Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 47490-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación de la actora y confirmar el decisorio recurrido en cuanto ha sido materia de agravios.
2Imponer costas en esta instancia a la accionante perdidosa (art. 68 del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
29652/2023 EXPRESO ORO NEGRO SA-TF 47490-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de junio de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por decisorio del 7/12/22, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó con costas a la vencida, la pretensión deducida por Expreso Oro Negro SA tendiente a que se revoque la Resolución nro. 288/16 dictada por el Jefe Int. de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la AFIP-DGI, por la que se determinó de oficio la obligación tributaria de la accionante frente al Impuesto a las Ganancias, por los ejercicios fiscales 2010 y 2011, con más sus intereses resarcitorios. Asimismo, redujo la multa oportunamente impuesta con fundamento en el artículo 45 de la ley 11.683 e impuso las costas por su orden.- II.-Que el 8/2/23 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional. El 10/2/23 la parte actora apeló por altos los honorarios regulados. El 17/2/23 la parte actora apeló el decisorio respecto del fondo del asunto, en tanto que el 1/3/23 hizo lo propio el Fisco Nacional. El 13/3 /23 la actora presentó el memorial de agravios y el 17/3/23 la parte demandada desistió de su apelación y el 12/4/23 contestó el traslado del memorial de su contraria. El 19/10/23 se llamaron autos para sentencia.- III.-Que en el caso sub examine se plantea la discusión en torno a la interpretación que cabe asignarles a las normas tributarias que regulan lo atinente al área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, prevista en la Ley nro. 19.640. Como surge de las actuaciones administrativas, la actora desarrolla su actividad de transporte entre el territorio continental y el área aduanera especial antes indicada y entiende que se encuentra amparada por la exención impositiva fijada por la norma antes referida.-
Alta en sistema: 28/06/2024 IV.-Que tanto la AFIP-DGI como el Tribunal Fiscal de la Nación sostienen que la exención no resulta aplicable en todo el espacio por el que transita la actora, sino que –en todo caso- resulta aplicable únicamente a la actividad desarrollada dentro del territorio de la provincia de Tierra del Fuego, más no a la realizada en el resto del país.- V.-Que resulta un principio liminar en materia de interpretación de normas, que debe estarse en primer lugar a la letra de su texto. Asimismo, debe recordarse que las exenciones impositivas constituyen supuestos que la legislación excluye de manera expresa del ámbito de imposición de la norma del impuesto; por lo que situaciones que se encontrarían encuadradas en el hecho imponible y alcanzadas por el tributo, dejan de estarlo a partir de la referida exclusión. Por ello, no debe presumirse la imprevisión del legislador (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros) y las exenciones tributarias deben interpretarse estrictamente, resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador en cuanto a su propósito o de la necesaria implicancia de las normas que la establezcan (Fallos 287:79; 307:1083; 312:529; 314:1842; 315:257; 316:1115, entre otros).-
También es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las normas que apliquen exenciones o beneficios tributarios deben interpretarse con criterio estricto (Fallos, 200 :88), para evitar que las situaciones excepcionales se conviertan en generales (Fallos: 302:1159).-
VI.-Que en atención a lo antes expuesto, resulta claro que no puede pretender la actora que la exención prevista para el IVA en la normativa por ella citada (art. 1 del decreto nro 1228/98, modificatorio de la reglamentación de la Ley de IVA, aprobada por decreto 692/98), le sea igualmente aplicable en cuanto se refiere al Impuesto a las Ganancias.-
VII.-Que por otra parte, la actora sostiene que los servicios prestados estuvieron destinados a ser utilizados económicamente en la Provincia de Tierra del Fuego y que no es posible separar el transporte en uno y en otro territorio.
Sobre el punto, como bien lo señalara el Tribunal Fiscal de la Nación, “…una parte de los fletes se desarrolla fuera del área promovida, por lo que en principio si por la índole del servicio una parte de las tareas debe ser realizada en una región amparada por la Alta en sistema: 28/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V franquicia y otra fuera de ella, correspondería proporcionar el servicio en cuestión, en tal sentido cabe destacar que la actora no aportó elementos que permitan su cálculo. En ese sentido ha dicho Luis Omar Fernández…’Para establecer cuando la utilidad proviene de esa zona se aplican las disposiciones de los arts. 5º y ss. de la Ley de Impuesto a las Ganancias, (…). Para el caso en que se desarrollen actividades en esa zona y en el territorio continental se deberá llevar contabilidad separada de las ganancias obtenidas en ambos sectores.’”
VIII. Que en lo que se refiere a la prueba producida y al análisis de la misma, cabe destacar que en el particular sistema de revisión judicial (limitado) instaurado por el legislador en materia tributaria, las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas -por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re: “Quilmes Combustibles S.A.C.I.”, sentencia del 25-3-97; esta Sala in re: “Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-I) c/ DGI”, sentencia del 17-5-2000; “Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15847-I) c/ DGI”, sentencia del 30-11-2000).- IX.-Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa.-
X. Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner de resalto que el artículo 164 de la ley procedimental para el Tribunal Fiscal de la Nación, otorga a ese organismo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria. Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador Alta en sistema: 28/06/2024 se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).- XI.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5-98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-
XII.-Que conforme lo desarrollado hasta aquí, no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la causa (conf. esta Sala in re “Noble Argentina S.A. (TF 32885-I) c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, expte. nro. 15283/2010, sentencia Alta en sistema: 28/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V del 19/9/2017). Por otra parte, las manifestaciones de la actora trasuntan una mera disconformidad con el criterio esbozado por el a quo –el que se comparte- más no logra desvirtuarlos de manera fundada. En consecuencia, corresponde rechazar el agravio en trato de la actora.- XIII.-Que por lo antes expuesto corresponde:
1. Rechazar el recurso de apelación de la actora y confirmar el decisorio recurrido en cuanto ha sido materia de agravios. 2) Imponer costas en esta instancia a la actora perdidosa (art. 68 del CPCCN). ASI VOTO.- El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy adhiere al voto que antecede.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 de la RJN).
En atención al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación de la actora y confirmar el decisorio recurrido en cuanto ha sido materia de agravios. 2) Imponer costas en esta instancia a la accionante perdidosa (art. 68 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 28/06/2024 Alta en sistema: 28/06/2024
Fin de la sentencia