Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75093
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas de la instancia extraordinaria al Fisco recurrente vencido (arts. 68 y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.093, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Dirección General de Asistencia y Previsión Social para Ferrovía s/ Expropiación Directa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, modificó la sentencia impugnada respecto al monto expropiatorio, el que fue incrementado a la suma de pesos veinticuatro millones cincuenta y seis mil ($24.056.000). Las costas del proceso fueron impuestas al Fisco expropiante (v. fs. 205/211).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 223/228), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 230/231.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 237) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la expropiación directa promovida en autos y, en consecuencia: i) declaró expropiado a favor de la Provincia de Buenos Aires el inmueble ubicado en el partido de La Plata, designado catastralmente como Circunscripción I, Sección M, Manzana 967, Parcelas 1 (pte.), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32 (pte.) y 33 (pte.), inscripto su dominio en la matrícula 209.007 (055); ii) fijó la indemnización en la suma de pesos dieciseis millones ($16.000.000), con más intereses a tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires; iii) desestimó la pretensión resarcitoria incoada por la demandada; y iv) impuso las costas a la actora expropiante (v. fs. 155/158).
Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, efectuó las siguientes consideraciones:
I.1. Inició dando cuenta de la acción entablada a partir de la sanción de la ley 14.502 y delimitó la controversia a la determinación y alcance de la indemnización, estimada por las partes a la fecha de la sentencia.
I.2. En la labor de fijar el monto indemnizatorio, ponderó: i) que el Estado expropiante ofreció -al mes de diciembre de 2014- la suma de $13.387.150 y la propietaria al contestar demanda -marzo 2015- reclamó $16.000.000 y ii) que el perito de la accionada justipreció el inmueble -al mes de abril de 2016- en la suma de $17.639.000 y los del Fisco expropiante -al mes de junio de 2016- en $24.056.000.
A partir del contenido de dichos dictámenes periciales -y de las memorias incorporadas por las partes en la audiencia del art. 32 de la ley 5.708- advirtió que el valor de la indemnización estimada por los peritos de la expropiante era mayor al justipreciado por la expropiada, no obstante que ambas resultaban coetáneas (abril y junio de 2016).
En ese contexto, consideró aplicable el art. 35 de la ley 5.708 y concluyó que no era posible indemnizar al propietario con una suma mayor a la que reclamaba, pues ello alteraría el principio de congruencia.
Agregó que el informe del perito presentado por la demandada resultaba ineficaz, pues no se ajustaba a lo prescripto por el art. 12 de la Ley de Expropiaciones y carecía de referencias a los parámetros y cálculos tenidos en cuenta para realizar la evaluación.
Consecuentemente, fijó la indemnización en la suma de $16.000.000, por ser la estimada por la demandada al contestar la demanda.
II. A su turno, la Cámara interviniente, por mayoría, hizo lugar al recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, modificó la sentencia impugnada respecto al monto expropiatorio. Las costas del proceso fueron impuestas al Fisco expropiante (v. fs. 205/211).
Al efecto, el Tribunal de Alzada juzgó que correspondía incrementar el monto indemnizatorio a la suma de $24.056.000, por ser el que mejor se avenía con el valor estimado por la expropiada y con las garantías de propiedad e igualdad de cargas públicas (arts. 16 y 17, Const. nac.), sin que ello contravenga el límite legal impuesto por el art. 35 de la ley 5.708.
Así, teniendo en cuenta la reserva de equivalencia a valor dólar de las sumas reclamadas por la demandada (punto 6.A. del responde), advirtió que el monto estimado por la propietaria de $16.000.000 equivalía a la suma de U$S1.814.059, paridad que a la fecha de realización del dictamen pericial ofrecido por el Fisco, ascendía a la suma de $27.573.696, monto que -observó- superaba el de la tasación que arrojaba la citada experticia ($24.056.000).
En consecuencia, concluyó que correspondía adoptar el monto de la pericia presentada por el Fisco actor, por no contar con impugnaciones que obstaculicen su valoración y mantenerse por debajo del valor estimado por la expropiada (art. 35, ley 5.708).
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 223/228), en el que denuncia violación de los arts. 8, 9, 24, 25 y 35 de la ley 5.708; 34 inc. 4, 163 inc. 4 y 6, 164, 272, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 1.970 primer párrafo del Código Civil y Comercial; 16, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional y 31 de la Carta local. Asimismo, alega la existencia de absurdo valorativo.
Básicamente sostiene que, a partir de una absurda interpretación del escrito de contestación de demanda, la Cámara edifica una indemnización que no había sido peticionada y que violenta el límite fijado por el art. 35 de la ley 5.708, sin previa declaración de su inconstitucionalidad.
III.1. Al efecto, denuncia que la sentencia incurre en absurdo al afirmar que la propietaria, en su responde, "hizo expresa reserva de equivalencia al valor dólar en la suma reclamada" cuando -según indica- la accionada se apartó expresamente del valor dólar como parámetro de actualización del monto indemnizatorio, al haber consignado y estimado como razonable en dicho acto procesal, la suma de $16.000.000.
Sostiene que, con base en dicha desinterpretación -y acogiendo un argumento novedoso introducido por la demandada en su apelación, referido a la evolución del dólar como parámetro de actualización- la Cámara modificó la sentencia de primera instancia, condenándolo a pagar una indemnización superior en ocho millones de pesos a la pretendida por la entidad propietaria.
En consecuencia, postula la existencia de un error de derecho, vicio o desviación del iter lógico seguido por el juzgador, que condujo a una conclusión inconciliable con las constancias objetivas de la causa, proceder que significó una violación del principio de congruencia y afectación del derecho de propiedad de su parte. Cita en su aval jurisprudencia de este Tribunal.
III.2. Postula que, sobre la base de la indicada interpretación absurda, la mayoría del a quo arribó a una decisión que trasgrede el límite fijado por el art. 35 de la ley 5.708, al concederle a la demandada una indemnización que supera holgadamente el monto peticionado en el responde, sin haber mediado declaración de inconstitucionalidad de la norma inaplicada.
Agrega que la conversión a valor dólar estadounidense dispuesta en la sentencia, no había sido peticionada al contestar la demanda, sino tardíamente en su apelación ordinaria, por lo cual se erigió en una introducción extemporánea y violatoria del principio de preclusión.
III.3. Finalmente, y para el supuesto de acogerse la impugnación, solicita se revea la imposición de costas en las instancias de grado.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Se discute en esta instancia la decisión de la Cámara interviniente, quien juzgó que correspondía incrementar el monto indemnizatorio fijado por la sentencia de grado en la suma de $16.000.000 a la de $24.056.000, por considerar que este importe resultaba ser el que mejor se avenía con el valor estimado por la accionada y con las garantías de propiedad e igualdad de cargas públicas (arts. 16 y 17, Const. nac.).
Para ello, el a quo cotejó la plataforma de estimación de la expropiada bajo la salvedad de equivalencia a moneda extranjera realizada en su contestación de demanda con las pericias de respaldo obrantes en autos, y advirtió que el equivalente en valor dólar del monto estimado por la propietaria, calculado a la fecha de realización de la pericia del expropiante -junio de 2016-, ascendía a $27.573.696, tasación que -según señaló- superaba al de la citada experticia ($24.056.000).
En ese marco, concluyó que correspondía adoptar el monto del aludid dictamen pericial, por no contar con impugnaciones que obstaculicen su valoración y mantenerse por debajo del valor estimado por la expropiada (art. 35, ley 5.708).
IV.2. Frente a lo así decidido, el Fisco recurrente plantea que la Cámara interpretó erróneamente el escrito de responde, ya que -según alega- la propietaria se apartó en dicha ocasión del valor dólar como parámetro de referencia. Aduce que ese error condujo a la Cámara a una conclusión inconciliable con las constancias objetivas de la causa, violatorio del principio de congruencia y del derecho de propiedad.
IV.3. Sabido es que interpretar el contenido y alcance de las pretensiones de las partes formuladas en los escritos liminares del proceso constituye una facultad de los jueces de las instancias ordinarias, solo revisable en casación en caso de absurdo, el que no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, ya que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (doctr. causa A. 73.145, "Usuarios y Consumidores Unidos", sent. de 18-X-2017). Pues bien, pese al esfuerzo desplegado en el recurso bajo tratamiento, anticipo que no advierto en la especie la presencia de ese vicio.
En efecto, la lectura de la pieza procesal indicada permite apreciar que la propietaria, al momento de formular su estimación del valor del inmueble, tuvo en cuenta la evolución del precio del dólar, "dada la influencia de ese valor en el mercado inmobiliario" (v. fs. 50 vta.), como así también requirió supletoriamente la intervención de un perito tasador oficial que determine el "valor real del inmueble" (v. fs. 51 vta.) y acompañó -como prueba documental- dos Informes Técnicos de Tasación realizados por el martillero Ricardo Vinelli, de fecha 24 de abril de 2014 y su actualización de fecha 25 de marzo de 2015, en los cuales se establecía como parámetro de referencia, para determinar en pesos el monto indemnizatorio requerido, el valor del dólar en cada una de esas fechas.
Lo expuesto deja sin sustento el argumento del recurrente para fundar su agravio, consistente en que la propietaria se habría desentendido del valor dólar como parámetro de referencia y revela entonces que -reitero, más allá de su acierto o error- la interpretación efectuada por la mayoría de la Cámara que, con expresa mención de tales expresiones, consideró que había existido una "reserva de equivalencia a valor dólar" por parte de la accionada no implica, como sostiene el quejoso una "malinterpretación ostensible del escrito de responde".
En este mismo sentido, cabe considerar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que, bajo la denuncia de infracción al principio de congruencia, el recurrente manifiesta su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de los escritos constitutivos del proceso, sin lograr acreditar la existencia de absurdo (doctr. causa A. 72.745, "Mugarza", sent. de 13-XII-2017).
V. Por los motivos señalados, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas de la instancia extraordinaria al Fisco recurrente vencido (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la cuestión planteada también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas de la instancia extraordinaria al Fisco recurrente vencido (arts. 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2021 12:18:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 13:23:22 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 20:36:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/05/2021 15:32:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2021 18:55:25 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia