Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73774
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.774, "Russo, Pablo Daniel c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Genoud , Kogan , Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás hizo lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora, reconociendo el rubro "Depreciación del remanente", y rechazó el interpuesto por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, mediando aclaratoria, estimó en relación con los intereses que debían aplicarse desde la fecha de la desposesión, conforme la denominada "Tasa pasiva-Plazo fijo digital a treinta (30) días vigente a sus diferentes períodos de aplicación y hasta su efectivo pago". Impuso las costas a la demandada (art. 68 primer párr., CPCC; v. fs. 300/314 vta. y aclaratoria de fs. 320/323).
Disconforme con dichos pronunciamientos, el Fisco provincial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal contra la sentencia definitiva del Tribunal de Alzada (v. fs. 337/351), y a fs. 360/365 interpuso idéntico remedio contra la sentencia aclaratoria de fs. 320/323, ambos concedidos a fs. 352 y 366/367.
Dictada la providencia de autos para resolver a fs. 375 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 337/351?
2ª) ¿Lo es el interpuesto a fs. 360/365?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás hizo lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora, reconociendo el rubro "Depreciación del remanente" en un valor del quince por ciento (15%) del correspondiente a la superficie de las parcelas 287a, 287b, y 278c, del partido de General Viamonte, calculado a un valor por hectárea de acuerdo con el fijado por el señor juez de primera instancia para dichas unidades productivas (USD 5.300 x ha). Por el contrario, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, por aclaratoria, estimó con relación a los intereses que debía aplicarse la denominada "Tasa pasiva-Plazo fijo digital a treinta (30) días vigente a sus diferentes períodos de aplicación y hasta su efectivo pago". Impuso las costas a la demandada (art. 68 primer párr., CPCC; v. fs. 300/314 vta. y aclaratoria de fs. 320/323).
I.1. Para así resolver consideró que la indemnización debía restituir al propietario el mismo valor económico del que se vio privado por la expropiación y que debía liberar al expropiado de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento (conf. CSJN Fallos: 268:112), de modo de no empobrecerlo ni enriquecerlo. Agregó que la Corte Suprema de Justicia tiene dicho -en forma reiterada- que la indemnización debe ser justa, lo que incluye las características de ser actual e integral, que no debe el propietario sufrir lesión en su patrimonio que no sea objeto de oportuna y cumplida reparación (CSJN Fallos: 318:445; 268:112; 301:1205; 302:529; 304:782; 308:39; e.o.). Indicó asimismo que debía ser previa, pagándose antes de que la propiedad se transfiera al expropiante (arts. 31, Const. prov. y 17, Const. nac.).
A la luz de tales criterios, sostuvo que correspondía indemnizar el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación, debiendo tenerse en cuenta que el valor aludido por las partes como válido para la fecha de la desposesión no representa el valor objetivo del bien.
Por ello, atendiendo a la manda constitucional (art. 17, Const. nac.) -amplia en su concepto- consideró que debían aplicarse valores actuales, tal como lo hizo el juez de primera instancia, es decir, valores reales, de mercado, concordantes con la realidad económica a la época del dictado de la sentencia.
En consecuencia, entendió que correspondía continuar con el criterio reseñado, que impone definir el valor del bien a expropiar al momento de la sentencia, por cuanto ello se condice con la indemnización justa a la que refiere la Ley de Expropiaciones, y representa en definitiva el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación, encontrando razonable el valor cuantificado por el a quo en su decisión.
Con relación al valor asignado a la hectárea, y siguiendo esa línea de razonamiento, coincidió con el sentenciante de grado en cuanto entendió apropiado -luego de analizar las prueba pericial llevada a cabo por los distintos expertos- fijar el valor de la hectárea en cuatro mil quinientos dólares estadounidenses (USD 4.500).
I.2. Respecto al cálculo de los intereses, recordó que este es compensatorio por la indisponibilidad oportuna del precio expropiatorio (obligación de dinero) sustitutivo de la cosa expropiada (obligación de valor) y en consecuencia que estos deben correr desde la desposesión y hasta el efectivo pago y de acuerdo a la tasa que haya pagado, pague o pagare el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en sus diversos períodos de aplicación (conf. arts. 8, 12, 35 y concs., ley 5.708; 7 y 10, ley 23.928 -texto según ley 25.561-; 622, Cód. Civ. y 5, ley 25.561).
I.3. En cuanto a la fijación del valor de la unidad en moneda extranjera (dólares de los Estados Unidos de América) señaló que este Tribunal (en causa C. 100.908, "Ormaechea, Francisco contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa", sent. de 14-VII-2010) expuso: "La consideración del dólar estadounidense para fijar el valor de las fracciones de campo expropiadas no constituye por sí mismo la aplicación de un índice de actualización monetaria, sino un modo de establecer una indemnización justa (arts. 17, Const. nac.; 4, ley 25.561 y 35, ley 5708).
Consideró que ello no implica una actualización, reajuste o indexación sino el cumplimiento del deber constitucional de indemnizar a 'valores actuales', toda vez que no se están aplicando índices o coeficientes sobre una suma preexistente -mecanismos actualmente prohibidos por la ley- sino que se está procediendo a la cuantificación del justiprecio de la tierra, a los efectos de cumplir con los mandatos imperativos de la Constitución nacional (arts. 17, C.N. y 2511, C.C.; conf. doct. C. 101.107, cit.).
En apoyo de esta solución, agregó que en el derecho público argentino se otorga garantía judicial a todo habitante del país, cuando se promueve una acción expropiatoria, de que el juez sea quien determine la compensación (arts. 35 de la ley 5708 y 17 de la C.N.). Precisamente, el art. 17 de la Constitución nacional expresa que ningún habitante puede ser privado de la propiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley".
Con ello, rechazó sin más el agravio de la parte demandada.
I.4. En relación al cuestionamiento vinculado con la imposición de costas al demandado sostuvo que, para que pueda aplicarse la primera parte del art. 37 de la ley 5.708, la cuestión debe circunscribirse a la fijación del precio expropiatorio y, además, deben concurrir en el proceso los tres (3) elementos a que alude el citado artículo (oferta, estimación e indemnización).
Recordó que, tal como lo señalara esta Corte (en causa C. 97.570, "Galiotti, Víctor Lázaro c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa", sent. de 2-VII-2010; entre otras), si ocurre el supuesto expresado en el párrafo anterior, las erogaciones del pleito deberán ser impuestas según sea el resultado que arroje la comparación de los dos (2) primeros con el último, ya que el régimen contemplado en la citada norma legal ha dejado de lado el principio objetivo de la derrota como fundamento de la imposición de costas contenido en el Código Procesal.
Señaló que coincidía una vez más con el juez de grado en cuanto estimó que correspondía imponer las costas al Fisco demandado, puesto que la indemnización que fijara se acerca más al monto estimado por la parte actora sujeto a las pruebas producidas en autos, que al ofrecido por la demandada.
Cita en apoyo a su postura el voto del doctor Hitters en la causa n° 99.382, "Provincia de Buenos Aires contra 'Lanera del Sur S.A.'. Expropiación", sentencia de 12-III-2014, que trascribe in extenso .
Asimismo, destacó que incluso en la contestación de demanda, se esbozaron defensas vinculadas con la procedencia de la acción (demanda prematura por falta de plano de afectación y existencia de dominio público por la preexistencia de un curso de agua natural) que bien podrían haber justificado el desplazamiento del art. 37 de la Ley de Expropiaciones y el encuadre bajo los términos del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial.
I.5. Al abordar el agravio de la actora por el rechazo del rubro desmerecimiento o desvalorización del remanente o superficie sobrante, señaló que el perito ingeniero Zubía en el punto 2 de su dictamen (v. fs. 207 vta.) dio las razones por las que, con o sin puentes, las parcelas afectadas por la obra perderían valor en el mercado, señalando por ello que estima prudente fijar un porcentaje de desvalorización sobre el remanente total del orden del quince por ciento (15%).
Consideró razonables los fundamentos expuestos por el perito Zubía, asimismo, y recordó que el magistrado de grado ordenó la construcción de tres puentes en la parcela, decisión que no fue cuestionada por las partes. Hizo lugar al agravio respecto de ese rubro, estimándolo en un quince por ciento (15%) del valor de la parcela, teniendo en cuenta el mismo monto por hectárea fijado para el bien expropiado, al valor de cotización para la venta al momento del fallo, multiplicado por la superficie pertinente para arrojar un valor de condena en pesos, con más los intereses desde la fecha de la desposesión de acuerdo con la tasa que prevé el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta (30) días vigente en sus diferentes períodos de aplicación y hasta su efectivo pago.
I.6. En cuanto al cuestionamiento de la actora contra la tasa de interés aplicada y su pedido subsidiario de indexación, propició su rechazo teniendo en cuenta el criterio de este Tribunal sobre el punto en las causas Ac. 88502, "Latessa c/ Compañía Sud Argentina de Construcciones S.A. Ejecución de sentencia", sentencia de 31-VIII-2006.
Por ello, postuló el rechazo de lo peticionado por la actora, y la confirmación de la tasa fijada en la sentencia de grado.
I.7. Por último, respecto de las costas de la instancia de apelación las impuso a la demandada, recordando para ello que el régimen de excepción establecido en el art. 37 de la ley 5.708 rige sólo para las erogaciones judiciales de primera instancia (con cita de la causa de esta Corte C. 97.570, "Galiotti, Víctor Lázaro contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa", sent. de 2-VII-2010).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el Fisco denuncia errónea aplicación de los arts. 8, 9, 12, 35 y 37 de la ley 5.708; violación de la doctrina legal y absurdo en la valoración de la prueba.
II.1. En primer lugar, denuncia infracción del art. 8 de la Ley de Expropiaciones.
Sostiene que su correcta interpretación surge de la doctrina legal de esta Corte emergente de la causa C. 101.417, en la que se indica que solo es factible fijar el valor del bien al momento actual cuando no existió desposesión de parte del Fisco provincial. Y que, a contrario sensu , debe establecerse el justo valor del bien a la época de desposesión, cuando existiera.
Agrega que el instante en que se consumó la desposesión el expropiado debió recibir el equivalente pecuniario -justa indemnización- del bien del que se lo ha privado, en el interés público (cita causas de este Tribunal); valor que debe referirse al que hubiese tenido de no haber sido declarado de utilidad pública o la obra no hubiese sido ejecutada o autorizada (conf. art. 9).
Indica que la sentencia recurrida se aparta también de lo resuelto en autos "Provincia del Chaco c/ Confederación General del Trabajo" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 333:215) donde se ratifica la vigencia de la regla de la fijación del valor al momento de la desposesión.
II.2. Señala que la sentencia recurrida viola la doctrina de este Tribunal establecida en la causa C. 103.516, "Peñalba, Pedro Benito", sentencia de 2-III-2011, en tanto establece que: "...los valores deben computarse a la fecha de la desposesión". Seguidamente transcribe in extenso el voto del doctor Hitters en cuanto analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicado supra.
II.3. Denuncia asimismo la absurda valoración de la prueba producida. Señala que no es válida la prueba pericial producida a instancias de la actora, toda vez que está fijada a valores actuales y no respeta los parámetros establecidos para ello por la Ley de Expropiaciones.
Insiste con que el único informe de un perito que obedece a las pautas de los arts. 8 y 12 de la ley citada es el del ingeniero Villamarin, en el que se especificó el valor por hectárea al momento de la desposesión y los distintos sectores que puede presentar el campo, debiéndose poner énfasis y tasar solamente el área ocupada por la obra pública, teniendo en cuenta las características propias del sector y no el predio en su conjunto.
Alega que no puede sostenerse válidamente, sin caer en arbitrariedad e irrazonabilidad manifiesta, que el mayor valor otorgado por la realización de la obra pública no es apto para ser imputado en favor del Fisco. Por el contrario -afirma-, los beneficios de dicha obra realizada por el Estado provincial fueron tomados en cuenta al momento de tasarse el inmueble, mejorando enormemente su cuantificación en detrimento del Fisco, ya que permite y avala que la tasación del valor tierra sea realizada una vez terminada o realizada la obra pública.
Sostiene que se ha reconocido judicialmente que la obra ha aumentado el valor de la tierra, y a pesar de ello, insisten en que es justo fijar el valor del inmueble al momento más cercano a la sentencia.
II.4. Se agravia también de la aplicación de los intereses desde la desposesión (art. 8, ley 5.708), tomando como base de cálculo el valor del bien sobre un monto fijado en la actualidad.
Afirma que, si los intereses están pensados para paliar la privación de uso porque (y agrega: siempre que) el valor de la tierra se fija a la época de la desposesión, la fijación del valor a la fecha actual, a los efectos de que el actor pueda "adquirir otro bien similar", cumple con la misma función, con lo que se están superponiendo ambos por el mismo concepto, lo que evidentemente constituye un desvío de la lógica y de lo razonable, y un claro enriquecimiento incausado.
Añade que ello viola el principio nominalista consagrado en el año 1991, una de cuyas manifestaciones fue la prohibición de la utilización de cualquier mecanismo de actualización monetaria. Y que la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del art. 7 de esta, donde se prohíbe la indexación por precios, variaciones de costos o repotenciación de deudas.
En idéntico sentido transcribe el dictamen del Procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa S.113.XLVII "Schoo Devoto de Marino".
II.5. Se queja también de la utilización del dólar estadounidense para la fijación de la indemnización.
Sostiene que dicho mecanismo supone una indebida indexación del monto a pagar, mecanismo prohibido por el art. 4 de la ley 25.561.
Asimismo, advierte que atar la suerte de una deuda a la cotización de una moneda extranjera implica apartarse de la noción de moneda de curso legal (art. 7, ley de convertibilidad).
Señala que cuando el art. 8 establece que la indemnización debe ser en dinero, se refiere a la moneda de curso legal, es decir a pesos y no dólares.
II.6. Denuncia la violación del art. 35 de la ley 5.708, en tanto señala que dicho artículo establece que la sentencia declarará expropiada y fijará la indemnización que debe comprender el valor objetivo y los desmerecimientos que sean consecuencia inmediata y directa de la expropiación, no debiendo sin embargo ser superior a la estimada por el propietario.
Indica que el actor estimó el valor de la hectárea en la suma de seis mil trescientos pesos ($6.300), siendo la superficie expropiada de 21,569187 ha, dando un total de $135.885,88 y que la sentencia de primera instancia, que fuera confirmada por la Cámara, decide en exceso de lo solicitado ( ultra petita ), ya que otorga la fabulosa suma de $932.820,43 por el rubro valor tierra, más las obras de arte valuadas en $374.743,50.
Afirma que el contraste de las cifras es por demás evidente, y que "...no se concibe el apego y respeto a lo normativa del art. 35, cuando el monto otorgado en demanda supera en más de 5 veces el estimado por el propietario".
II.7. También cuestiona la condena en costas. Señala que el Tribunal de Alzada confirmó la imposición de costas efectuada por el juez de primera instancia con cita del art. 37 de la ley 5.708, sin tener en cuenta que la actora en su demanda también solicitó la indemnización de la depreciación y/o desmerecimiento del remanente, instalaciones y mejoras, construcción e instalación y mantenimiento de alambrados, aguadas y mejoras de trabajo, la construcción de dos puentes y mayores costos operativos.
Denuncia que no se incluyeron los rubros rechazados al momento de imponer las costas y no se contempló la modificación del monto estimado por la expropiada, vulnerándose la congruencia procesal. Indica que la procedencia de los cambios propuestos debió importar un replanteo de la ecuación prevista por el art. 37 de la Ley de Expropiaciones, correspondiendo imponérselas al expropiado.
II.8. Por último, se agravia de la admisión de la depreciación del remanente. Señala que el Tribunal de Alzada se apartó de lo resuelto por el juez de grado, y sin fundamentación alguna, basado únicamente en el informe del perito propuesto por la actora, hizo lugar al rubro.
Sostiene que la remisión a dicha experticia es el único argumento para añadir a la condena un rubro cuya cuantificación es idéntica a la indemnización otorgada en primera instancia al valor tierra, lo que resulta ilógico, absurdo y arbitrario.
Indica que la pericial del ingeniero Villamarin explica que el puente remedia la actual "incomunicación" y que además, la obra pública está emplazada y ocupa los sectores de bañado, los que en reiteradas oportunidades se encontraban encharcados o anegados; más aún, los remanentes del campo se encontraban incomunicados como consecuencia del agua, ello también debidamente acreditado con las imágenes satelitales adjuntadas en el informe pericial del ingeniero citado; asimismo recuerda que en la parcela 278b ya existía antes de la obra una zanja sobre la cual se ejecutó gran parte de la obra.
Agrega que es doctrina legal de la Corte nacional que la dificultad de comunicación proveniente de la expropiación parcial puede ser compensada con la construcción de obras que el expropiante tomará a su cargo.
Reitera que el juez de primera instancia sostuvo que la división de la parcela quedaba subsanada por la construcción de tres puentes que vincularán los remanentes, eliminando de esa forma los inconvenientes del traslado de un sector al otro.
Con ello, sostiene que la aceptación del rubro resulta improcedente y su cuantificación escandalosa. A tal fin explica que las parcelas 287a, 287b y 287c cuentan con un
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