Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2020-16159668-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 535.263 (pesos quinientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y tres), equivalente a 86,89 (ochenta y seis con 89/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 1.338.154 (pesos un millón trescientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro), equivalente a 217,23 (doscientos diecisiete con 23/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 21/21 (01/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-119799680-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 9 de Diciembre de 2021 En Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EX- 2020-16159668- -APN-SGAI#TFN caratulado “EXPRESO LAS SIERRAS S.A. s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas”
El Dr. Martín dijo:
I. Que por RE-2020-16158049-APN-SGAI#TFN Expreso Las Sierras S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 030/2020 (DV SRR1) de fecha 17 de febrero de 2020 dictada por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por la que se determinó de oficio su obligación impositiva en el Impuesto a las Ganancias - Salidas no documentadas por los períodos fiscales 08/2015 a 01/2016, 02/2016 a 01/2017, 02/2017 a 01/2018, con más intereses resarcitorios, dejando en suspenso la eventual aplicación de sanciones en los términos del art. 18 de la Ley 24.769 y sus mod. Explica que el ajuste practicado tiene origen en facturas consideradas APOC por el Fisco Nacional, referidas a servicios de transporte prestados por terceros, que no se encontraban en la base APOC al momento en el que las aplicó a su contabilidad. Hace saber que también se impugnó el crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado, lo que fue asumido a través de un plan de pagos, mientras que en el Impuesto a las Ganancias en virtud de sus alegaciones se admitió la deducción de los gastos.
Indica que prestaba servicios con flota de camiones y empleados propios y que en un menor porcentaje también lo hacía a través de la contratación de terceros, siendo éstas últimas facturas las que motivaron el ajuste recurrido. Se agravia sobre lo argumentado por el ente fiscal sobre la falta de identificación de los beneficiarios, cuando de la prueba incorporada surgía todo lo contrario, es decir, la perfecta identificación de los beneficiarios y proveedores de los servicios contratados.
Afirma que los datos del comisionista al cual se le encomendó la tarea de gestión de las unidades para subcontratar fueron puestos en conocimiento de la AFIP y que la totalidad de las facturas fueron entregadas por este comisionista por servicios efectivamente contratados, prestados y pagados al proveedor, por lo que vuelve a insistir sobre que los beneficiarios estaban identificados, al surgir también de los remitos los proveedores que prestaron el servicio de transporte tercerizado. Añade que también aportó la información de las personas físicas que participaron de la efectiva presentación de los servicios contratados y de las unidades (camiones) afectadas a dichos servicios.
Concluye en que resulta arbitrario que se haya considerado que los proveedores no estaban identificados cuando entiende que se acreditó la existencia y realidad de los servicios involucrados, se proporcionaron los datos sobre los camiones afectados a la prestación del servicio de transporte y había un solo cliente (Cervecería Quilmes) que confirmó las contrataciones de los servicios.
Funda además la improcedencia del ajuste en la circunstancia de que las erogaciones fueron efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, lo que fue reconocido en la misma resolución apelada, por lo que insiste en que al estar acreditada la existencia de la operación, el costo, el pago y la identificación del beneficiario de la erogación, resulta inaceptable la posición de AFIP al pretender gravarlo con la salida no documentada.
Resalta la importancia de la documentación brindada durante la etapa administrativa, de la que surge la descripción de las operaciones y agrega que, por otro lado, las facturas impugnadas gozaban de CAI vigente a la fecha de su recepción, no estaban en la base apócrifa y cumplió con las normas sobre medios de pagos, por lo que asume que se trata de documentación fehaciente.
Concluye en que no recurrió a la adquisición ilegal de facturas apócrifas para bajar su costo impositivo, sino todo lo contrario, ratifica que recibió de proveedores habituales facturas válidas, de emisores inscriptos en la actividad contratada y, luego una vez abierta la inspección, se identificaron a los proveedores y beneficiarios. Por último ofrece prueba documental, instrumental, informativa y testimonial y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada pide que se revoque la resolución apelada en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. IF-2020-68706312-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
Manifiesta que la fiscalización entendió que los montos facturados correspondían a gastos deducibles en el Impuesto a las Ganancias debido a que los fletes fueron realizados, pero distinta solución cabía para el IVA y para el Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas dado que los proveedores observados eran apócrifos. Apunta que la recurrente minimiza las irregularidades detectadas y enfatiza el carácter formal de la facturación, para restarle importancia al hecho básico del ajuste, cuando reconoció la falsedad de la facturación atento la rectificación en el IVA del ajuste propuesto sobre premisas de hecho comunes.
Remite a las inconsistencias detectadas por la inspección para considerar apócrifos a los proveedores, siendo la principal característica la falta de capacidad operativa y/o económica para prestar los servicios facturados, más aún cuando varios de ellos estaban incluidos en la base E-apoc con anterioridad a las presentes actuaciones como usina de facturación apócrifa o habían sido denunciados en la causa penal que origina las presentes actuaciones, por lo que al verificarse la salida de los fondos de las cuentas de la recurrente corresponde la aplicación del Impuesto a las Ganancias - Salidas no documentadas.
Remarca que si bien la actora intenta destacar que las operaciones se llevaron a cabo con su cliente (Cervecería Quilmes), en modo alguno trata de demostrar que las operaciones fueron realizadas por los proveedores que emitieron las facturas, es decir que no ofrece ninguna probanza en aras de demostrar que los proveedores impugnados en realidad son verdaderos.
Alega que la facturación por la cual se pretenden respaldar las operaciones resulta falsa, por lo que cabe calificar la erogación como Salida no Documentada con fundamento en los indicios colectados que demuestran que en modo alguno pueden haber sido llevadas a cabo con los proveedores, sin que la inclusión o no en la base Apoc haya sido un motivo determinante.
Sobre los intereses resarcitorios, pide que sean confirmados debido a que no se plantean agravios y han sido liquidados en conformidad con el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal.
Por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que por PV-2021-20719982-APN-VOCXII#TFN se admitió la prueba informativa y PV-2021-83957794- APN-VOCXII#TFN teniendo en cuenta que los oficios librados al Banco Santander Río S.A. no fueron respondidos se dio por decaído el derecho a producir dicha probanza y se declaró cerrado el período de instrucción.
Que por PV-2021-104378081-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y por IF- 2021-116210968-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que conforme se desprende de las actuaciones de autos la recurrente se encuentra inscripta en la actividad de servicios de transporte automotor de cargas y el cargo reconoce origen en la causa penal “ACTUACIONES S/ LEY 24.769 – DESPRENDIMIENTO DE LA CAUSA Nº 18564/2017 caratulada “SERAFINI, LELIO Y OTROS S/ SRIO. AV. ASOCIACIÓN ILICITA TRIBUTARIA FISCAL (FATURAS ELECTRÓNICAS). DT.
DIR. REG. ROSARIO AFIP-DGI”, en la que se investigaba la existencia de una asociación ilícita tributaria destinada a la creación de usinas o empresas de cartón y a la comercialización de facturas electrónicas apócrifas, facturas duplicadas o mellizas de empresas legitimas, como también de facturas manuales y tickets fiscales apócrifos.
Que ello así, se inició la fiscalización en el Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado y se procedió a impugnar el crédito fiscal y los gastos originados en facturas apócrifas, y teniendo en cuenta la documentación de respaldo sobre la cancelación de las operaciones -cheques- se calculó el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas.
Que los proveedores involucrados en la facturación apócrifas son Compañía de Transporte y Distribución S.A., Giancinti Italo, Jose; Nuñez, Karina Marisel; Rearte, Rubén; Sucesión de Vairo Josefa; Velez, Ezequiel Leandro; Godoy, Oscar Adolfo; Desarrollos Agropecuarios S.R.L., Oxandaburu, Gerardo Raúl; Necci, Ángel Dante; Tranqueras Abiertas S.A.; Guava S.A.; respecto de los cuales se presentaban las siguientes irregularidades: se encontraban cargados en la base Apoc como usina sin capacidad económica o usina única actividad venta de facturas o fueron cargados con posterioridad por los mismos motivos, los domicilios fiscales estaban abandonados, eran inexistentes, o correspondían a casas de familia o a otros contribuyentes, sus proveedores negaron haber operado con ellos, no poseían empleados o camiones, no presentaban declaraciones juradas o las presentadas tenían inconsistencias, no registraban pagos de impuestos y no se localizaron a sus integrantes. En el caso de Compañía de Transporte y Distribución S.A., cabe remarcar que manifestó que le fueron sustraídos los puntos de facturación 2 y 5, los que se utilizaron para emitir facturación apócrifa y que nunca celebró operaciones con Expreso las Sierras S.A., mientras que con relación a Nuñez, Karina Marisel se advirtió que las actividades por las que se habilitó a nivel municipal eran distintas a las inscriptas en AFIP, y respecto de Rearte, Rubén se constató que el concepto facturado correspondía a servicios técnicos y asesoramiento y Guava S.A. estaba inscripta en múltiples actividades y había emitido facturas por conceptos diversos.
Que el personal actuante concurrió al domicilio de Cervecería y Maltería Quilmes S.A., cliente de la recurrente, para obtener información sobre los servicios de transporte facturados, lo que conllevó a mantener la impugnación del crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado dado el carácter apócrifo de los proveedores, ajuste que fue finalmente conformado, mientras que con relación al Impuesto a las Ganancias se arribó a la conclusión de que los fletes y traslados de la mercadería fueron efectivamente realizados, por lo que se admitió su deducción. Respecto del Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas se constató que efectivamente existió una salida de fondos debido a la acreditación en sus libros y a las órdenes de pago de las operaciones que identificaban los cheques emitidos y los recibos a nombre de los supuestos proveedores y en otras los pagos mediante transferencia bancarias. Sin embargo, se consideró que a pesar de haberse emitido los cheques a nombre de los supuestos proveedores se encuentra oculta la verdadera causa jurídica de su entrega como del verdadero destinatario de los mismos, por lo que se procedió a exigir el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas.
V. Que corresponde considerar si la resolución apelada se ajusta a derecho.
Que ante la postura fiscal la recurrente argumenta en su defensa que las facturas que instrumentaron las operaciones de transporte fueron emitidas por proveedores que no estaban en la base Apoc al tiempo de las contrataciones, las que además cumplían con la normativa vigente y alega que observó las normas que hacían al pago, por lo que se queja de que el organismo fiscal haya considerado que los beneficiarios de los pagos no estaban identificados cuando en el Impuesto a las Ganancias admitió la deducción del gasto al entender que los fletes efectivamente ocurrieron, a lo que agrega que además se hicieron todos a su mismo cliente, Cervecería y Maltería Quilmes S.A.
Que durante la etapa de fiscalización aportó documentación referida a las operaciones concertadas: facturas, remitos, copia de los cheques y también una planila de la que afirma se desprende la descripción y el detalle de todas las operaciones. Que dicha documental si bien fue considerada hábil para demostrar la materialidad del servicio de transporte y admitir así la deducción del gasto no permitió acreditar que dicho servicio haya sido prestado por los sujetos emisores de las facturas debido a su falta de capacidad operativa para ello, es decir que los proveedores que emitieron las facturas no son quienes intervinieron en la efectiva prestación del servicio, más aún cuando éstos no poseían bienes -rodados- es decir que carecían de la estructura necesaría para prestar un servicio de transporte, lo que conduce a que los verdaderos beneficiarios de la operación permanezcan ocultos. Que en lo que hace a la falta de inclusión de los proveedores en la Base Apoc, dicho argumento debe ser rechazado ya que la circunstancia de que un proveedor no se encuentre incluido en dicha base de datos no implica que posea capacidad operativa para operar debido a que la sola inclusión no constituye por sí misma el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se agregan las restantes constataciones efectuadas por el personal fiscalizador, las que ya fueron puestas de resalto.
Que uno de los argumentos de la recurrente radica en sostener que tenía un solo cliente, Cervecería y Maltería Quilmes S.A., quien confirmó las operaciones involucradas.
Que el personal actuante cursó requerimiento a la Cervecería para que aporte documentación de respaldo y obtuvo información sobre los transportistas, el dominio de los rodados, fecha y horario de ingreso e egreso de los transportes a los depósitos o plantas y aportó el listado con el total de las planillas de tránsito de cada uno de los fletes facturados, todo lo cual permitió concluir a la inspección que el servicio de transporte fue prestado pero no por los proveedores impugnados, motivo por el cual se mantuvo la impugnación del crédito fiscal computado, lo que fue luego admitido por la recurrente, y generó que se exija el ingreso del Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentados debido a las irregularidades que se presentan con relación a los proveedores, que impiden conocer quienes fueron los beneficiarios de los pagos.
VI. Que el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias establece que “cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) que se considerará definitivo”; mientras que el art. 38 de dicha ley dispone que "no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes, b) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos -por su monto, etc,- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Que cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana” del 26/8/2003 señaló: “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
21. Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las “salidas no documentadas” ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente).
23. Que, por lo demás, la doctrina del precedente de Fallos: 323:3376 lleva a descartar que el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria…”
Que en igual sentido se pronunció dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” donde al remitirse al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, sostuvo en su parte pertinente que “....ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”, reiterando dicho criterio en la causa “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI” de fecha 31 de julio de 2012.
VII. Que ante este Tribunal la recurrente, además de la prueba documental ya merituada, ofreció prueba testimonial, la que fue denegada por inconducente e informativa dirigida al Banco girador de los cheques emitidos -Banco Santander Río S.A.-, la que si bien fue admitida no fue respondida por la entidad oficiada, a pesar de los reiterados intentos, sin que al respecto haya mediado negligencia de la parte actora. Que de esta manera, no se introducen elementos de convicción que logren demostrar que la prestación del servicio de transporte haya sido proveída por los proveedores cuestionados debido a su falta de capacidad operativa para llevarlas a cabo, lo que no fue refutado con la prueba documental agregada en autos. Que con la labor desplegada por la inspección ha quedado demostrado que los proveedores no tenían la capacidad requerida para ejecutar la prestación del servicio de transporte -fletes-, al no poseer bienes muebles registrables - camiones- o inmuebles afectados a la actividad, empleados en relación de dependencia, no pudieron ser localizados en sus domicilios fiscales, no presentaban declaraciones juradas, entre otras inconsistencias, todo lo cual permitió concluir que carecen de la estructura económica y física (medios de transporte) necesaria y afín a la actividad supuestamente facturada, sin que haya rebatido tales conclusiones mediante elementos idóneos que reconstruyan el circuito comercial.
Que la información brindada sobre los pagos, no permite contradecir el criterio fiscal, al sostenerse que las sumas no fueron percibidas por los proveedores ya que éstos no fueron quienes llevaron a cabo las operaciones facturadas. Por lo que, de esta manera el beneficiario del pago de la operación reflejada en ese comprobante permanece oculto, generando una salida de fondos no documentada al carecer dicho instrumento de aptitud para individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
Que por lo tanto, al verificarse el presupuesto que hace a la aplicación del impuesto previsto en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias, es decir un beneficiario oculto, procede la confirmación del ajuste.
VIII. En lo que se refiere a los intereses resarcitorios reclamados, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. C.S.J.N., Citibank NA el DGI, 01/06/2000), por lo que al haber sido calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998), cabe disponer la confirmación de los mismos.
IX. Por lo cual, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. A partir de la doctrina emanada de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver las causas “Red Hotelera Iberoamericana” -en especial Considerandos 18, 19, 20, 21 y 23-, “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” y “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI”, sentencias del 26/8/2003, 27/9/2011, y 31/7/2012, respectivamente, el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias debiendo descartarse que la norma citada revista el carácter de una norma sancionatoria (conf. CSJN Fallos: 323:3376).
Que sobre el mentado instituto de salidas no documentadas se ha precisado que fue “adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (fallos: 323:3376). Los elementos necesarios para la configuración del aludido instituto son los siguientes: a) La necesaria existencia de una erogación, es decir una salida de dinero concreta, b) La carencia de documentación de la erogación o que se encuentre documentada con elementos falsos y c) La presunción iuris tantum: ante el indicio de una comprobación de una erogación efectivamente realizada y la ausencia de documentación que la respalde, o que, de existir, se verifiquen en torno a ella vicios insanables se presume la configuración del instituto de salidas no documentadas, la que admite prueba en contrario” (CNACAF, Sala IV, “Barragán Imaz SRL”, sentencia del 25/03/2014).
Que en autos, se advierte el hecho de que las irregularidades detectadas respecto a los proveedores Giancinti Ítalo José; Núñez, Karina Marisel; Rearte, Rubén; Sucesión de Vairo Josefa; Vélez, Ezequiel Leandro; Godoy, Oscar Adolfo; Desarrollos Agropecuarios S.R.L., Oxandaburu, Gerardo Raúl; Necci, Ángel Dante; Tranqueras Abiertas S.A.; Guava S.A.; resultan comunes, esto es: la falta de capacidad material y física para el desarrollo de la actividad facturada a la recurrente; concluyendo que ello escapa de la mera existencia de incumplimientos formales atribuibles a terceros (cfr. Sala I de la Alzada, in re “Las Tres Mulitas, sentencia del 9 de diciembre de 2015).
Ante ello, si bien la actora pone especial énfasis en que habría cumplido con la verificación de los requisitos formales acerca de la inscripción de los proveedores en la AFIP y su no inclusión en la Base Apoc, lo cierto es que no se desprende de estas actuaciones mayores datos que sirvan para contrarrestar las circunstancias descriptas que sirvieran como base para la impugnación efectuada.
Por su parte, específicamente en cuanto a Compañía de Transporte y Distribución S.A., surge de autos la negativa de haber operado con la aquí recurrente. En tal sentido, resulta procedente traer a colación lo resuelto por la Alzada al resolver la causa “Floriner S.A.” (Sala II, sentencia del 25 de noviembre de 2011), donde en la parte pertinente se dijo: “.... debe distinguirse en el caso la situación configurada en torno a la imposibilidad de ubicar a los proveedores denunciados, de la que resulta de su localización y comprobación de la efectiva prestación de los servicios que se dicen adquiridos. En efecto, el domicilio fiscal y el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los proveedores no resultan imputables a la contribuyente, que realizó operaciones comerciales con ellos. Sin embargo, si éstos niegan las operaciones y carecen de capacidad económica para desarrollarlas, corresponde a la actora acreditar la veracidad de lo declarado”.
Respecto a la inscripción y facturación en múltiples actividades, y la discordancia entre la actividad declarada al Fisco y por la que fuera habilitada en el municipio correspondiente (vide supuestos proveedores Guava S.A. y Núñez, Karina Marisel), torna aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema in re “Stop Car” (sentencia del 21 de agosto de 2013) en cuanto a que tales situaciones constituyen anomalías que dan cuenta de la falta de veracidad de las operaciones impugnadas, criterio ya receptado por el voto de esta juzgadora in re “Los Gallegos S.A. “, sentencia de esta Sala “D” del 29 de septiembre de 2017).
Atento las constancias de autos, cabe concluir que no se ha demostrado que las firmas objetadas fueran destinatarias de las erogaciones cuestionadas; frente a ello, resulta procedente la aplicación de lo dispuesto por el art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
En efecto, estimo pertinente citar el dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, Laura M. Monti, al que hace remisión el fallo “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI” antes citado, donde en su parte pertinente, dice que “.... ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”. Que el criterio allí fijado ha sido receptado por la suscripta en diversos precedentes, entre otros “Quality Work S.A.”, sentencia del 4 de junio de 2015 y Harengus S.A., sentencia del 26 de diciembre de 2018.
Que a tenor de lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste practicado en salidas no documentadas como así también la liquidación de accesorios, esto último teniendo en cuenta su naturaleza resarcitoria y el criterio restrictivo para su exención que impera en la materia fiscal (cfr. Fallos: 323:1315).
II. Por lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Costas a la vencida. La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Martín.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 535.263 (pesos quinientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y tres), equivalente a 86,89 (ochenta y seis con 89/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 1.338.154 (pesos un millón trescientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro), equivalente a 217,23 (doscientos diecisiete con 23/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 21/21 (01/10/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2021.12.09 17:09:22 -03:00 Date: 2021.12.09 17:18:53 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.09 20:46:55 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.09 20:46:56 -03:00
Fin de la sentencia