Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 31148-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) admitir el recurso de la parte actora, revocar la decisión del Tribunal Fiscal y la determinación de oficio 301/07, en los términos supra desarrollados, con costas en ambas instancias a la vencida (arts. 68, primera parte, y 279, CPCCN); b) dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 249/250 y declarar inoficioso pronunciarse con relación al recurso de apelación deducido por la actora a fs. 267; y c) remitir los autos en vista al Representante del Fisco a fin de que se expida con respecto a la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuado por la recurrente conforme surge del proveído del 6/06/23.
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25300/2023 EXPRESO ORO NEGRO SA (TF 31148-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, octubre de 2023.
Estos autos caratulados “EXPRESO ORO NEGRO SA (TF 31148-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”; y
1. Que, a fs. 230/234, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución 301/07 mediante la cual se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias de la actora por los períodos 2001 y 2002, con más los intereses resarcitorios y se difirió el juzgamiento de la conducta fiscal hasta el dictado de la sentencia definitiva en sede penal, con costas.
Para así resolver, señaló que la cuestión litigiosa requería determinar si los servicios de transporte efectuados por la actora desde el Territorio Continental Nacional (“TCN”) hasta el Aérea Aduanera Especial (“AAE”) y viceversa, se encontraban exentos del Impuesto a las Ganancias.
Precisó que la ley 19.640 creó un régimen especial fiscal y aduanero para el ex Territorio Nacional (hoy provincia) de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que eximió de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por “hechos, actividades u operaciones que se realizaren en dicho territorio” con la finalidad de fomentar la actividad económica y asegurar el establecimiento permanente de la población argentina en la región. En ese contexto, precisó que la actora debía tributar por toda la renta devengada por sus actividades desarrolladas en el territorio nacional ―por imperio de la ley del Impuesto a las Ganancias―, con excepción de las obtenidas por actividades desarrolladas en el AAE por aplicación de la ley 19.640, es decir, “de aquéllos transportes con origen y destino en el AAE (no discutidos en autos); y de la proporción que corresponda a dicha área, en los transportes con origen en el AAE y destino al TNC, y viceversa (cuestión debatida)” (fs. 232).
Puso de resalto que la propia actora informó que no contaba con un sistema que le permitiera identificar las operaciones en forma individual con cada uno de los fleteros contratados y no ofreció prueba alguna para dilucidar el porcentaje exento de las remuneraciones obtenidas por la prestación de los servicios considerados gravados por el Fisco Nacional.
Destacó que, según el criterio de la contribuyente, los servicios de transporte prestados desde y hacia la provincia de Tierra del Fuego estaban exentos por cuanto “se utilizan económica -y socialmente- en el AAE”. Sin embargo, el a quo desestimó la referida defensa por entender que “no se sustenta en norma jurídica alguna” (Fs. 232vta.).
Advirtió que la postura fiscal había sido validada por esta Sala in re “Austral Organización Médica Integral SA c/ DGI”, sent. del 20/03/121.
Puntualizó que el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Río Grande sobreseyó a los responsables de la firma conforme surge del pronunciamiento agregado a fs. 207/210, que se hallaba firme. Al respecto, sostuvo que el efecto de la cosa juzgada en sede penal abarcaba sólo a cuestiones fácticas, “permitiéndose la revisión de cuestiones de derecho, que quedan excluidas del acatamiento del juez administrativo y de las instancias revisoras como este Tribunal” (fs. 233). En esa misma línea, especificó que las cuestiones de derecho no sólo referían a cómo debía entenderse una determinada norma, sino también a la calificación o naturaleza jurídica de ciertos hechos. Así pues, coligió que la expresión “materialidad de los hechos” prevista en el art. 16 de la ley 23.771 excluía todo tipo de valoración jurídica. Asimismo, alegó que la competencia para establecer el encuadre jurídico fiscal de los hechos y la imputación penal infraccional le corresponde a la administración fiscal, y su revisión, al Tribunal Fiscal y a este Cámara. En definitiva, concluyó que “lo que resulta vinculante para este Tribunal son los `hechos probados` en sede penal y sus características, lo que obviamente no podrán ser negados ni tergiversados al momento de su análisis en esta sede, no alcanzado tal limitación al análisis y decisión sobre las consecuencias jurídicas-fiscales que derivan de tales hechos” (fs. 233vta.) Por último, aseveró que los intereses resarcitorios constituían una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que había incurido la 1 En dicho pronunciamiento se validó el criterio fiscal conforme el cual se prorrateó el resultado contable expuesto por la actora (dedicada a la prestación de servicios de cobertura médica y gerenciamiento de distintas obras sociales) en su balance entre Tierra del Fuego y el territorio continental, en función de las ventas, los costos y gastos a fin de determinar el tributo a ingresar. A tal fin se analizó el principio de te - rritorialidad o de la fuente previsto en el art. 5º de la LIG y se concluyó que la actora debía tributar por todas las rentas obtenidas por sus actividades, excepto las que estén exentas, es decir por las obtenidas por las actividades desarrolladas en Tierra del Fuego.
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25300/2023 EXPRESO ORO NEGRO SA (TF 31148-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO contribuyente en la cancelación de sus obligaciones tributarias, y confirmó la procedencia de dicho concepto.
2. Que, contra dicha resolución, la parte actora apeló y expresó agravios a fs. 246 y a fs. 256/265vta, respectivamente, que fueron contestados a fs. 278/287.
En primer término, afirma que su memorial se dirige a cuestionar la decisión del a quo en cuanto “viola, desatiende y desprecia la cosa juzgada impuesta por la sentencia penal de sobreseimiento firme dictada por el Juez Federal el 11 de mayo del 2009”, que “no sólo abarca la plataforma fáctica sino la jurídica en tanto en el caso se decretó la inexistencia de hecho gravado en la actividad desarrollada por EXPRESO ORO NEGRO S.A.” (fs. 256vta.).
Explica que la sentencia penal se refiere a los mismos hechos que los aquí debatidos, en tanto “la denuncia por presunta evasión tributaria se relacionaba con la determinación de oficio del impuesto a las ganancias 2001 y 2002” (fs. 259). Pone de relieve que aquel pronunciamiento “aborda y cuestiona la interpretación del Fisco Nacional sobre el alcance de las exenciones fiscales contenidas en la ley 19.640 y de modo categórico considera arbitraria la posición del organismo recaudador. Hace un extenso desarrollo de las normas jurídicas y concluye en la clara exención que ampara a la actividad de mi mandante” (fs. 259vta.).
Alega que los límites establecidos en el artículo 20 del régimen penal tributario impiden al a quo “insistir respecto de la existencia de una obligación tributaria en cabeza de la actora” (fs. 261vta.). Cita jurisprudencia que considera pertinente.
Esgrime que la determinación del hecho imponible no sólo constituye parte del examen que los jueces penales están habilitados a efectuar, sino que resulta un análisis necesario para afirmar o negar la existencia de un hecho delictivo de evasión tributaria.
Puntualiza que, en el marco de los autos caratulados “Recurso de Queja, CAF, 64770/2017, T. A. R. S. c/ AFIP- DGI s/ DGI”, sentencia del 4/10/22, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “resolvió que la sentencia dictada en el marco de un proceso penal tributario hace cosa juzgada respecto de las actuaciones que por los mismos hechos tramiten en fuero administrativo” (fs. 262vta.).
Por último, indica que sus ingresos por la prestación del servicio de transporte entre el AAE y el TCN se encuentran exentos del Impuesto a las Ganancias por imperio de la ley 19.640, toda vez que comporta una actividad utilizada económicamente en el territorio amparado por la franquicia tributaria.
3. Que, según surge de las constancias de la causa, el ajuste fiscal se originó a raíz de la detección de diferencias en el Impuesto a las Ganancias relativo a los períodos 2001 y 2002 “provenientes de considerar exentos los ingresos por servicios de transporte cuyo origen es el Territorio Continental Nacional (TCN) y destino el Área Aduanera Especial (AAE) o con destino en el Territorio Continental Nacional y origen en el Área Aduanera Especial” (fs. 36).
A tal fin, la AFIP entendió que la ley 19.640 “circunscribe la aplicación de exenciones a las actividades realizadas dentro de un determinado ámbito territorial, con independencia del lugar donde se produzcan de manera indirecta sus efectos”. Ello así, aseveró que “no hay disposición legal alguna que permita extender la exención en cuestión a actividades realizadas fuera del ámbito estrictamente fijado por el legislador”. Sostuvo que la aplicación de la teoría de la “realidad económica” no podía conducir a desvirtuar las disposiciones legales que regulan concretamente la relación tributaria (fs. 37). En esa misma línea, esgrimió que si por la índole del servicio, una parte de aquél debe ser realizado en la región amparada por la franquicia y otra, fuera de ella, “corresponderá proporcionar el monto de la remuneración de tales servicios en función de la ´fuente´ productora de los mismos en base a la sustancia, naturaleza y/o tiempos dedicados a las tareas en el área promovida y fuera de ella” (fs. 38).
En respuesta a la teoría de los actos propios invocada por la actora en su descargo, indicó que “resulta obligatoria para esta Administración la aplicación de la ley, independientemente de cual haya sido su comportamiento con anterioridad” y aclaró que una conducta omisiva por parte del organismo fiscal no es apta para generar derechos adquiridos (fs. 38).
Concluyó que, en el caso, la actora no había acreditado que los servicios declarados como exentos se habían prestado en la provincia de Tierra del Fuego o que en ella se hubiera dado su aprovechamiento y determinó de oficio la presunta deuda en concepto de Impuesto a las Ganancias (conf. fs. 34/45).
El 14/02/08 la actora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal dirigido, en sustancia, a acreditar que el servicio de transporte de cargas prestado hacia o desde el AAE responde “al desarrollo de hechos, actividades u operaciones en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 25300/2023 EXPRESO ORO NEGRO SA (TF 31148-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO el territorio de Tierra del Fuego (bien porque se destinan al consumo local, bien porque se exporta producción local)” y, por ende, no se encuentra sujeto al Impuesto a las Ganancias “dada su inmediata y directa vinculación con la zona promocionada” (fs. 55). En ese orden de ideas, subrayó que: (i) las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia que, en el caso, es fomentar el desarrollo industrial, económico y demográfico de la provincia de Tierra del Fuego; (ii) transporta cargas que son “efectivamente utilizadas” por los ciudadanos y empresas fueguinas o están destinadas a colocar productos y manufacturas de las empresas del AAE en el TCN de modo que desconocer aquel aporte al AAE implica, según su criterio, “repudiar la indiscutible teoría de la significación económica”; (iii) sólo podía continuar operando al amparo del régimen de la ley 19.640; (iv) la pretensión fiscal contraría el criterio sostenido por la AFIP por más de tres décadas, afecta la teoría de los actos propios y vulnera el principio de la seguridad jurídica; y (v) si la AFIP consideró que habría que proporcionar el ajuste en función al ámbito territorial en que fue desarrollado el servicio de transporte, “debió ser consecuente con el criterio adoptado y, detraer de los ajustes en vista, la parte proporcional correspondiente” (fs. 49/77vta.).
Además, la parte actora acompañó prueba documental (apartado VII, puntos 1 y 1.1.) y ofreció informativa dirigida a la Cámara de Empresarios Fueguinos del Autotransporte de Cargas (apartado VII, punto 2.a.), a la Cámara de Comercio Industria y Producción de Río Grande (apartado VII, punto 2.b.), y a la Dirección de Asesoría Legal y Técnica de la AFIP (apartado VII, punto 2.c.). Asimismo, solicitó la producción de una pericia contable (apartado VII, punto 3) (fs. 69vta./76). El 24/11/09 el a quo abrió la causa a prueba e hizo lugar a la informativa y pericial propuesta por la recurrente (fs. 114).
El 4/02/10, la parte actora acompañó: (i) el pronunciamiento dictado en febrero de 2009 por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en la causa n 490/2008, caratulada “Expreso Oro Negro S.A. s/ Presunta Infracción ley 24769”; y (ii) las pruebas producidas en el marco del referido proceso penal “coincidentes con las ordenadas por V.E. [esto es, el TFN] en la providencia de fojas 114 y que fueron solicitadas en los puntos 2.c) y 3) del libelo recursivo” (fs. 116/136). Además, puso de resalto el dictado del sobreseimiento en la causa penal el 11/05/09 “con el valor de cosa juzgada” (fs. 135) y reseñó los fundamentos del fallo y las probanzas en que se fundó. Las diligencias probatorias ordenadas en sede penal, que fueron adjuntadas a estos actuados, dan cuenta de la respuesta emitida por la AFIP en la causa penal conforme la cual “no ha habido pronunciamientos con anterioridad al año 2001 referidos al tema planteado” (fs. 129). Por su parte, el dictamen pericial contable producido en sede penal incluye la totalidad de los puntos periciales admitidos por el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 76 y 130/132vta.). Puntualmente, la experta contable discriminó las distintas modalidades de los servicios de transporte prestados por la actora e informó que “la firma separa sus operaciones manteniendo el mismo criterio desde períodos anteriores a los del ajuste fiscal”, y “ha sido consecuente con el criterio que sigue desde el inicio de sus actividades en el AAE. No observando contradicciones entre las registraciones contables y las declaraciones juradas presentadas” (fs. 130/132vta.). En este escenario, Expreso Oro Negro S.A. solicitó ante el Tribunal Fiscal la incorporación de las diligencias probatorias llevadas adelante en sede penal y que “se dispense su realización en esta instancia en virtud del principio de economía procesal” (fs. 136).
Corrido el traslado pertinente, la demandada se opuso a la pretensión de la actora y, respecto a la cosa juzgada invocada, señaló que “la justicia penal no es el tribunal competente para revisar las determinaciones de oficio dictadas por esta Administración Federal, sin perjuicio de que dicho fuero pueda apartarse del criterio vertido en las mismas” (fs. 143vta.).
Mediante providencia del 1º/11/10, el a quo tuvo por agregadas las probanzas llevadas a cabo en sede criminal e intimó a la recurrente para que arbitrase las medidas necesarias a fin de confeccionar la pericia contable (fs. 159). El 21/12/10, la actora desistió del aludido medio probatorio, dado que los puntos periciales ordenados por el Tribunal Fiscal coincidían con los dispuestos por el juez penal (fs. 160/161). A fs. 207/210vta., fue agregado el pronunciamiento penal dictado el 11/05/09 por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en la causa nº 490/2008, que ―según lo informado por la Secretaría interviniente― se encuentra firme (fs. 206). En lo que aquí interesa, la decisión puso de resalto que:
La AFIP imputó a la empresa Expreso Oro Negro S.A. la comisión del delito de evasión simple (art. 1º, ley 27.769) por el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2001 y 2002;
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25300/2023 EXPRESO ORO NEGRO SA (TF 31148-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO La empresa ―radicada comercial y físicamente en la provincia de Tierra del Fuego― presta servicios de flete de mercaderías, transportándolas desde y hacia diferentes puntos del país: a) con origen y destino dentro del AAE; b) con origen en el AAE y destino en el TCN; c) con origen en el TCN y destino en el AAE; y d) con origen y destino dentro del TCN;
Los transportes identificados en a, y d, no fueron discutidos por el ente recaudador “ya que en ambos casos es de fácil apreciación el régimen impositivo aplicar: exenciones contempladas en la ley 19.640 en el primero y régimen tributario general en el segundo” (fs. 207vta.);
Una vez cumplidas las medidas probatorias ordenadas, correspondía analizar el hecho investigado y la posible participación de los sindicados en aquellos autos;
“Claro está que la empresa Transporte Oro Negro S.A. desarrolla su actividad en esta AAE bajo amparo de la Ley 19.640. Esto es, realizar transportes, viajes desde y hacia el AAE al continente y dentro del AAE” (fs. 208).
En atención a que la actora estaba radicada en el AAE hacía muchos años y nunca había sido intimada al pago del Impuesto a las Ganancias, requirió a la AFIP que informara si había emitido algún dictamen en tal sentido; interrogante que fue respondido en sentido negativo;
En el contexto descripto, cabía preguntarse por qué la AFIP cambió el criterio interpretativo de las normas vigentes “si ni la ley de ganancias ni la ley que exceptúa el pago de este impuesto han sufrido modificaciones” (fs. 208vta.); La ley 19.640 estableció un régimen especial fiscal y aduanero destinado a fomentar la actividad económica y el establecimiento permanente de la población argentina en el entonces Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico. De este modo, el conjunto de estímulos promocionales vigentes comporta un instrumento idóneo para inducir la radicación de capitales en áreas ligadas a los recursos naturales de la Isla Grande y sus adyacencias entre las que se destacan por su magnitud y disponibilidad, las existencias de gas natural y sus formas derivadas de energía;
“Un sólido mecanismo de control, asegura a priori la perdurabilidad de las condiciones en las que se desenvuelven actualmente las actividades promovidas, en tanto Zona Franca y Área Aduanera Especial preexistentes, que les permite colocar sus productos en el Mercado Binacional con el tratamiento de intrazona” (fs. 208vta.). Así pues, la ley 19.640 exime del pago de todo impuesto nacional que pudiera corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realicen en la provincia de Tierra del Fuego, o por bienes existentes en dicho territorio, a: personas de existencia visible, sucesiones indivisas y personas de existencia ideal. En los casos de hechos, actividades u operaciones relativas a bienes, la exención sólo procederá cuando los bienes se encuentren radicados en la jurisdicción amparada por la franquicia o se importaren a ésta;
“Todas las mercaderías adquiridas localmente para ser incorporadas al proceso productivo o utilizadas por éste, así como la contratación de servicios en el AAE, se encuentran alcanzados por la exención de impuestos nacionales contemplada en los Artículos 1º y 4º de la Ley N 19.640”. Seguidamente, la jueza federal precisa que “[e]sta interpretación es armónica con la que establece el decreto Nº 9208/72, reglamentario de la ley, el que en su artículo 1º dice: `Las exenciones tributarias a que se refieren los Artículos 1º a 4º de la Ley Nº 19.640 serán aplicables para los respectivos hechos gravados que se ultimaran desde la fecha inclusive, de la entrada en vigor de la citada ley (…)`” (los destacados obran en el original; fs. 209); El análisis de la cuestión planteada se debía centrar en el marco fáctico y jurídico hasta aquí expuesto;
La actora se radicó en el AAE “bajo los beneficios de la ley de promoción” y durante décadas realizó viajes entre el continente y el AAE, los declaró exentos ante la AFIP “y el organismo recaudador interpretó consecuentemente que éstos hechos imponibles se hallaban exentos del pago del Impuesto a las Ganancias” (fs. 209). En efecto, nunca antes había impugnado la postura adoptada por Expreso Oro Negro S.A. de modo que “es palmario el cambio de criterio”, que “no se halla apoyado en norma jurídica alguna que permita tal interpretación. En efecto, la ley 19640 no ha sufrido modificaciones respecto del tratamiento tributario y en consecuencia no podría ser más que otra ley la que reforme o derogue a ésta” (fs. 209vta.);
Recordó que “en materia tributaria rige plenamente el principio de realidad económica, derivado del principio de reserva (art. 19 de la C.N.)” y destacó que, según la doctrina jurisprudencial de la Corte federal, la exégesis de las leyes tributarias ―sustanciales y formales― debe efectuarse a través de una razonable y discreta interpretación de los preceptos propios del régimen impositivo y los principios que los informan, con miras a determinar la voluntad legislativa. En ese mismo sentido CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 25300/2023 EXPRESO ORO NEGRO SA (TF 31148-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO advirtió que “sólo se logrará descubrir el verdadero sentido y alcance de la ley recurriendo a esa misma realidad económica que se quiso aprender en el momento genésico del tributo” (fs. 209vta.);
Manifestó que “este abrupto cambio en la interpretación de una ley con 37 años de vigencia que hace la AFIP DGI, afecta este principio de la realidad económica” (fs. 209vta.), y aseveró que “debe recordarse que el intérprete de las normas, en el caso el juez, debe extremar los recaudos tendientes a lograr una interpretación armónica de las leyes tributarias, atendiendo en primer lugar al significado literal de las palabras contenidas en las normas y su especial contenido económico” (fs. 210);
“Es clara la ley que ampara los beneficios fiscales, hoy cuestionados, pero los artículos 1 y 4 de la ley 19640 deben interpretarse armónicamente con el expuesto por los legisladores y que fueran esbozados supra” (fs. 210);
“Lo apuntado, conjugado con la prueba colectada en autos, me permite reiterar que, ante la inexistencia de ley que reforme o derogue la ley de promoción económica, en el marco de los principios de certeza, economía, y sistematización que rigen la materia tributaria, la decisión de la AFIP DGI resulta arbitraria” (fs. 210); y En virtud de las circunstancias señaladas, el delito imputado devino inexistente, puesto que “no debe considerarse evasión toda ventaja fiscal obtenida por el contribuyente” (fs. 210). En esa misma línea, subrayó que “para que exista evasión, es necesario que se produzca una distorsión de las formas jurídicas utilizadas, es decir, una anormalidad de la forma con respecto a la verdadera intención perseguida”, extremo que no se verificaba en el caso (fs. 210). En dicho escenario, coligió que correspondía “adoptar una decisión que ponga fin al proceso de modo definitivo y con el valor de cosa juzgada” (fs. 210) y decretó el sobreseimiento de los Sres. Ricardo Benito Giampaoletti y Norma Ofelia Belli de conformidad con los arts. 334, 335 y 336 inciso 3º (esto es, “el hecho investigado no encuadra en una figura legal”), del CPPN.
En ocasión de contestar el traslado ordenado por el Tribunal Fiscal respecto del pronunciamiento supra sintetizado, la AFIP aseveró que “la sentencia penal traída como prueba por la actora, evidentemente se excedió de su incumbencia, pretendiendo arrogarse facultades propias del Fuero Contencioso Administrativo” (fs. 218vta.). Idéntica manifestación formuló en oportunidad de replicar el memorial de agravios deducido por la actora ante esta Cámara (fs. 285 in fine).
4. Que, en el escenario descripto y atento a los agravios deducidos, la cuestión en debate ante esta instancia exige determinar el alcance de la cosa juzgada invocada por la actora sobre la base de lo resuelto en sede penal.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 20 de la ley 24.769 establece:
“La formulación de la denuncia penal no impedirá la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o previsional, pero la autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal (…). Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial”.
De este modo, ni la circunstancia de que la determinación de oficio se encuentre apelada impide la interposición de la denuncia penal; ni esta última obstaculiza la prosecución de los procedimientos administrativos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda impositiva. Ambos procedimientos ―penal y administrativo― están llamados a avanzar en paralelo.
Sin embargo, la letra de la norma impone una importante limitación al disponer que no se puedan aplicar sanciones administrativas antes de que haya quedado firme la sentencia judicial en sede penal, la que constituirá cosa juzgada respecto de las declaraciones de hechos contenidas en ella. La finalidad buscada por el legislador ha sido evitar el escándalo jurídico que significaría el dictado de resoluciones encontradas sobre los mismos hechos (cfr. esta Sala en la causa “Siner SA (TF 29.432-I) contra D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 13/09/16; Sala V, in re “Almeida, Nora Mabel (T.F. 19.433-I) c/D.G.I.”, sent. del 15/03/06; Sala II, in re “Prosper Argentina S.A. (T.F. 20.316-I) c/D.G.I.”, sent. del 6/08/13 y en la causa “Industrial Metalmecánica SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 31/03/16). Asimismo, se ha sostenido que “lo que busca la ley 24769 es precisamente ―ante la existencia de dos procesos― otorgar prioridad al juez de la causa judicial (en contraposición al llamado 'juez administrativo', que es el funcionario de la AFIP, que tiene facultades para determinar impuesto e imponer multa) para que califique la conducta del imputado y determine si se configura o no el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 25300/2023 EXPRESO ORO NEGRO SA (TF 31148-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO aspecto subjetivo en su actuación” (v. Sala V, in re “SA, Molinos Fénix v. Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva”, sent. del 20/06/06).
Si bien la disposición supra transcripta se refiere a la imposición de sanciones, los conceptos contenidos en ella resultan aplicables también, en ciertas circunstancias, a la determinación de tributos. Ello es así, atento a que la finalidad de tales límites ha de encontrarse en que si la eximición de la responsabilidad en sede penal se alcanzó por la constatación de la inexistencia de la conducta que se le achaca al imputado, no sería razonable que el juez administrativo tuviera por acaecido el hecho ilícito, por cuanto en esa situación se caería en un inaceptable escándalo jurídico, riesgo que se supera condicionando el dictado de la resolución administrativa, bajo ciertos aspectos, a las conclusiones arribadas en el proceso penal (esta Sala, in re “Laje Alberto Jorge (TF 22.074I) c/ DGI”, sent. del 5/12/13).
En el referido contexto, se ha advertido que más allá de la apuntada independencia entre el juez administrativo y el penal, no cabría, como principio, negar competencia a este último en orden a determinar el acaecimiento del hecho imponible y su cuantía (cfr. Sala V, in re “Agroferia S.R.L. c/D.G.I.” del 15/07/08). En efecto, se ha sostenido que, “si se tiene en cuenta que la omisión de pago de la deuda tributaria constituye un elemento del tipo penal se advierte que la constatación del surgimiento de la obligación tributaria de pago, su antecedente, el acaecimiento del hecho imponible y, en consecuencia, la determinación del hecho imponible previsto legislativamente, no sólo constituye parte del examen que los jueces en lo penal tributario están habilitados a efectuar, sino que resulta un examen necesario para afirmar o negar la existencia de un hecho delictivo de evasión tributaria” (cfr. Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, in re “Liberman, Samuel s/infracción ley 24769”, sent. del 31/08/06). No obstante, la determinación acerca de si el Tribunal Fiscal de la Nación debe hacer mérito de las consideraciones efectuadas por el juez penal en su sentencia, requiere de un análisis ajustado a las particularidades de cada causa. En ese orden de ideas, es necesario recordar que el delito tributario requiere de dos aspectos: uno objetivo, que implica necesariamente el examen de la normativa fiscal a los efectos de determinar la procedencia del gravamen, y otro subjetivo, que implica la valoración de la conducta desplegada. En consecuencia, las posibilidades para desligar a un imputado de un proceso penal se relacionan tanto con el tipo objetivo previsto por la norma penal cuanto con el tipo subjetivo. Asimismo, la desvinculación referida con el tipo objetivo de la norma puede tener que ver tanto con el entendimiento de que los hechos no existieron, o no fueron realizados por el imputado, etc., cuanto con una valoración jurídica de los hechos probados, a la luz de la norma extrapenal (tributaria), concluyéndose que no se ha verificado el hecho imponible o debería aplicarse una sanción o desgravación, o no se es sujeto según las normas sustantivas, etc. (cfr. Semachowicz, Esteban “Régimen penal tributario. Sentencias firmes en sede penal y su acatamiento por el Tribunal Fiscal” D.T.E., Tomo XXVIII, p.610, julio de 2007).
Ello así, y en atención a la clara referencia que el artículo 20 de la ley 24.769 hace a las “declaraciones de hecho” contenidas en la sentencia penal, la jurisprudencia entiende que cabe hacer mérito de las cuestiones consideradas en ella en tanto se relacionen con el tipo objetivo de la norma, y sin presuponer valoraciones jurídicas a la luz de la norma extrapenal (esta Sala, in re “Sab SA (TF 26642-I) c/DGI”, sent. del 8/11/12; “Greid SA (TF 26205-I) c/DGI”, sent. del 10/09/15 y “Grey Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 14/06/16).
Por lo tanto, si la decisión judicial que pone fin a la actuación penal con efecto de cosa juzgada se dispone por una causal “objetiva”, es decir, porque el hecho no se cometió, o porque es atípico, tiene que referirse esencialmente a lo fáctico, por lo que la resolución administrativa ―y en su hora, los pronunciamientos consiguientes― no pueden alterar tal declaración sobre los hechos (cfr. esta Sala en la causa “Cheb Terrab, Salomón C. (TF 18369-I) y Acum. c/D.G.I.”, sent. del 20/9/11; en este mismo sentido, Sala V del fuero, in re “Agroferia S.R.L. c/D.G.I.” del 15/07/08 y Sala II in re “Audisio, Jorge Alberto (TF 26103-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 14/07/23).
En este punto, cabe recordar que en la causa “Agroferia” supra citada, la Sala V tuvo en cuenta que “el sobreseimiento de los imputados se sustentó, exclusivamente, en circunstancias relacionadas con el tipo objetivo previsto en la norma penal. Concretamente, el Juzgado Federal de Junín tomó en consideración una circunstancia de índole netamente fáctica, cual es el concreto monto evadido en concepto de impuesto al valor agregado; sin que hayan incidido valoraciones jurídicas de los hechos traídos a su conocimiento”.
5. Que, en el sub examine, no existe controversia alguna sobre los hechos comprometidos en la impugnación fiscal que fueron sometidos a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 25300/2023 EXPRESO ORO NEGRO SA (TF 31148-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO consideración del juez penal y del Tribunal Fiscal. En efecto, el juez penal fundó su decisión en valoraciones jurídicas vinculadas al régimen de promoción a fin de considerar exentos del Impuesto a las Ganancias a aquellos ingresos obtenidos por la actora como consecuencia de la prestación de servicios de transporte desde el AAE hacia el TCN y viceversa y tildó de arbitrario el criterio interpretativo del Fisco a la luz de las normas involucradas y del principio de realidad económica que rige en materia tributaria.
Por su parte, a poco que se examine el relato de las constancias de la causa incorporado en el considerando 3º supra, se advierte que el juez penal analizó defensas análogas a las expuestas por la actora ante el Tribunal Fiscal quien, en contraposición a lo resuelto en la justicia federal, las consideró insuficientes para rebatir la posición fiscal.
Resulta claro entonces que lo resuelto por el Tribunal Fiscal se encuentra en manifiesta contradicción con lo dispuesto en sede penal toda vez que, mientras para el a quo, los servicios prestados por la actora e impugnados por el organismo fiscal no se encuentran alcanzados por la exención invocada por la recurrente, el juez penal los consideró subsumidos en los beneficios fiscales previstos en los arts. 1º y 4º de la ley 19.640.
En el contexto jurisprudencial y fáctico descripto, cabe recordar que un pronunciamiento reciente (Fallos: 345:1101), la Corte ―por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal― consideró que:
La sentencia penal dictada por la Cámara Federal de Tucumán había valorado “los hechos a la luz de las normas básicas del procedimiento administrativo, del tributario y de la Constitución Nacional y, consecuentemente, declaró la nulidad parcial de las resoluciones, decisión que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada”;
Con posterioridad, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ―en la sentencia impugnada ante la Corte― resolvió que el accionar de los mismos funcionarios al momento de la inspección y fiscalización de tributos, como así también las resoluciones dictadas en consecuencia, eran legítimas; y, Del cotejo de ambas sentencias surgía que lo decidido en el fallo dictado por esta Cámara implicó una franca contradicción con lo resuelto en sede penal y, por tratarse esta última de una sentencia firme y consentida, ello afectó el principio de intangibilidad de la cosa juzgada, que posee jerarquía constitucional, sobre la base de la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme con fundamento en el derecho de propiedad y defensa en juicio.
Así pues, la Corte no circunscribió la garantía de la cosa juzgada invocada por el contribuyente a los hechos declarados en sede penal (esto es, la existencia de determinaciones de oficio relativas a un período no incluido en la orden de intervención que había motivado la inspección) sino que la extendió a la valoración jurídica efectuada por la sentencia penal en cuanto consideró nulos a aquellos actos determinativos. En este punto, resulta ilustrativo reseñar el análisis efectuado en el pronunciamiento revocado por Corte, en cuanto había concluido que “en el caso no se trata del supuesto en el que el juez con competencia en lo penal, en su sentencia, afirma o niega la existencia de un hecho que el juez con competencia en materia tributaria niega o, respectivamente afirma, es decir no existe posibilidad de una eventual contradicción en cuanto a los hechos declarados en la sentencia penal, sino con respecto a la inteligencia y alcances de la ley impositiva en cuestiones ajenas a la materia penal” (el destacado es propio; cfr. voto mayoritario de la Sala V in re “Ansonnaud, Ricardo Sixto c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 26/12/17).
A mayor abundamiento, es dable señalar que en un escenario con características análogas al que aquí se examina, esta Sala validó el análisis del concepto de habitualidad de las operaciones ―receptado en la norma tributaria― efectuado en sede penal, toda vez que allí se había remarcado la importancia de valorar las operaciones “dentro del giro de quienes la realizan y con el alcance de la actividad regular del contribuyente”. Ello así, este Tribunal aseveró que, “al efectuar la valoración jurídica de los distintos aspectos implicados en esta cuestión no puede prescindirse de considerar lo resuelto por el juez penal en punto a que las operaciones realizadas no pueden ser tomadas en cuenta solo por su cantidad y frecuencia para sustentar el ajuste”. De este modo, resolvió la contienda sobre la base del análisis de los extremos de hecho expuestos en el pronunciamiento penal “a los fines de mantener adecuada congruencia con lo resuelto en sede penal” [Cheb Terrab, Salomón C. (TF 18369-I) y Acum.”, supra citada].
Adicionalmente, es necesario recordar que la cosa juzgada configura uno de los pilares sobre los que se asienta la seguridad jurídica y un valor de primer orden que no puede ser desconocido con invocación de argumentos insustanciales y con CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 25300/2023 EXPRESO ORO NEGRO SA (TF 31148-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO la pretensión de suplir omisiones, pues ataca las bases mismas del sistema procesal y afecta la garantía del debido proceso, cuyo respeto es uno de los cimientos del imperio del derecho (cfr. Fallos: 345:1101).
En el caso y tal como se expuso supra, la sentencia penal del 11/05/09 consideró que los servicios prestados por la actora que fueron objeto de impugnación por parte del Fisco Nacional se encontraban exentos del Impuesto a las Ganancias. Si bien es cierto que dicho alcance fue objetado por la demandada al considerar que el mentado pronunciamiento se había excedido de su incumbencia (v. considerando 3º supra, in fine), no lo es menos que se encuentra firme y consentido. Ello así, y en función principio de cosa juzgada, corresponde hacer lugar el agravio impetrado y dejar sin efecto la decisión del organismo jurisdiccional y la determinación de oficio 301/07, que reclamó el pago del Impuesto a las Ganancias sobre los servicios prestados por la actora desde el AAE hacia el TCN y viceversa, en contradicción con lo resuelto en sede penal. En virtud de las consideraciones expuestas, el Tribunal RESUELVE:
a) admitir el recurso de la parte actora, revocar la decisión del Tribunal Fiscal y la determinación de oficio 301/07, en los términos supra desarrollados, con costas en ambas instancias a la vencida (arts. 68, primera parte, y 279, CPCCN); b) dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 249/250 y declarar inoficioso pronunciarse con relación al recurso de apelación deducido por la actora a fs. 267; y c) remitir los autos en vista al Representante del Fisco a fin de que se expida con respecto a la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuado por la recurrente conforme surge del proveído del 6/06/23.
El juez de cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese, ofíciese al Representante del Fisco mediante DEOX, y oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN
Fin de la sentencia