Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-24916156-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar in totum la Resolución 413/22, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17764-22-2017, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-87367268-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 8 de Septiembre de 2026 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “EXPRESO TIGRE IGUAZU S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente EX-2023-24916156- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que, en RE-2023-24895270-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución 413/22, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17764-22-2017, mediante la cual se le exige el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 985 y 987 del C.A., se ordena el comiso de las mercaderías y se le reclama el pago de los tributos que gravan la importación para consumo, con más intereses. En primer término, opone excepción de falta de legitimación pasiva con fundamento en que la actora no es la empresa prestataria del servicio de encomiendas, sino que lo es VIA BARILOCHE. Sostiene que las mercaderías secuestradas no fueron transportadas por la actora, conforme surge de las facturas y/o guías. Hace referencia al principio de personalidad de la pena. Alega que la aduana no fue diligente y que la Resolución apelada no es una derivación razonada de los hechos; por lo que es nula de nulidad absoluta. Asimismo, se agravia porque se denegó la prueba ofrecida en sede aduanera. Plantea la nulidad del auto de apertura de sumario por no cumplir con lo dispuesto en el art. 1094 del C.A. Opone excepción de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos y exigir la multa. En subsidio, aduce que no procede la multa porque no se configura el tipo toda vez que la actora no es tenedora de la mercadería con fines comerciales e industriales. Alega que la actividad principal de la firma es la prestación de servicio de transporte público por automotor de pasajeros. Además, sostiene que la mercadería es de origen y envío nacional. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
II. Que, en IF-2023-62686281-APN-DTD#JGM se presenta el fisco y contesta el traslado que le fuera conferido. En primer término, realiza una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Efectúa una breve reseña de los hechos. En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva, aduce que las actas de procedimiento son instrumentos públicos; por lo que hacen plena fe de su contenido mientras no sean redargüidas de falsas –lo que no ocurrió-. Respecto al planteo de nulidad, aduce que en el procedimiento administrativo se respetaron todas las etapas administrativas y procesales. Asimismo, aduce que no se encuentra prescripta ni la acción del fisco para percibir los tributos ni exigir la multa. Hace hincapié en que la infracción imputada en autos se encuentra relacionada con el delito de contrabando. Aduce que el tenedor de las mercaderías fiscalizadas es el que deberá justificar la lícita tenencia en plaza de la mercadería –lo que no ocurrió-. Concluye que se configura la infracción tipificada en el art. 985 y 987 del C.A. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que, se tiene por contestado el traslado. En PV-2023-95835173-APN-VOCXVIII#TFN se abre la causa a prueba, la que luce en IF-2023-141746219-APN-SGASAD#TFN e IF-2023-141751772-APN-SGASAD#TFN. Con posterioridad, se certifica la prueba. Se declara la clausura del período probatorio, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a alegar. Lucen los alegatos. Se ponen autos a sentencia.
IV. Que, las actuaciones administrativas SIGEA 17764-22-2017, 17764-27-2017, 17764-90-2017, 17764-91-2017, 17764-96-2017, 17764-97-2017, 17764-99-2017, 17765-102-2017, 17764-111-2017 y 17764-109-2017 se inician con copia certificada de oficio judicial, copia certificada de orden de apertura de encomienda, acta de apertura de encomienda de guía R547200002177, B6472-00002310, 1191887, VB-B-6472-00002527-0001, VB-B-6472-00002527-0002, VB-B- 6472-00002527-0003, VB-R-5472-0000281, VB-R-5472-000024445-0001, VB-R-5472-000024445-0002, VB-R-5472-
00002440-0001, 001R54720001678, VB-R-5472-00002804-0001, VB-R-5472-000002804-0002, VB-R-5472-00002675- 0001 y VB-R-5472-00002675, transportados por la empresa de transporte EXPRESO TIGRE IGUAZU S.A. Después, se glosan Acta y Boleta de Interdicción de mercadería. A fs. 7, 15, 25, 49, 62, 70, 78, 86 y 94 se efectúan planilla de verificación y aforo.
Que, con posterioridad se acumulan las actuaciones administrativas referidas y a fs. 102/103 el 11-10-17 se instruye sumario por la infracción tipificada en el art. 985 y 987 del C.A. y se corre vista a la firma. A fs. 110 se notifica de la corrida de vista la actora el 18-10-19. A fs. 111/114 contesta la vista conferida. A fs. 120 se la tiene por presentada, por contestada la vista y no se hace lugar a la prueba ofrecida. A fs. 122/123 se glosa el dictamen. A fs. 124/126 luce la Resolución 413/22, apelada.
V. Que, en primer término, corresponde analizar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la actora con fundamento en que no tuvo intervención alguna en los hechos.
Que, conforme surge de las actas de Apertura de Encomiendas y del Acta y Boleta de Interdicción de mercadería –suscriptas por testigos, aduana y Gendarmería Nacional- la mercadería es transportada por la empresa de transporte de pasajeros “EXPRESO TIGRE IGUAZU S.A.”
Que, las referidas actas son instrumentos públicos; por lo que hacen plena fe de su contenido mientras no sean redargüidos de falsos –lo que no ocurrió ni en esta instancia ni en sede aduanera-.
Que, asimismo, no escapa a la vista del suscripto que la actora al contestar la vista que le fuera conferida dice que: “Mi representada únicamente aparece en los hechos como transportista de la mercadería, intermediando entre la prestataria postal y destinatario (…)” – el resaltado me pertenece, ver fs. 112 vta. de las actuaciones administrativas-. Que, en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar este agravio.
VI. Que, seguidamente, corresponde expedirse respecto del planteo de nulidad opuesto por la actora por la denegación de la prueba ofrecida en sede aduanera.
Que, el mismo no puede prosperar debido a la posibilidad en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, sin restricción alguna.
Que es por ello que las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que resulta así de aplicación al caso la doctrina de la Corte Suprema que sostiene que “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior.” (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393).
VII. Que, a continuación, se debe analizar el planteo de nulidad del auto de apertura de sumario por no cumplir con lo dispuesto en el art. 1094 del C.A.
Que, el referido auto de fecha 11-10-17 dice: “Visto el estado de las presentes actuaciones iniciadas por personal de Gendarmería Nacional, donde estos primeros son generados por el Escuadrón 16 Clorinda, en la Ruta Nacional 11 en el control Fermín Rolón Ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, se procedió a la interdicción de paquetería, en varias ocasiones que eran transportadas en bodega, por la empresa de ómnibus de transporte de pasajeros EXPRESO TIGRE IGUZU SRL.
Que, luego de aperturadas las encomiendas con las correspondientes órdenes judiciales, contenían en su interior mercadería de origen extranjero sin el aval aduanero correspondiente que justifique su legal ingreso a plaza. Confeccionando para ello las Actas de estilo y dando origen a las actuaciones y denuncias que se detallan (…) ORDENAR LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO CONTENCIOSO en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A.
imputándose prima facie a EXPRESO TIGRE IGUAZU S.R.L. las infracciones previstas y sancionadas por la infracción al art. 987 y/o 985. (…)”
Que, considero que el auto de apertura de sumario referido es válido en razón de que en el mismo lucen consignados los hechos y se dictó en virtud de los oficios judiciales que autorizan la apertura de encomiendas. Asimismo, se efectúan las planillas de aforo y liquidación aduanera previamente.
VIII. Que, entonces, resultando válido el auto de apertura de sumario conforme lo expuesto en el considerando anterior, corresponde tratar la excepción de prescripción tributaria opuesta por la actora.
Que, el art. 803 del C.A. establece: "Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera" y el art. 804 dispone: "La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 803 comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. No obstante: a) cuando el hecho gravado constituyere un ilícito y no pudiere precisarse la fecha de su comisión, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de sus constatación; b) cuando se tratare de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de dicho incumplimiento o, en caso de no poder precisársela, al de la fecha de su constatación.” Que, no se encuentra discutido que los hechos ocurrieron en el año 2017; por lo que el inicio del cómputo de la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos es el 1-1-18.
Que, entonces, de no mediar causales suspensivas del curso de la prescripción tributaria, la misma opera el 31-12-23 –en virtud de lo dispuesto en el art. 17 de ley 27.562-.
Que, en consecuencia, habiéndose dictado la Resolución apelada el 1-12-22, la misma se dictó dentro del plazo quinquenal.
IX. Que, a continuación, se debe analizar el planteo de la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa. Que el art. 934 establece: "La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años" y el art. 935: “La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 934, comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación".
Que, el art. 937 inc. a) del CA dispone: "La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario".
Que, comienza el cómputo de la prescripción de la acción del fisco para reclamar la multa el 1-1-18 –los hechos datan del año 2017-; y de no mediar causales interruptivas de su curso operaría el 31-12-23 –en virtud de lo dispuesto en el art. 17 de la ley 27.562-.
Que, corresponde aclarar que, como el 11-10-17 se instruyó sumario, el referido acto no tiene virtualidad para interrumpir el curso del plazo prescriptivo, atento a que se dictó con anterioridad al inicio de su cómputo.
Que, entonces, el mismo opera el 31-12-23; por lo que habiéndose dictado la Resolución apelada el 1-12-22 la misma fue dictada dentro del plazo aludido.
X. Que, a continuación, se debe analizar el fondo: esto es si resulta ajustada a derecho la Resolución 413/22, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17764-22-2017, mediante la cual se le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 985 y 987 del C.A., se ordena el comiso de las mercaderías y se le reclama el pago de los tributos que gravan la importación para consumo, con más intereses.
Que, en lo que aquí interesa, de la lectura de las actuaciones administrativas surge que las mismas se inician como consecuencia de diversos procedimientos llevados a cabo por Gendarmería Nacional Argentina, en los cuales se secuestraron encomiendas transportadas por la actora.
Que, aperturadas las encomiendas, con las correspondientes órdenes judiciales, se constató que contenían en su interior mercaderías varias – de origen y procedencia extranjera-, que no contaban con la documentación respaldatoria que justifique su legal ingreso a plaza.
Que, puntualmente, la mercadería constatada –la que se encontraba en bultos dentro de los ómnibus transportados por la firma EXPRESO TIGRE IGUAZU- es:
-107 paquetes por 10 unidades de display para celulares -34 cartones de cigarrillos marca VIP, industria paraguaya -20 cartones de cigarrillos marca RODEO -60 cartones de cigarrillos marca MILL -43 cartones de cigarrillos marca RODEO -20 cartones de cigarrillos marca RODEO -23 cartones de cigarrillos marca PHILPIS MORIS -75 cartones de cigarrillos marca RODEO -25 cartones de cigarrillos marca MILL -29 cartones de cigarrillos marca RODEO -50 cartones de cigarrillos marca EIGHT -58 cajas por 20 unidades de lentes -1 caja por 12 unidades de lentes Que, conforme surge de los oficios judiciales que dan inicio a las actuaciones administrativas, en las guías –las que se glosan en esta instancia- se indican los datos de los remitentes y destinatarios de la mercadería.
Que, asimismo, de las Actas y Boleta de Interdicción de Mercadería surge que la misma es de origen extranjera –de Paraguay-.
XI. Que, sentado lo expuesto, corresponde aclarar que el art. 987 del C.A. establece: "El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero que aquella fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de 1 a 5 veces su valor en plaza. A los efectos de la comprobación de la legítima introducción a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el hecho encuadrare en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986.”
Que, según resulta de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, el objeto de la figura imputada en autos -que requiere la tenencia a cualquier título "con fines comerciales o industriales"- es sancionar residualmente al contrabando, "... ya que al consistir en la comercialización de la mercadería supuestamente objeto de aquél, juega necesariamente como su complemento".
Que, se resguarda, por ende, la legítima introducción de mercaderías de origen extranjero, sancionándose en consecuencia al tenedor de ellas que no acredite dicha legitimidad ante la inspección aduanera. Al respecto, el régimen impone el principio de la inversión de la carga de la prueba respecto de la referida legal introducción, prueba a cargo del tenedor que –en principio- consistirá, según la mercadería de que se trate y en lo que aquí interesa, en acompañar la documentación aduanera habilitante de su ingreso.
XII. Que, en consecuencia, corresponde analizar si en el caso se reúnen los requisitos para tener por configurada la infracción tipificada en el art. 987 del C.A.; y, por ende, si resulta ajustada a derecho la multa y el comiso. Que, primero, se debe aclarar, que la recurrente inviste la calidad de "empresa de transporte", lo cual no se encuentra discutido en autos y ha sido acreditado en las actuaciones administrativas con la documentación aportada por el propio servicio aduanero extraída del sistema informático de la AFIP a fs. 107 de las actuaciones administrativas. Que, en tal sentido, no tiene fines comerciales o industriales respecto de la mercadería transportada, sino que en cumplimiento de un contrato de transporte lleva las mercaderías de un lugar a otro. El propósito comercial que pueda tener para desarrollar la actividad que desempeña, es decir el transporte a título oneroso de la mercadería, no constituye el fin comercial que la normativa exige que debe tenerse sobre la propia mercadería.
Que el fin comercial de estas figuras infraccionales refiere a la “comercialización o industrialización de la mercadería” supuestamente introducida de modo ilegal y no al mero transporte de las mismas. En este punto debe recordarse que esta figura consiste -así se lo dice en la Exposición de Motivos del C.A.- en la “comercialización de mercadería presuntamente proveniente de contrabando”.
XIII. Que, si bien lo expuesto es suficiente para revocar la Resolución apelada, corresponde aclarar que no escapa a la vista del suscripto que en el Dictamen –en el que se basa la Resolución apelada- el fisco dice: “(…) no se ha podido identificar la existencia de personas identificadas en los envíos en trato como remitentes y/o destinatarios, lo cual permite inferir que la empresa sumariada no transportaba la mercadería en infracción en virtud de un contrato de transporte con esas supuestas personas, sino que las trasladaba a título personal, resultando por ende tenedora, en los términos de los arts. 985 y 987 del C.A.” –ver fs. 123 de las actuaciones administrativas-.
Que, el argumento referido es inadmisible, no siendo idóneo para justificar la condena impuesta a la actora. Que, en efecto, contrariamente a dichos fundamentos, se advierte del análisis de las actuaciones administrativas que en los oficios judiciales se hace referencia a las guías y se detallan los datos de los remitentes, destinatarios e incluso los domicilios; no obstante lo cual no surge de las actuaciones acto alguno por parte del servicio aduanero, tendiente a verificar o investigar –o al menos intentarlo- la información con la que contaba.
Que, en definitiva, la aduana debió efectuar una investigación completa y exhaustiva a los efectos de determinar los presuntos responsables e imputar la infracción –lo que no hizo-.
Que, de todo lo expuesto, cabe concluir que la actora tenía la mercadería extranjera afectada al servicio de su transporte de buena fe y sin el fin comercial o industrial que requiere la infracción imputada, por lo que no se han configurado en autos los elementos constitutivos de la misma, correspondiendo, en consecuencia, revocar in totum la Resolución apelada.
XIV. Que, por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, voto por:
Revocar in totum la Resolución 413/22, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17764-22-2017, con costas. El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I. Que comparto el relato de los hechos y antecedentes efectuado por el Sr. Vocal preopinante, a los que me remito por razones de brevedad, así como el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva y de los planteos de nulidad articulados por la actora (considerandos V a VII), y el análisis por el cual se concluye que ni la acción del Fisco para percibir los tributos ni la acción para imponer la multa se encuentran prescriptas (considerandos VIII y IX). Comparto, asimismo, en lo sustancial, el considerando XII: la actora reviste la calidad de empresa de transporte, y el propósito comercial que pueda tener en el desarrollo de esa actividad —el transporte a título oneroso de la mercadería— no equivale a la finalidad comercial que los arts. 985 y 987 del C.A. exigen sobre la propia mercadería transportada. Así lo tiene resuelto esta Sala de manera constante, entre otras, en "CRUCERO DEL NORTE S.R.L. c/D.G.A." (sent. del 31/10/2023) y en "BALUT HNOS. S.R.L. c/D.G.A." (sent. del 7/5/2024, voto del propio Sr. Vocal preopinante, al que tuve oportunidad de adherir sin salvedades).
Comparto también el rechazo, en el considerando XIII, del argumento fiscal según el cual la falta de datos de remitentes o destinatarios permitiría presumir que la transportista poseía la mercadería a título personal: esa inferencia invierte la carga que corresponde a la Aduana, y aquí, además, se asienta sobre una premisa fáctica errónea, en tanto las guías sí consignaban esos datos y fue el propio servicio aduanero el que omitió investigarlos.
II. Disiento, sin embargo, en un punto puntual: la revocación "in totum" que propone el Vocal preopinante no debería alcanzar, a mi juicio, al comiso de la mercadería, y la conducta de la transportista tampoco debería quedar sin ninguna consecuencia.
III. Que el comiso no es una pena accesoria que dependa de que se tenga por acreditada la responsabilidad personal de quien transportaba la mercadería, sino una consecuencia que recae sobre bienes cuya introducción lícita nunca fue demostrada y que nadie reclamó como propios.
En el caso, se trata de mercadería de origen extranjero —paraguayo, según las propias actas de interdicción— consistente en displays para celulares, numerosos cartones de cigarrillos de distintas marcas y lentes, respecto de la cual no se acompañó, ni en sede administrativa ni ante este Tribunal, documentación aduanera habilitante de su importación. Tampoco compareció en estas actuaciones remitente, destinatario ni tercero alguno a reclamarla como propia o a acreditar su lícito ingreso al país.
La ausencia de responsabilidad personal de EXPRESO TIGRE IGUAZU S.A. —fundada, como queda dicho, en que su tenencia fue la propia de un transportista y no la de quien persigue un fin comercial sobre la mercadería— no se proyecta sobre esa condición objetiva de los bienes. Corresponde, en consecuencia, confirmar el comiso de la mercadería dispuesto en la Resolución 413/22, con la aclaración de que el destino concreto que en definitiva se le dé compete a la Dirección General de Aduanas, según la naturaleza de cada categoría de bienes y el régimen que a cada una resulte aplicable.
IV. Que la ausencia de responsabilidad de la transportista bajo los arts. 985 y 987 del C.A. tampoco implica que su conducta deba quedar sin consecuencia alguna.
Conforme los arts. 130 y 132 del C.A., todo medio de transporte que arribare al territorio aduanero debe presentar, inmediatamente después de su llegada, el manifiesto de la carga que transporta, cuya presentación equivale a una declaración sobre su contenido (art. 956, inc. c), del C.A.). La mercadería aquí secuestrada fue hallada en la bodega del medio de transporte de la actora sin haber sido incluida en manifiesto ni declaración alguna presentada al servicio aduanero; su detección se produjo exclusivamente por la intervención de Gendarmería Nacional, ajena a cualquier presentación de la transportista. Ese incumplimiento compromete directamente la función de control que el servicio aduanero debe ejercer sobre el tráfico internacional de mercaderías, y configura la infracción prevista en el art. 995 del C.A.
Los hechos que sustentan esa calificación —el transporte de la mercadería sin manifestación ante la Aduana— son los mismos que motivaron el sumario, la vista y la defensa en estas actuaciones; sólo varía el encuadre jurídico que corresponde asignarles, tarea que compete a este Tribunal por aplicación del principio iura novit curia, en tanto no se introducen hechos nuevos ni se agrava la situación de la actora, sino que, por el contrario, se la sustituye por una calificación considerablemente más benigna que la que motivó la Resolución apelada.
En consecuencia, corresponde recalificar la conducta de EXPRESO TIGRE IGUAZU S.A. en los términos del art. 995 del C.A. e imponerle la multa allí prevista en su máximo —PESOS DIEZ MIL ($10.000)—. Dado lo exiguo de la escala frente a cualquier graduación posible, según expongo en el considerando siguiente, en lo sucesivo aplicaré directamente ese máximo legal en los casos análogos que se presenten, sin que la entidad relativa del incumplimiento verificado en cada caso justifique el esfuerzo de graduar dentro de un rango que, en la práctica, carece de recorrido significativo.
V. Que no puedo dejar de señalar, una vez más, la escasa entidad represiva que en los hechos conserva esta sanción. El art. 995 del C.A. prevé una multa de pesos mil ($1.000) a pesos diez mil ($10.000). El mecanismo de actualización automática que preveía el art. 996 del C.A. —al igual que el que regía para el resto de las infracciones aduaneras bajo el art. 926, derogado el 1/4/1991 por el art. 10 de la ley 23.928— quedó neutralizado por la prohibición de indexar del régimen de convertibilidad, y nunca fue restablecido pese a que aquel contexto de paridad cambiaria desapareció hace más de dos décadas. Junto a los Dres. Santiago Alejandro Alais, Pablo Sebastián Borgna y Juan Manuel Francia he desarrollado este problema —el de la depreciación de la pena en materia de infracciones aduaneras— en "Los recursos fiscales en tiempos de coronavirus" (elDial.com, cita DC2A23, 15/4/2020): la combinación de un monto nominal fijo, que no devenga intereses hasta que la sentencia queda firme, con la extensa duración de los procesos infraccionales, erosiona dramáticamente el valor real de la multa al momento de su efectivo cobro. Una pena deja de ser pena cuando su monto deviene, por el mero transcurso del tiempo y la ausencia de mecanismos idóneos de actualización, en una suma irrisoria. Dejo sentada esta reflexión sin que ella pueda traducirse en una elevación pretoriana del monto legalmente previsto, cuya fijación corresponde al legislador; pero sí como un llamado de atención sobre la urgencia de dotar a las escalas de los arts. 994 y 995 del C.A. de parámetros de actualización que efectivamente operen.
VI. Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución 413/22, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17764-22-2017 y acumuladas, en cuanto condena a EXPRESO TIGRE IGUAZU S.A. al pago de una multa por la infracción prevista en los arts. 985 y 987 del C.A.
2. Confirmar el comiso de la mercadería dispuesto en dicha resolución.
3. Recalificar la conducta de EXPRESO TIGRE IGUAZU S.A. en los términos del art. 995 del C.A. e imponerle una multa de PESOS DIEZ MIL ($10.000).
4. Imponer las costas a la actora.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar in totum la Resolución 413/22, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17764-22-2017, con costas.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.09.07 14:24:57 ART Date: 2026.09.08 17:17:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.08 21:41:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.08 21:42:45 -03:00
Fin de la sentencia