Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75891
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.891, "Otto Garde y Cía. S.A. Ind. Com. Fin. e Inmob. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y admitió el de la representación fiscal. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto dispuso rechazar la demanda de expropiación inversa promovida y la modificó en lo tocante a las costas, las que fueron impuestas a la actora vencida al igual que las de esa alzada (cfr. art. 68 y 274, CPCC; v. fs. 730/736).
Disconforme con ese pronunciamiento, la firma actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-II-2019, 07:54:53 p.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 745 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. resolución de fecha 8-VI-2020), agregada la memoria de la parte demandada (v. presentación electrónica de 23-VI-2020) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- rechazó la demanda promovida por la letrada apoderada de la empresa Otto Garde y Compañía S.A.C.I.F.I. contra la Provincia de Buenos Aires, por expropiación inversa del inmueble de su propiedad, ubicado en la localidad de Bernal Oeste, partido de Quilmes (v. art. 1, ley 11.402).
Por otra parte, admitió el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal y, en consecuencia, modificó las costas de grado las que fueron impuestas a la actora vencida, al igual que las de esa alzada (arts. 68 y 274, CPCC).
Para así decidir, la Cámara efectuó las siguientes consideraciones.
I.1.a. En primer lugar, desestimó el recurso de la actora contra la parcela del fallo que rechazó la demanda al ponderar -al igual que el juez de primera instancia- que no se encontraban acreditados los presupuestos exigidos por el art. 41 de la ley 5.708 para la procedencia de la expropiación inversa incoada, pues consideró insuficiente a dichos fines la sanción de la ley expropiatoria 11.402 y su anotación registral.
En ese sentido, sostuvo que la ley 11.402: i) no tuvo ninguna incidencia en la relación existente entre los ocupantes y el titular del dominio; ii) no turbó ni restringió los derechos del propietario; iii) no impidió ejercer las acciones legales a disposición del dueño del fundo; iv) no configuró prueba de una desposesión atribuible al Estado y v) limitó su extensión a la declaración de utilidad pública y a las pautas del procedimiento expropiatorio.
I.1.b. En cuanto a las acciones que la actora iniciara para recuperar la posesión del inmueble, no encontró acreditado que fueran obstaculizadas por la sanción de la ley 11.402, ni por otra conducta atribuible al Estado como expropiante.
I.1.c. Para más, señaló que la expiración del plazo del art. 47 de la ley 5.708, después de desistida la expropiación directa, supo connotar -en la especie- la figura del abandono.
I.1.d. Por su parte, descartó la aplicación al caso de la ley nacional 27.453 (B.O. de la Nación de 29-X-2018), al señalar que la invocación de ese cuerpo legal no tiene por destino a la Provincia de Buenos Aires -con quien se trabara este proceso- sino al Estado nacional.
I.1.e. Como corolario, indicó que no quedó evidenciado en autos el presupuesto de turbación sobre el que la demandante asentara la procedencia de la acción, ya que los actos de restricción de los derechos de la propietaria, por actuación u omisión del Estado, no fueron debidamente demostrados, como tampoco la conducta de desposesión que aquella le atribuyera.
I.2. Luego, admitió el recurso de la demandada relativo al pronunciamiento sobre costas y, conforme criterio seguido en precedentes de esa Cámara, aplicó la regla del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto valoró desplazada la pauta de distribución del art. 37 de la ley 5.708 al ponderar que el conflicto -en la especie- se suscitó en razón de la procedencia de la expropiación misma.
II. Contra dicho pronunciamiento la firma actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 21-II-2019, 07:54:53 p.m.), en el que denuncia violación de los arts. 1, 5, 14, 16, 17, 18, 31 y concordantes de la Constitución nacional; 1, 3, 10, 15, 31, 56, 57 y concordantes de la Constitución provincial; 8, 12 y 41 de la ley 5.708; 278, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 77 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, alega absurdo valorativo y vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte que cita.
II.1. Liminarmente, indica que la Cámara incurre en absurdo al omitir ponderar los elementos probatorios de la causa que darían cuenta de la existencia de una turbación estatal sobre el inmueble de su propiedad, que habilita la procedencia de la acción en los términos del art. 41 de la ley 5.708.
En ese sentido, puntualiza las siguientes constancias, a saber: i) la exposición de motivos y contenido de la ley 11.402 (B.O. de 18-VI-1993); ii) las actuaciones administrativas 2100-32650/93, tendientes a concretar la expropiación (tasación, proyecto de acto administrativo ordenando promover el juicio expropiatorio, indemnización ofrecida, imputación preventiva de gastos, dictámenes de los organismos de contralor, etc.); iii) la promoción por parte del Fisco provincial del juicio expropiatorio; iv) el Acta-Acuerdo firmada entre la firma actora y la Secretaría de Tierras y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires para trasladar el dominio a los ocupantes -celebrado en el marco de la ley 24.374 y su decreto reglamentario provincial 2.815/96-; v) el expediente administrativo 2406-9167/98 que declaró sujeta a expropiación parte del mismo inmueble para destinarlo a obra hidráulica y v) la anotación registral de ambas restricciones.
Por su parte, valora indiferente que la ley 11.402 no prevea la suspensión de las acciones judiciales, pues indica que el dictado de la citada norma y los actos posteriores denunciados, fulminaron los procesos en trámite, impidiendo la restitución judicial de su inmueble.
A partir de allí, entiende acreditado el absurdo en el que incurriera la Cámara al conferirle un carácter neutral a la ley 11.402 en la relación entre ocupantes y propietario, ello en tanto -según alega- dicha norma les otorgó a los intrusos un título o razón suficiente para su permanencia en el inmueble, legitimando de este modo la ocupación ilegal.
Cita en su aval doctrina legal de esta Suprema Corte, que considera aplicable al caso y que denuncia violada por la sentencia en crisis.
II.2. Por otra parte, también considera absurdo que se tenga por configurado un supuesto de abandono, en tanto las actuaciones administrativas -que dan cuenta de la voluntad expropiatoria con el objeto de preservar la vivienda de los habitantes del barrio San Sebastián- y el juicio de expropiación directa, descartan la inactividad estatal requerida para que dicho instituto pueda operar.
Asimismo, cuestiona la falta de fondos invocada por la Fiscalía de Estado para desistir del citado proceso judicial, señalando al efecto el dictamen favorable de la Contaduría provincial de fecha 10 de enero de 1995 y los veintisiete ejercicios presupuestarios que transcurrieron desde aquella fecha.
II.3. Invoca violada la doctrina de los propios actos, explicando que la sanción de la ley, su anotación registral y la actividad administrativa posterior, crearon legítimamente -en la propietaria- una expectativa o confianza respecto a la culminación del proceso de expropiación, no pudiendo luego adoptar una posición contraria como la que el Fisco ha tomado en este proceso.
II.4. Por último, reprocha la imposición de costas, señalando que deben ser soportadas por quien resulta finalmente vencido (art. 51, CCA -texto según ley 14.437-).
III. El recurso prospera (art. 289, CPCC).
III.1. La Cámara, al igual que el magistrado de primera instancia, juzgó que no se encontraban acreditados los presupuestos exigidos por el art. 41 de la ley 5.708 para la procedencia de la expropiación inversa intentada. Consideró -básicamente- que la ley 11.402, que declaró la utilidad pública de los terrenos de la firma actora, no turbó ni restringió los derechos del propietario en tanto se mantuvo neutral en la situación de ocupación previa y no impidió el ejercicio de las acciones de su titular para preservarlos.
III.2. En varias oportunidades he analizado planteos similares a los que aquí efectúa la recurrente y en los cuales, en esencia, el punto central en debate consistía en determinar si los actos realizados por el Estado provincial -al disponer la expropiación de lotes ya ocupados con la finalidad de entregarlos a sus ocupantes- podían ser considerados turbatorios del derecho de propiedad y, por ende, habilitaban las acciones de expropiación inversa intentadas (cfr. art. 41, ley 5.708; causas A. 70.913, "San Justo", sent. de 11-III-2015; A. 70.502, "Gesma", sent. de 10-VI-2015; A. 72.880, "Frigorífico y Matadero", sent. de 21-IX-2016; A. 71.707, "Textil San Remo S.A.", sent. de 19-IX-2018; A. 70.072, "Burcaiva", sent. de 17-X-2018 y A. 70.898, "Bellina", sent. de 29-V-2019).
Tal como se expuso en el precedente A. 70.502, "Gesma", citado, no es éste el clásico supuesto donde el bien se encuentra en manos del expropiado hasta que el Poder Ejecutivo decide "materializar" el mandato legal, sino una hipótesis especial -y como tal debe ser analizada- donde el Estado viene a intervenir en una situación de hecho ya dada, intentando -a través del instituto de la expropiación- otorgar una solución al conflicto suscitado.
También se señaló -en aquel precedente- que la ley expropiatoria que declaró de utilidad pública a la empresa para adjudicarla a la cooperativa, no había sido aséptica ni menos aún inocua respecto de la situación de hecho, sino que vino a legitimar la ocupación realizada por los empleados, dando un título o razón suficiente a los mismos para su permanencia.
En efecto, tal como también allí se dijo, "...legitimando a la cooperativa beneficiaria de la expropiación determinada por el legislativo, condicionó las ulteriores acciones del titular del bien sujeto a la medida".
Se sostuvo allí que en esa particular situación el Estado ha tenido una participación que excede la mera declaración de utilidad pública como expresión de deseo, habiendo tomado partido de forma activa respecto a una situación de hecho, de la que no puede luego desligarse sin asumir las consecuencias.
Las circunstancias apuntadas en aquella causa, permitieron concluir, cuanto menos, que en gran parte la autoridad pública coadyuvó para que el dueño de los referidos bienes haya padecido la turbación o restricción en sus legítimos derechos en los términos del art. 41 de la ley 5.708.
III.3.a. Observo que las consideraciones allí expuestas resultan aplicables a este supuesto pues, más allá de las diferencias en las plataformas fácticas, debe decirse que además de la ley 11.402, que declaró la utilidad pública del inmueble de la firma actora, el comportamiento estatal evidenciado con posterioridad al dictado de dicha norma, importó -en las especiales circunstancias de autos-, una grave "afectación del derecho de propiedad" que lleva a declarar procedente la acción expropiatoria aquí intentada.
En efecto, nos encontramos frente al particular caso de un lote de propiedad de la actora que ha sido tomado por un numeroso grupo de familias que a mediados del año 1988 se asentaron en el lugar y formaron el barrio denominado San Sebastián, de la localidad de Bernal Oeste, partido de Quilmes.
Esta situación derivó en diversos intentos judiciales promovidos por la actora con el objeto de lograr el desalojo de los ocupantes y recuperar la posesión de sus tierras (denuncia de usurpación de trámite ante el Juzgado Correccional n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, como así también interdicto de recobrar la posesión, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 24 del citado departamento judicial).
Si bien dichos procesos fueron promovidos con anterioridad a la sanción de la ley expropiatoria (18-VI-1993) a través de ellos se demuestran los diferentes recursos utilizados por el propietario, desde el inicio de la ocupación de sus tierras, para recuperarlas.
Es en ese contexto, y ante el interés público en juego, que el Estado provincial intervino a fin de resolver el conflicto a través del instituto de la expropiación, para garantizar el definitivo acceso a la propiedad de la tierra de las familias ocupantes que se encontraban en una situación de alta vulnerabilidad.
Así, resultan elocuentes los fundamentos de la ley 11.402 (publicada en el B.O. de 18-VI-1993), en donde se ponderó que: "La presente ley encuentra fundamento en el derecho de toda familia a una vivienda digna [...] Los actuales ocupantes del Barrio 'San Sebastián', trabajadores de humilde condición social, no han tenido acceso a la vivienda propia y digna por falta de oportunidades [...] La necesidad de implementar planes urbanísticos [...] requiere en todos los casos, la previa regularización dominial de estas situaciones irregulares [...] Es deber de Estado [...] resolver el problema de la tierra; esto significa eliminar la precariedad jurídica que genera una situación de inestabilidad en los actuales ocupantes [...] Por tales motivos, el deber de esta Honorable Cámara es el de aprobar el presente proyecto, que dará solución definitiva a 45 familias de trabajadores, permitiéndoles el esfuerzo que significa la compra de las tierras que ocupan, y, sobre las cuales han levantado sus viviendas definitivas".
III.3.b. En cumplimiento de dicho objetivo es que se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble objeto de autos, para ser adjudicado en propiedad, a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes, con cargo de construcción de vivienda (arts. 1 y 2, ley 11.402).
Para ello la legislación estableció un organismo de aplicación, detallando sus funciones y, además, especificó los requisitos que debían presentar los ocupantes para acceder al beneficio, delegando ciertas facultades en la Municipalidad de Quilmes (arts. 3 a 10).
III.3.c. Si bien, a primera vista, se podría pensar que el dictado de esa ley expropiatoria no daría fundamento suficiente para la viabilidad de una acción como la intentada, lo cierto es que, en esta particular situación, advierto que el Estado ha tenido una participación que excede la mera declaración de utilidad pública como expresión de deseo, habiendo tomado partido de forma activa respecto a una situación de hecho, de la que no puede luego desligarse sin asumir las consecuencias.
En efecto, la actividad estatal no se limitó a la mera declaración de utilidad pública del inmueble, sino que además se desplegaron una serie de medidas tendientes a concretar la voluntad expropiatoria, y mantener vigentes los motivos que justificaron la declaración de utilidad pública de las tierras objeto de autos.
De todo ello, dan cuenta:
1. El expediente administrativo 2100-32650/93, en el cual obran: i) informes favorables de la Asesoría General de Gobierno (v. fs. 19) y de Presupuesto (v. fs. 21); ii) anotación registral de la afectación expropiatoria (v. fs. 45/46); iii) tasación del inmueble realizada por la Dirección Técnica y Pericial de la Fiscalía de Estado (v. fs. 52/58); iv) resolución que ordena proceder a la imputación preventiva de gastos conforme la tasación administrativa practicada (v. fs. 63); v) requerimiento de la Dirección Provincial de Tierras de la Provincia de Buenos Aires a la Fiscalía de Estado para que promueva el pertinente juicio de expropiación, con carácter urgente, ante la proximidad del término previsto para el abandono de la expropiación (art. 47, ley 5.708) y en virtud de lo previsto en los arts. 22 inc. "c" y 23 de la ley 5.708, disponiéndose el depósito del importe correspondiente a la valuación fiscal, a fin de que la Fiscalía de Estado lo ponga a disposición del propietario a cuenta de una mayor cantidad en el juicio a iniciarse y a los efectos de requerir la inmediata posesión de los inmuebles, previendo a tal fin la imputación del gasto correspondiente (v. fs. 68/69) y vi) intervención de la Contaduría General de la Provincia sin objeciones que formular a la continuidad del trámite expropiatorio.
2. El expediente judicial caratulado "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Otero Osvaldo Daniel y Otros s/ Expropiación", que fuera iniciado por el señor Fiscal de Estado el día 17 de marzo de 1995 y que quedara radicado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 8 del Departamento Judicial de Quilmes (v. fs. 347 vta.).
En dicha causa, la acción habría sido desistida el día 13 de diciembre de 1996 (v. fs. 437), dado que la resolución 558 del Ministerio de Gobierno y Justicia de fecha 5 de diciembre de 1996, habilitó para ello al señor Fiscal de Estado por no existir reserva presupuestaria para atender la erogación motivo de autos (v. fs. 7, expte. adm. 5100-5030/96 agregado al expte. adm. 2100-32650/93) y sin contar con un pronunciamiento judicial específico respecto de dicho desistimiento, la causa -luego- resultó paralizada hasta el año 2005 (v. fs. 437 vta.).
Es así que en ese mismo proceso y en el año antes citado (2005), conforme le fuera requerido en el expediente administrativo 4091-10286-C-2001 (v. fs. 287 vta. y 288), el apoderado de la actora solicitó fotocopias de dichos actuados con el fin de ser acompañados a la Dirección de Tierras de la Municipalidad de Quilmes (v. fs. 438), y también requirió al juez interviniente que resolviera el desistimiento formulado por el Fiscal de Estado nueve años antes, ello, reitero, tal como fuera solicitado por la Asesoría letrada de la comuna.
3. El Acta-Acuerdo firmada el día 16 de octubre de 1997, entre la empresa titular del dominio y la Secretaría de Tierras y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de organismo de aplicación de las políticas públicas del gobierno provincial, con el fin de hacer efectivo el Programa de Regularización Dominial -en el marco de la ley 24.374 y su decreto reglamentario provincial 2.815/96- en la que se acordó el traslado del dominio del inmueble de propiedad de la actora a los ocupantes o compradores, por el precio pactado en el Anexo I.
Documentación que obra en la causa "Otto Garde y Cía. S.A.I.C.F.I. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Declarativa de Certeza", que tramitó ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata y que, luego de haber sido ofrecida como prueba en este proceso (cfr. pto. VI.1. de la demanda), no mereció réplica de la representación fiscal y fue -incluso- tenida a la vista por esta Suprema Corte al resolver -en dichos obrados-, la queja articulada por la demandante (cfr. causa A. 75.823, resol. de 23-X-2019).
4. El expediente administrativo 4091-10286-C-2001 (cuya copia certificada obra agregada en autos a fs. 193/313), que da cuenta de la frustración del convenio referido a
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