Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75490
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.490, "Tassano, Elisabet Mónica y Ot. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Carral, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal y admitió el de la parte actora. En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia en cuanto a la fecha de inicio del cómputo de los intereses, los que fijó a partir de la entrada en vigencia de la ley expropiatoria 14.047, y estableció como base de cálculo de ese accesorio el valor del capital determinado a la fecha de la desposesión. Las costas de esa instancia fueron impuestas al Fisco vencido -conforme art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial- (v. fs. 384/390 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 393/401 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 403/404.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 407) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, previo desestimar la defensa de falta de acción opuesta por la demandada, hizo lugar a la expropiación inversa promovida en autos y, en consecuencia: i) declaró expropiados a favor de la Provincia de Buenos Aires los bienes inmuebles identificados como Circunscripción II, Sección M, Manzana 28, Parcela 7, Matrícula 36.296 y Parcela 8 a, Matrículas 5.563/64, de la localidad de Bernal, Partido de Quilmes (conf. art. 1, ley 14.047); ii) fijó la indemnización en la suma de cuatro millones trescientos noventa mil cincuenta y siete pesos ($4.390.057); iii) estableció los intereses a calcularse a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el 13 de julio de 2015 (fecha de estimación del valor de los bienes) hasta el efectivo pago y iv) impuso las costas a la Provincia demandada (v. fs. 339/350 vta.).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal y admitió el de la parte actora. En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia en cuanto a la fecha de inicio del cómputo de los intereses, los que fijó a partir de la entrada en vigencia de la ley expropiatoria 14.047 (B.O. de 23-XI-2009) y estableció, como base de cálculo de los mismos, el valor del capital determinado a la fecha de la desposesión. Las costas de esa instancia fueron impuestas al Fisco vencido -conforme art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial- (v. fs. 384/390 vta.).
Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada realizó las siguientes consideraciones.
II.1. En primer lugar, se abocó al tratamiento de los agravios esgrimidos por el Fisco demandado, a saber: i) inexistencia de los presupuestos de la acción, fundada en la ausencia de prueba de la desposesión, insuficiencia de la sola declaración de utilidad pública contenida en la ley expropiatoria (conf. art. 41, ley 5.708) y ii) e improcedencia de la fijación de intereses.
Respecto al primer tópico, la Cámara consideró que correspondía resolver el sub lite en armonía con el criterio jurisprudencial sentado por esta Suprema Corte en las causas A. 70.913, "San Justo SAIC" (sent. de 11-III-2015) y A. 70.502, "Gesma" (sent. de 10-VI-2015) ya que, más allá de las diferencias en las plataformas fácticas de dichos antecedentes con la presente causa, todos tenían como denominador común una conducta activa del Estado, que intervenía en una situación conflictiva consumada en los hechos y la resolvía mediante el instituto de la expropiación.
En ese sentido, sostuvo que -en la especie- el comportamiento estatal no solo no fue neutral a la relación de conflicto entre los propietarios y trabajadores, sino que la ley 14.047 le otorgó a estos últimos una plataforma de legitimación para continuar en la explotación, con las instalaciones, maquinarias, herramientas, muebles y útiles de aquella (conf. art. 2, ley cit.).
A partir de allí, concluyó que el caso exhibía como acto de turbación suficiente (conf. art. 41 inc. "c", ley 5.708) para dar cabida a la expropiación inversa, a la ley especial de expropiación (ley 14.047, B.O. de 23-XI-2009), por considerar que en ese momento se produjo la desposesión de los bienes de las demandantes, la que se consumó a partir de la intervención del expropiante. Adunó que esa voluntad administrativa resultaba elocuente con la dirección de lo resuelto por el magistrado de primera instancia y desmentía el agravio relativo a la ausencia de conducta estatal de turbación.
Seguidamente, y por los mismos fundamentos, desestimó el agravio referido a la fijación de accesorios en el pronunciamiento cuestionado, en tanto advirtió que la queja giraba alrededor del mismo foco de embate (ausencia de turbación estatal).
II.2. Posteriormente, trató el agravio de la parte actora, por el cual rebatía el entendimiento adoptado por el magistrado de primera instancia para fijar los intereses desde la fecha de estimación del valor de los bienes (13-VII-2015).
Sobre el tópico, señaló que el cuestionamiento resultaba procedente, al ponderar que la ley 14.047 (B.O. de 23-XI-2009) había sido suficiente no solo para justificar la expropiación inversa promovida (art. 41, ley 5.708) sino también para sostener el cómputo de los accesorios a partir de entonces (art. 8, ley cit.).
En consecuencia, admitió este punto de la queja en análisis, ciñéndolo a los alcances que derivan del criterio sentado por esta Suprema Corte en la causa "Sabalette" (C. 102.963, sent. 7-IX-2016), el cual enuncia que a los efectos del cálculo de los intereses deberá tomarse el valor del capital determinado a la fecha de la desposesión.
II.3. Por último, confirmó las costas de primera instancia e impuso las de esa alzada al Fisco en su condición de vencido (conf. art. 68, CPCC), por cuanto entendió que el régimen de excepción establecido en el art. 37 de la ley 5.708 solo regía frente a un objeto procesal acotado a la discusión del monto y no ante otras hipótesis en las que el conflicto se suscitara en razón de la procedencia de la expropiación misma, tal como señaló acontecía en la especie.
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia violación y errónea interpretación de los arts. 8, 37, 41 inc. "c", 47, 52 y concordantes de la ley 5.708; 1, 2, 7 y concordantes de la ley 14.047 y ley 14.669; arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 5, 16, 17, 18, 31, 75 inc. 22, 121 y 122 de la Constitución nacional y 1, 15, 39, 45, 144 y concordantes de la Constitución provincial. Asimismo, alega absurdo valorativo y vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte que cita y de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III.1. Básicamente, se agravia de que la Cámara le otorgue carácter turbatorio a la promulgación de la ley 14.047 para -de ese modo- tener por configurada la causal de expropiación inversa contenida en el art. 41 inc. "c" de la ley 5.708.
Pone en evidencia la contradicción en que incurre la mayoría del tribunal a quo al puntualizar que la mera declaración de utilidad pública resulta insuficiente como acto de turbación y, seguidamente, sostener que el caso revela dicho acto turbatorio en ocasión de la sanción de la ley expropiatoria 14.047.
Señala que el dictado de la ley es una condición esencial, una exigencia constitucional (arts. 17, Const. nac. y 31, Const. prov.).
Con cita de fallos jurisprudenciales y doctrina autoral plantea que la expropiación, aún declarada por el Congreso, no crea un derecho activo a favor de los propietarios sujetos a ella como para obligar al Estado a hacerla efectiva, ya que es este quien debe elegir el momento oportuno con arreglo a sus posibilidades económicas y a su prudente arbitrio.
Indica que los actos turbatorios señalados en el art. 41 de la ley 5.708 deben ser actos jurídicos concretos e identificables.
Reseña diversos precedentes de esta Suprema Corte en los que se delimitó el alcance del concepto en cuestión y se estableció que la mera sanción de la ley expropiatoria, aún con su anotación registral, no implica un acto de turbación en los términos de la ley de expropiaciones de la Provincia.
Indica que el ejemplo clásico del acto turbatorio es la desposesión, circunstancia que -según aduce- en el sub lite , a diferencia de los casos en que se funda el fallo en crisis, no existió ni se acreditó.
En ese sentido, señala que nada se sabe de la Cooperativa de Trabajo Esperanza del Plata Limitada y no consta que se encuentre funcionando en el inmueble materia de litis, ni que prosiga con su actividad comercial.
Aduna que la actora contaba con las acciones legales que el ordenamiento jurídico le brindaba, ya sea para defender o recuperar la posesión de su propiedad que manifestaba perdida, las cuales no fueron ejercidas.
Advierte que la sentencia impugnada hace referencia a un supuesto conflicto entre propietarios y trabajadores, lo cual -indica- no tiene asidero ni se refleja en las constancias de la causa y pruebas rendidas en ella.
Entiende que las circunstancias apuntadas desvirtúan el motivo de la utilidad pública expresado en la ley 14.047.
Por último, postula que tanto la ley expropiatoria especial del caso, como su prórroga, resultan ser conductas lícitas del Estado provincial, que no pueden constituir nunca actos de turbación.
III.2. Seguidamente, se agravia de la sentencia en crisis por entender que la misma viola el art. 5 de la Constitución nacional, al no respetar la estructura del instituto expropiatorio y la división de poderes.
Para ello, sostiene -con cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que la declaración de utilidad pública es el presupuesto que habilita al Poder Administrador a privar del bien al particular para concretar la satisfacción del interés común, pero no resulta un mandato imperativo, ya que es facultad de la Administración establecer la oportunidad, mérito y conveniencia de ejecutar la medida.
En ese sentido, manifiesta que dentro de los plazos previstos en la ley formal, el Poder Administrador puede proceder a la desposesión y transferencia de la propiedad o permanecer inactivo durante el plazo resolutorio y caer en el abandono expropiatorio.
Postula que ni la ley expropiatoria ni su prórroga, en la especie, legitiman a la cooperativa beneficiaria de la expropiación, ni condicionan las ulteriores acciones del propietario respecto del bien sujeto a la medida.
En la misma línea, indica que si bien la ley expropiatoria pudo disconformar al propietario, no lo autoriza a promover la expropiación inversa sin que concurran los presupuestos del art. 41 de la ley 5.708, pues no es posible condicionar al Estado en el ejercicio del arbitrio irrenunciable de sujeto expropiante y sujetarlo al interés privado.
Reitera que el fallo impugnado ha sido indiferente, en forma arbitraria, al vacío probatorio de los presupuestos de la acción entablada, lo cual repercute negativamente en el instituto local y constitucional de la expropiación (art. 5, Const. nac.).
III.3. Posteriormente, denuncia que el Tribunal de Alzada se ha desentendido de las circunstancias y constancias concretas de la causa, incurriendo en absurdo valorativo al tener por acreditada la desposesión con afirmaciones dogmáticas.
III.4. Por su parte, cuestiona la imposición de intereses, con base en el mismo argumento enarbolado desde el inicio del recurso, referido a la falta de acreditación de la desposesión del bien materia de litis. Cita en su aval jurisprudencia de esta Suprema Corte.
III.5. Finalmente, se agravia de la sentencia en crisis en cuanto mantuvo la imposición de las costas del proceso a su parte en su condición de vencido, apartándose -según alega- en forma indebida del régimen legal aplicable (art. 37, ley 5.708).
Sostiene que en el caso se encuentran reunidos los tres requisitos que la ley exige para que resulte de aplicación el art. 37 de la ley 5.708 (oferta, estimación e indemnización). Bajo dicho marco legal, requiere que las costas sean impuestas a la expropiada, por ser el monto ofrecido por su parte el más cercano a la indemnización determinada en la sentencia o, en su caso, en el orden causado.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Conforme surge del relato de antecedentes, el tema central que se plantea a decisión de esta Suprema Corte, consiste en determinar si resulta acertado lo resuelto en forma coincidente por los magistrados de ambas instancias quienes, en virtud del dictado de la ley expropiatoria 14.047 -y su prórroga ley 14.669-, consideraron que existía un acto "turbatorio" del derecho de propiedad, que habilitaba la acción de expropiación inversa intentada (conf. art. 41, ley 5.708).
Ello así, en tanto el Fisco recurrente vuelve a insistir en esta sede con dos argumentos ya planteados en las instancias inferiores, consistentes en que la promulgación de la ley expropiatoria no resulta suficiente para tener por configurada la causal de expropiación inversa contenida en el art. 41 inc. "c" de la ley 5.708 y también que -en la especie- no se habría acreditado la desposesión del bien materia de litis.
IV.1.a. Sobre el tópico, cabe tener presente que la cuestión relativa a la expropiación de empresas por parte del Estado y su asignación a los empleados organizados en cooperativas de trabajo, para evitar la paralización de las fábricas y la pérdida de puestos de labor, ha sido objeto de análisis por este Tribunal en casos en los que se ha abordado una problemática similar a la presente (causas A. 70.913, "San Justo", sent. de 11-III-2015; A. 70.502, "Gesma", sent. de 10-VI-2015; A. 72.880, "Frigorífico y Matadero", sent. de 21-IX-2016; A. 71.707, "Textil San Remo SA", sent. de 19-IX-2018; A. 70.898, "Bellina", sent. de 29-V-2019; e.o.).
En dichos precedentes el punto central en debate consistía en determinar si los actos realizados por el Estado provincial podían ser considerados "turbatorios" del derecho de propiedad y, por ende, si habilitaban las acciones de expropiación inversa intentadas (conf. art. 41, ley 5.708).
Allí, se expuso que no es este el clásico supuesto donde el bien se encuentra en manos del expropiado hasta que el Poder Ejecutivo decide "materializar" el mandato legal, sino una hipótesis especial -y como tal debe ser analizada- donde el Estado viene a intervenir en una situación de hecho ya dada, intentando -a través del instituto de la expropiación- otorgar una solución al conflicto suscitado (causa A. 70.502, "Gesma", cit.).
También se dijo que la ley expropiatoria que -en el caso particular- declaró de utilidad pública a la empresa para adjudicarla a la cooperativa, no fue aséptica ni menos aún inocua respecto de la situación de hecho, sino que vino a legitimar la ocupación realizada por los empleados, dando un título o razón suficiente a los mismos para su permanencia allí.
Por su parte, se ponderó que la posibilidad de prorrogar o establecer plazos más largos a los fines de que no se configure el abandono -y sin abonar la indemnización previa exigida legalmente- es una solución que no se corresponde con la naturaleza del instituto utilizado, ya que la expropiación por razones de utilidad pública tiene su contrapartida en el pago del justo precio. De este modo, se equilibra de manera adecuada el interés particular -representado por el derecho de propiedad- con el general.
Esas particulares circunstancias permitieron concluir, cuanto menos, que en gran parte la autoridad pública coadyuvó para que el dueño de los bienes expropiados haya padecido la turbación o restricción de sus legítimos derechos.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente reiteró, en la causa CSJ 303/2017/CS1 "U.N.I.R.E.C. c/ Ramos E. Iglesias E. y ot. s/ expropiación", remitiendo al dictamen de la señora Procuradora General de la Nación, que al expropiar, el Estado ejerce un poder jurídico que le reconoce la Constitución, pero el ejercicio de ese poder, autorizado por causa de utilidad pública, supone el sacrificio de un derecho que también tiene base constitucional y que obliga a indemnizar debidamente al expropiado, toda vez que la expropiación supone un conflicto que se resuelve por la preeminencia del interés público y por el irremediable sacrificio del interés del particular (con cita de Fallos: 268:112). Pero la juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad, que se beneficia con el objeto de la expropiación, indemnice a quien pierde su bien a causa del bienestar general.
Señaló que como el expropiado no puede oponerse a la declaración de utilidad pública, sí tiene derecho a que su patrimonio no sea gravado más allá de lo que consienta la igualdad ante las cargas públicas (Fallos: 318:445).
En concreto, indicó que la expropiación es un fenómeno jurídico de conversión y sustitución de derechos del particular a favor de la comunidad, mediante el cual se abona al expropiado el resarcimiento de un perjuicio, que consecuentemente resulta accidental y no permanente (conf. Fallos: 306:1409; 312:2444). Agregó que, así como la Constitución nacional protege especialmente al derecho de propiedad en los procesos de expropiación, el art. 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires también lo hace al señalar que "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Provincia puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada".
En esa inteligencia, para calificar la procedencia inversa de la acción expropiatoria, caracterizó a la desposesión como la pérdida de toda posibilidad de uso y goce del bien sujeto a expropiación. (conf. Fallos: 313:1446 y 316:1756).
Advirtió que, en la configuración de supuestos especiales donde el accionar estatal conlleva una restricción al derecho de propiedad que -por su entidad- materializa la desposesión a la que alude el art. 8 de la ley 5.708, sumado a la declaración de utilidad pública, permite tener por acreditados los presupuestos de la acción de expropiación inversa en los términos del art. 41 inc. "c" de la ley 5.708.
IV.1.b. En el particular supuesto de autos, dicho presupuesto legal surge de los propios fundamentos de la ley 14.047, en los que se ponderó: "La grave crisis socioeconómica por la que hoy atraviesa nuestro país, que atenta contra los más elementales derechos humanos como son los de trabajar y ejercer actividades productivas, ha generado índices de desocupación sin precedentes [...] De aquí que resulta indispensable generar fuentes de trabajo y fortalecer y preservar las ya existentes, por ejemplo, las que hoy persisten en distintas plantas fabriles del distrito [...] Los trabajadores se han organizado para afrontar la desocupación a través de la formación de la 'Cooperativa de Trabajo Envases del Plata', debido a que la empresa cerró sus puertas sin comunicarles absolutamente nada acerca de su situación laboral, sin concurrir a las reuniones conciliatorias en la delegación Quilmes del Ministerio de Trabajo de la Pro
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