Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71505
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado con el alcance indicado en el apartado IV.2 (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Las costas de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, -texto según ley 13.101-, 68, y 289 in fine, CPCC).
A.71.505 "PUELO S.A. C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ EXPROPIACION INVERSA --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY—"
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor juez doctor Torres dijeron:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín, hizo lugar a la pretensión de expropiación inversa promovida por la parte actora contra la Provincia de Buenos Aires con motivo de la afectación parcial de un fundo de su propiedad ubicado en el partido de Leandro N. Alem, a raíz de la construcción de la obra de canalización denominada "Saneamiento y Canalización de la Cañada de las Horquetas II, Etapa – Enlace Laguna La Picasa a Cañada Las Horquetas" del plan maestro de la cuenca del Rio Salado.
En consecuencia, declaró expropiadas a favor de la demandada las fracciones de terreno objeto de autos y fijó el monto indemnizatorio -teniendo en cuenta el valor de la tierra expropiada a la época de la sentencia- en la suma de pesos seiscientos ochenta y nueve mil quinientos treinta y uno con sesenta y cuatro centavos ($689.531,64); más intereses a calcularse a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en sus diversos períodos de aplicación, en forma fraccionada en dos etapas, la primera a partir de junio de 1995 y para la segunda etapa a partir del mes de mayo de 2004 y hasta el efectivo pago. Las costas fueron impuestas a la demandada expropiante (art. 37 primer párrafo, ley 5.708).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, en lo que aquí interesa destacar por ser materia de agravio, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto: i) determinó el monto indemnizatorio de la tierra expropiada con criterio de actualidad; ii) fijó los intereses desde la fecha de la desposesión del bien; y iii) tomó en consideración al dólar estadounidense como parámetro de referencia para fijar el valor de la tierra expropiada, sustituyendo la forma de determinar su valor al tipo de cambio vendedor.
Asimismo, la modificó, ordenando la construcción de una aguada completa para mejorar la productividad del remanente con la realización de cuatro (4) alcantarillas con cierre de drenaje y unificó la fecha a partir de la cual deberían reconocerse intereses -esto es a partir de mayo de 2004, por ser la que corresponde a la desposesión vinculada con la obra de ampliación que es objeto de autos- y hasta el efectivo pago.
Impuso las costas de ambas instancias en el orden causado.
III. Disconforme con dicho pronunciamiento, el Fisco demandado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal -que fue concedido por la Cámara-, en el que denuncia la violación de los arts. 8 y concs. de la ley 5.708; entre otras normas.
Básicamente, los reproches del recurrente se circunscriben a cuestionar: i) la determinación del monto indemnizatorio a un momento distinto al de la fecha de la desposesión y con ello la violación del art. 8 de la ley 5.708 y su doctrina; ii) la aplicación de intereses desde la desposesión sobre una indemnización fijada con criterio de actualidad; iii) la utilización del dólar estadounidense como parámetro de cuantificación; y iv) absurdo por cuanto la sentencia ordena construir obras de desagües, sobre la base de recomendaciones efectuadas por los peritos propuestos por la parte actora, los que según entiende, por un lado interfieren en el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Rio Salado y, por otro, resultan injustificables.
IV. Pasando a analizar la procedencia de la impugnación, corresponde señalar que el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- otorga a este Tribunal la facultad de desestimar o hacer lugar a los recursos extraordinarios con la sola mención de esa norma, cuando hubiese rechazado o estimado otros remedios en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
IV.1. Sentado lo que antecede, se advierte que las cuestiones sometidas a decisión a través de la impugnación extraordinaria deducida en autos, referidas a la violación del art. 8 de la ley 5.708; a la procedencia de la aplicación de intereses y su correspondiente tasa, como así también a la utilización del dólar estadounidense como parámetro de referencia, han sido resueltas por este Tribunal en la causa A. 73.043, "Fisco de la Provincia c/ Borgoglio" y sus citas (sent. de 5-III-2021) y, muy recientemente y con su actual integración en la causa A. 73.615, "Mendi Agrícola Ganadera S.A. Comercial y Forestal" (sent. de 22-III-2024). En esos casos, sustancialmente análogos a este, se estimaron parcialmente los recursos extraordinarios deducidos, circunstancia que resulta suficiente, de acuerdo a lo establecido en la disposición referenciada en el párrafo anterior, para dar respuesta al presente (cfr. art. 31 bis, cit.).
IV.2. En virtud de ello, y a tenor de los argumentos expuestos en los precedentes citados, se hace lugar a la parcela recursiva en cuanto a los intereses respecta, correspondiendo su fijación en un interés puro del 6% anual sobre el monto del crédito indemnizatorio en cuestión, desde la fecha de la desposesión (mayo de 2004) hasta la fijación del valor de la porción expropiada (v. decisiones de las instancias de grado); de allí en adelante resultará aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a treinta días -tasa pasiva digital- conforme la doctrina legal establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" -ambas sents. de 21-X-2009- y C. 119.176, "Cabrera" -sent. de 15-VI-2016- (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
V. Por otro lado, no es de recibo la denuncia de absurdo respecto de las obras de desagües que ordenó construir la Cámara, pues siendo una cuestión netamente fáctica resulta -en principio- excluida del control casatorio.
En el caso no se encuentra configurado el vicio de absurdo denunciado en tanto el Tribunal de Alzada ha ponderado suficientemente el resultado de los dictámenes periciales producidos, habiendo concluido en la necesidad de la construcción de alcantarillas de drenaje e incluso ha explicado que, a fin de no perjudicar la obra en su conjunto, la encargada de realizarlas será la autoridad administrativa competente y no un particular, precisamente para evitar el peligro que denuncia el recurrente para agraviarse de la condena.
Las conclusiones expuestas en la sentencia de la Cámara en el punto lucen razonables, en función de los elementos obrantes en la causa, no configurándose el supuesto de absurdo que amerite la intervención de este Tribunal.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que el mencionado vicio se configura con el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa, no configurándose con la mera exhibición de un criterio discordante por parte del recurrente (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827; doctr. causa A. 76.243, "Accordino", sent. de 1-VII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado con el alcance indicado en el apartado IV.2 (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Las costas de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, -texto según ley 13.101-, 68, y 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:57:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 14:18:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:35:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:48:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 09:16:26 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 09:19:18 hs. bajo el número RR-255-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia