Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79614
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la recusación formulada por la parte demandada en su presentación de fecha 4 de octubre de 2024 (arts. 1° y 161, Const. prov., 14, 17, 21 y conc., CPCC y 31, ley 5.827).
A.79.614 "FISCALIA DE ESTADO - PCIA. BS.AS. C/ CAPUCCIA INMACULADA S/ EXPROPIACION DIRECTA - OTROS JUICIOS -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-"
I. Con fecha 4 de octubre de 2024, la señora Ana María Duclos y el señor Alberto Eduardo Uhalde plantean la existencia de una “situación ética incompatible con el ejercicio jurisdiccional de ese Excmo. Tribunal en el caso, que amerita la necesidad de resolver acerca de su inhibición”.
Al respecto, arguyen que se vulneraría seriamente el principio de igualdad ante la ley y el derecho de defensa en juicio si fuese el “propio” poder expropiante quien a su arbitrio estableciera el valor a conceder con motivo de la desposesión del inmueble de su titularidad, en el marco del proceso instado a tal efecto. En esta línea, interpretan que la Suprema Corte –en su rol institucional de cabeza del Poder Judicial provincial- se transformaría “en juez y parte”, lo que atentaría contra los estándares de independencia y neutralidad que caracterizan la función judicial.
Concluyen, respecto de la conformación del órgano, que “para mantener la igualdad quienes decidan deberían ser ajenos al poder expropiante para asegurar la verdadera imparcialidad y, en tal sentido, deberían ser los conjueces designados entre los abogados de la matrícula” quienes decidan en este pleito.
II. Cabe recordar que la intervención de los jueces naturales que integran un órgano es una de las garantías constitucionales que asegura el debido proceso en todas las causas, por lo que su alejamiento debe ser de especial consideración (arg. arts. 18, Const. nac. y 10, Const. prov.).
De este modo, el instituto de la recusación -al igual que el de la excusación- se erige como un mecanismo de excepción, cuya aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural aludido, en miras de tutelar la imparcialidad de los magistrados llamados a intervenir en un determinado asunto (doctr. causas C. 91.744, "Luchessi", sent. de 11-III-2009; A. 75.491, "Mehl", resol. de 21-VIII-2019; B. 76.823, "Isa", resol. de 10-III-2021 y CSJN Fallos: 326:1512).
Este hecho conduce a postular su interpretación restrictiva, dado que solo procede en los supuestos taxativamente establecidos para casos extraordinarios (doctr. causas Ac. 87.654, "Grezlak", resol. de 11-VIII-2004; C. 117.565, "Jockey Club", resol. de 26-VIII-2015 y sus citas).
De allí que el propio órgano jurisdiccional deba examinar si el pedido de apartamiento ha sido deducido en forma y con causa legal, estando habilitado para desecharlo sin darle curso si no concurren tales requisitos (doctr. causas Ac. 67.705, "Ticona Valdivia", resol. de 2-IX-1997; C. 112.932, "Resera", resol. de 4-V-2011; C. 116.994, "Supermercados Toledo", resol. de 8-V-2013 e I. 77.988, “Ferraro”, resol. de 12-VII-2022).
En consonancia con ello, inveterada doctrina del Máximo Tribunal nacional indica que cuando las recusaciones formuladas por las partes son manifiestamente inadmisibles deben ser desestimadas de plano (CSJN, Fallos: 205:635; 240:123; 244:506; 270:415; 274:86; 280:347; 303:1943; 310:2937; 314:415; entre muchos otros).
III. Bajo tales premisas, el planteo recusatorio, del modo en que ha sido propuesto, resulta manifiestamente inadmisible.
III.1. En primer lugar, es necesario recordar que el art. 14 del Código Procesal Civil y Comercial veda la posibilidad de recusar sin causa a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia; por lo que, para lograr el apartamiento de algún miembro del Tribunal, debe indefectiblemente invocarse de manera razonada alguno de los supuestos contemplados en el art. 17 del ordenamiento de rito.
Así pues, dejando a salvo las deficiencias técnicas que podrían endilgarse al escrito bajo examen e interpretando que la intención de la parte demandada ha sido denunciar un presunto interés en las resultas del pleito, no es posible hacer lugar a lo peticionado.
Ello por cuanto, la causal invocada debe tener apoyo en circunstancias objetivamente comprobables con aptitud para justificar el apartamiento de los jueces por hallarse comprometida su imparcialidad, extremos que –a todas luces- no concurren en el sub examine , pues los fundamentos en los que se asienta el pedido recusatorio vinculados a la duda de parcialidad, no se sustentan en razones valederas, sino en una absoluta desinteligencia del reparto de las funciones estatales establecido a partir de la adopción de la forma republicana de gobierno (conf. arts. 1°, Const. nac. y 1°, 161, 163 y 166 in fine , Const. prov.).
III.2. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la noción de equilibrio de poder, basado en un sistema de frenos y contrapesos, constituye el principio rector de la teoría de división de poderes sobre la que se afirma el sistema republicano de gobierno. Ello ocurre en nuestro diseño constitucional, en el que cada uno de los poderes controla a los demás: por ejemplo, el Poder Legislativo puede remover a jueces del Máximo Tribunal y al titular del Ejecutivo y a sus ministros; el Poder Ejecutivo puede vetar proyectos de ley sancionados por el Congreso e indultar, incidiendo en este caso sobre lo decidido por los jueces y el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad de las normas sancionadas por los otros poderes (CSJN; Fallos: 344:3636).
En efecto, la interrelación equilibrada de funciones, propia del sistema republicano, contiene en su mecanismo interno la imposición a cada uno de ellos, no solo a cumplir la Constitución en la órbita de su respectiva competencia, sino también a promover el cumplimiento de aquella por los otros poderes (causa B. 64.119, "Asociación de Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Morón, Hurlingham e Ituzaingó”, sent. de 5-V-2010).
III.3. Dicho eso, es dable recordar que la jurisdicción de esta Corte se rige por el art. 161 de la Constitución provincial, tanto la originaria como la de alzada. De ahí que, habiéndose abierto la competencia revisora extraordinaria de este Tribunal, mal podría interpretarse que –tal como lo aseveran los demandados- al conocer en el asunto esta judicatura “se transformaría en juez y parte”.
Esto por cuanto, el hecho de que en el caso el bien sujeto a expropiación esté destinado a integrar la infraestructura edilicia del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, no es razón que impida a los jueces titulares de la Suprema Corte -o a cualquier otro magistrado- juzgar la cuestión planteada con la debida imparcialidad, en tanto esa determinación legal no implica que tengan interés personal o directo en el resultado del pleito (arg. causa I. 77.047, “Pilar Bicentenario SA”, resol. de 27-V-2022). En este sentido, resulta útil señalar que la confusión de roles denunciada se disipa a poco de reparar en que en el proceso expropiatorio la declaración de utilidad pública proviene del Poder Legislativo y es el Poder Ejecutivo quien tiene a su cargo afrontar el costo de aquel procedimiento (arts. 3, 23, 35 y concs., ley 5.708).
IV. A la luz de lo expuesto, no cabe más que concluir que en la especie no concurren los extremos que recomienden apartar a los Ministros intervinientes de la presente controversia, por lo que el planteo recusatorio debe ser desestimado in limine (conf. arts. 14, 17, 21 y concs., CPCC; causa A. 76.076, “Guardia”, resol. de 20-XII-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la recusación formulada por la parte demandada en su presentación de fecha 4 de octubre de 2024 (arts. 1° y 161, Const. prov., 14, 17, 21 y conc., CPCC y 31, ley 5.827).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/12/2024 12:25:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/12/2024 13:53:45 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2024 17:40:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 09:09:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 10:47:58 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2024 10:50:00 hs. bajo el número RR-992-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia