –sin respaldo documental- se han considerado ingresos no declarados. Asimismo, que la contribuyente admitió los motivos por los cuales se proyectaron los ajustes a los resultados declarados en los períodos fiscales 2002 y 2003 en cuanto a la inexistencia de documentación de respaldo de aquellos ingresos registrados como cuentas de préstamos.
Indica que respecto de los ajustes efectuados en el período fiscal 2003, la actora hace una serie de consideraciones y cruza asientos entre las empresas, pero finalmente no aporta documentación fehaciente que respalde el préstamo.
V. 2- Explica que para el Impuesto al Valor Agregado se discuten las siguientes cuestiones: el crédito fiscal ajustado en el periodo fiscal diciembre de 2002, por considerar el importe de $ 2.280,70.- en relación a una retención en la adquisición documentada en la factura de Guido Lavalle y Gil S.A. Que de la factura en cuestión, la actora habría incluido el concepto de retención como crédito fiscal. La segunda referida a la eficacia probatoria de supuestos mutuos que no están instrumentados en documentos públicos ni privados de fecha indubitable y tercera el ajuste de débito fiscal de enero a diciembre de 2004 que no coincide con el declarado con la actora.
V. 3- Respecto del contribuyente Canteras afirma que por la resolución del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2003 el debate se centra en tres cuestiones. La primera relativa a la procedencia del régimen del ajuste por inflación ya que el contribuyente no discute que deba eliminarse de su liquidación impositiva, sino la forma en que se habría reliquidado su obligación. La segunda cuestión se relaciona con la eficacia probatoria de supuestos mutuos no instrumentados en documentos públicos ni privados con fecha indubitable. La tercera se vincula a una verificación efectuada debido a la existencia de pagos en efectivo por importes superiores a $ 1.000, que atentarían contra lo que prescribe la ley N° 25.345.
V. 4. Relata que por el Impuesto al Valor agregado se trata de cuatro ajustes a debatir, por un lado la veracidad de supuestos mutuos que no están instrumentados. Por otro lado, que la factura de Prestan no se encuentra registrada en el Libro IVA ni en su declaración jurada. Que además, la actora aceptó el ajuste de débitos fiscales por los periodos fiscales 07/2003 y 09/2003 pero no presentó comprobantes de los créditos fiscales incorporados paralelamente. Que el último ajuste se vincula a una verificación efectuada debido a la existencia de pagos en efectivo por importes superiores a $ 1.000, que atentarían contra lo que prescribe la ley N° 25.345. Que por estas razones llega a la conclusión de que los elementos aportados como prueba no demuestran el origen de los ingresos debatidos sino la tenencia de los mismos, ratificando su postura.
Con respecto a los intereses resarcitorios de las cuatro resoluciones, los entiende consentidos por no haber la actora planteado oposición alguna.
En lo atinente a las multas, expresa que su graduación responde a parámetros establecidos en la normativa interna, al haberse verificado que los contribuyentes omitieron el pago de impuestos con motivo de haber presentado en forma inexacta las declaraciones juradas respectivas, por lo que a pesar de no poseer antecedentes sumariales de igual naturaleza han sido adecuadamente encuadradas y ponderadas en las resoluciones administrativas.
Por último, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, peticiona que oportunamente se dicte sentencia rechazando los recursos interpuestos y confirmando las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
VI. Que a fs. 101 se admitió la prueba pericial contable ofrecida y a fs. 113/125 se produjo la misma. Que a fs. 222 y 329 se acumuló a la presente causa las que llevan el N° 29.711-I -de igual carátula - y el N° 29.713-I caratulado “CANTERAS MONTECRISTO S.R.L.” abriéndose a prueba a fs. 337, en las que se hizo lugar a la pericial contable, la que fuera presentada por las peritas contadoras a fs. 346/349. Que a fs. 352 se da por clausurado el período de instrucción.
A fs. 476/477 se resolvió acumular el Expediente N° 29.712-I caratulado “CANTERAS MONTECRISTO S.R.L.”, abierto a prueba a fs. 484 conteniendo prueba pericial contable, la que se dio por decaída a fs. 492, y en consecuencia se cerró el período de instrucción.
Que la representante fiscal a fs. 495/496 manifiesta que respecto del Expte. N° 29.710-I por las obligaciones principales del Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2002 y 2003 se incluyó en un plan de facilidades de pago los montos debatidos, con fecha 30/04/2009 B876312, y que si bien dicho plan caducó, con la imputación de las cuotas se canceló el monto correspondiente al Impuesto a las Ganancias período fiscal 2002. Que por el plan J998406 presentado el 14/07/2017, se incluyó el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2003, que caducó el 18/01/2018 sin haberse pagado ninguna cuota. Por el Impuesto al Valor Agregado, las obligaciones respecto de los períodos fiscales 12/2002, 12/2003, 10/2004, 11/2004 y 01/2005 se incluyeron en un plan de pagos de fecha 30/04/2009 B876312, que caducó dejando cancelados los periodos 12/2002 y 12/2003. Por último, mediante plan J998406 del 14/07/2017 se incluyeron las obligaciones 10/2004, 11/2004 y 01/2005, el que caducó el 18/01/2018, sin haberse cancelado ninguna cuota.
Que de lo manifestado por el Fisco Nacional se le corrió traslado a la recurrente en dos oportunidades sin haber contestado. Que luego se procedió a intimar al Organismo fiscal a que informe si la actora había presentado los F.408 NM, respondiendo que no surgía constancia de dicha presentación (tanto de Explo como de Canteras) ante la dependencia. Que se corrió nuevamente traslado a la recurrente sobre la intimación bajo apercibimiento de continuar los autos según su estado, lo que a fs. 517 se hizo efectivo.
VII. Por la PV-2023-12772849-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D".
A IF-2023-14770965-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para alegar, asimismo, que en RE-2023-21537388- APN-SGAI#TFN obran los alegatos del Fisco Nacional no habiendo hecho uso de su derecho la recurrente. Finalmente IF-2023-113145659-APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para sentencia.
VIII. Que corresponde establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que la actividad principal en la cual se encuentra inscripta Explo es la extracción de rocas ornamentales. Que registra alta en los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias y cierra su ejercicio comercial el 31 de diciembre de cada año. A su vez, Canteras también se encuentra inscripta en la actividad de extracción de rocas ornamentales, registra el alta en el IVA e Impuesto a las Ganancias, cerrando su ejercicio comercial el 30 de junio de cada año.
1. Que el primer agravio planteado por Explo en torno al ajuste por inflación se centra puntualmente en la forma en la que se reliquidó el gravamen. Así es como sostiene que resulta erróneo el cálculo efectuado por el Fisco Nacional en el renglón “Resultado Contable con REI detraído (histórico)”, ya que en lugar de consignar una utilidad de $ 302.340,55.- debió computarse un quebranto de $ 147.717,39.-.
Explica que si el Estado de Resultados del ejercicio finalizado al 31/12/2002 arroja una pérdida y el ajuste por reexpresión de las partidas a moneda homogénea ha sido incluido en él como utilidad, el resultado histórico sumado al ajuste por inflación daría como consecuencia el resultado ajustado.
Que en lugar de sumar $250.198,07.- la AFIP debió restar $ 198.859,87.- Dicho esto, menciona que el Fisco Nacional no revierte íntegramente los tres asientos que contabilizan los cálculos referidos al ajuste por inflación, es decir, los identificados con los n° 508, 509 y 511 (fs. 162 y 163 Cpo. Principal de verificación N° 1 AA Explo.) Que si los hubiera revertido correctamente, hubiera podido determinar el resultado histórico desde el cual partir para establecer la base del impuesto. Por esta razón solicita se rechace el cálculo realizado por el Fisco Nacional, y se deje sin efecto el ajuste de $ 250.198,07.-
Que el Organismo Fiscal mantiene la idea de que las críticas efectuadas por la recurrente se condicen con la etapa preparatoria o bien pre-determinativa, en la que se detrajeron los importes originados por el ajuste por inflación. Que los cuestionamientos tienen origen en el Informe de Inspección y no en la resolución determinativa de los tributos que se debaten en autos. Agrega en base a los arts. 16 y 159 de la ley N° 11.683 que los agravios expresados por la actora no son “más que una crítica a la fiscalización y que incluso, refiere a hechos parciales y mal citados” (sic).
Así las cosas, considera que el resultado histórico no es el que dice la actora sino el que surge de la planilla de fs. 514 (Cpo. Principal de verificación N° 3 AA Explo) en el que se considera el asiento para determinar el resultado y en la correspondiente al resultado ajustado, siendo la diferencia entre el debe y el haber de $ 147.717,27.- Que al detraer el ajuste que fue incluido en cada una de las cuentas, se obtiene el resultado histórico, que asciende a $ 302.340,55.- considerando cuentas de resultado y de activo. Agrega que en el asiento 514, se toman los valores de los asientos 509 y 511 -que reflejan el ajuste por inflación-, los importes expuestos en los mismos y los detrae de cada una de las cuentas.
La representación fiscal sostiene que el juez administrativo aplicó las normas relativas al concepto de ajuste por inflación contenidas en el artículo 94 de la ley del impuesto, Título VI y la Nota Externa (AFIP) 10/2002 (28/10/2002). Que la fiscalización determinó para el período fiscal 2002 un resultado de ejercicio a valores históricos, luego de detraer la incidencia de los ajustes realizados al cierre del ejercicio para reflejar la exposición a la inflación de $ 302.340,55.-. En contra de lo alegado por la actora, entiende acertado adicionar al resultado del ejercicio la diferencia entre $ 302.340,55.- y el declarado, es decir, $ 250.198,07.-
Que analizando lo que manifiestan las partes y teniendo a la vista los antecedentes administrativos de la causa se observa lo siguiente:
• Una pérdida de $ 360.468,12.- (por el REI del ASIENTO 508) (cuentas patrimoniales)
• Una ganancia de $ 113.718,46.- (por el REI del ASIENTO 509) (cuentas de resultado)
• Una ganancia de $ 336.141,42.- (por el REI del ASIENTO 511) (cuentas patrimoniales tratadas como monetarias)
Que como resultado de la suma de los asientos mencionados, se obtiene un resultado de $ 89.391,76.- (de AXI), al que se le resta $ 58.325,63.- (monto que representa una pérdida conforme lo establece la actora en su Balance General del Ejercicio Económico N° 23 y que obra a fs. 170) (Cpo de verificación n°1 de Gan.), que de ese cálculo se obtendría el resultado histórico siendo una pérdida de $ 147.717, 39.-
Sin embargo, en ese razonamiento efectuado por la actora no se contempla que en el Balance ajustado los gastos e ingresos como así también los bienes de cambio lucen por su valor ajustado, situación debería haber formado parte de la eliminación del ajuste por inflación.
Que para el agravio manifestado por el contribuyente Canteras se replica el análisis efectuado. Que le asiste razón al organismo fiscal ya que no partió de una base errónea para determinar el tributo como sugiere la actora. En consecuencia, corresponde confirmar los ajustes mencionados en ambas empresas, con costas.
2. Que el siguiente agravio involucra a ambos contribuyentes debido al cruzamiento de préstamos efectuado entre ellos. Así es como el Organismo fiscal presume supuestos ingresos omitidos sustentados en que se registraron cancelaciones en dinero por cuenta caja por parte de Canteras y Explo con fecha 31/12/02, sin reflejo de asientos contables.
Explica que si bien ambas sociedades conforman un conjunto económico, comparten el mismo domicilio y contrataron al mismo contador para realizar la auditoría de sus Estados Contables, ello no implica que exista una perfecta simetría entre sus sistemas contables. Agrega que por las operaciones realizadas dentro de un mismo grupo económico se originan débitos y créditos recíprocos. Que por esos movimientos deudores y acreedores se determinan los impuestos de ambas integrantes del referido grupo económico.
Además, sostiene que es incomprensible el accionar del Fisco Nacional ya que, mientras le practica un ajuste a Explo por ingresos no declarados, por esos mismos movimientos, a la sociedad Canteras le practicó un ajuste de similar monto sobre la base de incrementos patrimoniales no justificados. Que si los ingresos de Explo se corresponden con egresos de Canteras, no es posible que ese mismo acto genere capacidad contributiva para ambas. Así considera que los movimientos entre cuentas contables deberían ser tenidos en cuenta como remesas financieras y no como ingresos omitidos como pretende el Fisco Nacional.
Revela que si bien los medios para probar lo mencionado anteriormente no son inadecuados, la contabilidad es llevada en legal tiempo y forma, no habiendo sido objetada ni impugnada por la inspección actuante. Dicha contabilidad es prueba suficiente de los préstamos en cuestión, sin necesidad de otra documentación o instrumento.
En consecuencia, afirma que todas las operaciones comerciales entre Explo y Canteras tuvieron contrapartidas, se asentaron en los libros contables debidamente rubricados, otorgando a esas registraciones fecha cierta. Que aquí la actora retoma el argumento vertido anteriormente respecto del criterio utilizado al entender que se trata de un conjunto económico, y resalta que las empresas utilizan asientos globales resumen, datados el último día de cada mes como método para registrar los movimientos del ejercicio, lo que no fue impugnado ni observado por la autoridad de aplicación.
Que el Fisco Nacional refuta los argumentos vertidos por las empresas, manifestando que la cuestión se centra en la eficacia probatoria de los supuestos mutuos que además deja en claro, no están instrumentados en documentos públicos ni privados de fecha indubitable.
Explica que las resoluciones no determinan un incremento patrimonial no justificado, sino que los ingresos de caja registrados contra la cuenta de préstamos – sin respaldo documental- se han considerado simplemente como ingresos no declarados.
Comenta que las contribuyentes admiten los motivos por lo que se proyectaron los ajustes a los resultados declarados en los períodos fiscales 2002 y 2003, debido a la inexistencia de documentación de respaldo de los ingresos de caja.
Así las cosas, el Fisco aclara que si bien efectuaron un cruce de asientos y consideraciones entre ambas empresas, siguen sin aportar la documentación fehaciente que acredite las operaciones. Considera que no es suficiente que existan las registraciones y que los libros de comercio sean llevados en legal forma, ya que toda registración debe tener la documentación fehaciente que la respalde de acuerdo a lo normado por el art. 33 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que de la pericial contable producida por el Expte. N° 29.710-I (fs. 113/125) surge que -para la perita contadora designada por la actora- las sociedades Explo Ingeniería Minera S.A. y Canteras Montecristo S.R.L. forman un grupo económico en atención a la participación que las personas humanas poseen en una y otra sociedad, ya que la administración reposa en las mismas personas. Mientras que para la perita contadora del Fisco Nacional, si bien se trata de dos sociedades legalmente constituidas, esto no es un dato fundamental necesario para prescindir de la autonomía jurídica de cada una de ellas, por lo que entiende que el tratamiento que les cabe respecto la Ley del Impuesto a las Ganancias es el que se le aplica a los entes independientes. Adiciona que de las registraciones contables analizadas en la pericia, no fue aportada la documentación respaldatoria.
Como corolario de lo analizado, cabe entender que se trata de una cuestión fáctica – hecho y prueba- donde son las actoras quienes deben aportar comprobantes, documentos y toda la prueba que haga a su favor, para acreditar efectivamente el origen de esos préstamos. Mientras no exista evidencia del medio idóneo que lo demuestre, le asiste razón al Fisco Nacional y esos préstamos deben ser tomados como ingresos no declarados conforme lo manifiesta la ley. Que las circunstancias descriptas hacen aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración efectiva de los hechos. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Que cabe consignar que la Ley del Impuesto a las Ganancias no prevé la tributación conjunta o grupal no permitiendo a su vez el cómputo de gastos e ingresos indistintamente a una u otra empresa, sino que les reconoce individualidad propia y con criterios de independencia entre ellas. La figura del grupo o conjunto económico aparece reservada con carácter excepcional en las reorganizaciones empresariales (arts. 77 y 78 LIG) y bajo estrictas condiciones. En consecuencia, corresponde confirmar que dichos préstamos se encuentran fuera del giro comercial del negocio, entendiendo que no es aplicable la teoría del “Grupo Económico” que quieren hacer valer las recurrentes.
Por su parte, y respecto del agravio mencionado por la actora respecto del método presuntivo, es dable recordar el art. 18 de la ley de rito cuando establece que “La estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular su existencia y medida.”. Que entonces, para poder cuantificar la base imponible y así determinar la situación tributaria del contribuyente, es necesario reconstruir su historia siempre que la administración no cuente con los elementos fehacientes y suficientes para hacerlo de acuerdo al procedimiento previsto en el art. 17 de la ley de rito. Que el método presuntivo es un mecanismo subsidiario y válido habilitado por ley, mediante el cual la administración puede determinar la real capacidad contributiva del contribuyente ante un hecho cierto que se denomina indicio y que deriva en otro hecho al que llamamos presunto .
Que entonces, no habiendo demostrado y aportado el respaldo suficiente que dé veracidad a los préstamos entre los contribuyentes de autos, corresponde confirmar los ajustes efectuados a las empresas Explo y Canteras, ambas por el Impuesto a las Ganancias y el IVA, en lo que hace a los préstamos debatidos en este Considerando, con costas.
3. – Que siguiendo un orden cronológico de la exposición de agravios efectuados por las que recurren, corresponde tratar en esta instancia el relativo a Explo por el Impuesto al Valor Agregado período fiscal 01/02 a 12/02 respecto del crédito fiscal proveniente de la factura con Guido Lavalle y Gil S.A y luego el cargo formulado por el mismo impuesto respecto del período fiscal enero a diciembre de 2004.
3.a. A su turno la actora manifiesta que no es allí donde radica el problema sino que el inconveniente se da en el despacho aduanero identificado con el n° 16157 (obrante a fs. 166/169 cpo I.V.A. N° 1 contribuyente Explo). Que en ese despacho, la ANA liquidó dos conceptos, uno corresponde al crédito fiscal de la importación y el otro es la percepción establecida por la RG n° 3431 del año 1991.
Por su parte el Fisco Nacional explica que por el periodo fiscal 2002, se constató que por la factura “A” N° 00001-00004129 emitida por la sociedad anónima Guido Lavalle y Gil la actora se computó un crédito fiscal en exceso por haber incorporado a ese monto uno proveniente de la retención efectuada en el marco de la condición de venta. Que de dicha factura emitida por un total de $ 16.201,38 (fs. 202 cpo IVA N° 2 del contribuyente Explo) debió haberse tomado como crédito fiscal $ 5.096,17.- y no $ 7.376,87.- el que incluye la retención. Con relación al ajuste en el IVA sobre la Factura mencionada en el párrafo precedente, se observa que del despacho de importación que obra a fs. 166/169, no surge el monto del crédito fiscal que sostiene la actora - 7.376,87 y si bien el comprobante incluye un monto global en concepto de “gravámenes” por $ 13.500 –no discriminado-, el emisor del documento informó que el crédito fiscal correspondiente al Impuesto al Valor Agregado ascendía a $ 5.096,17, cifra que el Fisco Nacional no ha cuestionado, sino que por el contrario ha contemplado en la determinación del gravamen. Por consiguiente corresponde confirmar el ajuste, con costas. 3.b- Respecto del período fiscal 2004, la discusión se centra en el ajuste efectuado al débito fiscal calculado sobre la diferencia entre los importes netos declarados en sus declaraciones juradas respecto del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2004.
La actora afirma que lo registrado en el Libro Diario es coincidente con lo que se registró en el Libro IVA Ventas, y que por tal monto pagó el tributo.
El Fisco Nacional refuta estos argumentos basándose en la comparación efectuada entre las declaraciones juradas presentadas por la actora por los períodos fiscales enero a diciembre de 2004 de las que surgen que los ingresos netos declarados por el IVA resultan coincidentes con los registrados en el Libro IVA Ventas, pero que ese monto no es el que declara Explo sino que se trata de una cifra menor.
Que de las actuaciones administrativas surge que de la declaración jurada (fs. 75 y 76 del cpo. Principal de Verificación del Impuesto a las Ganancias) por el período fiscal 2004 se consignó un monto de $ 1.225.984,43.- por ventas, servicios y locaciones netos. Que a fs. 188 del cpo. N° 1 del Impuesto al Valor Agregado obra el Mayor de Cuentas de Movimiento efectuado desde 01/01/2004 hasta el 31/12/2004 en donde, respecto del asiento 604 se estableció por la cuenta 79 correspondiente a Ventas Canteras Montecristo S.R.L. un resultado de $ 1.213.958,44.-
Que entonces, le asiste razón a Fisco Nacional en cuanto a que no coinciden los importes netos de ingresos que surgen de las declaraciones juradas presentadas por los períodos en cuestión con los registrados en el Libro IVA Ventas. En consecuencia corresponde confirmar dicho ajuste, con costas.
4. En cuanto al agravio efectuado por el contribuyente Canteras en relación a la factura con la empresa Prestan la que fue impugnada por $ 2.100.- en el IVA por el período fiscal 05/2004, debido a que el Fisco Nacional sostiene que la misma no fue registrada en el Libro IVA Ventas, no consta en su declaración jurada.
La actora manifiesta que no existen elementos que permitan inferir que existió efectivamente una permuta, por lo que el ajuste debe rechazarse.
El Fisco Nacional entiende que se trate o no de una operación de canje -conforme surge de la información obtenida de la factura registrada en el Libro IVA Compras de la actora haciendo valer el crédito fiscal- esto no quita que a su vez esa operación no genere débito fiscal en el tributo, el que debió incorporarse al Libro IVA Ventas y su declaración jurada, lo que Canteras no hizo y debió hacer al tratarse de un hecho imponible enmarcado en el art. 5 de la ley del impuesto en trata.
En cuanto al crédito fiscal impugnado por los períodos fiscales julio a septiembre de 2003, la actora se defiende alegando que el importe modificado en las declaraciones juradas del 24/03/2006 fue propuesto por el agente fiscal, por lo que solicitar los comprobantes respaldatorios de esos montos le resulta extraño.
El Organismo fiscal refuta este agravio aclarando que la actora incorporó en sus declaraciones juradas rectificativas N° 1 por los períodos mencionados de débito fiscal respondiendo al ajuste del rubro, sin embargo también incrementó en los mismos montos los créditos fiscales, cifras que no obraban en sus declaraciones juradas. Que esos créditos fiscales agregados no poseen respaldo o comprobante alguno, razón por la cual se debieron impugnar dichas declaraciones juradas.
Que deviene acertado respecto de estos dos ajustes analizados respecto del contribuyente Canteras, que le asiste razón al Fisco Nacional en su análisis, correspondiendo confirmar los ajustes practicados.
5. Que el último de los agravios planteados por la contribuyente Canteras en ambas resoluciones, tiene que ver con el desconocimiento del Organismo fiscal de ciertas operaciones realizadas por las que aplicó la ley N° 25.345.
Por esta razón la actora se defiende analizando dos cuestiones. La primera, que el art. 34 de la ley N° 11.683 prevalece sobre el art. 2 de la ley N° 25.345, esto es una norma especial deroga o prevalece por sobre una general y, una ley posterior deroga o prevalece por sobre una anterior. La segunda, afirma que las operaciones celebras por las que se tomó el crédito fiscal y gasto son reales.
El Fisco Nacional argumenta que el área fiscalizadora verificó la existencia de pagos en efectivo por importes superiores a $ 1.000.-, no cumpliendo con la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal. Que la actora se equivoca al plantear la preminencia del art. 34 de la ley de procedimiento tributario por encima del art. 2 de la ley N° 25.345, ya que no se trata de una pugna jurídica sino de vislumbrar la intención del legislador. Resalta que la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal en su art. 2 establece que no serán computables como deducciones o créditos fiscales, independientemente de que el contribuyente acredite la veracidad de las operaciones. Que el legislador tributario no tuvo en vista la cualidad de apócrifa de las operaciones, sino el hecho de combatir la evasión. Que en primer término, en cuanto a las manifestaciones de la recurrente sobre la prevalencia del art. 34 de la ley N° 11.683 por sobre el art. 2 de la ley N° 25.345, resulta de aplicación lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 19 de marzo de 2014 en la causa “Mera, Miguel Ángel”, donde al examinar las disposiciones de la ley N° 25.345 y el art. 34 de la ley de rito fiscal expresó en su parte pertinente: “...ese mismo orden de consideraciones lleva a coincidir con él a quo en cuanto a la inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 25.345, máxime cuando en el caso en examen la norma impugnada prohíbe lisa y llanamente el cómputo de las operaciones cuyos pagos hayan sido efectuados por medios distintos de los mencionados en ese ordenamiento, lo que equivale a establecer una ficción legal que pretende desconocer o privar de efectos a operaciones relevantes para la correcta determinación de la base imponible y cuya existencia y veracidad ha sido fehacientemente comprobada. 16) Que, por otra parte, es indudable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas -y que constituyen gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y créditos fiscales en el IVA- por motivos estrictamente formales importa prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez (confr. Fallos: 312:2467; 314:1293, considerando 4°, y sus citas); de manera que también, desde esta perspectiva, se concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada.”
Que en el caso bajo análisis, el organismo fiscal no desconoce la veracidad de las operaciones realizadas con los proveedores YARDA S.A., SGAVETTI S.A., TANMIX S.R.L., MINERA LA TINTA S.A. y LAURA MERCEDES BIZZOZERO (sea por el IVA como por el Impuesto a las Ganancias) al no discutirse la existencia de las mismas, sino que únicamente el cargo se formula con sustento en la impugnación del medio de pago empleado para cancelar las mismas, al ser abonadas en efectivo y en pesos incumpliendo la normativa, conforme expresa el Organismo fiscal en las resoluciones (fs. 253)
Que del cotejo de la documentación y de las manifestaciones del representante fiscal se advierte que la existencia de las operaciones no ha sido cuestionada ni tampoco la validez de los comprobantes que respaldan las mismas, por lo que siendo veraz la relación comercial entre Canteras y los proveedores YARDA S.A., SGAVETTI S.A., TANMIX S.R.L., MINERA LA TINTA S.A. y LAURA MERCEDES BIZZOZERO, y no habiéndose observado los gastos ni el crédito fiscal en los términos del art. 34 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) resulta procedente que la recurrente compute a su favor las deducciones y créditos fiscales.
Que por lo expuesto, corresponde revocar los ajustes efectuados en las resoluciones N° 107/07 DO y 106/07 (DV RRMP) por el contribuyente Canteras en cuanto a la aplicación de la ley N° 25.345, con costas.
IX. Que resta analizar las sanciones aplicadas en las resoluciones apeladas.
1. Que por los Exptes. N° 29.710-I y 29.711-I (Explo) se aplicaron multas conforme art. 45 de la ley N° 11.683 (vigente al momento de la sanción).
Que el artículo 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod., vigente al momento de la resolución) en su parte pertinente dispone que: “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas será sancionado con una multa graduada entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, ... siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable...”, es decir que se requiere de la concurrencia de dos elementos para su configuración: a) la omisión de pago del impuesto, b) mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la inexactitud de las mismas.
Que conforme lo ha sostenido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en numerosas oportunidades “si bien la infracción prevista en el artículo 45 de la ley 11.683, es de carácter prevalentemente objetivo -por lo cual, en principio, bastaría el hecho externo de la falta de pago en término para que se la tenga por configurada-, en el supuesto de que la culpabilidad esté excluida, no puede considerarse cometida la infracción omisiva ya que la finalidad de la norma penal es castigar a quien, por su culpa o negligencia no paga, pudiéndolo hacer. De allí es que puedan existir circunstancias que atenúen o, inclusive, eliminen la imputación, tales como el error excusable de hecho o de derecho, la imposibilidad material de pago u otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas” (CNACF, Sala IV, “Club Atlético Rosario Central” del 23/05/2006). Que, en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos: 271:297 “Parafina del Plata S.A.” 02/09/1968; 303:1548 “Usandizaga, Perrone y Juliarena S.R.L. c/Fisco Nacional (DGI)” 15/10/1981y 312:149 “Cosecha Cooperativa de Seguros Limitada c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal Fiscal de Apelación) s/ demanda contencioso – administrativa” 14/02/1989.
Que quedando acreditado el elemento objetivo del ilícito a través de la omisión del pago debido de los gravámenes por la utilización de declaraciones juradas inexactas – justifica ingresos de cajas con créditos de los que no puede dar fe de su origen - , resta analizar el aspecto subjetivo No obstante, si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su exención solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema penal vigente (Fallos 278:266 “Suarez, Honorino Laureano s/inf. Art. 2° inc. d) Ley 18.234” 16/12/1970).
Que no se advierte en autos la configuración de un error excusable, es decir, la existencia de una causal exculpatoria válida que permita al contribuyente eximirse de la responsabilidad endilgada. Así es como Explo no aporta, ni ofrece elementos probatorios idóneos que permitan derribar la pretensión fiscal.
Que entonces, no se encuentran acreditados los elementos probatorios que permitan demostrar la verificación de un error esencial, inculpable que en su esencia exculpe al contribuyente. Por lo expuesto, corresponde confirmar la aplicación de la figura del art. 45 de la ley de rito por los Exptes. N° 29.710-I y 29.711-I, con costas.
1. Que por los Exptes. N° 29.713-I y 29.712-I (Canteras) se aplicaron multas conforme arts. 46 y 47 incs. b) y c) de la ley N° 11.683 (vigente al momento de la sanción).
Que el artículo 46 de la ley Nº 11.683 (t.o. en 1998 y mod.) (ley vigente al momento del dictado de la resolución) dispone que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”. Con respecto al elemento subjetivo del ilícito, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08).
A su turno, el artículo 47 establece “Que se presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas respecto de lo siguiente: b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible; c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso”.
Que luego de todo el debate efectuado en autos y particularmente refiriéndonos a la contribuyente Canteras, se puede afirmar que las declaraciones juradas presentadas fueron efectivamente incorrectas (elemento objetivo), entendiéndose que se tuvo la intención o voluntad de defraudar al Fisco Nacional (elemento subjetivo) y no se ingresó la carga tributaria debida. Que la actora no presentó el respaldo documental necesario que constate los ingresos de caja contra la cuenta “ANTICIPOS DE CLIENTES”, por lo que esa maniobra fue evidenciada como “dolosa” al intentar reducir sus ingresos.
En consecuencia, al no haber elementos probatorios contundentes que reviertan la conducta fiscal, cabe concluir que las sanciones debatidas por los Exptes. N° 29.713-I y 29.712-I deben ser confirmadas en la proporción correspondiente conforme lo analizado en los considerandos anteriores, con costas.
X. Con relación a los intereses resarcitorios incluidos en las determinaciones de oficio, tal como señala el representante fiscal, los mismos no fueron objeto de agravio. Para ambos contribuyente cabe señalar que han sido liquidados conforme art. 37 de la ley de procedimiento fiscal y debe señalarse que ellos son la consecuencia de la existencia de deudas impositivas impagas a su vencimiento y teniendo en cuenta que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas establecidas al efecto por la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), procede disponer su confirmación en la proporción correspondiente.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
Que del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
Por el contribuyente Explo Ingeniería Minera S.A.:
1. Confirmar los ajustes tratados en el Considerando VIII ptos. 1., 2., 3. a- y 3. b-, con costas.
2. Confirmar las multas e intereses tratados en los Considerandos IX pto. 1., y X con costas.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por los Expedientes N° 29.710-I y N° 29.711-I , por su actuación en autos en la suma de $ 17.514.- (pesos diecisiete mil quinientos catorce) por la representación procesal y de $ 43.784.- (pesos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
4. Regular los honorarios de la Dra. Ana María Machuca por su desempeño en autos -por los Expedientes N° 29.710-I y N° 29.711-I- como perita contadora designada a propuesta del Fisco Nacional en la suma total de $ 17.912 (Pesos diecisiete mil novecientos doce), quedando los mismos a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines la labor pericial realizada y la proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervinieron en el pleito (conf. CSJN fallos 260:14; y 300:70, entre otros).
5. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $110.750 (Pesos ciento diez mil setecientos cincuenta) equivalente a 5,38 (cinco con 38/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- y por la representación procesal $ 44.300 (Pesos cuarenta y cuatro mil trescientos) equivalente a 2,15 ( dos con 15/100) UMA, respectivamente, los que quedan a cargo de la recurrente teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 15, 16, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 29/2023 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
6. Se deja constancia que los honorarios regulados en este punto no incluyen el IVA.
Para el contribuyente Canteras Montecristo S.R.L.:
1. Confirmar los ajustes tratados en el Considerando VIII ptos. 1., 2. y 4, con costas, junto con la multa e intereses correspondientes.
2. Revocar los ajustes tratados en el Considerando VIII pto. 5. en cuanto a la aplicación de la ley N° 25.345, con costas, junto con la multa e intereses correspondientes.
3. Las costas en lo que hace a las multas e intereses deben imponerse según los respectivos vencimientos, conforme lo resuelto en los ptos. 7) y 8) de la sentencia.
4. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar las obligaciones tributarias de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia en el Considerando VIII respecto del contribuyente Canteras Montecristo S.R.L. y en el Considerando VI 3° y 4° párrafo, teniendo en cuenta lo manifestado por el Organismo fiscal a fs. 495/495vta. A tales fines, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remítanse los antecedentes administrativos al organismo fiscal por el plazo acordado precedentemente.
5. Diferir la regulación de honorarios respecto de los profesionales intervinientes en estos autos hasta tanto se cumpla con el pto. 10 de esta sentencia.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “D” por encontrarse con licencia la Vocal Titular de la 11° Nominación (conf. art. 184 de la ley N° 11.683 – t.o. en 1998 y sus modif.-).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.09.29 11:28:23 -03:00 Date: 2023.09.29 11:46:40 -03:00 Edith Viviana Gomez Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.09.29 11:46:41 -03:00
Fin de la sentencia