Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70759
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado y se revoca la sentencia apelada en cuanto dispuso que los intereses se computen desde el 14 de mayo de 2004 y se deja establecido que estos deben calcularse desde la fecha fijada en la sentencia del Tribunal de Alzada para el cálculo de la indemnización (mayo de 2007), a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta días -tasa pasiva digital- conforme la doctrina legal establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" -sentencias de 21-X-2009- y C. 119.176, "Cabrera" -sentencia de 15-VI-2016- (art. 289, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 70.759, "Espuar S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en el marco del proceso de expropiación inversa iniciado por la firma Espuar SA, por mayoría, rechazó en su totalidad el recurso de apelación deducido por la parte actora e hizo lugar parcialmente a la impugnación de la demandada. En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia en lo atinente a la determinación del valor de la tierra, como así también respecto a la fecha tomada para su cuantificación (mayo de 2007). Por último, impuso las costas de la alzada en el orden causado.
Contra dicho pronunciamiento, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido.
Dictada la providencia de autos, glosada la memoria presentada por la parte actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, hizo lugar a la pretensión de expropiación inversa promovida por la parte actora contra la Provincia de Buenos Aires con motivo de la afectación parcial de un inmueble de su propiedad a raíz de la ejecución de la obra pública denominada: "Saneamiento y Canalización de La Cañada Las Horquetas II-Etapa Enlace Laguna La Picasa a Cañada Las Horquetas" en el marco del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado.
En consecuencia, declaró expropiada a favor de la demandada la fracción del inmueble objeto de autos y, al considerar que en el caso no hubo desposesión, fijó el monto indemnizatorio a la época de la sentencia en la suma de ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro pesos con noventa centavos ($84.374,90). Asimismo, con relación a los intereses, consideró que debían computarse desde el momento en que se produjo la restricción en el uso y goce del inmueble -mayo de 2004- y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en sus diversos períodos de aplicación.
Finalmente, impuso las costas a la demandada por el importe reconocido en concepto de valor tierra y mejoras (arts. 37, ley 5.708 y 68, CPCC) y en el orden causado por los rubros rechazados (arts. 68 y 71, CPCC).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en lo que aquí interesa destacar por ser materia de agravio, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto: i) determinó el monto indemnizatorio de la tierra expropiada a la época de la sentencia con base en la ausencia de desposesión; ii) fijó los intereses desde una fecha anterior a la que se tomara para determinar el monto indemnizatorio; y iii) el alcance de la condena en costas de la instancia de grado. Asimismo, la modificó en lo atinente a la determinación del valor de la tierra, como así también respecto a la fecha tomada en cuenta para su cuantificación (mayo de 2007). Por último, impuso las costas de la alzada en el orden causado.
III. Disconforme con dicho pronunciamiento, el Fisco demandado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia la violación del art. 8 y concordantes de la ley 5.708, entre otras normas.
Básicamente, los reproches del recurrente se circunscriben a cuestionar: i) la determinación del monto indemnizatorio a un momento distinto al de la fecha de la desposesión y con ello la violación del art. 8 de la ley 5.708 y su doctrina; ii) el cómputo de intereses, por cuanto se fijaron desde una fecha anterior a la que se tomara para determinar el monto de la indemnización, razonamiento que tilda de absurdo; iii) el valor asignado a la superficie expropiada libre de mejoras, a cuyo respecto denuncia absurdo en la valoración de la prueba; y iv) el modo en que fueron impuestas las costas de primera instancia.
Puntualiza que el absurdo valorativo se evidencia al desconocerse, por un lado, el hecho histórico de la desposesión para no sujetar el caso al tipo del art. 8 de la ley 5.708 y fijar el valor del bien a una fecha próxima a la sentencia -mayo de 2007- y, por el otro, reconocerlo para aplicar intereses desde mayo de 2004, argumentando que esa era la fecha del comienzo de la afectación en el uso y goce del inmueble.
Por otra parte, con relación al agravio vinculado con el valor de la tierra, reprocha la preferencia otorgada al dictamen del ingeniero Zubía por sobre los demás, sin que se hayan brindado razones al respecto, máxime cuando -destaca- sus conclusiones en relación a la aptitud productiva de los suelos contradicen las de los restantes expertos.
Finalmente, cuestiona la condena en costas al sostener que la sentencia de primera instancia omitió considerar los rubros rechazados a la actora, agravio que -indica- no fue tratado por el Tribunal de Alzada en su oportunidad.
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. En cuanto al primer agravio, y tal como lo señala el tribunal a quo , el recurrente al impugnar la sentencia de primera instancia dejó firme el tramo del fallo que determinó que no había operado la desposesión por parte del Fisco; argumento que por cierto resultó medular para desplazar la aplicación del art. 8 de la ley 5.708.
En tal contexto, se advierte que la conducta inexpresiva desplegada por el hoy impugnante en aquel pasaje del pleito, es dirimente al momento de analizar la suerte del embate, pues en el iter lógico del pronunciamiento impugnado no se abordó la cuestión relativa a la fijación del precio a valores actuales o al momento de la desposesión, sino que, desde una mirada diferente, se partió del supuesto -inatacado por la representación fiscal- de que no había existido desposesión y que, merced a ello, el valor del bien expropiado debía fijarse a la fecha más próxima a la sentencia.
Bajo tales circunstancias, resulta aplicable la doctrina de este Tribunal por la cual ha señalado que las cuestiones debatidas que arriban firmes a la instancia extraordinaria quedan excluidas de la revisión de esta Corte y conducen al rechazo del recurso (doctr. causas A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019; A. 75.698, "Chaves", 21-VII-2020; e.o.).
Lo expuesto resulta suficiente para sellar la suerte adversa del agravio bajo análisis (art. 279, CPCC).
IV.2. Con relación al modo en que fueron computados los intereses, el planteo merece favorable acogida.
En el caso, se advierte un vicio lógico en el fallo del Tribunal de Alzada al confirmar lo resuelto por el juez de primera instancia, quien afirmó, al mismo tiempo, que la indemnización por el inmueble expropiado debía fijarse a la fecha más próxima a la sentencia (mayo de 2007), en tanto no había habido desposesión, y que los intereses sobre ese capital debían computarse desde el 14 de mayo de 2004, pues en ese momento comenzó la afectación en el uso y goce del inmueble.
En tal sentido, puede inferirse sin esfuerzo que, a los fines de fijar los accesorios en la indemnización expropiatoria el juez de grado -cuya decisión fuera confirmada por la Cámara- consideró operada la desposesión el 14 de mayo de 2004. Por el contrario, a la hora de justipreciar el bien objeto de la expropiación, entendió que no se había materializado la desposesión y, por tal motivo, tomó en cuenta el valor del inmueble más cercano al momento en que se dictó la sentencia, conclusión que deviene claramente contradictoria.
Por ello, corresponde revocar esta parcela de la sentencia, debiéndose computar los intereses desde la fecha fijada en la sentencia del Tribunal de Alzada para el cálculo de la indemnización (mayo de 2007).
IV.3. Por otro lado, no es de recibo la denuncia de absurdo respecto a la fijación del valor de la tierra libre de mejoras, que el Fisco recurrente funda en la preferencia otorgada por la Cámara al informe del perito Zubía.
En efecto, ella ponderó el resultado de los tres peritajes producidos y las principales diferencias que surgían de sus conclusiones, vinculadas con la aptitud productiva de los suelos, inclinando su decisión -al igual que el juez de grado- hacia la propuesta del ingeniero Zubía.
Para rebatir lo decidido, el recurrente estructura su queja sobre la base de argumentos que tienden a controvertir el criterio empleado por el a quo en lo que respecta a la elección y valoración de las pruebas -al escoger las conclusiones de una experticia y descartar los resultados de otras-, olvidando -precisamente- que seleccionar los medios de prueba y atribuirles la jerarquía pertinente dentro del conjunto del material probatorio es facultad privativa de los jueces de grado (doctr. causas A. 72.488, "Couto", sent. de 26-IX-2018; A. 72.493, "Parodi", sent. de 12-VII-2017; C. 123.274, "Juárez", sent. de 18-II-2021; e.o.), por lo que el control casatorio en este plano queda excluido salvo supuesto de absurdo, extremo cuya configuración no concurre en la especie, en tanto fueron expuestas razones fundadas para así decidir.
IV.4. Idéntica suerte corre el embate dirigido a cuestionar el modo en que han sido impuestas las costas de primera instancia, en atención a su manifiesta insuficiencia.
La Cámara, al confirmar el pronunciamiento de grado, refirió que el proceso de expropiación tiene una regulación específica en la materia dada por el art. 37 de la ley 5.708 y que, en el presente caso, la imposición de las costas a la demandada por el importe reconocido y en el orden causado por los rubros rechazados, lucía ajustada a la pauta legal, sin que los argumentos traídos por ambas partes lograran desvirtuar tal criterio.
Frente a ello, y desentendiéndose del razonamiento seguido por el Tribunal de Alzada, el recurrente intenta imponer su propia interpretación sobre el alcance que debe asignársele a la normativa actuada, sin hacerse cargo de impugnar concretamente las razones que dotan de contenido al fallo.
Esta Suprema Corte tiene dicho que en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (causa A. 76.260, "Howard", resol. de 4-III-2020).
Tal déficit argumental no puede ser suplido por este Tribunal y conlleva el rechazo del agravio bajo análisis.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado y se revoca la sentencia apelada en cuanto dispuso que los intereses se computen desde el 14 de mayo de 2004 y se deja establecido que estos deben calcularse desde la fecha fijada en la sentencia del Tribunal de Alzada para el cálculo de la indemnización (mayo de 2007), a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta días -tasa pasiva digital- conforme la doctrina legal establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" -sentencias de 21-X-2009- y C. 119.176, "Cabrera" -sentencia de 15-VI-2016- (art. 289, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:31:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:57:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:24:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 00:13:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 10:54:24 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/05/2024 11:13:08 hs. bajo el número RS-49-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia