Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73776
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.776, "Signorio, Alejandro Alberto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás hizo lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora, y reconoció el rubro depreciación del remanente. Asimismo, mediante aclaratoria, estimó en relación a los intereses que debían aplicarse desde la fecha de la desposesión y en cuanto fuere pertinente, conforme la denominada tasa pasiva-plazo fijo digital a treinta (30) días vigente en sus diferentes períodos de aplicación y hasta su efectivo pago. Impuso las costas a la demandada vencida (art. 68, primer párr., CPCC; v. fs. 286/301 y aclaratoria de fs. 307/310).
Disconforme con dichos pronunciamientos, el Fisco provincial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal contra la sentencia definitiva del Tribunal de Alzada (v. fs. 324/338), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante el decisorio de fs. 340; y a fs. 348/353 interpuso idéntico remedio contra la sentencia aclaratoria de fs. 307/310, que también fue concedido a fs. 354.
Dictada la providencia de autos para resolver a fs. 362 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 324/338?
2ª) ¿Lo es el interpuesto a fs. 348/353?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás hizo lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la parte actora, y reconoció el rubro depreciación del remanente en un valor del diez por ciento (10%) del correspondiente a la superficie de la parcela 379m, calculado a un valor por hectárea de acuerdo con el fijado por el juez de primera instancia para dichas unidades productivas ($47.780,54 x ha.). Asimismo, mediando aclaratoria, estimó en relación a los intereses que debían aplicarse desde la fecha de la desposesión y en cuanto fuere pertinente, conforme la denominada tasa pasiva-plazo fijo digital a treinta (30) días vigente en sus diferentes períodos de aplicación y hasta su efectivo pago. Impuso las costas a la demandada (art. 68, primer párr., CPCC; v. fs. 286/301 y aclaratoria de fs. 307/310).
I.1. Para así resolver, consideró que la indemnización debía restituir al propietario el mismo valor económico del que se vio privado por la expropiación y que debía liberar al expropiado de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento (conf. CSJN Fallos: 268:112), de modo de no empobrecerlo ni enriquecerlo. Agregó que la Corte Suprema de Justicia tiene dicho -en forma reiterada- que la indemnización debe ser justa, lo que incluye las características de ser actual e integral, que no debe el propietario sufrir lesión en su patrimonio que no sea objeto de oportuna y cumplida reparación (Fallos: 318:445; 268:112; 301:1205; 302:529; 304:782; 308:39; e.o.). Indicó asimismo que debía ser previa, pagándose antes de que la propiedad se transfiera al expropiante (arts. 31, Const. Prov. y 17, Const. nac.).
A la luz de tales criterios, sostuvo que correspondía indemnizar el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación, debiendo tenerse en cuenta que el valor aludido por las partes como válido para la fecha de la desposesión no representa el valor objetivo del bien.
Por ello, atendiendo a la manda constitucional (art. 17, Const. nac.) -amplia en su concepto- consideró que debían aplicarse valores actuales, tal como lo hizo el juez de primera instancia, es decir, valores reales, de mercado, concordantes con la realidad económica a la época del dictado de la sentencia.
En consecuencia, entendió que correspondía continuar con el criterio reseñado, que impone definir el valor del bien a expropiar al momento de la sentencia, por cuanto ello se condice con la indemnización justa a la que refiere la Ley de Expropiación, y representa en definitiva el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación, encontrando razonable el valor cuantificado por el a quo en su decisión.
Con relación al valor asignado a la hectárea, y siguiendo esa línea de razonamiento, coincidió con el sentenciante de grado en cuanto entendió apropiado -luego de analizar los dictámenes periciales realizados por los distintos expertos- fijar el valor de la hectárea en cinco mil ochocientos dólares estadounidenses (U$S 5.800).
I.2. En cuanto al cálculo de los intereses, consideró que el interés es compensatorio por la no disponibilidad (en el patrimonio del expropiado) de un capital en moneda (obligación de dinero) sustitutivo del valor de la cosa expropiada (obligación de valor), y aplicable desde la desposesión (cita causas de este Tribunal).
Agregó que el interés debe aplicarse desde la desposesión y hasta el efectivo pago del capital respecto del cual se calcula y, de acuerdo con la tasa que haya pagado, pague o pagare el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en sus diversos períodos de aplicación (conf. arts. 8, 12, 35 y concs., ley 5.708; 7 y 10, ley 23.928 -texto según ley 25.561-, 622, Cód. Civ. y 5, ley 25.561).
Añadió respecto del precedente citado por el a quo (sentencia de 18 de junio de 2014, causa C. 101.417, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires c/ Pallas de Cigorraga, María Rosa y otro. Expropiación") que ello no significó un cambio de criterio de este Tribunal que implique una revisión o nuevo análisis de los fundamentos que motivaron la postura a la que arriba en la presente causa, debiendo por tanto estarse a la doctrina legal que define la tasa aplicable, haciendo lugar al planteo del Fisco provincial.
I.3. Relativo a la fijación del valor de la unidad en moneda extranjera (dólares de los Estados Unidos de América) señaló que este Tribunal (en sentencia de 14-VII-2010, causa C. 100.908, "Ormaechea, Francisco contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa") expuso: "La consideración del dólar estadounidense para fijar el valor de las fracciones de campo expropiadas no constituye por sí mismo la aplicación de un índice de actualización monetaria, sino un modo de establecer una indemnización justa (arts. 17, Const. nac.; 4, ley 25.561 y 35, ley 5708)". Mencionó que es un hecho notorio en nuestro país que las tasaciones inmobiliarias se realizan en aquella moneda (fs. 264; art. 384, CPCC).
Adujo que ello no implica una actualización, reajuste o indexación sino el cumplimiento del deber constitucional de indemnizar a "valores actuales", toda vez que no se están aplicando índices o coeficientes sobre una suma preexistente -mecanismos actualmente prohibidos por la ley- sino que se está procediendo a la cuantificación del justiprecio de la tierra, a los efectos de cumplir con los mandatos imperativos de la Constitución nacional (arts. 17, Const. nac. y 2511, Cód. Civil; conf. doctr. causa C. 101.107, cit.).
En apoyo de esta solución, añadió que era dable agregar que en el derecho público argentino se otorga garantía judicial a todo habitante del país, cuando se promueve una acción expropiatoria, de que el juez sea quien determine la compensación (arts. 35 de la ley 5708 y 17 de la Const. nac.). Precisamente, el art. 17 de la Constitución nacional expresa que ningún habitante puede ser privado de la propiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley.
Con ello, rechazó sin más el agravio de la parte demandada.
I.4. Al tratar el agravio vinculado con la imposición de costas al demandado sostuvo que, para que pueda aplicarse la primera parte del art. 37 de la ley 5.708, la cuestión debe circunscribirse a la fijación del precio expropiatorio y, además, deben concurrir en el proceso los tres elementos a que alude el citado artículo (oferta, estimación e indemnización).
Recordó que, tal como lo señalara esta Corte (sentencia de 2 de julio de 2010 en la causa C. 97.570 caratulada "Galiotti, Víctor Lázaro c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa"; e.o.), si ocurre el supuesto expresado en el párrafo anterior, las erogaciones del pleito deberán ser impuestas según sea el resultado que arroje la comparación de los dos (2) primeros con el último, ya que el régimen contemplado en la citada norma legal ha dejado de lado el principio objetivo de la derrota como fundamento de la imposición de costas contenido en el Código Procesal.
Señaló que coincidía una vez más con el juez de grado en cuanto estimó que correspondía imponer las costas al Fisco demandado, puesto que la indemnización que fijara se acerca más al monto estimado por la parte actora, que al ofrecido por la demandada.
Cita en apoyo a su postura el voto del doctor Hitters en la sentencia de 12 de marzo de 2014 en autos "Provincia de Buenos Aires contra 'Lanera del Sur S.A.'. Expropiación" causa n° 99.382, que trascribe in extenso .
I.5. Posteriormente, abordó el agravio esbozado por la actora ante el rechazo del rubro desmerecimiento o desvalorización del remanente o superficie sobrante, y, adujo que el perito ingeniero Zubía en el punto 2 de su dictamen expuso los motivos por los que, con o sin puentes, las parcelas afectadas por la obra perderían valor en el mercado, estimando por ello prudente fijar un porcentaje de desvalorización sobre el remanente total del orden del 10%.
Consideró razonables los fundamentos expuestos por el perito Zubía y señaló que no encontraba motivos para apartarse de su opinión, haciendo así lugar al agravio respecto de ese concepto. En consecuencia, reconoció el rubro "desmerecimiento o desvalorización del remanente o superficie sobrante" y lo estimó en un diez por ciento (10%) del valor de la parcela, teniendo en cuenta el mismo precio por hectárea fijado para el bien expropiado, con más los intereses desde la fecha de la desposesión de acuerdo con la tasa que prevé el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta (30) días vigente en sus diferentes períodos de aplicación y hasta su efectivo pago.
I.6. En relación al cuestionamiento de la actora contra la tasa de interés aplicada y su subsidiario de indexación, propició su rechazo teniendo en cuenta el criterio de este Tribunal en causa Ac. 88.502, "Latessa c/ Compañía Sud Argentina de Construcciones S.A. Ejecución de sentencia", sentencia de 31-VIII-2006, por el que se rechazó la aplicación de la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires y el reajuste del capital.
I.7. Por último, impuso las costas a la demandada en tanto sostuvo que el régimen de excepción establecido en el art. 37 de la ley 5.708 rige solo para la primera instancia (con cita de la causa de esta Corte, sentencia de 2 de julio de 2010, C. 97.570, "Galiotti, Víctor Lázaro contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa"). Así, tuvo en consideración la forma en que se resuelve el caso e impuso las costas de esa instancia a la demandada vencida (art. 68, primer párr., CPCC).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Fisco denuncia errónea aplicación de los arts. 8, 9, 12, 35 y 37 de la ley 5.708; violación de la doctrina legal y absurdo en la valoración de la prueba.
II.1. En primer lugar, se agravia de la inaplicabilidad del art. 8 de la Ley de Expropiaciones.
Sostiene que la correcta interpretación de dicho artículo surge de la doctrina legal de esta Corte emergente de la causa C. 101.417, en la que se indica que solo es factible fijar el valor del bien al momento actual cuando no existió desposesión de parte del Fisco provincial. Y que a contrario sensu debe establecerse el justo valor del bien a la época de desposesión, cuando existiera.
Agrega que en el instante en que se consumó la desposesión el expropiado debió recibir el equivalente pecuniario -justa indemnización- del bien del que se lo ha privado (cita causas de este Tribunal); valor que debe referirse al que hubiese tenido de no haber sido declarado de utilidad pública o la obra no hubiese sido ejecutada o autorizada (conf. art. 9).
Indica que la sentencia recurrida se aparta también de lo resuelto en autos "Provincia del Chaco c/ Confederación General del Trabajo" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 333:215), donde se ratifica la vigencia del valor al momento de la desposesión.
II.2. Afirma que la sentencia recurrida viola la doctrina de este Tribunal establecida en la causa C. 103.516, "Peñalba, Pedro Benito", sentencia de 2-III-2011, en tanto establece que: "los valores deben computarse a la fecha de la desposesión". Seguidamente transcribe in extenso el voto del doctor Hitters en cuanto analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicado supra .
II.3. Denuncia que la Cámara incurrió en absurdo en la valoración de la prueba producida. Señala que no es válido el dictamen del perito de la parte actora, toda vez que efectúa la tasación a valores actuales y que el Tribunal de Alzada cae en el absurdo interpretativo al tomar como referencia dicho informe, que no abastece correctamente el cumplimiento del art. 8 de la Ley de Expropiaciones.
Indica que la única prueba pericial que obedeció a las pautas dadas por los arts. 8 y 12 de la ley citada fue la del ingeniero Villamarin, en la que se especificó el valor por hectárea al momento de la desposesión y los distintos sectores que puede presentar el campo, debiéndose poner énfasis y tasar solamente el área ocupada por la obra pública, teniendo en cuenta las características propias del sector y no el predio en su conjunto.
Alega que no puede sostenerse válidamente sin caer en arbitrariedad e irrazonabilidad manifiesta que el mayor valor otorgado por la realización de la obra pública no es apto para ser imputado en favor del Fisco -por el contrario- los beneficios de dicha obra realizada por el Estado provincial fue tomada en cuenta al momento de tasarse el inmueble, mejorando enormemente su cuantificación, en detrimento del Fisco, ya que permite y avala que la tasación del valor tierra sea realizada una vez terminada o realizada la obra pública.
Sostiene que se ha reconocido judicialmente que la obra ha aumentado el valor de la tierra y a pesar de ello insisten en que es justo fijar el valor del inmueble al momento más cercano a la sentencia.
II.4. Se agravia también de que, ilógicamente, la decisión judicial impugnada, teniendo en cuenta el tiempo trascurrido entre la desposesión y el efectivo pago, ordenó la aplicación de intereses desde la fecha de la desposesión (art. 8, ley 5.708), pero tomando como base de cálculo el valor actual del bien.
Señala que si los intereses están pensados para paliar la privación de uso porque (y agrega: siempre que) el valor de la tierra se fije a la época de la desposesión, la fijación del valor a la fecha actual, a los efectos de que el actor pueda "adquirir otro bien similar", cumple con la misma función, con lo que se están superponiendo por el mismo concepto, lo que evidentemente constituye un desvío de la lógica y de lo razonable, y un claro enriquecimiento incausado.
Agrega que ello viola el principio nominalista consagrado en 1991, una de cuyas manifestaciones fue la prohibición de la utilización de cualquier mecanismo de actualización monetaria. Y que la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del art. 7 de esta, donde se prohíbe la indexación por precios, variaciones de costos o repotenciación de deudas.
En idéntico sentido transcribe el dictamen del Procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa S. 113.XLVII "Schoo Devoto de Marino".
II.5. Se agravia asimismo de la utilización del dólar estadounidenses para la fijación de la indemnización.
Dice que dicho mecanismo supone una indebida indexación del monto a pagar, mecanismo prohibido por el art. 4 de la ley 25.561.
Asimismo, sostiene que atar la suerte de una deuda a la cotización de una moneda extranjera implica apartarse de la noción de moneda de curso legal (art. 7, Ley de Convertibilidad).
Subraya que cuando el art. 8 establece que la indemnización debe ser en dinero, se refiere a la moneda de curso legal, es decir a pesos y no dólares.
II.6. Denuncia la violación del art. 35 de la ley 5.708, en tanto señala que dicho artículo establece que la sentencia declarará expropiada y fijará la indemnización que debe comprender el valor objetivo y los desmerecimientos que sean consecuencia inmediata y directa de la expropiación, no debiendo sin embargo ser superior a la estimada por el propietario.
Indica que el actor estimó el valor de la hectárea en la suma de $9.200, siendo la superficie expropiada de 7,1208 has., dando un total de $65.511,36 y que la sentencia de primera instancia, que fuera confirmada por la Cámara, decide en exceso de lo solicitado ( ultra petita ), ya que otorga la suma de $340.317,27 por el rubro valor tierra.
Asegura que el contraste de las cifras es por demás evidente y no se concibe el apego y respeto a la normativa del art. 35 cuando el monto otorgado en demanda supera en más de cinco veces el estimado por el propietario.
II.7. Se queja también de la imposición de costas. Señala que el Tribunal de Alzada confirma la imposición de costas efectuada por el juez de primera instancia con cita del art. 37 de la ley 5.708, sin tener en cuenta que la actora también solicitó la indemnización de la depreciación y/o desmerecimiento del remanente, instalaciones y mejoras, construcción e instalación y mantenimiento de alambrados, aguadas y mejoras de trabajo, la construcción de dos puentes y mayores costos operativos.
Denuncia que no se incluyeron los rubros rechazados al momento de imponer las cosas, y se modificó el monto estimado por la expropiada, vulnerándose la congruencia procesal. Indica que la procedencia de las modificaciones propuestas importará por otra parte un replanteo de la ecuación prevista por el art. 37 de la ley de expropiaciones, debiendo imponérselas al expropiado.
Con respecto a las costas de la Alzada, señala que la sentencia hace lugar a uno de los rubros propuestos y modifica la tasa activa fijada en primera instancia, disponiendo que los intereses serán calculados según la tasa que pague el Banco de la Provincia en sus operaciones a treinta días, lo que importa (en tanto ambas partes apelaron) que hubo vencimientos mutuos, correspondiendo aplicar las costas en el orden causado.
II.8. Por último, se agravia del rubro depreciación del remanente. Señala que el juez de primera instancia lo había rechazado, y que el Tribunal de Alzada sin mayor fundamentación, basado solo en la prueba pericial producida a instancias de la actora, lo otorgó señalando que de allí surgiría que, con o sin puente, las parcelas afectadas por la obra perderían valor en el mercado.
Manifiesta que ese es el único argumento para añadir a la condena un rubro cuya cuantificación es idéntica a la indemnización otorgada en primera instancia al valor tierra, lo que resulta ilógico, absurdo y arbitrario.
Agrega que el dictamen pericial del ingeniero Villamarin explica que el puente remedia la actual "incomunicación" y que, además, la obra pública está emplazada y ocupa los sectores más deprimidos, los que en reiteradas oportunidades se encontraban encharcados o anegados, siendo estos improductivos y encontrándose el predio dividido en forma natural; máxime cuando de ta
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.