Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77503
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº8 del Departamento Judicial de La Matanza para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se remitirán allí las actuaciones y se las radicará electrónicamente para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
B.77.503 “CASTAÑARES ANA MARIA Y OTRO/A C/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ EXPROPIACION - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. Ana María Castañares y Miriam Estela Castañares deducen una acción de expropiación inversa contra la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de obtener una indemnización con motivo de la expropiación que se dispusiera para el funcionamiento de un establecimiento educativo de gestión estatal en el año 2010 a través de la ley 14.102 sobre el inmueble del cual alegan ser titulares registrales y que identifican catastralmente como Circunscripción V, Sección F, Manzana 173, Parcelas 13 a y 15, del Partido de La Matanza.
Del relato de los hechos se desprende que las actoras fundaron sobre el inmueble en cuestión el Instituto Privado "Enrique Vázquez Feijóo" que daba acogida a un promedio de 700 alumnos. Comentan que, tras varios años de la puesta en marcha de dicho establecimiento y ante la emergencia económica, se logró convenir una subvención estatal del 100% y un monto por cada alumno matriculado.
Explican, sin embargo, que en el año 2009 la Dirección de Educación de Gestión Privada retuvo sin razón alguna (sumario previo, ni resolución fundada) aquellas sumas destinadas al pago de haberes de los docentes, situación que dio pie a que dedujeran una acción de amparo que, posteriormente, al no arrojar los resultados esperados, llevó a la suspensión de clases por falta de personal.
Dicen verse perjudicadas toda vez que la tenencia del inmueble litigioso que actualmente se encuentra en cabeza del Estado provincial -ello luego de varios episodios de violencia y de que así le fuera reconocido mediante la resolución 632/10-, se habría efectuado sin depositar las respectivas sumas de dinero que apareja un proceso de tales características. Por tal motivo, habiendo transcurrido el plazo legal para que el Estado realizara el pago de dichas sumas sin haberlo hecho, es que se presentan a la instancia judicial.
Asimismo, solicitan se declare la inconstitucionalidad de la ley 11.192 como de su decreto reglamentario 960/1992, en cuanto prevén -contrariamente a lo contemplado en el ámbito nacional y a la Ley General de Expropiaciones- la indemnización del proceso expropiatorio mediante la emisión de bonos (cfr. segundo documento adjunto al despacho electrónico de fecha 2-VI-2020).
II. La causa se inició en el año 2010 ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº8 del Departamento Judicial de La Matanza.
Ello así, habida cuenta de la alegación que formularan las actoras de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 5.708 (conf. apdo. VII de su escrito inicial).
En lo que respecta a la contienda negativa cuya configuración suscita la intervención de esta Corte, es menester señalar que, con posterioridad a que se efectuaran diferentes actos procesales -entre los que cabe puntualizar la ampliación en el plazo para contestar la demanda (de fecha 17-X-2011), la desparalización del expediente (de fecha 31-VII-2013), la regulación provisoria de honorarios (de fecha 12-III-2015), la formación de los cuadernos de prueba con su respectiva certificación (de fecha 8-X-2019) y la formulación de alegatos (de fecha 1-XI-2019)-, la titular del órgano dispuso -sin apoyatura normativa- la vista al agente fiscal, a fin de que se expida sobre su competencia para entender en el caso.
Ello cumplimentado y en línea con lo dictaminado por dicho funcionario, la magistrada se declaró incompetente para seguir interviniendo en el asunto.
En el entendimiento de que el de autos era un caso propio del ámbito de conocimiento asignado el fuero especializado en lo contencioso administrativo, por tratarse de una controversia que versa sobre "limitaciones al dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones" (art. 2 inc. 9, CCA), le pasó el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental (v. resol. electrónica de fecha 30-VII-2020).
Sin embargo, el juez de ese organismo, una vez recibidas las actuaciones en soporte papel y luego de ordenar que la parte demandada sea notificada de la inhibición de su par preactuante, se negó a asumir la competencia que se le había asignado, considerando -fundamentalmente- que la declaración de incompetencia de la jueza que previno había sido extemporánea.
De tal manera y sin perjuicio de la competencia material, planteó formalmente el conflicto de competencia, sometiendo el incidente ante esta Suprema Corte de Justicia para que lo dirima con arreglo a la previsión del artículo 7 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo (cfr. sent. interlocutoria de fecha 19-X-2021, obrante en el expediente electrónico).
III. Este Tribunal ya se ha expedido sobre la oportunidad que tienen los jueces para declarar su incompetencia de oficio.
En tal sentido ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida ésta, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrúa González", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 72.279, "Reficco", resol. de 13-III-2013; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.808, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires" y B. 74.806, "Lewin", ambas resol. de 6-IX-2017; B. 75.404, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 17-X-2018; B. 75.877, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-VIII-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.384, "Consejo Profesional de Química", resol. de 2-IX-2020; B. 76.945, "Matti", resol. de 16-VI-2021; B. 77.105, "Tellería", resol. de 15-VII-2021; e.o.).
IV. En la especie, permitir que la causa cambie de fuero cuando la jueza en lo civil y comercial aceptó la competencia, sustanciándose ante ella la casi totalidad del proceso -al punto de encontrarse el expediente en la etapa de autos para dictar sentencia (conf. proveído electrónico de fecha 12-V-2020)-, conspira contra la observancia de los aludidos principios cardinales y se opone a expresas reglas del ordenamiento adjetivo (cfr. arts. 2, 4, 8, 9, 10 y 350 y concs., CPCC; doctr. causas B. 72.279, "Reficco", resol. de 13-III-2013; B. 73.319, "Levin Hermanos SAIAFEI", resol. de 8-X-2014; B. 73.524, "Rodríguez", resol. de 8-IV-2015; B. 75.544, "Valderrey", resol. de 19-XII-2018; e.o.).
V. Por tales fundamentos, al haber quedado definitivamente establecida su competencia, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº8 del Departamento Judicial de La Matanza el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº8 del Departamento Judicial de La Matanza para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se remitirán allí las actuaciones y se las radicará electrónicamente para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/02/2022 17:16:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/02/2022 18:06:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/02/2022 20:27:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/02/2022 10:58:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/02/2022 11:13:40 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/02/2022 11:25:45 hs. bajo el número RR-13-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia