Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74634
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.634, "Loggia, María y ot. C/ Dirección Provincial de Hidráulica y ot. s/ Expropiación inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani, de Lázzari, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, en el proceso de expropiación inversa iniciado por María Loggia y otros contra la Dirección Provincial de Hidráulica, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, reconociendo el rubro "Construcción de Puentes" y fijó el monto de la indemnización en la suma de dos millones ciento setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y siete pesos con setenta centavos ($2.174.957,70), con más intereses desde el momento de la desposesión, de acuerdo con la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta días vigente en sus diferentes períodos de aplicación y hasta su efectivo pago.
También modificó la tasa de interés que había fijado la sentencia de primera instancia, según la cual ese adicional debía calcularse mediante la utilización de la tasa activa, haciendo de ese modo lugar al agravio que en ese sentido planteara el Fisco, quien también dedujo un recurso de apelación, del que acogió solo ese agravio. Impuso las costas de dicha instancia por su orden -conforme art. 68 segunda parte del Código Procesal Civil y Comercial- (v. fs. 526/540 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el Fisco provincial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 541/549), el que fuera concedido por la Cámara interviniente a fs. 550.
Dictada la providencia de autos para resolver a fs. 552 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde confirmar el fallo recurrido en cuanto validó el cómputo de la indemnización a valores actuales?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Sobre qué valor deben calcularse los intereses y que tasa corresponde aplicar?
3ª) ¿Corresponde confirmar la sentencia en cuanto adiciona al rubro "Depreciación y Mejoramiento del Remanente y Puentes" el justo valor para la construcción de un puente?
4ª) ¿Asiste razón al recurrente en cuanto a como se distribuyeron las costas de las instancias anteriores?
5ª) ¿Cómo corresponde imponer las costas de esta instancia extraordinaria?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el Fisco, modificando la tasa de interés que debía aplicarse sobre el monto de la indemnización, ordenando se aplique la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación y denegó los restantes agravios, confirmando la fijación del monto indemnizatorio a valores actuales al momento del dictado de la sentencia de primera instancia.
I.1. Para así decidir, en lo que a esta cuestión interesa, indicó que asiste razón a la actora, en cuanto sostuvo que el monto fijado como indemnización de cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos setenta y seis pesos con cuarenta centavos ($457.376,40) era producto de un error aritmético, elevando esa suma a quinientos setenta y un mil quinientos noventa y cuatro pesos con veinte centavos ($571.594,20). Entendió que se trataba de un mero error de cálculo y ordenó modificar el monto por el cual debería prosperar ese rubro. Este punto, cabe ponerlo de relieve, no ha sido objeto de cuestionamiento por parte del Fisco, no obstante que la operación aritmética efectuada por la Cámara adolece de un grosero error y que, en cambio, es acertada la que realizó el Juez de Primera Instancia en su sentencia.
I.2. Con relación a la indemnización, indicó que ella debía restituir al propietario el mismo valor económico del que se vio privado por la expropiación y que debía liberar al expropiado de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento (CSJN Fallo: 268:112), de modo de no empobrecerlo ni enriquecerlo; debiendo ser justa, lo que incluye las características de ser actual e integral, y agregó que no debe el propietario sufrir lesión en su patrimonio que no sea objeto de oportuna reparación (Fallos: 318:445; 268:112; 301:1205; 302:529; 304:782; 308:39; e.o.).
Además señaló que la indemnización debió ser previa, pagándose antes de que la propiedad se transfiera al expropiante (arts. 31, Const. prov. y 17, Const. nac.), con lo que confirmó la fijación del valor tierra con criterio de actualidad.
También desestimó el agravio referente a la utilización del valor de la unidad en moneda extranjera.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el apoderado de la Fiscalía de Estado denuncia errónea aplicación de los arts. 8, 9, 35, 37 concordantes y siguientes de la ley 5.708 y de las previsiones de la ley 25.561; asimismo aduce violación al derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.), de la doctrina legal de esta Suprema Corte y absurdo en la valoración de las pruebas y constancias del expediente.
II.1. Respecto del punto planteado en esta cuestión, el Fisco denuncia la errónea aplicación del art. 8 de la ley 5.708, por cuanto el Tribunal de Alzada estableció que el monto de la indemnización por el bien expropiado debía determinarse conforme a los valores vigentes al tiempo de dictarse el fallo.
II.1.a. En consonancia con ello, indica que la correcta interpretación del art. 8 surge de la doctrina legal de esta Suprema Corte en la causa C. 101.417, en la que se sostuvo que sólo es factible fijar el valor del bien a expropiar al momento actual cuando no sea posible establecérselo al momento de la toma de posesión -verbigracia, cuando no haya mediado desposesión por parte del expropiante- y que, a contrario sensu , siguiendo el lineamiento del art. 8 de la ley 5.708, en el resto de los casos se establecerá el justo valor de la cosa o bien a la época de la desposesión.
Señala que cuando la ley se refiere al valor del bien al momento de la desposesión, lo hace respetando preceptos constitucionales y legales, pues es en el instante en que se consumó la desposesión cuando el expropiado debió recibir el equivalente pecuniario -justa indemnización- del bien del que se lo ha privado en función del interés público (cita causa de esta Suprema Corte C. 42.322, sent. de 29-XI-1989 y sus citas); valor que debe referirse al que hubiese tenido de no haber sido declarado de utilidad pública o la obra no hubiese sido ejecutada o autorizada (art. 9, ley 5.708).
Agrega que desde lo estrictamente jurídico, es inaceptable no aplicar una norma sin declararla inconstitucional y advierte que precisamente ello es lo que se ha hecho con el art. 8 de la ley 5.708 que fue inaplicado, en tanto ordena fijar el valor de la tierra al momento de la desposesión y la sentencia lo hace al momento actual (o de la sentencia).
Aduce que también se apartó de la doctrina legal de la Corte de la Nación, en el caso "Provincia del Chaco c. Confederación General del Trabajo s/ Expropiación", la que debe ser acatada por los tribunales de todo el país (conf. arts. 1, 31, 33 y concs., Const. nac.), en el sentido de confirmar que la reparación por una expropiación debe calcularse a la fecha de la desposesión .
Recuerda que en el mencionado caso, incluso, el Alto Tribunal expresó que "...Por lo demás, indica que cabría igualmente desechar las conclusiones de las pruebas periciales, en atención a que ambas han considerado el valor del bien objeto de expropiación al momento de efectuar la tasación, incluyendo las obras realizadas por la expropiante [...] y corresponde recordar que si la propietaria no tiene derecho a reclamar el valor de las obras introducidas por ella con posterioridad a la afectación del bien (conf. art. 11 de la ley 21.499 y Fallos: 327:5427), mal puede pretender que sean consideradas las realizadas por la expropiante con posterioridad a la desposesión, para la estimación del valor de la tierra".
Y continuando con la cita expresa "...Finalmente y como bien indicó el Estado nacional en la contestación a su citación a este juicio (v. fs. 178), para determinar la indemnización el legislador ha optado por fijar el valor del bien que se desapropia a esa fecha y que el crédito representativo de dicho valor, en caso de corresponder, devengará intereses hasta el momento del efectivo pago (art. 20 de la ley 21.499), excluyendo así la incidencia de las vicisitudes propias de los bienes expropiados sobre aquel valor y, por lo tanto, la necesidad de realizar una nueva peritación antes del pronunciamiento de cada instancia (Fallos: 305:1897 y 307:458)".
II.1.b. Señala también que el Máximo Tribunal en el fallo "Rodriguez de Cayado María Lidia y otro c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Expropiación inversa", hizo suyo el dictamen de la Procuración Fiscal, que textualmente sostuvo que esta Suprema Corte soslayó los claros términos del art. 8 de la ley 5.708, que establece que las indemnizaciones deben comprender el valor del bien al momento de la desposesión.
Por lo demás, agrega que esta Suprema Corte ha dicho que la norma del art. 8 de la ley 5.708 respeta preceptos constitucionales, por lo que no podría alegarse violación de la Constitución por parte de la norma provincial.
Reitera que la postura de la Cámara, produce una distorsión en el esquema legal de la ley 5.708 y que la intención de los juzgadores de corregir pretorianamente lo que según su criterio sería una "injusticia", deviene en una inequidad mayor, en tanto se toma el peritaje que avalúa el inmueble al tiempo más cercano al dictado de la sentencia, cuando dicho informe técnico fue realizado una vez que la Provincia de Buenos Aires ha realizado ya la obra pública.
II.2. Denuncia la absurda valoración de la prueba producida en autos y la violación del art. 9 de la ley 5.708.
Sostiene que el hecho de interpretar arbitrariamente el art. 8 de la ley 5.708, conlleva al Tribunal de Alzada a valorar absurdamente la prueba al tomar como referencia el dictamen pericial realizado por el experto de la contraparte, que efectúa la tasación a valores actuales, lo que no abastece correctamente el cumplimiento de la normativa aplicable.
Aduce que la única prueba pericial producida en autos que realmente obedeció la pauta dada por el art. 8 y las previsiones del art. 12 de la mencionada ley, es la del ingeniero Villamarín, quien especificó el valor por hectárea al momento de la desposesión y señaló los distintos sectores que puede presentar el campo, tasando solamente el área ocupada por la obra pública, conforme las características propias del sector y no las del predio en su conjunto.
Asimismo indica que en dicho informe, el perito se detiene a explicar la ubicación del inmueble, los efectos que sobre el mismo ha producido la obra (pto. I), las particularidades del suelo (pto. III) y que menciona todas las pautas requeridas por el art. 12 de la ley 5.708 al momento de la desposesión, tal como exige el art. 8.
Acusa que no puede sostenerse válidamente que el mayor valor otorgado por la realización de la obra pública influya directamente al momento de tasarse el inmueble, mejorando enormemente su cuantificación, en detrimento del Fisco, siendo que se permite y se avala que la tasación del valor tierra sea realizada una vez terminada o realizada la obra pública.
Manifiesta que el art. 9 expresamente establece que "...El valor de los bienes debe regularse por el que hubieren tenido si no hubieren sido declarados de utilidad pública, o la obra no hubiera sido ejecutada o autorizada...", y que el Tribunal de Alzada reconoce que la obra pública ha aumentado el valor de la tierra, y a pesar de ello insisten en que es justo fijar el valor del inmueble al momento más cercano a la sentencia, cuando la obra ya se encontraba realizada, lo que considera absurdo.
II.3. Acusa violación del art. 35 de la ley 5.708, que establece que la indemnización se fijará en un monto que debe comprender el valor objetivo del bien y los desmerecimientos que sean consecuencia inmediata y directa de la expropiación, no debiendo sin embargo ser superior a la estimada por el propietario.
Explica que el actor estimó el valor de la hectárea en la suma de U$S3.000, arrojando un total de U$S11.826,08; y un monto total de $497.367 por los restantes rubros reclamados. No obstante lo peticionado, la sentencia de primera instancia otorgó una indemnización de $1.572.858,36 con más intereses a tasa activa del Banco Provincia, y el Tribunal de Alzada, ratificó e incrementó ese valor al adicionar el rubro "construcción de puente de hormigón", que implicó una condena de capital de $2.174.957,70.
Señala que ello evidencia el desapego a lo establecido por la norma denunciada, en tanto el monto otorgado en demanda supera en más de cuatro veces al estimado por el propietario.
III. El recurso, en lo que respecta a la parcela bajo análisis, no prospera.
III.1. El recurrente se queja de que se aplicó erróneamente lo normado por los arts. 8 y 9 de la ley de expropiaciones, vulnerándose la doctrina legal emergente de la causa C. 101.417 de esta Suprema Corte, como lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Rodríguez de Cayado María Lidia".
Es dable recordar que para que el escrito con el que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley abastezca las exigencias del art. 279 del Código adjetivo, es imprescindible que el apelante critique idóneamente las motivaciones esenciales que contiene el fallo objetado, lo que no se satisface si limita su embate a manifestar su discrepancia con lo resuelto en la instancia anterior (doctr. causas C. 97.121, "Arla", sent. de 29-IV-2009 y C. 102.205, "López de Clar", sent. de 30-IX-2009).
Considero que la recurrente no ha cumplido con esa suficiencia técnica, pues se ha desentendido de demostrar que el absurdo o las violaciones legales que denuncia se hayan producido en el fundamento central del fallo que ataca: determinar la "justa indemnización" en materia de expropiación.
A partir de esta premisa, y la trascendencia jurídica que tiene en materia expropiatoria la determinación del valor tierra para cumplir acabadamente con la manda del art. 17 de la Constitución nacional cuando dice: "...La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada...", es que en los casos en los cuales el propietario se ha visto privado de su dominio por el Estado y este hecho es anterior al pago indemnizatorio, se configura una situación de menoscabo patrimonial para el expropiado, que amerita la correcta interpretación del art. 8 de la ley 5.708.
En dicho orden de ideas esta Suprema Corte ha fijado su doctrina en las causas C. 101.107 ("Arbizu", sent. de 23-III-2010) y C. 100.908 ("Ormaechea", sent. de 14-VII-2010), que es de aplicación analógica al presente caso y que se encuentran firmes ya que fueron rechazados los recursos federales por la Corte nacional (A.574.XLII, sent. de 23-II-2012 y O.114.XLVII, sent. de 16-X-2012).
En las causas antes citadas, este Tribunal estableció que "los principios básicos a los que debe ajustarse la expropiación, en cuanto a la determinación del 'valor tierra', provienen directamente de la Constitución nacional, debiendo respetarse esencialmente su letra y sus principios".
Asimismo se puso de relieve que la indemnización debe ser justa, es decir, no puede ser fuente de enriquecimiento para el expropiado, ni puede disminuir tampoco su patrimonio y constituye, en el concepto constitucional y en el de la normativa legal específica, un valor equivalente al que en economía se designa como "valor de cambio", puesto que la indemnización reemplaza a la cosa en el patrimonio expropiado. El Estado cancela su deuda solamente cuando paga una suma de dinero cuyo valor real y adquisitivo equivale, en ese momento, al valor del bien, con lo cual la obligación del expropiante no consiste en dar una cantidad de moneda, sino en reparar un valor patrimonial (causa C. 101.107, "Arbizu", sent. de 23-III-2010).
También se especificó que la determinación de la indemnización a la época de la desposesión generaría, según una interpretación estricta del art. 8 de la ley 5.708, un trato desigual con aquellos casos de expropiación directa en los que el Fisco no requiere la posesión de la cosa a expropiar, lo que torna imposible referir a valores de una desposesión inexistente y obliga a que tales valores se fijen a un momento temporal más cercano al fallo definitivo (conf. causas C. 107.107 y C. 100.908, cits.).
Se advirtió, además, que la mora en el pago en que incurrió el Estado, al no cumplir la exigencia constitucional de que la indemnización debe ser previa al acto expropiatorio, en modo alguno puede beneficiar al expropiante moroso que dejó de cumplir su fundamental deber (conf. causas C. 101.107 y C. 100.908, cits.).
En el caso que nos ocupa el Tribunal de Alzada tuvo en cuenta los criterios que vengo describiendo párrafos arriba, ya que apreció el valor con criterio de actualidad (conf. mi adhesión al voto del doctor de Lázzari en C. 101.107, "Arbizu", sent. de 23-III-2010; C. 100.908, "Ormaechea", sent. de 14-VII-2010; también C. 98.321, "Larrosa", sent. de 5-X-2011).
Esos datos de la realidad se contrastan con la pretensión de la Fiscalía de Estado de resarcir a la expropiada con un valor distinto al de la fecha de reposición con argumentos en torno a la indexación prohibida y la violación de los arts. 8 y 9 de la ley de expropiaciones, lo que pone en evidencia la insuficiencia del embate al desentenderse de rebatir adecuadamente los fundamentos basales del decisorio, sin lograr demostrar la violación normativa que denuncia, lo que sella el resultado adverso del recurso interpuesto (art. 289, CPCC).
III.2. También despliega la recurrente su agravio sobre el valor de la tierra sujeta a expropiación apoyándose en los fallos de la Corte nacional in re "Chaco c/ Confederación General del Trabajo" (causa C.662.XXXIV, sent. de 9-III-2010) y "Rodríguez de Cayado María Lidia y Otro c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Expropiación Inversa".
Es mi criterio que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son obligatorias, sin perjuicio de aplicarlas a casos similares (v. mis votos en causas C. 97.849, "Funaro", sent. de 6-XI-2013 y C. 108.965, "Chediek", sent. de 18-VI-2014), lo que basta para descartar el agravio.
No obstante, en la causa A. 70.072, "Burcaiva S.R.L.", sentencia de 17-X-2018, el doctor de Lázzari, a cuyo voto adherí, efectuó un análisis detallado de las diferencias existentes entre las causas citadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el supuesto fáctico de esa causa (similar al de autos), al que remito en mérito a la brevedad.
Por esos fundamentos es que considero que los alegados fallos de la Corte nacional no tienen el alcance de principio jurisprudencial para revertir el criterio que esta Corte, por mayoría, ha asumido en casos análogos al presente (conf. causas C. 101.107, "Arbizu", sent. de 23-III-2010 y C. 100.908, "Ormaechea", sent. de 14-VII-2010).
El pronunciamiento de la Cámara es coincidente con el criterio que esta Suprema Corte, en mayoría, ha establecido respecto del valor de la tierra sujeta a expropiación, por lo que debe ser confirmado, sin perjuicio de que deberá corregirse el error de cálculo al que se hiciera referencia en el relato de antecedentes (art. 166 inc. 1, segunda parte, CPCC).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.