Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74755
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC)
A.74.755 “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ TRONCONI VICTOR ERNESTO Y OTROS S/ EXPROPIACION DIRECTA (RESERVADO). --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
La Plata, 19 de diciembre de 2018.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri, Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n°1 de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda iniciada por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra los señores Teresa Marta, Noema Elena, Víctor Ernesto y Alejandro Juan Tronconi, declaró operada la expropiación del bien objeto de autos (Lote de terreno Matrícula 23.612, del Partido de Lomas de Zamora) y fijó el importe total de la indemnización en la suma de sesenta y cuatro millones de pesos ($ 64.000.000) en concepto de valor de la fracción expropiada al mes de abril de 2009 con más intereses desde el mes de diciembre de 2008.
Para decidir en tal sentido, la jueza de grado -ponderando las pruebas periciales rendidas en la causa- tomó como valor indemnizatorio el asignado por la perito martillera oficial, por considerar que su dictamen ofrecía mayor eficacia probatoria.
I.2. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en La Plata, en lo que aquí interesa hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora –haciendo lo propio con el remedio interpuesto por los codemandados- y estableció que los intereses debían computarse desde la fecha de la desposesión que tuvo lugar el día 28 de abril de 2011, rechazando los demás agravios y confirmando así en lo restante la sentencia de origen.
En primer lugar, rechazó la vulneración del principio de congruencia alegada por el Fisco. Al hacerlo entendió que al expresar los codemandados su allanamiento a la pretensión expropiatoria, aunque condicionado al cumplimiento de dos condiciones como eran que la valuación se fijara a la fecha de la desposesión y que la actora reconociera una superficie mayor a expropiar y teniendo en cuenta que la demandante no aceptó tales requerimientos manteniendo su posición inicial, no podían considerarse allanados a los accionados, con lo que correspondía confirmar el decisorio en tal parcela y así lo hizo.
Luego de ello señaló, en punto a la crítica esgrimida en relación a la especialidad de la perito martillera, a la metodología aplicada en su dictamen, la consideración de las mejoras que fueron agregadas con posterioridad a la fecha de la desposesión y la errónea consideración de la parcela como zona urbana que, en el presente caso, la superficie expropiada no reconoce aristas especiales de justiprecio que autorizaran a desplazar la habilitación profesional del martillero tasador en beneficio de otras profesiones.
A la vez destacó que la pericia ponderada por la magistrada de grado, se ajustó acertadamente a lo previsto en el art. 12 de la ley 5708 que rige en la materia, ponderó que el propio perito traído por la apelante consignó en su informe que según la ordenanza municipal vigente, al bien se lo "encasilla en Área Urbana, Zona RR3" y que del informe pericial oficial no surgía que se hubieran valuado las mejoras incorporadas al bien con posterioridad a la fecha de desposesión, con lo que concluía que la impugnación intentada contenía meras discrepancias y no implicaba una crítica concreta y razonada de la valoración efectuada en la sentencia de la prueba producida en autos que habilitara la tacha de invalidez pretendida.
Por último, al examinar el planteo vinculado a las costas, señaló que según lo normado por el artículo 37 de la Ley N° 5.708, correspondía imponerlas a la accionante, en tanto el valor fijado por la sentencia se acercaba más a la estimación formulada por los codemandados, que al precio ofrecido por la Fiscalía de Estado.
Seguidamente, en relación al remedio intentado por la actora y el propio de uno de los codemandados impuso las costas de la Alzada en el orden causado atento el vencimiento parcial y mutuo acontecido. En cambio, respecto al recurso deducido por los restantes codemandados, al haber prosperado en su totalidad, decidió imponerlas a la actora vencida.
Confirmó así, en lo que aquí interesa, el decisorio de grado. (ver fs. 619/627).
II. Frente a lo resuelto, el representante del Fisco local interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por medio del cual denuncia la infracción de los arts. 1, 8, 12 y 37 de la ley 5708.
Asimismo reiterando planteos ya vertidos en ocasión de apelar, invoca violación al principio de congruencia en relación a la consideración del allanamiento formulado por los demandados, cuestiona la ponderación de la prueba de peritos realizada por el Tribunal de Alzada, agraviándose del monto establecido como indemnización y las pautas tomadas para ello.
Con ello alega absurdo en la valoración de la prueba y violación de la doctrina legal que cita.
Por último cuestiona la imposición de las costas decidida por el Tribunal de Alzada (ver fs. 634/641).
III. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por el recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente y reiteratorio respecto del tratamiento dado a la configuración del allanamiento ocurrido, a la especialidad de la perito y los fundamentos de su dictamen, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011, A. 73.960, cit. y A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018, entre otras).
Al mismo tiempo si, como sucede en el caso, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, se impone la doctrina de este Tribunal que considera que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016),
La misma deficiencia porta el tópico vinculado con el principio de congruencia, en tanto no se ha desarrollado argumento alguno que permita visualizar el apartamiento del juzgador del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (doctr. causas A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016; A. 73.515, "Katz Jora", sent. de 13-IX-2017, A. 74.065, "Civale", resol. de 11-IV-2018, entre otras).
IV. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa.
Cabe recordar que conforme ha dicho reiteradamente esta Corte, valorar la prueba rendida así como determinar si las conclusiones del dictamen pericial poseen o no fuerza convictiva, constituyen típicas cuestiones de hecho que sólo pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria cuando el recurrente evidencie que aquella apreciación resulta absurda (doctr. causas A. 72.024, "Astori Estructuras S.A.", sent. de 21-XII-2016; A. 72.517, " Asociación Civil de Jubilados y Pensionados de la Ingeniería de Mar del Plata", sent. de 16-VIII-2017), lo que se juzga incumplido en la especie.
Más específicamente, tiene dicho el Tribunal de modo uniforme que la determinación del justo valor de la cosa expropiada constituye una cuestión de hecho reservada a los jueces de las instancias ordinarias y exenta de censura en casación salvo absurdo (doctr. causas C. 88.941, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Bellone", sent. de 15-III-2006; A. 71.220, "Toledo", sent. de 28-IX-2016, A. 74.747, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Plásticos Castro, resol. de 20-XII-2017, entre otras).
Y si bien -como es sabido- a través de la doctrina del absurdo se admite la apertura de la revisión de los hechos de la causa en esta instancia extraordinaria, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito.
El mentado vicio no queda configurado aún cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con los extremos que surgen del caso (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 72.638, "Barán", sent. de 20-9-2017, entre tantas).
El recurrente no logra demostrar el señalado vicio. Sus agravios, más que acreditarlo, demuestran una disconformidad con lo que resuelto, situación que resulta insuficiente para revocar la decisión recurrida.
Respecto al agravio vinculado con la inclinación del juez de la causa por el dictamen confeccionado por la perito oficial por sobre la presentada por su parte, cabe recordar que tal como tiene dicho este Tribunal "... La selección de las pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde, es facultad propia de los jueces de grado -potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar la valoración de todas- y no se consuma absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro..." (doctr. causas A. 70.813,"Costa", sent. del 6-V-2015; A. 72.040, "Municipalidad General Pueyrredón", sent. de 19-X-2016; A. 74.747, cit., entre otras).
IV. 3. No mejora la suerte de la impugnación la crítica formulada respecto de la violación de la doctrina emanada de los precedentes que cita, en tanto en ellos mediaron presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que, no puede alegarse la violación de aquella doctrina que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso bajo análisis (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, entre muchas otras)
IV. 4. Por último, es criterio de esta Suprema Corte que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y como tal irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, esto es, en esteácapite, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (doctr. causas A. 72.861, "Cidec", resol. de 16-VII-2014; A. 72.111, "Díaz", sent. de 28-IX-2016; A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017), vicios que no han sido patentizados en autos (art. 279, CPCC).
Los indicados extremos no se verifican en la especie, desde que el recurrente exterioriza una mera disconformidad en orden al criterio seguido por el a quo , sin siquiera invocar en esta parcela el aludido vicio (A. 74.627, cit.)
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC)
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ko
Reg. Nº 722
Fin de la sentencia