Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74171
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.171, "Aguas Bonaerenses S.A. contra Pasqualini, Norberto Rubén y Ot. s/ Expropiación directa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, modificando parcialmente la sentencia de primera instancia. En consecuencia, modificó el quantum indemnizatorio, declarando que al valor de la tierra debía adicionarse el de las edificaciones y mejoras existentes en los inmuebles de los expropiados al tiempo de la desposesión e impuso las costas a la actora en su calidad de vencida (v. fs. 930/948).
Disconforme con ese pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 957/968 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 982/983). Agregada la memoria de los accionados (v. fs. 994/997), dictada la providencia de autos (v. fs. 991) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora
Kogan dijo:
I. El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia, que admitió la reconvención planteada por los codemandados y declaró la expropiación total del inmueble, modificando únicamente el monto indemnizatorio.
Para así decidir, advirtió que, frente a la expropiación parcial y segmentada que instó la prestadora del servicio de agua –Aguas Bonaerense S.A. (ABSA)-, los propietarios del bien se opusieron, pretendiendo, básicamente, que la potestad ablatoria recaiga sobre toda su extensión, con el consecuente pago de la indemnización.
Para ello, los accionados reconvinientes invocaron dos supuestos normativos previstos en el régimen general de la expropiación -ley 5.708-. El primero regulado en el art. 41 inc. "c" de la ley citada, que faculta al propietario a pedir la expropiación, una vez declarada la utilidad pública, cuando "la autoridad provincial o municipal turbe o restrinja, por acción u omisión, los derechos del propietario" (texto según ley 7.297). Se trata de comportamientos que, sin importar una completa desposesión (supuesto regulado en los incs. "a" y "b"), provocan igualmente un cercenamiento concreto al goce normal del derecho, implicando un desmembramiento de la propiedad que el dueño de la cosa no está obligado a soportar sin el pago de una justa compensación (arg. arts. 14, 16, 17 y concs., Const. nac.) y cita de fallos de la Corte nacional.
La segunda norma que invocaron remitía a la hipótesis del art. 6 de la ley, en cuanto estipula que "los propietarios podrán pedir la expropiación de remanentes cuando prueben que estos resultan inadecuados para un aprovechamiento razonable".
Aclaró que, en este último supuesto, el énfasis recae en el aspecto económico del bien como entidad susceptible de proporcionar un aprovechamiento económicamente viable. Y de allí que el titular tenga el derecho de exigir la expropiación total respecto al sobrante del bien expropiable, siempre que logre demostrar que dicho remanente resulte inadecuado para un uso racional. Que, en el caso, por la índole del bien, se traduce en la extensión mínima de terreno que -por sus características, ubicación y demás condiciones- se necesita para alcanzar una explotación razonable .
Destacó que el juez de primera instancia hizo lugar al planteo de los propietarios luego de comprobar que la intervención material de la actora conforme los antecedentes de autos abarcaban –en los hechos- una fracción de terreno mayor a aquella por la cual estaba dispuesta a pagar el resarcimiento. Y que dicho estado de cosas se remontaba al tiempo de la relación contractual que existió entre las partes, pues muchas de las obligaciones que habían asumido requerían, desde el punto de vista operativo, de una extensión de terreno mayor a la concebida en el texto del documento y limitada luego en la demanda (v. fs. 937, cons. 3°).
De tal modo, juzgó que la situación descripta implicaba una turbación efectiva en el ejercicio del derecho de propiedad (correspondiente a la porción sobrante), que justificaba que se declare la expropiación total del predio, más cuando no mediaba óbice para proceder en tal sentido, dado que la declaración de utilidad pública había recaído sobre todo el establecimiento (v. fs. 937 vta.).
En síntesis, la Cámara afirmó que en el caso el sentenciante de la primera instancia no se detuvo a analizar si la fracción remanente de campo resultaba o no adecuada para un aprovechamiento razonable (supuesto del art. 6 de la ley) sino, más bien, sobre los actos de la actora ABSA que -a su modo de ver- importaban una turbación efectiva del derecho de propiedad, respecto de la fracción territorial no alcanzada por la pretensión fiscal.
Encuadró así la cuestión en la causal prevista en el art. 41 inc. "c" de la ley 5.708, para acoger la reconvención planteada por los demandados (v. fs. 938, cons. 4°).
Agregó que las dos normas citadas -arts. 6 y 41 inc. "c" de la ley 5.708- englobaban realidades fácticas que gozan de plena autonomía, en razón de su diversidad y que la configuración de tan solo una de las dos hipótesis era fundamento bastante para admitir el planteo de los accionados, tornando innecesario indagar acerca de si dicha situación también pudiera merecer tutela, a la luz de lo prescripto por el restante enunciado del cuerpo legal (v. fs. 937 vta. y 938).
Concluyó, de tal modo, que la sentencia de primera instancia no había incurrido en una omisión censurable y que lucía respaldada por argumentos sólidos que abastecieron suficientemente la solución del caso.
En tal inteligencia, consideró innecesario abocarse -como pretendió ABSA- a la consideración de los elementos de juicio que eventualmente demostraban que el remanente no sujeto a expropiación resultaba potencialmente apto para un aprovechamiento razonable (conf. art. 6, ley 5.708). Y agregó que, aun cuando pudiera asistirle razón en sus dichos, ello no torcería la suerte del caso ni serviría para neutralizar la expropiación inversa por turbación efectiva del derecho de propiedad decretada por el juez de grado, con base en el art. 41 inc. "c", para cuya configuración se valoraron otros elementos y circunstancias, respecto de los cuales nada se dijo en el memorial de apelación, lo que impidió –en definitiva- una revisión más exhaustiva por parte del propio Tribunal de Alzada (v. fs. 938, cons. 4°).
Expuso, además, que la recurrente -ABSA-, no cuestionó la existencia de aquellos hechos y actos que –a criterio del sentenciante de primera instancia- implicaron una efectiva turbación del derecho de propiedad, ni se adentró a la consideración de cada uno de ellos, a fin de precisar si –por su magnitud- justificaban la expropiación de todo el remanente o de una parte de la fracción sobrante o, eventualmente, si por su insignificancia no alcanzaba –siquiera- para provocar el ensanchamiento de los límites de la superficie a expropiar. Y recordó que no puede, la Cámara, expedirse sobre tales extremos si no media de parte del sujeto interesado una mínima expresión en tal sentido, so pena de afectar seriamente el equilibrio procesal (arts. 15, Const. prov. y 18, Const. nac.; v. fs. 938 vta.).
Finalmente, sostuvo que la declaración de utilidad pública dictada por la Autoridad del Agua, sobre todo el establecimiento rural, no fue valorado como el único antecedente para hacer lugar a la expropiación inversa, sino como uno de los requisitos para su procedencia (cfr. art. 41 primera parte, ley 5.708; doctr. causas Ac. 94.442, “Angela Corti de Giardino S.A.”, sent. de 10-V-2006 y C. 97.551, “Michat”, sent. de 10-VI-2009). Que luego de verificado, entendió fundada la expropiación inversa con sustento en lo dispuesto en el art. 41 inc. "c" de la ley 5.708.
II. Contra dicha sentencia se alza la actora, mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 957/968 vta., en cuyo marco denuncia la violación de los arts. 17 y 28 de la Constitución nacional, 15 y 31 de su par provincial, la ley 5.708 y los arts. 1.909 y 1.910 del Código Civil. También acusa la violación de la doctrina legal en el tema, emanada de los fallos de esta Suprema Corte de Justicia y de su par nacional.
Alega que al confirmar la Cámara la expropiación inversa, se vulneró el principio de congruencia y el derecho de defensa de su parte. Ello sobre la base de que el desapoderamiento invocado por los accionados no fue tal. Entiende errado el temperamento seguido por la Cámara en el sentido de tenerlo por acreditado con el otorgamiento de la medida cautelar el día 31 de octubre de 2012, y luego consentida la condición impuesta por la propia Alzada, de levantar la misma de no cumplirse con el depósito del valor fiscal –en los términos del art. 23 de la ley 5.708-, que transformó la tenencia que tenía la expropiante ABSA en posesión judicial, verificada la previa declaración de utilidad pública sobre todo el establecimiento.
Agrega que la Cámara incurrió en absurdo en la interpretación de las cuestiones de hecho, de modo perjudicial para su parte.
Insiste en que, en autos, omitieron pronunciarse tanto el juez de primera instancia como el Tribunal de Alzada sobre la imposibilidad de fraccionar el campo por rompimiento de la unidad económica y sobre la configuración del fenómeno de subsidencia geológica en los predios involucrados y la consecuente depreciación como explotación rural. Sostiene nuevamente que tales cuestiones formaron parte del thema decidendum , sin ser tenidos en cuenta, al igual que la prueba pericial en la parte que abordó tales cuestiones.
Funda lo expuesto en que para admitir la expropiación inversa planteada por los accionados reconvinientes, la Cámara omitió analizar si la fracción remanente de campo resultaba o no adecuada para un aprovechamiento razonable, en los términos del art. 6 de la ley 5.708.
Aduce que también se viola el principio de congruencia, al imponerle las costas a su parte, tanto en los términos del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, como también en los del art. 37 de la ley 5.708, en atención a que ninguna de las partes ha efectuado una estimación del precio del bien expropiado.
Sostiene que el desapoderamiento como requisito de la expropiación inversa se encuentra ausente en el caso, pues en todo momento la empresa estatal se mantuvo en la ocupación del inmueble como mero tenedor, más nunca en calidad de poseedor.
Aduce que la calidad de poseedor se la otorgó forzadamente, la Cámara, el día 8 de julio de 2014, al resolver el pedido de levantamiento de la medida precautoria de no innovar, otorgada en primera instancia el día 31 de octubre de 2012, condicionando la continuidad del acceso al acuífero por parte de ABSA, al previo depósito del monto que surge de la valuación fiscal - en el límite de la pretensión fiscal expropiatoria- . Convirtiendo de un "plumazo" una tenencia provisoria y parcial de la propiedad a una posesión que sólo tuvo un manto jurídico más no fáctico, por no haberse acreditado que, en los hechos, su mandante afectara los derechos de usar y gozar de los propietarios sobre el remanente (v. fs. 965).
Agrega que ABSA siempre ocupó el bien en calidad de tenedora o "tenedor interesado", en un primer momento como titular de la servidumbre y luego de vencido el contrato como beneficiaria de la cautelar dictada en el marco de este proceso, es decir, que careció siempre del animus domini que caracteriza al poseedor (v. fs. 966 vta.). Por lo tanto, sostiene que el desapoderamiento que la Cámara tuvo configurado porque su mandante requirió, por cuestiones operativas, de una extensión de terreno mayor a la concebida en la pretensión primigenia, impidiendo a los propietarios hacer construcciones y utilizar fertilizantes dentro de un área de doscientas cuarenta hectáreas, no fue tal, desde que no les vedaba seguir utilizando y explotando el área aludida, en la medida que no cause daño a las obras ejecutadas por ABSA.
Considera así que el hecho del desapoderamiento en los términos de la Cámara es forzado y contraviene la propia doctrina legal de esta Corte, conforme la cita que hace a fs. 966 vta., sobre lo que debe entenderse por desposesión.
Añade que, de haberse interpretado que existió algún grado de afectación en el ejercicio del derecho de propiedad, el juez debió haber adicionado al monto indemnizatorio una suma equivalente a los cánones no percibidos, previa liquidación actualizada, pero no hacer lugar a una expropiación inversa por la totalidad del inmueble, articulando para ello una ficción jurídica antojadiza (v. fs. 968).
Concluye que no dándose los presupuestos establecidos en el art. 41 de la ley 5.708, por no existir actos turbatorios o posesorios, no es posible hacer lugar a la reconvención peticionada, debiendo revocarse la resolución de 19-XI-2015.
III. El recurso no prospera.
Los agravios de la recurrente se dirigen a atacar el pronunciamiento que acogió la reconvención y a demostrar por un lado que no estaban cumplidos los requisitos del art. 41 de la ley 5.708, ni acreditado el supuesto del art. 6 de igual norma, para tener expedita la acción de expropiación inversa intentada a través de esta. Sin embargo, en su intento revisor no logra evidenciar las violaciones legales que denuncia. Veamos.
No existe controversia en torno a la existencia de una declaración de utilidad pública que comprende la totalidad del inmueble, en lo que las partes discrepan es en la existencia de actos turbatorios suficientes para hacer viable la expropiación inversa, introducida por los demandados en su reconvención.
El Tribunal de Alzada, luego de analizar los antecedentes, resolvió que "la actora apelante no dedicó ni un solo párrafo de su libelo recursivo a poner en crisis los dichos del juez de la causa, sobre la existencia de aquellos hechos y actos que a criterio del Tribunal implicaron una efectiva turbación del derecho de propiedad, menos aún se adentró en la consideración de cada uno de ellos a fin de precisar si por su magnitud justificaban la expropiación de todo el remanente o, de sólo una parte de la fracción sobrante, o eventualmente, si por su insignificancia y poquedad no alcanzaba siquiera para provocar el ensanchamiento de los límites de la superficie a expropiar" (fs. 938 y vta.).
Puso de relieve que el juez de grado hizo lugar al planteo de los propietarios luego de comprobar que la intervención material de la empresa estatal se proyectaba más allá del radio delineado en la demanda, en base al cual circunscribía su pedido de expropiación meramente parcial.
Adicionó que los antecedentes del caso habían demostrado que, para llevar adelante su cometido, ABSA se servía, en los hechos, de una fracción de terreno mayor a aquella por la cual estaba dispuesta a pagar el resarcimiento. Refirió, además que dicho estado de cosas se remontaba al tiempo de la relación contractual que hubo existido entre las partes, pues muchas de las obligaciones que habían asumido requerían desde el punto de vista operativo de una extensión de terreno mayor a la concebida en el texto del documento (v. fs. 937).
Juzgó por tanto que la situación descripta implicaba una turbación efectiva en el ejercicio del derecho de propiedad –correspondiente a la porción sobrante-, que justificaba que se declare la expropiación total del predio, más cuando no mediaba óbice para proceder en tal sentido, dado que la declaración de utilidad pública había recaído sobre todo el establecimiento (v. fs. 937 vta.).
En síntesis, el a quo no se detuvo a analizar si la fracción remanente de campo resultaba o no adecuada para un aprovechamiento razonable, sino que su mirada se posó sobre los actos de la actora ABSA, que a su modo de ver importaban una turbación efectiva del derecho de propiedad, respecto de la fracción territorial no alcanzada por la pretensión fiscal. Perpetró así una lectura razonable de la causal prevista en el art. 41 inc. "c" del citado cuerpo legal, para acoger a la reconvención planteada por los interesados (v. fs. 937 y vta.).
Por otro lado, al expedirse, la Cámara, sobre el pedido de levantamiento de la medida de no innovar, el día 14 de julio de 2014, acogió la pretensión señalando que la cautelar dictada en autos, en virtud de la cual la expropiante continuó utilizando la totalidad del inmueble, implicó una "vulneración del derecho de propiedad" más allá del carácter de tenedora. Destacó además que la expropiante, quien seguía utilizando el inmueble luego de vencido el contrato de arrendamiento, no efectivizó el procedimiento expropiatorio regular depositando el monto de la valuación fiscal a favor del propietario (conf. art. 23, ley 5.708), vulnerando así la garantía de propiedad, sino hasta que se lo ordenara el propio tribunal.
Tales fundamentos, que conforman la base de la decisión del Tribunal de Alzada, son los que el recurrente ha omitido rebatir, situación que hace aplicable la doctrina de este Tribunal que estima insuficiente el recurso extraordinario que no se hace cargo del razonamiento que constituyó el sustento del pronunciamiento, lo que implica la insuficiencia del embate desplegado en tal sentido (art. 279, CPCC).
No hay aquí violación de los artículos de la ley de expropiaciones invocada, sino aplicación de estos a las circunstancias de la causa. Eventualmente lo que hay es una discrepancia subjetiva con las consideraciones realizadas por el Tribunal de Alzada para encuadrar los hechos e incluir a estos dentro de la norma, pero sin rebatir el argumento central por el cual esta resolvió hacer lugar a la reconvención.
Con referencia a ello, la recurrente se ha limitado a reiterar su argumento vinculado con la ausencia de animus domini para explicar por qué no puede existir ningún acto de desposesión.
Considero que este planteo resulta insuficiente pues importa desentenderse de lo expresamente resuelto por la Cámara. Y es que esta explicó por qué, en el caso y pese a ser un mero tenedor, igualmente se configuraba una situación de vulneración del derecho de propiedad que hacía procedente la expropiación inversa intentada por los demandados reconvinientes.
Esta estructura argumental no ha sido abordada y criticada con la suficiencia requerida por este Tribunal para la procedencia del recurso extraordinario, pues el recurrente no ha podido rebatir ninguna de las razones que implicaron una efectiva turbación del derecho de propiedad, menos aún si por su importancia justificaban o no la expropiación del remanente, como tampoco las razones por las que no se utilizó el mecanismo que la propia ley expropiatoria establece -de modo de no avasallar el derecho de propiedad- para supuestos de urgencia: esto es la consignación de la indemnización a cuenta del precio, para que de ese modo se disponga la posesión inmediata del bien en la porción que se intentaba expropiar (cfr. art. 23, ley 5.708).
En este punto la recurrente se desentiende del fundamento de la Cámara que la llevó a decidir como lo hizo, lo que demuestra la sin razón de su prédica.
Cabe recordar que conforme tiene dicho este Tribunal, resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona los fundamentos esenciales del fallo que impugna y que, en cambio, ha elegido elaborar su impugnación sobre la base de una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo, a punto tal que no cuestiona un fundamento esencial y con autonomía
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.