Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70098
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado y se revoca la sentencia apelada en cuanto dispuso que los intereses se computen desde el día 29 de noviembre de 1985 y se deja establecido que estos deben calcularse desde la fecha fijada para determinar la indemnización (v. decisiones de las instancias de grado), a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta días -tasa pasiva digital- conforme la doctrina legal establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" -sentencias de 21-X-2009- y C. 119.176, "Cabrera" -sentencia de 15-VI-2016- (art. 289, CPCC).
Las costas de la alzada y de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, 274 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 70.098, "Grippo, Marta Susana y Ots. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó -en lo sustancial- la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de expropiación inversa interpuesta, modificándola únicamente en lo que respecta a las costas, las que impuso -al igual que las de la alzada- a la demandada expropiante.
Contra dicho pronunciamiento, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido.
Dictada la providencia de autos, glosado el memorial presentado por la parte actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, hizo lugar a la pretensión de expropiación inversa promovida contra la Provincia de Buenos Aires con motivo de la afectación parcial de un inmueble de propiedad de la parte actora, a raíz de la ejecución de la obra pública denominada: "Canal de Unión de Las Lagunas Cuero de Zorro-El Hinojo".
En consecuencia, declaró expropiada a favor de la demandada la fracción del inmueble objeto de autos y, al considerar que en el caso no hubo desposesión, fijó el monto indemnizatorio a la época de la sentencia en la suma de veintisiete mil seiscientos trece pesos con veintiún centavos ($27.613,21). Asimismo, con relación a los intereses, consideró que debían computarse desde el momento en que se produjo la restricción en el uso y goce del inmueble -noviembre de 1985- hasta el día 31 de marzo de 1991 al seis por ciento anual no acumulativo, y desde el día 1 de abril de 1991 hasta el efectivo pago a la tasa pasiva que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por los depósitos a treinta días, vigente en sus diversos períodos de aplicación.
Finalmente, impuso las costas a la demandada por el importe reconocido en concepto de valor tierra (art. 37, ley 5.708) y al actor por los rubros rechazados (arts. 68 y 71, CPCC).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que aquí interesa destacar por ser materia de agravio, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto: i) determinó el monto indemnizatorio de la tierra expropiada a la época de la sentencia con base en la ausencia de desposesión y ii) fijó los intereses desde una fecha anterior a la que se tomara para determinar el monto indemnizatorio. Asimismo, la modificó en lo atinente a las costas, las que impuso -al igual que las de la alzada- a la demandada vencida.
III. Disconforme con dicho pronunciamiento, el Fisco demandado deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 8, 9, 10, 13, 25, 35, 37, 42 y 52 de la ley 5.708; 42 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 164, 279, 375, 384, 457 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 4 de la ley 25.561 y ley 24.283. Asimismo, cita precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que considera vulnerados y alega absurdo valorativo.
Básicamente, los reproches del recurrente se circunscriben a cuestionar: i) la determinación del monto indemnizatorio a un momento distinto al de la fecha de la desposesión; ii) el cómputo de intereses, por cuanto se fijaron desde una fecha anterior a la que se tomara para determinar el monto de la indemnización; y iii) la condena en costas en primera instancia.
Puntualiza que el absurdo valorativo se evidencia al desconocerse, por un lado, el hecho histórico de la desposesión para no sujetar el caso al tipo del art. 8 de la ley 5.708 y fijar el valor del bien a una fecha próxima a la sentencia -octubre de 2005- y, por el otro, reconocerlo para aplicar intereses desde el año 1985, argumentando que esa era la fecha del comienzo de la afectación en el uso y goce del inmueble.
Finalmente, respecto de las costas, cuestiona que la Cámara haya modificado el criterio fijado por el juez de origen, quien las distribuyó según prosperaran o no los rubros reclamados. Entiende que corresponde aplicar la norma del art. 37 de la ley 5.708 a todos los rubros disputados en autos o, en su caso, sujetar la cuestión a los arts. 68 y 71 del Código Procesal Civil y Comercial.
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. En cuanto al primer agravio, y tal como lo señala el tribunal a quo , el recurrente al impugnar la sentencia de primera instancia dejó firme el tramo del fallo que determinó que no había operado la desposesión por parte del Fisco; argumento que por cierto resultó medular para desplazar la aplicación del art. 8 de la ley 5.708.
En tal contexto, se advierte que la conducta inexpresiva desplegada por el hoy impugnante en aquel pasaje del pleito, es dirimente al momento de analizar la suerte del embate, pues en el iter lógico del pronunciamiento impugnado no se abordó la cuestión relativa a valores actuales o al momento de la desposesión, sino que, desde una mirada diferente, se partió del supuesto -inatacado por la representación fiscal- de que no había existido desposesión y que, merced a ello, el valor del bien expropiado debía fijarse a la fecha más próxima a la sentencia.
Bajo tales circunstancias, resulta aplicable la doctrina de este Tribunal por la cual ha señalado que las cuestiones debatidas que arriban firmes a la instancia extraordinaria quedan excluidas de la revisión de esta Corte y conducen al rechazo del recurso (doctr. causas A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019; A. 75.698, "Chaves", sent. de 21-VII-2020; e.o.).
Lo expuesto resulta suficiente para sellar la suerte adversa del agravio bajo análisis (art. 279, CPCC).
IV.2. Con relación al modo en que fueron computados los intereses, el planteo merece favorable acogida.
En el caso, se advierte un vicio lógico en el fallo del Tribunal de Alzada al confirmar lo resuelto por el juez de primera instancia, quien afirmó, al mismo tiempo, que la indemnización por el inmueble expropiado debía fijarse a la fecha más próxima a la sentencia en tanto no había habido desposesión y que los intereses sobre ese capital debían computarse desde el día 29 de noviembre de 1985, pues esa era la fecha del comienzo de la afectación en el uso y goce del inmueble.
En tal sentido, puede inferirse sin esfuerzo que, a los fines de fijar los accesorios en la indemnización expropiatoria, el juez de grado -cuya decisión fuera confirmada por la Cámara- consideró operada la desposesión el día 29 de noviembre de 1985. Por el contrario, a la hora de justipreciar el bien objeto de la expropiación, entendió que no se había materializado la desposesión y, por tal motivo, tomó en cuenta el valor del inmueble más cercano al momento en que se dictó la sentencia de grado, conclusión que deviene claramente contradictoria.
Por ello, corresponde revocar esta parcela del fallo impugnado, debiéndose computar los intereses desde la fecha fijada en la sentencia de primera instancia para el cálculo de la indemnización.
IV.3. Finalmente, no es de recibo el embate dirigido a cuestionar el modo en que han sido impuestas las costas de primera instancia, en atención a su manifiesta insuficiencia.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y, como tal, irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, que en el caso no ha sido debidamente acreditado (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827; doctr. causas A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019; A. 74.659, "Valot", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión planteada también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado y se revoca la sentencia apelada en cuanto dispuso que los intereses se computen desde el día 29 de noviembre de 1985 y se deja establecido que estos deben calcularse desde la fecha fijada para determinar la indemnización (v. decisiones de las instancias de grado), a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta días -tasa pasiva digital- conforme la doctrina legal establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" -sentencias de 21-X-2009- y C. 119.176, "Cabrera" -sentencia de 15-VI-2016- (art. 289, CPCC).
Las costas de la alzada y de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, 274 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:31:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:57:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:24:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 00:13:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 10:54:23 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/05/2024 11:13:05 hs. bajo el número RS-48-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia