Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su minimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-45589089-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Abril de 2023 El expediente N° 35.014-I caratulado: “EXPRESO SANTA RITA S.A. S/ APELACIÓN” a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal de la Quinta Nominación) y (Vocal de la Sexta Nominación);
El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que, a fs. 41/61vta., la actora interpone recurso de apelación en los términos del art. 76, inc. b de la ley N°11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra la Resolución N° 127/2011 (DV RRLP), de fecha 31/05/2011, emitida por el Jefe de División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en virtud de la cual se determinó de oficio con carácter parcial el Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas por pagos en los períodos fiscales 10/2006 a 08/2008 – ambos extremos inclusive- por la suma de $132.035,89 con más la suma de $114.658,18 en concepto de intereses resarcitorios y se aplicó una multa de $396.107,67, con sustento en los arts. 46 y 47 inc. b de la ley de rito, equivalente a tres (3) veces el impuesto evadido.
En primer término, la actora manifiesta que es una PYME familiar cuyos accionistas y directores son la familia Mirasso, dedicada a la actividad de transporte de cargas generales, con domicilio fiscal en la localidad de Coronel Brandsen (Pcia. de Buenos Aires) donde funcionan tanto un taller de mantenimiento de camiones como las oficinas comerciales y administrativas de la firma, cuyos depósitos principales de cargas se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Villa Soldatti) y Río Negro (Villa Regina y Cipoletti), extremos de la ruta de viaje habitual de la empresa.
Explica que el mecanismo de trabajo de la empresa consiste en el transporte de un extremo a otro de la ruta Buenos Aires – Rio Negro de paquetes o bultos dejados en los depósitos por los clientes. Asimismo, señala que por cada carga de cada cliente se confecciona una “carta de porte” que es firmada por el destinatario al momento de la entrega del paquete o bulto y que todas las “cartas de porte” se agrupan en una “hoja de ruta” que documenta la totalidad de bultos que se transportan en un determinado viaje.
Explica que el transporte de los bultos o paquetes por ruta es realizado con camiones semirremolques tanto de su propiedad como de terceros, los que, a su vez, atento la naturaleza del transporte, no requiere de equipos de última generación, por lo que durante los períodos 2006 y 2008 se contrataron fleteros individuales propietarios de un solo camión que eran conducidos por sus propietarios en forma personal, los cuales, a su vez, no contaban con estructura administrativa ni contable de apoyo de envergadura.
Por otro lado, agrega que el pago consistía en un adelanto y el saldo mediante orden de pago. En ese sentido, indica que precisamente el Fisco Nacional impugna las facturas de los fleteros cuyos nombres de fantasía son TRANSPORTE JAVIER y El RAPIDO DEL SUR, pertenecientes al Sr. Norberto Javier Domínguez y Héctor Horacio Parodi respectivamente.
Expresa que la determinación de oficio sobre base presunta llevada a cabo por el organismo recaudador, fue establecida a partir de indicios falsos e irrelevantes - como ser la falta de presentaciones de declaraciones juradas o que no poseen propiedades ni automotores ni que tampoco registran pago de impuestos, entre otros, para presumir que los proveedores no prestaron los servicios de fletes o que las facturas emitidas por estos resultan ser apócrifas, no siendo éstos los verdaderos beneficiarios de los pagos sino uno oculto o no identificado. En este sentido, destaca que el Fisco Nacional no pidió a los bancos fotocopia de los cheques entregados a los proveedores impugnados. Señala que mediante la prueba rendida queda demostrada la autenticidad de las facturas emitidas por Domínguez puesto que los fletes fueron efectivamente prestados por él, éste fue quien recibió los pagos, firmó los recibos y declaró el IVA de tales prestaciones y las mismas estuvieron relacionadas con operaciones de venta de la firma, debidamente contabilizadas.
Asimismo, sostiene que las facturas impugnadas de “EL RAPIDO DEL SUR” corresponden a servicios de transporte prestados por el Sr. Manuel Arriagada quien resulta ser el verdadero beneficiario, pero que en cuyos comprobantes consignó un nombre y una CUIT erróneas, sin justificación alguna, abusándose de su buena fe. Por otro lado, remarca que todos los comprobantes de pagos a fleteros que constan en las actuaciones administrativas no poseen firma de los mismos porque los funcionarios actuantes solicitaron que se arrime a las mismas una reimpresión de tales documentos, dejando constancia si el cheque era propio o de terceros y que, en este último caso, agregaran el recibo emitido por el cliente para vincular su origen. Agrega que los originales fueron acompañados al momento de contestar la vista para demostrar que tanto Domínguez como Arriagada fueron los efectivos beneficiaros de los pagos.
Sostiene que la presentación de las declaraciones juradas rectificativas de IVA y el Impuesto a las Ganancias no constituyen prueba de la falsedad de las facturas impugnadas y de la confesión de una maniobra dolosa que merezca la aplicación de una multa por defraudación. Además, en lo que refiere al ámbito infraccional, sostiene que por aplicación del fallo “Mazza, Generoso y Mazza, Alberto” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Fisco Nacional no puede encuadrar una determinación de oficio presuntiva en los términos del art. 46 de la Ley 11.683.
A su vez, y sin perjuicio de lo señalado precedentemente, señala que tampoco podría prosperar tal encuadramiento atento la falta de presencia de una conducta dolosa por parte del contribuyente y que, en el presente caso, al recurrir el organismo recaudador a la presunción contenida en el art. 47 inc. b de la Ley de rito, éste solamente se limita a citar de manera genérica la norma sin indicar cual es la documentación que se consigna como inexacta, por lo que, ante la falta de explicitación de los indicios y de la razón que justifica la aplicación del mencionado artículo, situación que a su entender lo coloca en un estado de absoluta indefensión, concluye que la eventual aplicación de la multa impuesta es nula de nulidad absoluta. Solicita se aplique en subsidio el reencuadre en la figura prevista en el art. 45 de la ley 11.683.
Cita jurisprudencia a su favor. Ofrece prueba pericial contable. Hace reserva del caso federal. Finalmente, solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, a fs. 83/93vta., el Fisco Nacional contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Expone los antecedentes de hecho y de derecho que sustentan el ajuste efectuado. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio. Hace reserva del caso federal. Acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida. Finalmente, solicita se confirme la resolución recurrida, con costas.
III. Que, a fs. 101, se ordenó la apertura a prueba de la presente causa haciendo lugar a la prueba pericial contable propuesta por la actora y a la oposición efectuada por el Fisco Nacional en relación con la prueba informativa dirigida al Juzgado Federal N° 1, Secretaría N°3 de la Ciudad de La Plata (Buenos Aires). A fs. 128/132 se acompañó el informe pericial contable.
IV. Que, a fs. 144/148 la actora esgrime un hecho nuevo, del que se confirió traslado al Fisco Nacional a fs. 149, el cual fuera contestado a fs. 158/160. Asimismo, de la oposición formulada por la representación fiscal, a fs. 161 se corrió nuevo traslado a la actora, el que fuera contestado a fs. 162/163.
Finalmente, a fs. 164 se resolvió tener presente el hecho nuevo denunciado para su valoración en la etapa procesal oportuna.
V. Que, a fs. 173, se declara la clausura del período probatorio y se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”, inmediatamente se ponen los mismos a alegar. A fs. 179/181 obran los alegatos del Fisco Nacional y a fs. 182 la constancia de Secretaria General de Asuntos Impositivos que informa que la recurrente no ha hecho uso de su derecho.
VI. Que, a fs. 183 se ponen los autos para sentencia.
VII. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VIII. Que, conforme se desprende de autos y de las actuaciones administrativas que corren por separado, en especial del informe final de inspección obrante a fs.544/558 del Cuerpo Principal N°3, el ajuste determinado se originó la notificación a la actora de los F.8000 14-N° 0014364, F 8600/I 014 N° 0044187 y F 8600/P 014 N° 0016253 (vide fs. 2/5 de los AA Cpo. Ppal. N° 1).
A continuación, se detalla cada proveedor impugnado en la resolución puesta en crisis, con su respectivo análisis:
1. TRANSPORTE JAVIER de Norberto Javier Domínguez (CUIT 20-16712308-3): de la información del sistema del proveedor surge que es un contribuyente con SIPER “E”, que declara como actividad principal “Servicio de transporte de mercaderías a granel …”, con baja de oficio Decreto 1299/98 en IVA y Ganancias. Que presenta DDJJ de IVA hasta julio 2006 y que nunca efectuó pagos del Impuesto a las Ganancias ni del Impuesto al Valor Agregado. Asimismo surge que no tiene acreditaciones bancarias, ni tampoco tiene Citi Compras, ni tampoco sufrió retenciones ni percepciones y que nunca tuvo fiscalizaciones (fs. 245/256 AA Cpo. N°2 Ppal. y fs. 155/159 AA Cpo. N° 1 Ppal.).
De la consulta al Padrón surge que el domicilio fiscal es inexistente o desconocido. (fs.245 de los AA Cpo. N° 2 Ppal.).
Por otro lado, la contribuyente de autos aporta facturas de gastos donde se observa que al pie de la factura el CUIT de la imprenta está mal, tiene un digito de mas, un cero (fs. 341/360 Cpo. N° 2 Ppal.)
Asimismo, surge de los antecedentes administrativos que se circularizó al proveedor quien a fs. 270/277 aportó la información requerida por el Organismo a fs. 264 y fs. 266. No obstante haber recibido respuesta, se le efectuó nueva circularización a los efectos que pruebe que pudo haber efectuado el servicio que facturó indicando, a su vez, vehículo que utilizaba indicando N° de dominio, lugares donde se transporta la mercadería, forma de cobro, etc., surgiendo que a la fecha de emisión del informe final de inspección no aportó documentación alguna (fs. 280/281 de los AA Cpo. N° 2 Ppal.).
Por ello, en razón de lo hasta aquí expuesto, el Fisco Nacional impugnó las facturas del proveedor por no tener éste capacidad económica para efectuar el servicio que habría prestado de acuerdo a las facturas aportadas.
2. EL RAPIDO DEL SUR de Héctor Horacio Parodi (CUIT 20-25714892-1): la contribuyente de autos aporta copias de las facturas (fs.316/339 de los AA Cpo. N° 2 Ppal.), de las cuales surge que el CUIT impreso en las mismas termina con el digito 6, el cual, según la consulta al padrón, resulta ser invalido.
Asimismo, del libro de IVA compras aportado en soporte magnético se observa que hay operaciones registradas con un CUIT cuya terminación es 1, el que, a su vez, según la consulta al padrón surge que pertenece a otro contribuyente (CARLOS ALFREDO NASS CUIT 20-28714892-1), también transportista, pero no coincide numeración, imprenta, ni CAI.
A su vez, surge de la consulta al padrón PARODI, HECTOR HORACIO un CUIL totalmente diferente. Por último, el CAI tampoco existe (fs. 225/231 AA Cpo. Ppa. N°2).
IX. Que, continuando con el análisis de autos y en función de lo hasta aquí expuesto, deviene pertinente pronunciarse sobre la determinación efectuada por el Fisco Nacional en relación con el Impuesto a las Ganancias - Salidas no documentadas.
Tiene establecido el más Alto Tribunal in re “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, de fecha 26/08/2003 (Fallos 326:2987), que “...debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que, si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario”. Asimismo, en la causa citada quedó sentado que “...como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos 323:3376, el instituto de las ‘salidas no documentadas’ ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio” (conf., en el mismo sentido, Fallos 275:83, citado en el mencionado precedente).
Asimismo, en dicho precedente nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia señaló que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada (...), y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.”. Al respecto, debe ponerse de relieve que de acuerdo con lo prescripto por la Ley 11.683 (arts. 1° y 2° en el texto ordenado en 1998), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de las mismas y a su significación económica, lo que impide otorgar relevancia a la mera existencia de un instrumento si se demuestra que éste no refleja la realidad económica. Por ende, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que la erogación carece de respaldo documental.
En los presentes autos, en concordancia con lo expuesto hasta ahora, al apelante se le impugnaron facturas por considerarse apócrifas y al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real o directamente simulado. Tener un comprobante falso de una erogación equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, el concepto del pago y su receptor. El contribuyente no ha intentado demostrar que, en realidad, el pago fue directamente simulado y como consecuencia de ello la inexistencia de este tercero oculto que la ley presume para originar la obligación de ingreso a la tasa máxima.
Por el contrario, de distintos pasajes de los antecedentes administrativos y del propio libelo recursivo surgen afirmaciones que permiten asumir el reconocimiento de la existencia de dichas erogaciones que, al estar falsamente documentadas, generan la obligación tributaria que ahora se discute.
Concretamente, no se pudo demostrar la causa de la erogación, en la medida que no se encuentra acreditado que los proveedores observados efectuaron algún tipo de actividad que justifique el pago que la actora sostiene haberles concretado, por ende, subsiste la tesis del beneficiario oculto.
Asimismo, cabe tener presente aquí lo que para casos como éste ha señalado la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A.” de fecha 31/7/2012, en cuanto a que “(…) la mera localización de quienes emitieron las facturas no excluye la aplicación de la figura prevista en el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, toda vez que esa circunstancia no significa que aquellos fueran los verdaderos beneficiarios de las erogaciones realizadas, de acuerdo con el criterio establecido en el citado precedente "Red Hotelera Iberoamericana", cuya doctrina fue seguida por el Tribunal Fiscal, y de la que se apartó la Cámara sin fundamentos válidos”.
Cabe señalar que la prueba pericial contable producida -obrante a fs. 128/132-, no logra acreditar que las operaciones cuestionadas hayan sido reales respecto de los proveedores y particularmente no queda probado que tales proveedores hayan prestado los servicios cuestionados y que los pagos que ellos recibieron se correspondan con tales servicios, por lo que no alcanza a conmover el criterio de este juzgador.
En virtud de lo expuesto y ante la falta de prueba que demostrase tanto la veracidad de las operaciones cuestionadas respecto de los supuestos proveedores como la concreta individualización de los verdaderos beneficiaros de los pagos efectuados, corresponde la confirmación de la Resolución N° 127/2011 (DV RRLP) que determina el Impuesto a las Ganancias –salidas no documentadas- con más los intereses resarcitorios liquidados, con costas.
X. Que con relación a la multa por defraudación aplicada, cabe señalar que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683. Por otra parte, la cuestión ha sido tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla.
En cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11.683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben serían pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Ahora bien, sentado lo anterior, cabe resolver si la multa aplicada en autos resulta ajustada a derecho, siendo que para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Ahora bien, las formas genéricas del fraude son el ardid y el engaño, que tienen como finalidad hacer creer a la víctima o mantenerla en la creencia o reforzarla en su creencia de que lo que no es verdadero lo es. Pero el ardid o el engaño han de ser “idóneos”, esto es aptos para inducir a error, en el caso, al organismo especializado en la fiscalización y recaudación tributaria.
Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008).
Con relación a la multa por defraudación, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley de rito por la ley 23.314. En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no solo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
En el caso concreto, los períodos resultan ser posteriores al dictado de la Resolución N° 893, y por todas las razones señaladas en los párrafos precedentes, además de no identificarse el beneficiario de los pagos, en virtud del examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante correspondiendo confirmar la sanción, con costas.
En cuanto al hecho nuevo invocado por la actora a fs. 144/148 –resolución donde la AFIP reencuadra la sanción relativa al contribuyente en el Impuesto al Valor Agregado-, cabe señalar que en autos este Tribunal está llamado a resolver sobre la sanción dispuesta en relación al Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas, la que se encuentra correctamente encuadrada.
No obstante ello, en cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
XI. Que, no habiendo agravios concretos respecto de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. (cfr. CSJN, CITIBANK NA c/ DGI, 01/06/2000).
El Dr. Armando Magallón dijo:
Que, adhiero al voto del Sr. Vocal preopinante, debiendo dejar aclarado que, a diferencia de otros supuestos en los que he votado por la revocación de la imputación defraudatoria, entiendo que en el presente caso dicha imputación no se basa en la falta de presentación de declaraciones juradas del impuesto sobre las salidas no documentadas -como ocurria en tales precedentes- sino en la existencia de una ocultación maliciosa de materia imponible, situación fáctica contemplada en el texto del art. 46 a partir de la reforma introducida por la Ley 25.795.
Esta relevante diferencia que señalo, a la que se adiciona la verificación en el sub lite de los presupuestos de hecho que evidencian la existencia en el caso de una deliberada conducta defraudatoria, abona la confirmación del acto sancionatorio y la atribución de costas que propone el Dr. Porporatto.
El Dr. José Luis Pérez Que, adhiere al voto del Dr. Pablo Porporatto.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su minimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese y notifíquese. Fecho, procédase a la impresión e incorporación de la presente al expediente papel, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados, y archívese.
Date: 2023.04.21 15:41:22 ART Date: 2023.04.21 17:35:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.24 12:10:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.24 12:11:36 -03:00
Fin de la sentencia