Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73043
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocándose la sentencia apelada en lo que a los intereses respecta, correspondiendo su fijación en un interés puro del 6% anual sobre el monto del crédito indemnizatorio en cuestión, desde la fecha de la desposesión (acaecida el 15 de marzo de 1994) hasta la fijación del valor de la porción expropiada (5-VI-2013, sentencia de primera instancia, v. fs. 95/100).
A partir de allí será aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (cfr. art. 31 bis, ley 5827).
La ejecución de lo resuelto queda a cargo del magistrado de primera instancia.
Costas por su orden, atento a la falta de contradicción (cfr. arts. 68 y 289 del CPCC.).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo N°3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.043 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Borgoglio, Humberto Aníbal y ots. s/ Expropiación Directa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Torres
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín denegó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que admitió la acción de expropiación directa fijando la indemnización debida al valor actual del bien expropiado. No impuso costas atento la falta de contradicción.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 140/149), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante el decisorio de fs. 151/151 vta..
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 155) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín denegó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que resolvió hacer lugar a la demanda de expropiación directa promovida por la Provincia de Buenos Aires contra Humberto Aníbal Borgoglio, Lidia Luisa Maggi y Alcira Graciela Gotta, por la que se fijó como justa indemnización expropiatoria por la fracción de tierra que constituía su objeto, la suma de pesos ciento treinta mil ciento ochenta y ocho ($130.188), de acuerdo a lo previsto por los arts. 8, 12, 35, 41 y concs. de la ley Nº 5.708, 2.511 y 2.512 del CC, 17 de la Constitución nacional y 10 y 31 de la Constitución de la Provincia; suma que representaría el valor al momento del dictado de la sentencia, y no a la fecha de la desposesión (que ocurrió el 15 de marzo de 1994).
I. 1. Para así decidir, señaló que en materia expropiatoria la cuestión relacionada al valor de la indemnización por motivos de utilidad pública, se encuentra regulada con precisión tanto a nivel de la normativa constitucional, federal y provincial, como legal.
Advirtió que el art. 17 de la Constitución nacional postula que: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada…".
Agregó que tal protección surge también de los arts. 21 inc. 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 31 de nuestra Constitución provincial, 8, 9, 12 y 13 de la ley 5.708, lo que habría sido correctamente receptado por el magistrado de primera instancia.
Señaló que agravios del tenor de los expuestos por la actora ya han sido tratados por esta Suprema Corte, estableciéndose al respecto que la falta de pago previo constituye fundamento idóneo para fijar el precio de las tierras expropiadas a valores reales que estén más cercanos a la sentencia, y no a la época de la desposesión, por aplicación del principio de "justa indemnización" - reparación justa, actual e integral del bien expropiado (doctrina causas C. 101.107, "Arbizu", sent. de 23-III-2010 y C.98.321, "Larrosa", sent. de 5-X-2011).
Consideró que la mora en que incurrió el Estado, al no cumplir la exigencia constitucional de que la indemnización sea "previa" al acto expropiatorio- la desposesión se produjo el 15 de Marzo de 1994 -, no podía beneficiar al expropiante que dejó de cumplir tan esencial deber.
Indicó que el Fisco provincial, pese a tener la posesión del bien inmueble desde la fecha señalada, recién inició el juicio expropiatorio con fecha 7 de marzo de 2.007, es decir doce (12) años después de operada aquella. Por eso consideró ilógico pretender que se le abone al expropiado a valores de la época de desposesión, pues el Estado ha incurrido en una mora evidente, debiendo ser los daños ocasionados soportados por el expropiante.
Estimó que el valor indemnizatorio en materia expropiatoria debe ajustarse al concepto de indemnización justa que se desprende de los textos convencionales, constitucionales y legales individualizados, sea en forma implícita o expresa, como lo postulan el art. 21 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el propio art. 8 de la Ley 5.708.
Por ello juzgó que el valor determinado en la presente litis por el sentenciante de primera instancia se ajusta a derecho y podía calificarlo como justo.
I.2. Asimismo, confirmó los intereses en tanto sostuvo que responden a lo estipulado por el orden jurídico vigente, por lo que no debían ser tenidos como parte integrante de la indemnización y debían por ende computarse desde la fecha de desposesión - cfr. art. 8 de la Ley 5.708.
Consideró para ello que tales intereses resultan compensatorios, pues resarcen al ex propietario de la indisponibilidad oportuna del precio expropiatorio, por lo que deben necesariamente correr desde el momento en que se realizó la desposesión.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el fisco denuncia violación a los arts. 17 de la C.N.; 8, 9, 10, 13 y 35 de la ley 5708; 42 inc. 4, 163 inc. 5 y 6, 164 y concs. del CPCC; a las leyes 25.561 y 23.928; aduce asimismo vulneración de la doctrina legal de este Tribunal y por último sostiene la existencia de absurdo en la valoración de los hechos y pruebas producidas.
II.1. En primer lugar se agravia de la inaplicabilidad del art. 8 de la ley de expropiaciones.
Despliega sus argumentos sosteniendo que la decisión de la Cámara se apartó de la letra del artículo citado al confirmar el criterio adoptado por el juez de primera instancia que utilizó el "valor de reposición" o "reproducción" del bien expropiado, cuando tales conceptos no tendrían acogida legal ni jurisprudencial que las avalen.
Sostiene que la ley prevé resarcir al expropiado por la indisponibilidad del inmueble a través de los intereses compensatorios que corren desde el momento en que se realizó la desposesión y hasta el efectivo pago de la indemnización (cita doctrina de esta Corte).
II.2. En segundo término sostiene que la decisión impugnada incurre en absurdo por cuanto la Cámara para fijar la fecha en que comienzan a correr los intereses utilizó el art. 8 estableciéndolos a partir de la desposesión, pero no lo aplicó para fijar el valor de la tierra, lo que señala no sólo como contradictorio sino que considera configuraría una doble indemnización. Al respecto sostiene que los intereses responden a la privación de uso, y la fijación del valor del bien a la fecha actual cumpliría la misma función.
Señala que se produce con ello una doble actualización ya que a la suma ilegalmente llevada a valores actuales se suman los intereses por el mismo período ya contemplado.
Insiste con que correspondía estimar el precio al momento de la desposesión y calcular desde ese momento los intereses, lo que sostiene surge de la letra del art. 8 de la ley 5708.
Aduce que el valor a la fecha de la desposesión es el denominado valor objetivo del bien, que no es un precio, sino un concepto construido por la ley expropiatoria y contenido en sus arts. 8, 9, 10, 13 y 35, los que conforman un sistema integral que impide puedan aplicarse separadamente unos de otros.
Para ello señala que el "valor justo de la cosa" o "el valor objetivo del bien" (establecido en el art. 35) resulta el de la época de la desposesión (art.8), más los perjuicios que sean una consecuencia directa y forzada (art.8), que no comprenderá lucro cesante (art.8), ni el valor histórico, artístico y panorámico (art.8) y se determinará como si el bien no hubiera sido declarado utilidad pública o la obra no hubiera sido ejecutada (art.9), deduciendo el mayor valor que pueda adquirir el sobrante (art.10) y el precio de las mejoras construidas dentro del año de dispuesta la expropiación por la ley (art. 13), no pudiendo ser mayor que el estimado por el propietario (art.35), ni tomarse en consideración circunstancias de carácter personal y valores afectivos ni ganancias hipotéticas(fs. 462vta./463).
Sostiene asimismo que tomarse el valor actual del bien conlleva implícitamente a un mecanismo de actualización de la moneda, y que ello se encuentra prohibido tanto por la Ley 23.928, como por la 25.561.
Agrega que la cita de precedentes de esta Corte (efectuada por la sentencia recurrida) no puede servir de base para apartarse de los dispuesto por la legislación. Ello en tanto considera que la interpretación dada en los precedentes citados por la Cámara tiene como finalidad la derogación de un artículo de la ley de expropiaciones, sin que se haya previamente declarado su inconstitucionalidad.
Señala que debe ajustarse la resolución del presente caso a lo establecido en el precedente "Provincia del Chaco c/ Confederación General del Trabajo" de la CSJN (Fallos 333:215), en tanto resultan análogos. Señala que en dicha causa se ratifica la vigencia del valor al momento de la desposesión.
II.3. Acusa que de sostenerse el fallo recurrido se produciría un enriquecimiento sin causa en cabeza del expropiado, en tanto se aplican intereses no sobre valores históricos, sino sobre precios actuales, resarciéndose dos veces el mismo concepto.
Asimismo señala que dicha forma de resolver viola los arts. 42 inc. 4, 163 inc. 5 y 6, 164 y concs. del CPCC, en cuanto estaría convalidando una sentencia no fundada en la ley.
II.4. Por último denuncia violación de la doctrina establecida en la causa C. 103.516, "Peñalba, Pedro Benito", sent. de 2-III-2011, en tanto establece que: "Cuando el art. 8° de la ley 5.708 refiere el valor del bien a la fecha de la desposesión, lo hace porque, respetando preceptos constitucionales y legales (arts. 17 y 9, Const. nac. y prov. respectivamente; art. 2.511, C. Civil), es en el instante en que se consumó la desposesión cuando el expropiado debió recibir el equivalente pecuniario (justa indemnización) del bien del que es privado en el interés público."
III. El recurso prospera parcialmente con el alcance que surgen de los párrafos siguientes.
Así planteados los términos de la controversia, se advierte que el tema en debate ha sido resuelto recientemente por este Tribunal en dos causas en las que se debatían cuestiones sustancialmente análogas a las planteadas en el sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (conf. art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en las causas A. 74.634, "Loggia, María y otros c/ Dirección de Hidráulica s/ Expropiación inversa. Ril", y A. 73.677 "Alvarez, Diego Antonio c/ Fiscalía de Estado (Prov. de Bs. As.)s/ Expropiacion inversa. Ril", ambas dictadas el 24-II-2021, esta Suprema Corte resolvió los dos agravios que nuevamente aquí trae el Fisco recurrente: violación del art. 8 de la ley 5708 por haberse fijado en las instancias anteriores el monto indemnizatorio en un momento distinto al de la desposesión, como así también la procedencia de la adición de intereses y eventualmente a qué tasa.
En aquellas sentencias este Tribunal, por mayoría y en lo que aquí interesa destacar, resolvió respecto al primer tópico, que la circunstancia de que el valor se fije en un momento distinto al de la desposesión y más cercano a la sentencia, no importaba violación a ese precepto, disponiendo por ello el rechazo de este agravio y la confirmación de la indemnización establecida en la sentencia de primera instancia.
Por su parte, con referencia a la procedencia de los intereses decidió que éstos debían calcularse sobre dicho monto pero a una tasa diferenciada: una tasa pura del 6 % desde el momento de la desposesión y hasta la fijación del valor de la porción expropiada y desde allí en adelante la tasa de interés establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (ambas sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
IV. En mérito de lo expuesto y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y revocar la sentencia apelada en lo que a los intereses respecta, correspondiendo su fijación en un interés puro del 6% anual sobre el monto del crédito indemnizatorio en cuestión, desde la fecha de la desposesión (acaecida el 15 de marzo de 1994) hasta la fijación del valor de la porción expropiada (5-VI-2013, sentencia de primera instancia, v. fs. 95/100); de allí en adelante resultará aplicable la tasa de interés establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" -ambas sents. de 21-X-2009- y C. 119.176, "Cabrera" -sent. de 15-VI-2016- (art. 31 bis, ley 5827).
Costas por su orden, atento a la falta de contradicción (cfr. arts. 68 y 289 del CPCC.)
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Los señores jueces doctores Pettigiani, Soria y Torres por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la cuestión planteada también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocándose la sentencia apelada en lo que a los intereses respecta, correspondiendo su fijación en un interés puro del 6% anual sobre el monto del crédito indemnizatorio en cuestión, desde la fecha de la desposesión (acaecida el 15 de marzo de 1994) hasta la fijación del valor de la porción expropiada (5-VI-2013, sentencia de primera instancia, v. fs. 95/100).
A partir de allí será aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (cfr. art. 31 bis, ley 5827).
La ejecución de lo resuelto queda a cargo del magistrado de primera instancia.
Costas por su orden, atento a la falta de contradicción (cfr. arts. 68 y 289 del CPCC.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 04/03/2021 16:30:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2021 16:33:01 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2021 12:07:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2021 13:29:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2021 20:50:07 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia