Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72564
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado con el alcance indicado en el apartado IV.2 (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Las costas de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, -texto según ley 13.101-68, 274 y 289 in fine, CPCC).
A.72.564 "ESTANCIAS SAN JUAN S.A. C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ EXPROPIACION INVERSA -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor juez doctor Torres dijeron:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, hizo lugar a la pretensión de expropiación inversa promovida por la firma "Estancias San Juan S.A." contra la Provincia de Buenos Aires con motivo de la afectación parcial de los inmuebles de su propiedad ubicados en el partido de General Villegas, a raíz de la construcción de la obra pública denominada "Saneamiento y Canalización de la Cañada Las Horquetas III Etapa - Enlace Laguna La Picasa a Cañada Las Horquetas" del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado.
En consecuencia, declaró parcialmente expropiados a favor de la demandada los inmuebles objeto de autos y fijó el monto indemnizatorio -teniendo en cuenta el valor de la tierra expropiada a la época de la sentencia- en la suma de pesos un millón seiscientos tres mil ciento cincuenta y cuatro ($1.603.154); más intereses a calcularse a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en sus diversos períodos de aplicación, desde la desposesión -junio de 2004- hasta el efectivo pago. Desestimó la indemnización reclamada en concepto de depreciación del remanente, obras de arte, mejoras y alambrados e impuso las costas a la demandada expropiante en relación al "precio del bien expropiado" (art. 37 primer párrafo, ley 5.708) y a la actora por los rubros de su demanda rechazados (art. 68 y 71, CPCC).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, en lo que aquí interesa destacar por ser materia de agravio, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto: i) determinó el monto indemnizatorio de la tierra expropiada con criterio de actualidad y ii) fijó los intereses desde la fecha de la desposesión del bien.
Por su parte modificó la sentencia de primera instancia en punto al valor de la hectárea, el que disminuyó a pesos veintisiete mil ($27.000), y en la imposición de las costas, las que impuso en partes iguales.
Finalmente, distribuyó las costas de la Alzada en un 60% a la actora y un 40% a la demandada.
III. Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal -que fue concedido por la Cámara-, en el que denuncia la violación de los arts. 8 y concs. de la ley 5.708; entre otras normas.
Básicamente, los reproches del Fisco recurrente se circunscriben a cuestionar: i) la determinación del monto indemnizatorio a un momento distinto al de la fecha de la desposesión y con ello la violación del art. 8 de la ley 5.708 y su doctrina; ii) la aplicación de intereses desde la desposesión sobre una indemnización fijada con criterio de actualidad; iii) la apreciación de la prueba al determinar el valor de la superficie expropiada, y iv) la imposición de las costas en la instancia de origen.
IV. Pasando a analizar la procedencia de la impugnación, corresponde señalar que el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- otorga a este Tribunal la facultad de desestimar o hacer lugar a los recursos extraordinarios con la sola mención de esa norma, cuando hubiese rechazado o estimado otros remedios en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
IV.1. Sentado lo que antecede, se advierte que las cuestiones sometidas a decisión a través de la impugnación extraordinaria deducida en autos, referidas a la violación del art. 8 de la ley 5.708; a la procedencia de la aplicación de intereses, y su correspondiente tasa, han sido resueltas por este Tribunal en las causas A 73.043, "Fisco de la Provincia c/ Borgoglio" y sus citas (sent. de 5-III-2021) y, muy recientemente y con su actual integración en la causa A. 73.615, "Mendi Agrícola Ganadera S.A. Comercial y Forestal" (sent. de 22-III-2024). En esos casos, sustancialmente análogos a este, se estimaron parcialmente los recursos extraordinarios deducidos, circunstancia que resulta suficiente, de acuerdo a lo establecido en la disposición referenciada en el párrafo anterior, para dar respuesta al presente (cfr. art. 31 bis, cit.).
IV.2. En virtud de ello, y a tenor de los argumentos expuestos en los precedentes citados, se hace lugar a la parcela recursiva en cuanto a los intereses respecta, correspondiendo su fijación en un interés puro del 6% anual sobre el monto del crédito indemnizatorio en cuestión, desde la fecha de la desposesión (junio de 2004) hasta la fijación del valor de la porción expropiada (v. decisiones de las instancias de grado); de allí en adelante resultará aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta días -tasa pasiva digital- conforme la doctrina legal establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" -ambas sents. de 21-X-2009- y C. 119.176, "Cabrera" -sent. de 15-VI-2016- (art. 31 bis, ley 5.827).
V. Por otro lado, no es de recibo la denuncia de absurdo formulada por la recurrente, que se agravia de la valoración de la prueba realizada por la Cámara a partir de la cual, si bien disminuyó el valor de la hectárea fijado por el juez de primera instancia, no lo hizo tanto como debería haberlo hecho, según su criterio.
En este aspecto, el Tribunal de Alzada consideró que debía fijarse el valor de la hectárea en la suma de $27.000, ponderado el dictamen pericial del ingeniero Villarreal (perito tercero) que tuvo en cuenta las condiciones topológicas del predio expropiado y sus reales posibilidades de productividad y rentabilidad.
Para rebatir lo decidido la recurrente estructura su queja sobre la base de argumentos que tienden a controvertir el criterio empleado por el a quo en lo que respecta a la elección y valoración de las pruebas -al escoger las conclusiones de una experticia y descartar los resultados de otra-, olvidando -precisamente- que seleccionar los medios de prueba y atribuirles la jerarquía pertinente dentro del conjunto del material probatorio es facultad privativa de los jueces de grado (doctr. causas A. 72.488, "Couto", sent. de 26-IX-2018; A. 72.493, "Parodi", sent. de 12-VII-2017 y C. 123.274, "Juárez", sent. de 18-II-2021, e.o.), por lo que el control casatorio en este plano queda excluido, salvo supuesto de absurdo.
Situación que no se presenta en este caso, en tanto fueron expuestas razones fundadas para así decidir y el recurrente omite desarrollar adecuadamente el peculiar vicio que le endilga a la sentencia, de acuerdo a las pautas sentadas inveteradamente por esta Corte para tenerlo por configurado (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827; doctr. causas A. 72.459, "Veltri", sent. de 28-VI-2017 y A. 77.115, "Cortazzo", sent. de 26-XI-2021).
VI. Finalmente, tampoco merece favorable acogida el embate dirigido a cuestionar el modo en que han sido impuestas las costas de primera instancia, en atención a su manifiesta insuficiencia.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y, como tal, irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, que en el caso no ha sido denunciado y mucho menos acreditado (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827; doctr. causas A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019 y A. 74.659, "Valot", sent. de 16-XII-2020, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado con el alcance indicado en el apartado IV.2 (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Las costas de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, -texto según ley 13.101-68, 274 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:57:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 14:18:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:35:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:48:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 09:16:27 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 09:19:24 hs. bajo el número RR-258-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia