Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2025-71670543-APN-SGAI#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-114735983-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 15 de Octubre de 2025 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2025-71670543- -APN- SGAI#TFN, caratulado “EXPO MOTO SA s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez:
I. Que mediante IF-2025-71670521-APN-DTD#JGM, la actora interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada el día 9 de junio de 2025 por la División Jurídica de la Dirección Regional Centro de ARCA- DGI que le impuso una multa equivalente a un cuarto del 200% del Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2019, 2021 y 2022 atribuidos como evadidos, todo ello con sustento en los artículos 46, 47 inciso a) y 49 de la ley 11.683 (vide RE-2025-71665097-APN-SGAI#TFN).
La recurrente relata que rectificó voluntariamente sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias por los períodos 2018 a 2022, los días 4 y 5 de diciembre de 2023, esto es, previo al inicio de la Orden de Intervención N° 2.178.315 iniciada y finalizada por el organismo recaudador el 11 de diciembre de ese año.
Expone que con fecha 26 de noviembre de 2024, el Fisco formula la denuncia penal por la presunta comisión del delito de evasión previsto en el artículo 1° de la Ley Penal Tributaria, y que el Juzgado 11 del fuero Penal Económico con fecha 16 de mayo de 2025 resolvió su sobreseimiento, siendo uno de los motivos -según dice la apelante- la regularización de los montos adeudados varios meses antes de la notificación de la imputación realizada.
Asimismo, pone de relieve que la multa fue aplicada extemporáneamente dado que debió efectuarse junto a la resolución determinativa, de conformidad con el artículo 74 de la ley de rito fiscal y plantea la indemnidad para ser sancionada. Remarca que, al haber rectificado voluntariamente, previo al inicio de la Orden de Intervención N° 2.178.315 y no poseer antecedentes, sostiene que se encuentra incursa en el supuesto previsto por el primer párrafo del artículo 49 de la ley de rito fiscal, con lo cual corresponde debió ser eximida de sanción. Por último, invoca la aplicación del principio de no bis in ídem, resaltando que en estas actuaciones se juzga una conducta por la que ya fue sobreseída en sede judicial.
Acompaña prueba documental y ofrece informativa. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado, imponiendo las costas al Fisco Nacional.
II. Mediante IF-2025-103323290-APN-DTD#JGM contesta traslado el Fisco Nacional.
En primer lugar, trae a colación que no corresponde la aplicación de las previsiones del primer párrafo del art. 49 de la ley 11.683, toda vez que la actora, en relación a los períodos fiscales en trato, rectificó y canceló sus obligaciones tributarias luego de la apertura de la OI 2.109.950, por lo cual sostiene la procedencia de la sanción imputada.
Por otro lado, rechaza que en el caso se afecte la garantía del no bis ídem, en tanto en la causa "Expo Moto S.A. y otra sobre infracción Ley 27.430” no se efectuó análisis sobre la cuestión de fondo que pueda tener alguna incidencia en materia infraccional.
Finalmente, expone que la defensa incoada aparece reiterada, frágil y carente de pruebas como para sustentar un cambio de encuadre legal de su conducta, máxime cuando surge de los antecedentes administrativos, la prueba fehaciente y directa del comportamiento doloso que se le atribuye al recurrente en el acto apelado. Se opone a la producción de prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la multa aplicada, con costas.
III. Por PV-2025-105638002-APN-VOCX#TFN y en virtud de las constancias agregadas en la causa, se dispuso que resultaba inoficioso admitir la prueba informativa ofrecida por la recurrente.
A través del PV-2025-109556691-APN-VOCX#TFN se eleva la causa a conocimiento de la Sala “D”.
Finalmente, por IF-2025-114430792-APN-VOCX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que surge de las constancias administrativas (aportadas por el ente fiscal bajo adjunto al adjunto al IF-2025- 103317903-APN-DTD#JGM y por la recurrente como documental mediante RE-2025-71663118-APN- SGAI#TFN), que el caso se originó en el marco de la Orden de Intervención N° 2.109.950, en el que se expone que el contribuyente no había cumplido con el requerimiento cursado, lo que motivó que “se envió GDE a la Agencia 8 a fin de que actualice el estado administrativo de la CUIT con marca en los sistemas factuweb, reproweb, bloqueo de visualización de certificado de inscripción por Internet y bloqueo en el sistema de emisión de nuevas solicitudes de facturas” (sic).
Asimismo, surge del informe final de inspección, que ya en esa oportunidad se verificó la presentación de declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias por los períodos 2019 a 2022 sin movimientos (vide adjunto al IF-2025-103317903-APN-DTD#JGM).
También, figura en la propia documentación aportada por la recurrente requerimientos en el marco de la Orden de Intervención N° 2.178.315, fechados el 20 y 28 de septiembre de 2023 (RE-2025-71663118-APN-SGAI#TFN), solicitando en este último que aporte documentación vinculada a las declaraciones juradas involucradas en estos autos, y frente a su incumplimiento se labró un acta de infracción de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 39 de la ley de rito fiscal (RE-2025-71663008-APN-SGAI#TFN).
Que con fechas 3 y 4 de diciembre de 2023 la recurrente a través de una presentación digital, entre otra documentación, presentó las declaraciones juradas rectificativas por los períodos 2019 a 2022, y dado que con ello dió cumplimiento al requerimiento cursado en la O.I. N° 2.178.315 el funcionario actuante dispuso el levantamiento de “marca padrón” (vide fs. 107, RE-2025-71663118-APN-SGAI#TFN).
En virtud del monto conformado, el Fisco realiza la denuncia penal, la cual -como expone la actora- tuvo sentencia el 16 de mayo de 2025 en la incidencia generada por el artículo 16 de la ley penal tributaria en autos “Expo Moto S.A. y otra sobre infracción Ley 27.430” (vide archivo adjunto al IF-2025-103317903-APN- DTD#JGM). Mediante tal decisión, -en lo que aquí interesa- el Juzgado en lo Penal Económico N° 11 resolvió dictar el sobreseimiento de la recurrente por la atribuida evasión del Impuesto a las Ganancias por los períodos 2018 a 2022, con sustento en lo dispuesto por el artículo 16 del vigente Régimen Penal Tributario. Finalmente y en lo que comprende a este litis, el acto apelado da cuenta de la imposición de la sanción por los períodos 2019, 2021 y 2022, atribuyendo la comisión del ilícito previsto en el artículo 46 de la ley de rito fiscal.
V. Que en este punto corresponde referirse al agravio relativo a la violación del principio del “no bis in idem”. Que el art. 17 de la Ley 24.769 (texto según modificación de la ley 27.430) establece que “las penas establecidas por esta ley serán impuestas sin perjuicio de las sanciones administrativas y fiscales”; y por su parte, el art. 20 de dicho ordenamiento prescribe, que “La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad social, ni la de los recursos administrativos, contencioso administrativos o judiciales que se interpongan contra las resoluciones recaídas en aquéllos. La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal. En este caso no será de aplicación lo previsto en el artículo 74 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones o en normas análogas de las jurisdicciones locales. Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.”
En tal inteligencia “...la circunstancia de que para la justicia penal un hecho pueda no constituir delito en los términos de la ley penal tributaria, no afecta la pretensión fiscal respecto del tributo reclamado como así tampoco sobre las sanciones que correspondan aplicar al caso bajo las previsiones de la ley de procedimiento tributario, cuestiones éstas que deben ser evaluadas y resueltas por la A.F.I.P., y eventualmente, por este organismo jurisdiccional y la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.” (Fallo “Aloisio Settimio S.A. s/recurso de apelación – impuesto a las ganancias”, T.F.N., Sala D, de fecha 3/11/08, voto del Dr. Brodsky que comparto), y así también lo ha entendido la Sala IV de Casación Penal al sostener que “...el dictado del sobreseimiento no impide la posterior investigación para la aplicación de sanciones administrativas” (Fallo “Rojo Teodoro Mario”, del 23/2/99).
Que de la lectura de la sentencia que resolvió el sobreseimiento de la aquí recurrente, surge que tal decisión se basó en el artículo 16 del Régimen Penal Tributario que establece: “El sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con él”. En definitiva y tal como surge del Considerando 4°) de ese fallo se trata de un supuesto de extinción de la acción penal propio del Régimen Penal Tributaria, lo que en línea con lo hasta aquí expuesto, implica que no existe restricción alguna para analizar los hechos ni la procedencia de la sanción aplicada por el Fisco Nacional, ni tampoco se afecta la garantía del no bis ídem.
VI. Por su parte, la actora invoca la preclusión procesal por aplicación de lo dispuesto en el art. 74 de la ley Nº 11.683 (t.o. vigente). Que en dicha norma se dispone que: “cuando las infracciones surgieran con motivo de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de tributos, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que determina el gravamen. Si así no ocurriera se entenderá que la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos no ha encontrado mérito para imponer sanciones, con la consiguiente indemnidad del contribuyente.”
En primer lugar, cabe destacar que en el caso concreto no existió acto determinativo, siendo que previamente la actora rectificó sus declaraciones juradas exteriorizando debidamente sus obligaciones ante el Fisco Nacional, lo cual torna improcedente la aplicación de la disposición mencionada. En esta línea, el séptimo párrafo del artículo 17 de a la ley 11. 683 dispone que “No será necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación tributaria si -antes de ese acto- prestase el responsable su conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, la que surtirá entonces los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación de oficio para el Fisco”.
Es por ello que conforme a derecho, el Fisco instruyó sumario en los términos del artículo 70 de la ley de rito fiscal, otorgándose a la recurrente la posibilidad de ejercer defensas respecto de los cargos formulados (vide fs. 10/12 IF-2025-103317903-APN-DTD#JGM) y a tenor de lo expuesto cabe concluir que el Fisco dio cumplimiento a cada uno de los pasos o fases que integran el procedimiento reglado por la ley Nº 11.683 en materia sancionatoria, debiendo rechazarse el planteo tratado en este punto.
VII. También la actora considera de aplicación el primer párrafo del artículo 49 de la ley de rito fiscal, el cual dispone que “Si un contribuyente o responsable que no fuere reincidente en infracciones materiales regulariza su situación antes de que se le notifique una orden de intervención mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa, quedará exento de responsabilidad infraccional”.
Por lo tanto, y dado que de los antecedentes administrativos surge que la recurrente tenía pleno conocimiento del desarrollo de la Orden de Intervención N° 2.178.315 y habiendo sido la presentación de declaraciones juradas sin movimiento ya advertida en el marco de su antecedente la N° 2.109.950, no corresponde la eximición solicitada. Ello así, no existe espontaneidad en la conducta como se pretende justificar en el recurso, dado que las declaraciones juradas fueron rectificadas a raíz del obrar fiscal desarrollado, resaltando además, que en nada se relaciona en autos el supuesto previsto el mentado primer párrafo del artículo 49 de la ley de rito con el artículo 16 de la ley penal tributaria que se ha invocado en el Considerando IV de este voto.
Asimismo, la actual composición de esta Sala ha sentenciado in re “El Gaucho S.R.L.” (sentencia del 27 de diciembre de 2023), que objetivo del primer párrafo del artículo 49 es inducir a los contribuyentes a la subsanación temprana y en forma espontánea o prácticamente sin actividad administrativa de los incumplimientos de sus obligaciones fiscales, lo que no sucede en este caso en el cual transcurrieron dos fiscalizaciones hasta que el recurrente presentó las mentadas declaraciones juradas rectificativas.
VIII. Que puntualmente respecto a la imputación efectuada en el artículo 46 de la ley 11.683, la Sala IV de la Alzada in re “MG Promociones SRL” (sentencia del 9/09/2014) ha dicho que “... la configuración del ilícito tipificado en el art. 46 de la ley 11.83 requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de los siguientes tres elementos: a- la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b- un error de la víctima del ilícito; y c- la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito.”
De manera tal que la figura tipificada en el art. 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco” Ese elemento intencional se debe exteriorizar en una acción antijurídica por comisión o por omisión y, necesariamente, se debe acompañar con un elemento material que se traduce en engaño. En efecto, de constancias administrativas agregadas a la causa surge que se constató que la firma había presentado originariamente las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias períodos 2019, 2021 y 2022, consignando en todos sus ítem “cero”, rectificando posteriormente ello a instancias de la fiscalización y declarando gravamen a ingresar. Que por su parte, el artículo 47 de la ley de rito fiscal establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos allí previstos, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención (conf. esta Cámara, Sala V, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”). En el caso concreto, se invoca la presunción prevista en el inciso a) de ese artículo que presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: " medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11 b".
La existencia de la conducta atribuida, comprensiva del elemento intencional, puede considerarse configurada en autos si se atiende a que la actora presentó declaraciones juradas en cero, no demostrándose que no tuvo intención de defraudar, puesto que de no haber sido fiscalizado, probablemente jamás las hubiera rectificado (cfr. Sala IV de la CNACAF in re “Di Iorio, Salvador Pablo c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 28 de marzo de 2019). En tal sentido, la recurrente ocultó su realidad impositiva con la intención deliberada de no pagar el impuesto, concretándose tanto el tipo penal imputado como el debido perfeccionamiento de la presunción del art. 47 inciso a), no correspondiendo dispensa o reencuadre en figura culposa.
En efecto, la conducta analizada se ajusta a lo previsto en el art. 46 de la ley 11.683; resaltando que en virtud de resultar un contribuyente no reincidente y presentar las correspondientes declaraciones juradas rectificativas entre el lapso del inicio de la orden de intervención y la prevista, por aplicación del segundo párrafo del artículo 49 el quantum de la sanción se redujo a un cuarto del 200% de los gravámenes dejados de ingresar, no advirtiéndose desproporción alguna en ello.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE 1°) Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 443.536 (pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos treinta y seis) equivalente a 5,74 (cinco con 74/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 1.108.840 (pesos un millón ciento ocho mil ochocientos cuarenta) equivalente a 14,36 (catorce con 36/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N° 2226/2025 (22/09/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia, que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.10.15 11:39:09 -03:00 Date: 2025.10.15 14:28:56 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.15 14:41:54 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.15 14:41:55 -03:00
Fin de la sentencia