Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72681
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.681, "Bruno, Daniel Armando y otro contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Genoud, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín revocó la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda y en consecuencia hizo lugar a la expropiación inversa, fijó el valor de las tierras afectadas al momento de la desposesión con más los intereses desde dicho momento, cargando las costas a la actora, por aplicación del art. 37 de la ley 5.708 (cfr. fallo, fs. 293/312).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (obrante a fs. 317/320) el que fue concedido mediante resolución de fs. 323/324.
Dictada la providencia de autos, agregada la memoria de la parte demandada y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín revocó la sentencia de la instancia de origen que rechazó la demanda de expropiación irregular iniciada por el propietario de un inmueble ubicado en el partido de Tigre. En consecuencia hizo lugar a la pretensión, fijando el monto indemnizatorio por la porción de tierra expropiada al momento de la desposesión, con más los intereses desde dicho momento e imponiendo las costas a la actora por aplicación del art. 37 de la ley 5.708.
II. Contra el citado fallo, la parte actora dedujo el recurso extraordinario bajo análisis. Denuncia que lo resuelto por el a quo viola los arts. 14, 16 y 17 de la Constitución nacional; 10 y 31 de la provincial; 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 901, 902 y 904 del Código Civil.
En síntesis, el agravio que plantea la recurrente es el absurdo en que entiende ha incurrido la Cámara al determinar el valor de la porción de las tierras expropiadas al momento de la desposesión, ello en violación al criterio de esta Suprema Corte en el punto -cita y trascribe partes textuales del precedente C. 101.107, "Arbizu"- , basándose para ello en el tiempo transcurrido desde realizada la obra y por el otro el hecho de que el propietario anterior desviara el curso natural del canal sin que exista constancia de una autorización para hacerlo.
III. Adelanto que, en mi opinión el recurso debe prosperar.
Entiendo que asiste razón al recurrente en su planteo, pues considero que en el presente se configura la violación de la doctrina de la mayoría de este Tribunal en el punto, emanada del precedente C. 101.107, "Arbizu", citado.
En efecto en aquella oportunidad, tuve oportunidad de explicar que en cuanto a la determinación del "justo valor" o "valor objetivo" de las tierras expropiadas, esto es, el modo en que debe ser cuantificada la indemnización reclamada, deben ajustarse a los principios que provienen directamente de la Constitución nacional, debiendo respetarse esencialmente su letra y sus principios.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido construyendo a lo largo del tiempo el concepto de "justa indemnización" del bien expropiado (conf. art. 17, Const. nac.), expresando que "...la indemnización debe ser integral; el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto de oportuna y cumplida reparación. Que esto es así porque la expropiación, tal como está legislada en nuestra Constitución, es un instituto concebido para conciliar los intereses públicos con los privados. Y la conciliación no existe siéstos sacrifican sustancialmente aquéllos y si no se compensa al propietario la privación de su bien, ofreciéndole el equivalente económico que permita, de ser posible, adquirir otro similar al que pierde en virtud del desapoderamiento..." (Fallos: 268:238; 325, 489, 510; 269:27; 271:198; el destacado me pertenece).
En este orden de ideas el Máximo Tribunal, siguiendo las enseñanzas de los más prestigiosos tratadistas, ha explicado con acierto en qué consiste la noción de "valor objetivo" del bien, declarando que "...es el equivalente al valor en plaza y al contado, porque se tiene en cuenta el libre juego de la oferta y la demanda. Agregando luego que el criterio de la objetividad permite, a los efectos de su razonabilidad, ajustarlo en cada caso, no solamente a las cualidades intrínsecas de la cosa expropiada, sino también a las circunstancias de lugar y tiempo" (CSJN Fallos: 237:38; 305:1897).
Por ello, concluí en dicha oportunidad y reitero aquí, que la indemnización debe ser justa, es decir, no puede ser fuente de enriquecimiento para el expropiado, pero tampoco disminuir su patrimonio y constituye, en el concepto constitucional, un valor equivalente al que en economía se designa como "valor de cambio", puesto que la indemnización reemplaza a la cosa en el patrimonio expropiado. El Estado cancela su deuda solamente cuando paga una suma de dinero cuyo valor real y adquisitivo equivale, en ese momento, al valor del bien, con lo cual la obligación del expropiante no consiste en dar una cantidad de moneda sino en reparar un valor patrimonial (doctr. art. 2.511, Cód. Civ.; conf. Juan A. Casas y Horacio Romero Villanueva, "Expropiación", pág. 56 y sigs.; CSJN, sent. de 17-X-1985, "Tello, Roberto c/ Provincia de Buenos Aires", "La Ley", 1986-A-351).
Ahora bien, el art. 8 de la ley 5.708 establece que la indemnización comprenderá "el justo valor de la cosa o bien a la época de la desposesión". Sin embargo esta normativa debe interpretarse armónicamente con el principio de jerarquía superior que exige que la misma debe tener carácter "previo", a los fines de no vulnerar el derecho de propiedad protegido constitucionalmente (art. 17, Const. nac.) y sin perder de vista que el sub lite se trata de una expropiación inversa donde la desposesión se ha producido hace más de diez años sin haber recibido el particular su debida indemnización.
Antes de ahora he considerado que si el expropiante cumpliera cabalmente su deber de pagar la indemnización con carácter "previo", tal como lo establece nuestra carta magna (arts. 17, Const. nac. y 31, Const. prov.), las modificaciones que podría sufrir el valor del bien expropiado no tendrían lugar, porque entre la desposesión y el pago del precio no transcurriría lapso alguno apreciable (conf. mi voto en minoría en la causa Ac. 77.399, sent. de 14-XI-2001; Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", Abeledo Perrot, 1997, t. VI, 6 ed., n. 1362 y sigs.).
Ello así toda vez que la mora en el pago en que incurrió el Estado, al no cumplir la exigencia constitucional de que la indemnización debe ser "previa" al acto expropiatorio, en modo alguno puede beneficiar al expropiante moroso que dejó de cumplir tan esencial deber.
En la causa referida, he tenido en cuenta lo que sostuviera la Corte Suprema de la Nación en los albores de nuestra organización institucional: tanto en materia de avalúos como de perjuicios de las cosas expropiadas, en caso de duda debe siempre estarse a favor del expropiado (sent. de 20-VIII-1874, in re "Keravenant c/ Empresa Constructora del Ferrocarril de Córdoba a Tucumán", Fallos: 15:254), concepto reiterado en "Devoto c/ Poder Ejecutivo" (Fallos: 82:432). Dije, recordando a Laquis, que aquel lejano precedente lleva las firmas de Salvador María del Carril y José Benjamín Gorostiaga, que intervinieron como convencionales en la sanción de la Constitución de 1853 ("Derechos Reales", t. III, p. 515 y sigs.).
Asimismo, el cimero Tribunal ha resuelto que el concepto de indemnización justa debe conformarse de acuerdo con las modalidades del caso (sent. de 14-IV-1975, "El Derecho", t. 64, p. 193; conf. Ac. 77.399, cit.).
Ahora bien, en el sub discussio, como en el precedente Ac. 77.399 antes citado (fallo que fuera revocado luego por la Corte nacional con fecha 29 de junio de 2004), y en el invocado fallo C. 101.107, "Arbizu", media ausencia de pago, lo que constituye fundamento idóneo para disponer igual criterio que en dichos precedentes para fijar el valor de las tierras expropiadas a los valores reales que estén más cercanos a la sentencia y no a la época de la desposesión, a semejanza como se resolviera en la causa Ac. 63.091 ("Fisco c/ González Gowland de Gaviña", sent. de 2-VIII-2000), por aplicación del principio de "justa indemnización" -reparación justa, actual e integral del bien expropiado- (arts. 17, Const. nac. y 31, Const. prov.; CSJN Fallos: 268:112; 317:377 y causas R.588.XXXVI, sent. de 8-VII-2003; F.308.XXXIX, in re "Fiscalía de Estado c/Asociación Comunidad Israelita Latina", cit.).
Ahora bien la Cámara, para apartarse de la doctrina de la mayoría de este Tribunal en el punto, hace mención a la preexistencia de un curso de agua modificado en su trayecto por el anterior propietario -sin que exista constancia de una autorización al respecto- y el tiempo trascurrido desde que se realizara la obra hasta que se iniciara la presente acción. Considero que ninguna de las razones invocadas resulta suficiente para fijar el monto indemnizatorio a un momento tan distante en el tiempo.
Por un lado, pues la preexistencia de un canal -aún cuando su cauce pudiera haber sido modificado sin autorización-, no resultó obstáculo para la afectación -y consecuente obligación de indemnizar- de una porción importante del inmueble para la realización del canal artificial, y cuya única consecuencia fue el deber de descontar dicha porción, a los fines del cálculo de la parte afectada (situación considerada expresamente en la sentencia de Cámara).
En segundo término, en tanto la circunstancia de que el actor haya iniciado la acción una vez trascurrido un lapso considerable de tiempo, sólo podría haber traído aparejada la prescripción de la acción, suceso que no podría haberse verificado de conformidad a la doctrina mayoritaria de este Tribunal en el tema (cfr. causas C. 107.365, "Bibiloni", sent. de 9-X-2013; C. 98.129, "Pitrobelli", sent. de 7-III-2012 y AC. 77.720, "Charles", sent. de 27-XII-2002).
A las razones expuestas, cabe agregar un motivo más, y es que en el caso no se ha podido demostrar que la obra pública haya beneficiado y/o valorizado puntualmente al inmueble de los actores, como para justificar la fijación del valor al momento de la desposesión, situación que impone -con más razón- fijar el monto a un momento más cercano en el tiempo.
Los motivos alegados por el Tribunal de Alzada no resultan suficientes para apartarse de la doctrina de este Tribunal en el punto. La aplicación literal del art. 8 de la ley 5.708, en el caso, importó establecer una suma que lejos está de representar el valor económico del que se le ha privado al particular, afectándose de ese modo la garantía de inviolabilidad de la propiedad, a la vista de las cualidades que debe sustentar la indemnización, sujeta a reglas constitucionales propias -justa, actual, integral y previa- (art. 17, Const. nac.).
En apoyo de esta solución es dable agregar que el derecho público argentino otorga garantía judicial a todo habitante del país cuando se promueve una acción expropiatoria de que el juez sea quien determine la compensación -arts. 35 de la ley 5.708 y 17 de la Constitución nacional-. Precisamente, la parte del art. 17 de la Constitución nacional en que se expresa que ningún habitante puede ser privado de la propiedad "sino en virtud de sentencia fundada en ley" exige ese recaudo.
Por último, no desconozco que, en punto a la determinación de la indemnización en procesos de expropiación y la opción legal que fijado el valor del bien que se desapropia a la fecha de la desposesión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha hecho aplicación del art. 20 de la ley 21.499 que así los dispone, para excluir en el caso la incidencia de las vicisitudes propias de los bienes expropiados sobre aquel valor ("Provincia del Chaco v. Confederación General del trabajo de la República Argentina", sent. de 8-III-2010), con la referencia a Fallos: 305:1897 y 307:458.
Ahora bien cabe precisar, en relación a los mismos, que los supuestos de hecho que estos precedentes contemplan son diferentes al presente: en ninguno de ellos era materia de agravio la atención a los cambios acaecidos sobre las propiedades en el valor de plaza después del desapoderamiento para definir si con fijarse el valor del bien que se desapropia a esa fecha quedaba cumplido el objetivo de satisfacer al expropiado el mismo valor que se le quita. En ellos, dicha afirmación estaba ligada a situaciones que no se dan en el sub lite , como la imposibilidad de tomar las pericias realizadas por haber tasado el bien considerando las obras realizadas por el expropiante luego de la desposesión o se trataba de empresas en proceso de liquidación u otros avatares.
Incluso, si debiera considerarse a través de sus postulados una derivación comprensiva de todos los supuestos que pudieran acontecer en la variación del valor y se determinara la imposibilidad de acudir a cualquier forma de actualización del crédito mediante la aplicación de las leyes 23.928 (arts. 7 y 10) y 25.561, el valor como precedente a ser seguido por los tribunales inferiores está muy debilitado porque solo contamos con una afirmación genérica y, la remisión a los casos ya citados, tampoco aporta una justificación explícita que describa las razones por las cuales esta solución implica una excepción a los otros precedentes adoptados por la misma Corte en casos que se determinara el alcance de lo que debe considerarse una indemnización justa, actual y previa tal como lo requiere el art. 17 de la Constitución nacional (conf. fallos del Máximo Tribunal citados en este voto) o bien que una proyección a las circunstancias particulares de esta causa, también se alcanza con ese cometido.
Es por ello que considero que la referida doctrina no tiene el alcance del principio jurisprudencial para revertir el criterio por mí asumido en casos análogos al presente (conf. causas C. 101.107, "Arbizu", sent. de 23-III-2010 y C. 98.321, "Larrosa", sent. de 5-X-2011).
Desde otro lado, debe ponderarse que la determinación de la indemnización a la época de la desposesión generaría, según una interpretación estricta del art. 8 de la ley 5.708 (conf. CSJN Fallos: 310:943; causa A.1911.XXXIX, in re "Albarracín, Pedro Arturo c/ Administración Nacional de la Seguridad Social", sent. de 17-VII-2007), un trato desigual con aquellos casos de expropiación directa en los que el Fisco no requiere la posesión de la cosa a expropiar, lo que torna imposible referir a valores de una desposesión inexistente, y obliga a que tales valores se fijen a un momento temporalmente más cercano al fallo definitivo (fecha de las pericias o la del fallo mismo; arts. 16, Const. nac.; 11, Const. prov.; conf. CSJN Fallos: 318:445, cons. 13°; 329:1703 y causa D.1308.XXXIX, sent. de 12-XII-2006).
IV. Por lo expuesto, corresponde acoger el recurso extraordinario interpuesto, y ordenar la devolución de las actuaciones a el Tribunal de Alzada, para que, integrado como corresponde, dicte un nuevo fallo acorde a los lineamientos dados en el presente.
Con costas a la demandada vencida (arts. 60 apdo. 1, CCA; 68, 71 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Habré de disentir con el distinguido colega que me precede en orden de votación pues juzgo que el recurso extraordinario traído (v. fs. 317/320 vta.) no supera el umbral de la suficiencia.
Es claro que los recurrentes no fundan su embate en la violación de la doctrina legal que surgía del precedente C. 101.107, "Arbizu", sentencia de 23-III-2010 en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 317/318 vta.), limitándose a mencionarlo, junto con un fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Trenque Lauquen (v. fs. 318 vta./319 vta.), al desarrollar la causal caracterizante de la doctrina del absurdo en la valoración de la prueba (art. 384, CPCC).
Lo expuesto sin dejar de señalar que la misma vino a ser completada por la que surge de la causa C. 102.963, "Sabalette", sentencia de 7-IX-2016 y su progenie, que enmienda el resultado disvalioso que supone fijar indemnizaciones a valores actuales y a ello adicionarle intereses a la tasa pasiva que abonare el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, en los distintos períodos, desde la fecha de desposesión.
II. Liminarmente señalaré que la parte accionante persigue en autos la indemnización expropiatoria por la afectación parcial del inmueble de su propiedad ubicado en Don Torcuato partido de Tigre (Circunscripción II, Sección E, Fracción X, Parcela 1; Matrícula 39.057) por la obra de canalización del Arroyo Basualdo.
En ese andarivel estimó el valor del metro cuadrado a expropiar en la suma de u$s160, al momento de la demanda (27 noviembre de 2009), conforme tasación acompañada donde se toma, a su pedido, el terreno como baldío libre de mejoras.
Sostuvo que el importe multiplicado por la superficie afectada, con más los intereses, daría como resultado el valor de la indemnización reclamada por su parte, en virtud de lo establecido en el art. 8 de la ley 5.708 (v. fs. 3/7 y 28).
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, con asiento en San Martín, tomó competencia funcional revisora, no obstante declarar extemporáneo el memorial de la parte actora recurrente, en atención a considerar que conforme lo dispuesto en el art. 33 de la ley 5.708 el mismo es optativo para la parte (v. fs. 297).
En ese andarivel cognoscitivo revocó la sentencia de grado que, a su turno, había rechazado la demanda por entender que la obra "Saneamiento del Arroyo Las Horquetas Basualdo Etapa I", no se erigía como constitutivo de la voluntad expropiatoria de la Provincia, por cuanto se había realizado dentro de los límites del dominio público.
Haciéndose eco de lo manifestado por la accionada en su alegato respecto del thema decidendum , declaró de conformidad con lo previsto por el art. 41 de la ley 5.708 expropiada la superficie [de 3.852,99 mts. 2] cuya afectación consta en el plano agregado a fs. 81 [57-133-2010] y, en su consecuencia, condenó a la parte demandada a abonar a la actora la suma de $172.000, con más intereses, desde el 16 de febrero de 1998, a calcular de acuerdo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación, hasta el efectivo pago, no acumulativo; imponiendo las costas en ambas instancias a la actora (arts. 37 y 52, ley 5.708; 274, CPCC) -ver fs. 293/312-.
IV.1. Para así decidir, en lo que aquí interesa, resaltó la aplicación del principio de congruencia en el proceso expropiatorio (arts. 35, ley 5.708 y 163 inc. 6, CPCC) y de lo dispuesto en el art. 8 de la ley 5.708, en cuanto a la fecha en que debía considerarse el valor del metro cuadrado a computar por la superficie expropiada.
En este último aspecto señaló que si bien en otras causas, siguiendo precedentes de esta Corte (C. 101.107, "Arbizu", sent. de 23-III-2010 y C. 98.321, "Larrosa", sent. de 5-X-2011), ponderó que la falta de pago constituía fundamento idóneo para fijar el mismo a valores reales que estén más cercanos a la sentencia, por aplicación del principio de justa indemnización, actual e integral , ello no significaba que dicho momento sea el parámetro
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