Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76280
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.76.280 “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ FIN S.A. S/ EXPROPIACION DIRECTA. --RECURSO DE EXTRAORDINARIO DE NULIDAD—“
Los señores jueces doctores Pettigiani, Genoud y de Lázzari y la señora jueza doctora Kogan dijeron:
I. En las presentes actuaciones el juez de grado hizo lugar a la demanda de expropiación promovida por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires contra FIN SA -titular registral de los bienes afectados- y declaró expropiadas las fracciones pertenecientes al inmueble inscripto en la matrícula 8946 del que fuera Partido de San Vicente, actualmente Presidente Perón (v. sent. de primera instancia de fecha 10 de diciembre de 2015).
Fijó como precio justo indemnizatorio en concepto del valor de la tierra expropiada, la suma de $ 4.292.912,00 (pesos cuatro millones doscientos noventa y dos mil novecientos doce), con más sus intereses desde la época de la desposesión, ocurrida el 3 de junio de 2014, hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación.
II. Apelado dicho pronunciamiento, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que aquí interesa resaltar, hizo lugar parcialmente al recurso deducido por Fiscalía de Estado y redujo el precio indemnizatorio en concepto de valor de la tierra expropiada a la suma de $ 3.773.780 (pesos tres millones setecientos setenta y tres mil setecientos ochenta). Confirmó en lo demás la decisión de grado (v. sent. Cámara de fecha 8 de agosto de 2019).
Para así resolver, señaló que sin desconocer que el proceso de expropiación se rige por un régimen especial (ley 5708), las probanzas de la causa debían ponderarse en un marco de razonabilidad, contemplando las garantías constitucionales en juego (arts. 16; 17 y 28 de la Const. Nac. y 11 y 31 de la Const. Pcial.).
Dicho ello, compartiendo el criterio del juez de grado, juzgó con mayor valor probatorio el dictamen pericial producido en autos por el ingeniero Bona, por considerar que, a diferencia de las restantes, en su dictamen este perito logró fundar adecuadamente el valor indemnizatorio.
En esa línea, entendió que el mencionado informe resultó ser el más ajustado a las pautas previstas en el artículo 12 de la ley 5708, con un grado de consistencia suficiente para formar convicción en el sentido que propone conforme la regla de la sana crítica (conf. art. 384 del CPCC), al aportar un detalle mucho más completo que los dos dictámenes restantes, no solamente en su labor descriptiva, sino también, en lo que resulta medular sobre la base de las características de la zona y de los bienes en particular: valuaciones, dimensiones, linderos y superficies y antecedentes de ventas y ofertas identificando las inmobiliarias consultadas. Además, considera que se trata del estudio técnico que estima una valuación más cercana a la fecha de la sentencia.
No obstante, se apartó de la decisión del juez de primera instancia en cuanto otorgó valor a las consideraciones efectuadas por dicho profesional para elevar la suma a la fecha de la celebración de la audiencia del art. 32 de la ley 5708, pues entendió que los dichos vertidos en esa oportunidad no lograban formar convicción suficiente.
III. Frente a lo así decidido, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado deduce recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28/VIII/2019), siendo denegado el primero y concedido el segundo (v. resol. Cámara de fecha 5 de noviembre de 2019).
En lo que al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interesa, la impugnante alega absurdo en la valoración de la prueba y cita las normas que considera violadas.
En sustancia, cuestiona la ponderación de la prueba de peritos que realizara el Tribunal de Alzada, agraviándose del monto establecido como indemnización y las pautas tomadas para ello.
IV. El remedio no debe prosperar.
Al respecto cabe comenzar por recordar, que esta Corte tiene dicho que determinar el justo valor expropiatorio a través del análisis de la prueba producida en la causa -fundamentalmente la pericial- constituye una tarea propia y exclusiva de los jueces de las instancias ordinarias, que sólo puede ser objeto de revisión en esta instancia extraordinaria si se demuestra que ha sido el producto de un razonamiento viciado por el absurdo (doctr. causas C. 97.958, "Miguens", sent. de 4-III-2009; A. 69.632, "El Inca de Alsina", sent. de 27-XI-2013; A. 72.040, "Municipalidad de General Pueyrredón", sent. de 19-X-2016; entre muchas otras).
En el caso, a los fines de determinar el valor indemnizable no solo se valoraron los dictámenes producidos en la causa, ponderando como el más adecuado al realizado por el perito designado por la parte demandada, sino también el resto de las circunstancias particulares del inmueble expropiado -ubicación, posibilidad de venta, etc.-.
Así la Cámara señaló que la lectura de las conclusiones presentadas por el ingeniero Bona permitía determinar que para justipreciar la parcela se había utilizado una pluralidad de parámetros -ubicación, entorno, perspectivas, distancias relevantes y cotizaciones de otros inmuebles de la zona- todo lo cual permitía descartar que el a quo se hubiera apartado de las pautas expresamente previstas en los arts. 8 y 12 de la ley 5708.
A la luz de estas consideraciones, se advierte que la crítica efectuada por el recurrente no permite tener por configurado en la especie ni la violación de los artículos denunciados, ni menos aún el invocado absurdo en la valoración de la prueba, conceptualizado como aquel "error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa...".
Como se sabe, este supuesto excepcional sólo se configura en situaciones que bien pueden calificarse de "extremas". No cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado dicho vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio el de los jueces de mérito. El vicio en cuestión no queda configurado aún cuando la opinión de las sentencias pudiera ser calificable de objetable, discutible o poco convincente porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 71518, "Boada", sent. de 19-X-2016; A. 73.283, "Troncoso Vivas", sent. de 13-XII-2017; A. 75.092, "Martínez", sent. de 17-X-2018).
El recurrente no logra probar el defecto señalado. Sus agravios, más que acreditar la existencia de absurdo, demuestran una disconformidad con lo resuelto, situación que resulta insuficiente para revocar la decisión recurrida.
Por su parte, respecto al agravio vinculado con la inclinación del juez de la causa por el dictamen realizado por el perito Bona, por sobre las restantes, cabe recordar que, tal como tiene dicho este Tribunal la selección de las pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde, es facultad propia de los jueces de grado -potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar la valoración de todas- y no se consuma absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro (doctr. causas A. 70.813, "Costa", sent. de 6-V-2015; A. 73.928, "Kohen", sent. de 21-VI-2018; A. 75.105, "Berra", resol. de 21-VIII-2019).
Finalmente, deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último, como ya se dijo, no es previamente demostrado (doctr. causas A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017; A. 74.622, "Martínez", resol. de 20-II-2019).
Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2020 14:10:58 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 29/06/2020 18:32:34 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 01/07/2020 17:06:50 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 06/07/2020 12:29:32 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 06/07/2020 19:33:47 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia