Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73677
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.677, "Alvarez, Diego Antonio y otros c/ Fiscalía de Estado (Prov. de Bs. As.) s/ Expropiación inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Pettigiani, de Lázzari, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- hizo lugar a la demanda de expropiación inversa deducida en autos. Las costas de esa instancia fueron impuestas a la demandada en su calidad de vencida (v. fs. 492/503).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 507/516 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 518 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 524), agregado el memorial de la parte actora (v. fs. 532/541 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- hizo lugar a la demanda de expropiación inversa deducida en autos.
Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada efectuó las siguientes consideraciones.
I.1. Liminarmente, señaló que el agravio relativo a la época de referencia para el cálculo del monto indemnizatorio y la determinación del valor tierra no debía prosperar.
Adelantó que concordaba con la postura del señor juez a quo , en cuanto había estimado el monto indemnizatorio a valores actuales, en tanto encontró que en el caso se presentaban fundamentos suficientes para determinar el valor de las tierras expropiadas a una fecha cercana a la sentencia.
En ese sentido, con base en las constancias de la causa, sostuvo que la afectación estatal de las parcelas involucradas se produjo en el mes de junio de 1985, mediante la celebración de un convenio por el cual el propietario cedía el uso y goce de las tierras correspondientes al canal derivador a la Laguna Cuero de Zorro, y que habían transcurrido casi veinte años desde que el mismo finalizara -la duración del convenio se extendía desde el día 15 de junio de 1985 hasta el día 15 de junio de 1995-.
En ese contexto, ponderó que encontrándose en mora el Estado en el pago del valor del bien, era necesario confirmar el proceder de primera instancia para mantener intangible el principio de justa indemnización.
Para ello, descartó la aplicación literal del art. 8 de la Ley de Expropiación provincial, por las disvaliosas consecuencias que ello provocaría.
Agregó que, ante la mora señalada, no se podía beneficiar al Estado expropiante, en razón del incumplimiento de la exigencia constitucional de que la indemnización debe ser previa al acto expropiatorio.
Tuvo presente que, conforme surgía de los dictámenes periciales acompañados, de establecerse la indemnización estrictamente como el art. 8 de la ley 5.708 lo dispone, no se reemplazaría el valor del bien en el patrimonio del expropiado y, con tal proceder, se vulneraría el derecho de propiedad.
Sostuvo que cuando la norma señalada remite al valor del bien a la fecha de la desposesión, lo hace porque, respetando preceptos constitucionales y legales (arts. 17 y 9, Const. nac. y prov., respectivamente y 2.511, Cód. Civ.), es en el instante en que se consumó tal acto cuando el expropiado debió recibir el equivalente pecuniario (justa indemnización) del bien del que es privado en el interés público, quantum que debe referirse al que hubiese tenido de no haber sido declarado de utilidad pública o la obra no hubiese sido ejecutada o autorizada (art. 9, ley cit.; causa C. 92.942, "Fundación por la paz y la amistad de los pueblos", sent. de 3-III-2010); situación que no encontró configurada en la especie.
En función de lo expuesto, entendió que correspondía fijar el precio de las tierras expropiadas a los valores que estén más cercanos a la sentencia, y no a la época de la desposesión.
I.2. Respecto a ésta última cuestión, indicó que el a quo tuvo en cuenta que ambos peritos concordaron en que la valuación correspondiente a la parcela 467 "d" era de U$S 6.500 por hectárea; y que en cuanto a las parcelas 467 "f" y "g", no existían diferencias sustanciales entre las estimaciones por hectárea (U$S 6.500 el perito de la actora y U$S 5.000 el de la demandada) y que los argumentos dados por los profesionales resultaban razonables, por lo que promedió la diferencia, arribando a la suma de U$S 5.750.
Agregó que, en la tarea emprendida, el señor magistrado de grado había asignado por toda la superficie a expropiar un total de U$S 1.610.743,679 y aplicado el tipo de cambio $8,34 por dólar estadounidense (cfr. el cambio vigente al día 21 de agosto de 2014 y la diferencia entre la cotización vendedor y comprador -citó www.bna.com.ar y www.bcra.gov.ar-), resultando la indemnización por la tierra expropiada en la suma de $13.433.602,28.
Luego, procedió a revisar el monto fijado y señaló que la contradicción se presentó en función de la diferencia existente entre las tasaciones de las parcelas 467 "f" y "g", pues el perito de la actora reiteró la suma de U$S 6.500 para éstas y el perito de la demandada -ingeniero agrónomo Villamarín- consideró que el valor en este caso era de U$S 5.000, pues a diferencia de la parcela "d" que posee mayor aptitud productiva y es agrícola ganadera, éstas últimas son ganadero agrícola. Sostuvo que el citado experto explicó que en una superficie agrícola ganadera se pueden destinar -en el plan de rotación- más años a la agricultura.
Sopesadas las pericias referidas y las consideraciones del señor juez de primera instancia, confirmó la sentencia recurrida en tanto no encontró razones para receptar el agravio presentado por el demandado.
Concordó al efecto que dada la mayor aptitud productiva de la parcela 467 "d", su valuación no podía coincidir con la de las parcelas 467 "f" y "g". Sin embargo, no encontró que el monto finalmente asignado a dichas parcelas (U$S 5.750), menor que el sugerido por el perito de la actora, pero mayor al estimado por el de la demandada, deba disminuirse al ponderar que resultaba ajustado a la prueba producida en el caso.
I.3. En cuanto a la pertinencia de los intereses fijados en la sentencia de grado, consideró que la apelación no debía prosperar.
Sostuvo que los intereses sobre el monto de la indemnización no son moratorios sino compensatorios pues resarcen al expropietario de la indisponibilidad oportuna del precio expropiatorio.
Indicó que mientras la privación del derecho real de dominio encuentra resarcimiento en la justa indemnización que el expropiante debe pagar al expropiado (art. 17, Const. nac.), los intereses están destinados a reparar el daño que se deriva de la demora en percibir en su totalidad el justo precio de la expropiación, cuando su determinación debe obtenerse en sede judicial y siempre que durante ese lapso, el titular no pudiera realizar sobre la cosa y en su provecho actos posesorios por haber sido desposeído (art. 8, ley 5.708).
Destacó que en idéntica dirección, en el caso "Arbizu" -análogo al presente-, esta Suprema Corte explicó que los intereses legales, que en virtud del art. 8 de la ley 5.708 corresponden al expropiado al operarse la desposesión, no integran el capital indemnizatorio garantizado por la Constitución (arts. 17, Const. nac. y 31, Const. prov.), en tanto no son más que la consecuencia directa e inmediata del perjuicio irrogado al titular dominial por la carencia del uso y goce de la cosa. En consecuencia, no se podría suplir el menoscabo producido por la fijación inapropiada del valor del bien con los intereses que le corresponderían al expropiado, dado que se estaría confundiendo la reparación debida con el derecho que tiene el particular ante el desapoderamiento de la cosa sin previa indemnización.
Concluyó al respecto que, en tanto la sentencia de primera instancia había declarado prescripto el lapso transcurrido hasta el día 8 de marzo de 2010 (aspecto que -señaló- no fue apelado por el actor), el rechazo del agravio tratado en éste apartado implicaba que los intereses debían correr desde dicha fecha.
I.4. Finalmente, con relación al agravio formulado en materia de costas, recordó que el art. 37 de la ley 5.708 -texto según ley 7.287- dispone que las costas del juicio serán a cargo del expropiante cuando la indemnización fijada por la sentencia definitiva esté más cerca de la estimación formulada que del precio ofrecido; que serán a cargo del expropiado cuando esa indemnización esté más cerca del precio ofrecido que de la estimación formulada y que en los demás casos serán abonadas en el orden causado.
Señaló que el mentado artículo está previsto en tanto el juicio expropiatorio se canalice por vías naturales y se desarrolle de conformidad a los lineamientos que la propia ley marca de un modo esquemático, sin incidencias jurídicas procesales extrañas a la determinación del precio en sí mismo; pero que si la accionada opone excepciones o desconoce derechos inherentes al propietario, debe estarse a lo resuelto por el Código Procesal Civil y Comercial (art. 68 y sigs.), en cuanto a las costas que debe soportar quien reviste calidad de derrotado y en todo lo no previsto por la ley específica (art. 52, ley cit.) como régimen supletorio del trámite judicial de las expropiaciones.
Bajo tales parámetros, ponderó que la parte accionada -en tanto se había opuesto expresamente al progreso de la acción, negado la ocupación, planteado excepción de prescripción y solicitado el rechazo de la demanda- evidenció un desconocimiento de los derechos del propietario que excedía la cuestión acerca de la fijación del precio expropiatorio. Por ello, rechazó el agravio del Fisco y confirmó, con fundamento en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, la imposición de las costas a la accionada quien resultó sustancialmente vencida en el pleito.
II. Contra dicho pronunciamiento el Fisco demandado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia los siguientes agravios: i) violación del art. 8 de la ley 5.708, por cuanto se fijó el valor indemnizatorio a una fecha distinta a la desposesión; ii) doble indemnización, por aplicarse intereses desde el día 8 de marzo de 2010 sobre una indemnización fijada a valores actuales; iii) absurdo valorativo en la cuantificación de lo debido y iv) infracción legal en materia de imposición de las costas del proceso.
II.1. En primer lugar, cuestiona que se haya fijado el monto de la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien en fecha próxima a la sentencia, apartándose así del régimen legal que dispone que el precio se debe fijar a la fecha de la desposesión (cfr. art. 8, ley 5.708 y su doctr. legal).
Manifiesta que la ley expropiatoria prevé resarcir al expropiado por la indisponibilidad del inmueble a través de los intereses compensatorios que corren desde el momento en que se realizó la desposesión y hasta el efectivo pago de la indemnización (cita doctr. de esta Suprema Corte).
Sostiene que si el Fisco detentaba la posesión desde el mes de junio de 1985, constatada la misma, la ley claramente dispone que el precio debía ser fijado a ese momento, y para compensar el eventual perjuicio económico del expropiado a dicha indemnización se le deben adicionar los intereses del art. 8 de la ley 5.708.
Denuncia que lo que no se puede hacer es fijar la indemnización a valores corrientes al momento de la sentencia (agosto de 2014) y sobre ese importe adicionarle intereses desde el día 8 de marzo de 2010 (esto es dos años antes de la interposición de la demanda, en tanto los anteriores estaban prescriptos) con lo cual se establece un doble ajuste.
Pone de relieve que la solución que su parte propicia concuerda con el criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la interpretación del art. 20 de la ley 21.499, que resulta análogo al art. 8 de la ley 5.708 (cfr. CSJN causa C.662.XXXIV "Chaco, Provincia de c/ Confederación General del Trabajo", sent. de 9-III-2010).
II.2. Seguidamente, aduce que el Tribunal de Alzada incurre en absurdo en la valoración de la prueba al confirmar el monto asignado a la superficie expropiada.
En este sentido, sostiene que se hizo caso omiso a lo puntualizado por el ingeniero agrónomo Villamarín, quien señaló que el terreno expropiado posee aptitud ganadera-agrícola, cuenta con una capacidad productiva 2a(m) y con un índice de productividad de 50. Con base en dichos datos y siendo que la tierra lindera es la costa de la laguna, sostiene que el sector del campo afectado es apto para la ganadería.
Asimismo, señala que en dicha pericia se diferenció la mayor capacidad de la parcela 467 "d", respecto de las "f" y "g", lo que no fue efectuado por el ingeniero Zubía (perito de la actora), quien omitió considerar separada y diferenciadamente las parcelas.
Por ello, solicita que se descarte el promedio utilizado y se tomen en consideración únicamente los valores consignados por el experto propuesto por el Fisco.
II.3. En tercer término, se agravia por cuanto la Cámara confirmó la imposición de intereses desde el día 8 de marzo de 2010 sobre una indemnización fijada a valores actuales, lo que -a su entender- configuraría una doble indemnización.
Sostiene que los intereses solo corresponden en la medida en que la indemnización sea determinada a la época de la desposesión.
Concluye que el criterio de la Cámara es erróneo al establecer que la indemnización debe fijarse en la fecha más próxima a la sentencia y adicionarle intereses, pues ello implica un enriquecimiento indebido en el patrimonio de la actora que, en la especie, se trasunta en la diferencia que significan los intereses por un lapso de casi cinco años.
Postula entonces, que si la indemnización se fija a valores actuales carece de todo asidero la aplicación de intereses.
II.4. Por último, se queja de la imposición de costas, denunciando que se incurrió en absurdo al haberse considerado la indemnización establecida para la tierra libre de mejoras, sin haberse tenido en cuenta que la pretensión de la actora contenía rubros que fueron desestimados y que, de habérselos computado, la oferta fiscal hubiera sido más próxima a la cifra fijada judicialmente que la estimación de la parte actora.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, el Fisco recurrente se queja de que se haya fijado un valor expropiatorio próximo a la fecha de la sentencia y no al momento de la desposesión (cfr. art. 8, ley 5.708).
Sobre el tópico, la Cámara ratificó la aplicación del criterio "valor actual" para la determinación de la indemnización expropiatoria, en virtud de las particulares circunstancias del caso, a saber: i) que la afectación de las parcelas involucradas se produjo en el año 1985, mediante convenio de cesión de uso a cambio de un pago compensatorio, y que habían transcurrido casi veinte años desde que el mismo finalizara, esto es, junio de 1995; ii) que el Estado se encontraba en mora en el pago del valor del bien y iii) que de la prueba pericial surgía que, de establecerse la indemnización con sujeción al art. 8 de la ley 5.708, no se reemplazaría el valor del bien en el patrimonio del expropiado.
A partir de allí, consideró que la estricta sujeción que la Fiscalía de Estado pregonaba del art. 8 de la ley 5.708, conculcaba el derecho de propiedad que consagra el art. 17 de la Constitución nacional, ya que los valores a la época de la desposesión habían quedado relegados por los actuales del bien en el mercado inmobiliario y, en consecuencia, el expropiado no recibiría el equivalente pecuniario (justa indemnización) del bien del que fue privado en aras del interés público.
Frente a tal decisión, la Fiscalía de Estado insiste en propugnar su propio criterio interpretativo, sin llegar a demostrar las violaciones legales que denuncia, exponiendo solamente su discrepancia personal con el resultado que le es adverso, lo que resulta técnicamente incorrecto (cfr. art. 279, CPCC).
Sobre tal proceder, tiene dicho esta Corte que comporta un requisito ineludible -para una adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley- la impugnación concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo, siendo insuficiente la que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos y citas legales sobre los que la misma se asienta, circunstancia que acontece en el sub judice (doctr. causas C. 105.177, "Caro Hnos.", sent. de 21-XII-2011; C. 114.673, "Maddalena S.A.C.I.", sent. de 7-II-2018; e.o.).
III.1.a. Ahora bien, sin perjuicio de la insuficiencia técnica que porta en este aspecto el intento recursivo, me permito destacar -de igual forma en que lo hice en el precedente "Antiguas Estancias" (causa C. 118.204, sent. de 9-III-2016)- que, para determinar la indemnización expropiatoria, hay que primeramente tener en cuenta que el instituto de la expropiación está contemplado en la Constitución nacional, cuyo art. 17 dispone lo siguiente: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada..." y que en iguales términos lo reconoce el art. 31 de nuestra carta provincial.
Y es que, en nuestro orden jurídico, la indemnización posee caracteres que actúan como requisitos ineludibles, a saber: debe ser "justa" y "previa" por mandato directo de la Constitución nacional.
El art. 8 de la ley 5.708 establece que la indemnización comprenderá "...el justo valor de la cosa o bien a la época de la desposesión". A su vez, el art. 35 nos habla del valor objetivo del bien. Sin embargo, considero que las citadas normas deben interpretarse armónicamente con el principio de jerarquía superior que exige que debe tener carácter "previo" a los fines de no vulnerar el derecho de propiedad protegido constitucionalmente (art. 17, Const. nac.) y sin perder de vista que en el sub lite se trata de una expropiación inversa, donde la desposesión -conforme el modo en que se han pronunciado las instancias de grado- se ha producido en el mes de junio de 1995, con la finalización del convenio de cesión de uso oportunamente celebrado entre las partes, es decir, han transcurrido más de veinticinco (25) años sin haber recibido el propietario su debida indemnización.
Así pues, si la obligación del expropiante consiste en reparar un valor patrimonial (doctr. art. 2.511, Cód. Civ.; Casas, Juan A. y Romero Villanueva, Horacio; Expropiación, pág. 56 y sigs.), su pago en forma previa impediría que las eventuales consecuencias del proceso judicial o modificaciones en los valores a tener en vista pudieran perjudicarlo. En caso contrario, deberá afrontar el pago de las sumas necesarias que permitan, de ser posible, adquirir cosa o bien similar al objeto de desapoderamiento.
Adoptándose de este modo el criterio expuesto por la Corte federal in re "Sociedad Anónima Compañía Azucarera Tucumana" (sen
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