Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73779
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.779, "Guastelli, Héctor Alberto contra Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás hizo lugar parcialmente a los recursos de apelación deducidos por las partes. Con relación al presentado por la actora, reconoció el rubro "depreciación del remanente", y respecto al interpuesto por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, solo admitió el agravio relativo a la tasa de interés. Asimismo, mediante aclaratoria, estimó en relación a los intereses que debían aplicarse desde la fecha de la desposesión y en relación a la fecha que fuere pertinente, la denominada "Tasa pasiva-Plazo fijo digital a treinta (30) días vigente en sus diferentes períodos de aplicación y hasta su efectivo pago". Impuso las costas a la demandada (art. 68 primer párrafo, CPCC) -ver fs. 244/259 vta. y aclaratoria de fs. 265/268-.
Disconforme con dichos pronunciamientos, el Fisco provincial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal contra la sentencia definitiva del Tribunal de Alzada (v. fs. 282/296), y a fs. 306/311 idéntico remedio contra la sentencia aclaratoria de fs. 265/268, ambos concedidos a fs. 298 y vta. y 312 y vta.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 282/296?
2ª) ¿Lo es el interpuesto a fs. 306/311?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás hizo lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora, reconociendo el rubro "depreciación del remanente" en un valor del 25% del correspondiente a la superficie de las parcelas 376a y 376k, calculado a un valor por hectárea (USD 4.000 x ha) de acuerdo con el fijado por el juez de primera instancia para dichas unidades productivas, al valor de cotización venta al momento del fallo de la instancia de origen, el cual se multiplicará por la superficie correspondiente.
Con relación a las parcelas recién mencionadas, es dable señalar que en realidad se trata de las superficies 257e y 257h, las cuales han sido erróneamente consignadas solo en la parte dispositiva de la sentencia debido a un error material, el cual, cabe poner de relieve, no ha sido objeto de cuestionamiento por parte del Fisco.
Respecto al recurso de apelación interpuesto por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Alzada solo admitió el agravio relativo a la tasa de interés, disponiendo la aplicación de la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta días, vigente en sus diferentes períodos.
Asimismo, mediante sentencia aclaratoria, dispuso que los intereses debían calcularse desde la fecha de la desposesión, aplicando la denominada "Tasa pasiva-Plazo fijo digital a treinta (30) días vigente en sus diferentes períodos de aplicación y hasta su efectivo pago". Impuso las costas a la demandada (art. 68 primer párrafo, CPCC) -ver fs. 300/314 vta. y la aclaratoria de fs. 320/323-.
I.1. Para así resolver consideró que la indemnización debía restituir al propietario el mismo valor económico del que se vio privado por la expropiación y así liberar al expropiado de todo daño y perjuicio mediante un resarcimiento tal (conf. CSJN Fallos: 268:112), que no lo empobrezca ni enriquezca. Agregó que la Corte Suprema de Justicia tiene dicho en forma reiterada que la indemnización debe ser justa, lo que incluye las características de ser actual e integral, que no debe el propietario sufrir lesión en su patrimonio que no sea objeto de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 318:445; 268:112; 301:1205; 302:529; 304:782; 308:39; e.o.). Indicó asimismo que debía ser previa, pagándose antes que la propiedad se transfiera al expropiante (arts. 31, Const. prov. y 17, Const. nac.).
A la luz de tales criterios, sostuvo que correspondía indemnizar el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación, debiendo tenerse en cuenta que el valor aludido por las partes como válido para la fecha de la desposesión no representa el valor objetivo del bien.
Por ello, atendiendo a la manda constitucional (art. 17, Const. nac.) -amplia en su concepto- consideró que debían aplicarse valores actuales, tal como lo hizo el juez de primera instancia, es decir, valores reales, de mercado, concordantes con la realidad económica a la época del dictado de la sentencia.
En consecuencia, entendió que correspondía continuar con el criterio reseñado, que impone definir el valor del bien a expropiar al momento de la sentencia, por cuanto ello se condice con la indemnización justa a la que refiere la ley de expropiación, y representa en definitiva el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación, encontrando razonable el valor cuantificado por el a quo en su decisión.
Con relación al valor asignado a la hectárea, y siguiendo esa línea de razonamiento, coincidió con el sentenciante de grado en cuanto entendió apropiado -luego de analizar las pericias llevadas a cabo por los distintos expertos- fijar el valor de la hectárea de USD 4.000, al valor de cotización cambio valor venta al tiempo de dictarse el fallo de primera instancia.
I.2. En relación al cálculo de los intereses, recordó que estos son compensatorios por la indisponibilidad oportuna del precio expropiatorio (obligación de dinero) sustitutivo de la cosa expropiada (obligación de valor) y, en consecuencia, deben correr desde la desposesión y hasta el efectivo pago.
De este modo rechazó también este agravio de la parte demandada.
I.3. En cuanto a la fijación del valor de la unidad en moneda extranjera (dólares de los Estados Unidos de América) señaló que este Tribunal (en sent. de 14-VII-2010, causa C. 100.908, "Ormaechea, Francisco contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa") expuso: "La consideración del dólar estadounidense para fijar el valor de las fracciones de campo expropiadas no constituye por sí mismo la aplicación de un índice de actualización monetaria, sino un modo de establecer una indemnización justa (arts. 17, Const. nac.; 4, ley 25.561 y 35, ley 5708).
Consideró que ello no implica una actualización, reajuste o indexación sino el cumplimiento del deber constitucional de indemnizar a 'valores actuales', toda vez que no se están aplicando índices o coeficientes sobre una suma preexistente - mecanismos actualmente prohibidos por la ley- sino que se está procediendo a la cuantificación del justiprecio de la tierra, a los efectos de cumplir con los mandatos imperativos de la Constitución nacional (arts. 17, C.N. y 2511, C.C.; conf. doct. C. 101.107, cit.).
En apoyo de esta solución, agregó que en el derecho público argentino se otorga garantía judicial a todo habitante del país cuando se promueve una acción expropiatoria de que el juez sea quien determine la compensación (arts. 35 de la ley 5708 y 17 de la C.N.). Precisamente, el art. 17 de la Constitución nacional expresa que ningún habitante puede ser privado de la propiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley".
I.4. Acerca del cuestionamiento expresado por el cambio de criterio del sentenciante de grado al fijar la tasa de interés activa, recordó citando las causas C. 101.107, "Arbizu"; Ac. 88.502, "Latessa" y C. 101.774, "Ponce", que corresponde atenerse a la doctrina de esta Suprema Corte, que en la materia no ha variado de criterio en cuanto a la aplicación de la tasa pasiva que perciba el Banco de la Provincia en sus operaciones a treinta días.
En consecuencia, admitió la queja de la Fiscalía y dispuso la aplicación de la tasa pasiva.
I.5. Respecto al agravio vinculado con la imposición de costas al demandado sostuvo que, para que pueda aplicarse la primera parte del art. 37 de la ley 5.708, la cuestión debe circunscribirse a la fijación del precio expropiatorio y, además, deben concurrir en el proceso los tres elementos a que alude el citado artículo (oferta, estimación e indemnización).
Recordó que, tal como lo señalara esta Corte (sent. de 2-VII-2010 en la causa C. 97.570 caratulada "Galiotti, Víctor Lázaro c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa"; e.o.), si ocurre el supuesto expresado en el párrafo anterior, las erogaciones del pleito deberán ser impuestas según sea el resultado que arroje la comparación de los dos primeros con el último, ya que el régimen contemplado en la citada norma legal ha dejado de lado el principio objetivo de la derrota como fundamento de la imposición de costas contenido en el Código Procesal Civil y Comercial.
Señaló que coincidía una vez más con el juez de grado en cuanto estimó que correspondía imponer las costas al Fisco demandado, puesto que la indemnización que fijara se acerca más al monto estimado por la parte actora sujeto a las pruebas producidas en autos, que al ofrecido por la demandada.
Cita en apoyo a su postura el voto del doctor Hitters en la sentencia de 12 de marzo de 2014 en autos "Provincia de Buenos Aires contra 'Lanera del Sur S.A.'. Expropiación" causa n° 99.382, que trascribe in extenso .
Asimismo, destacó que incluso en la contestación de demanda, se esbozaron defensas vinculadas con la procedencia de la acción (demanda prematura por falta de plano de afectación y existencia de dominio público por la preexistencia de un curso de agua natural) que bien podrían haber justificado el desplazamiento del art. 37 de la ley de expropiaciones y el encuadre bajo los términos del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial. No obstante, los mismos resultaron inatinentes para resolver el presente caso.
I.6. En cuanto al planteo de la actora por el rechazo del rubro desmerecimiento o desvalorización del remanente o superficie sobrante, como también de la falta de reconocimiento de la necesidad de instalar dos puentes, uno en cada parcela, señaló que el perito ingeniero Zubía en el punto 2 de su dictamen (v. fs. 147 vta.) da las razones por las que, con o sin puentes, las parcelas afectadas por la obra perderían valor en el mercado, señalando por ello que estima prudente fijar un porcentaje de desvalorización sobre el remanente total del orden del 25%. Y añadió la necesaria construcción de un puente que una cada una de las parcelas que integran el establecimiento, aclarando que en la parcela 257h, se encuentra instalada una obra elemental que, sugiere, debe ser reemplazada por el puente reglamentario correspondiente, mientras que, en la parcela 257e, no existe obra alguna.
Destacó que el magistrado de grado tuvo por acreditado que la parcela 257h, cuenta con un puente, y por ello el rubro, sobrante desmerecido no debe prosperar, y respecto de la parcela 257e, sostuvo que la falencia de acceso podía subsanarse con la construcción de una obra de ingeniería que remueva tal obstáculo, estimando razonable reconocer a favor del actor la suma de $123.815, por dicho concepto con base en lo informado por los peritos ingenieros civiles de ambas partes a fs. 165 y 166.
Consideró razonables los fundamentos expuestos por el perito Zubía, y agregó que el sentenciante de grado, no había brindado solución a la parcela 257h (en la sentencia se consignó erróneamente la letra e), en cuanto a la precariedad del puente existente, que necesita de una construcción reglamentaria según los dichos de los expertos.
En consecuencia, reconoció el rubro "desmerecimiento o desvalorización del remanente o superficie sobrante", estimándolo en un 25% del valor de la parcela, teniendo en cuenta el mismo valor por hectárea fijado para el bien expropiado, al valor de cotización venta al momento del fallo, multiplicado por la superficie pertinente para arrojar un valor de condena en pesos, con más los intereses desde la fecha de la desposesión de acuerdo con la tasa que prevé el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta días vigentes en sus diferentes períodos de aplicación y hasta su efectivo pago.
I.7. Respecto del cuestionamiento de la actora contra la tasa de interés aplicada y la actualización pretendida se remitió a lo resuelto al tratar el agravio del Fisco demandado.
I.8. Por último, respecto de las costas de la instancia de apelación las impuso a la demandada, recordando para ello que el régimen de excepción establecido en el art. 37 de la ley 5.708 rige solo para las erogaciones judiciales de primera instancia (con cita de la causa de esta Corte, sent. de 2-VII-2010, C. 97.570, "Galiotti, Víctor Lázaro contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa").
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el Fisco denuncia errónea aplicación de los arts. 8, 9, 12, 35 y 37 de la ley 5.708; violación de la doctrina legal y absurdo en la valoración de la prueba.
II.1. En primer lugar, se agravia de la no aplicación del art. 8 de la ley de expropiaciones.
Sostiene que la correcta interpretación de dicho artículo surge de la doctrina legal de esta Corte emergente de la causa C. 101.417 en la que se indica que solo es factible fijar el valor del bien al momento actual cuando no existió desposesión de parte del Fisco provincial. Y que contrario sensu debe establecerse el justo valor del bien a la época de desposesión, cuando existiera.
Agrega que el instante en que se consumó la desposesión el expropiado debió recibir el equivalente pecuniario -justa indemnización- del bien del que se lo ha privado, en el interés público (cita causas de este Tribunal); valor que debe referirse al que hubiese tenido de no haber sido declarado de utilidad pública o la obra no hubiese sido ejecutada o autorizada (conf. art. 9).
Indica que la sentencia recurrida se aparta también de lo resuelto en autos "Provincia del Chaco c/ Confederación General del Trabajo" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 333:215) donde se ratifica la vigencia del valor al momento de la desposesión.
II.2. Señala que la sentencia recurrida viola la doctrina de este Tribunal establecida en la causa C. 99.285, "Peralta Ramos, Esteban", sentencia de 17-IV-2013, en tanto establece que: "los valores deben computarse a la fecha de la desposesión". Seguidamente transcribe in extenso el voto del doctor Hitters en cuanto analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicado supra.
II.3. Aduce asimismo la absurda valoración de la prueba producida. Señala que no es válida la pericia realizada por la actora toda vez que está fijada a valores actuales y no respeta las pautas establecidas para ello por la ley de expropiaciones.
Indica que la única pericia que obedece a las pautas de los arts. 8 y 12 de la ley citada es la del ingeniero Villamarin, en la que se especificó el valor por hectárea al momento de la desposesión y los distintos sectores que puede presentar el campo, debiéndose poner énfasis y tasar solamente el área ocupada por la obra pública, teniendo en cuenta las características propias del sector y no del predio en su conjunto.
Alega que no puede sostenerse válidamente sin caer en arbitrariedad e irrazonabilidad manifiesta que el mayor valor otorgado por la realización de la obra pública no es apto para ser imputado en favor del Fisco; por el contrario, los beneficios de dicha obra realizada por el Estado provincial fue tomada en cuenta al momento de tasarse el inmueble, mejorando enormemente su cuantificación, en detrimento del Fisco, ya que permite y avala que la tasación del valor tierra sea realizada una vez terminada o realizada la obra pública.
Sostiene que se ha reconocido judicialmente que la obra ha aumentado el valor de la tierra y a pesar de ello insisten en que es justo fijar el valor del inmueble al momento más cercano a la sentencia.
II.4. Se agravia también de la aplicación de intereses desde la desposesión (art. 8, ley 5.708), tomando como base de cálculo el valor del bien sobre un monto fijado en la actualidad.
Afirma que si los intereses están pensados para paliar la privación de uso porque (y agrega: siempre que) el valor de la tierra se fija a la época de la desposesión, la fijación del valor a la fecha actual, a los efectos de que el actor pueda "adquirir otro bien similar", cumple con la misma función, con lo que se están superponiendo por el mismo concepto, lo que evidentemente constituye un desvío de la lógica y de lo razonable, y un claro enriquecimiento incausado.
Agrega que ello viola el principio nominalista consagrado en 1991, una de cuyas manifestaciones fue la prohibición de la utilización de cualquier mecanismo de actualización monetaria. Y que la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del art. 7 de esta, donde se prohíbe la indexación por precios, variaciones de costos o repotenciación de deudas.
En idéntico sentido transcribe el dictamen del Procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa S.113.XLVII "Schoo Devoto de Marino".
II.5. Se agravia asimismo de la utilización del dólar estadounidense para la fijación de la indemnización.
Sostiene que dicho mecanismo supone una indebida indexación del monto a pagar, mecanismo prohibido por el art. 4 de la ley 25.561.
Asimismo, alega que atar la suerte de una deuda a la cotización de una moneda extranjera implica apartarse de la noción de moneda de curso legal (art. 7, ley de convertibilidad).
Señala que cuando el art. 8 de la ley 5.708 establece que la indemnización debe ser en dinero, se refiere a la moneda de curso legal, es decir a pesos y no dólares.
II.6. Denuncia la violación del art. 35 de la ley de expropiaciones, en tanto señala que dicho artículo establece que la sentencia declarará la expropiación y fijará la indemnización que debe comprender el valor objetivo y los desmerecimientos que sean consecuencia inmediata y directa de la expropiación, no debiendo sin embargo ser superior a la estimada por el propietario.
Indica que el actor estimó el valor de la hectárea en la suma de $6.600 siendo la superficie expropiada de 3,0532 ha, dando un total de $20.151,12 y que la sentencia de primera instancia, que fuera confirmada por la Cámara, decide en exceso de lo solicitado, ya que otorga la fabulosa suma de $101.121,98 por el rubro valor tierra, más la obra de ingeniería (puente) valuada en $123.815.
Argumenta que el contraste de las cifras es por demás evidente, y no se concibe el apego y respeto a lo normado en el art. 35 cuando el monto otorgado en demanda supera en más de cinco veces el estimado por el propietario.
II.7. Se queja también de la imposición de costas. Señala que el Tribunal de Alzada confirma la imposición de costas efectuada por el juez de primera instancia con cita del art. 37 de la ley 5.708, sin tener en cuenta que la actora en su demanda también solicitó la indemnización de la depreciación y/o desmerecimiento del remanente, instalaciones y mejoras, construcción e instalación y mantenimiento de alambrados, aguadas y mejoras de trabajo, la construcción de puentes y mayores costos operativos.
Alega que no se incluyeron los rubros rechazados al momento de imponer las costas, y se modificó el monto estimado por la expropiada, vulnerándose la congruencia procesal. Indica que la procedencia de las modificaciones propuestas importará por otra parte un replanteo de la ecuación prevista por el art. 3
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