Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72690
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado con el alcance indicado en el apartado IV.2 (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Las costas de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
A.72.690 "CATALINA REYNAL S.A. C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ EXPROPIACIÓN INVERSA --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY—"
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor juez doctor Torres dijeron:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, hizo lugar a la pretensión de expropiación inversa promovida por Catalina Reynal S.A. contra la Provincia de Buenos Aires, con motivo de la afectación parcial de una parcela de su propiedad, a raíz de la ejecución de la obra denominada "Saneamiento y Canalización de la Cañada Las Horquetas II Etapa- Enlace Laguna La Picasa a Cañada las Horquetas".
En consecuencia, declaró expropiada a favor de la demandada la fracción de terreno objeto de autos y fijó el monto indemnizatorio -teniendo en cuenta el valor de la tierra expropiada a la época de la sentencia y las mejoras en concepto de tranqueras, alambrados y aguadas- en la suma de pesos dos millones ciento noventa mil setecientos seis ($ 2.190.706); más intereses a calcularse a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en sus diversos períodos de aplicación, desde la desposesión -abril de 2005- hasta el efectivo pago. Las costas fueron impuestas a la demandada expropiante en relación al precio del bien expropiado (art. 37 primer párrafo, ley 5.708) y a la actora por los de su demanda rechazados (art. 68 y 71, CPCC).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, en lo que aquí interesa destacar por ser materia de agravio, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto: i) determinó el monto indemnizatorio de la tierra expropiada con criterio de actualidad; ii) confirmó el valor asignado a la superficie expropiada libre de mejoras, conforme lo dictaminado por el perito ingeniero desinsaculado, quien estipuló un valor promedio por hectárea y estimó un monto por el concepto de tranqueras y alambrados; y iii) fijó los intereses desde la fecha de la desposesión del bien. Asimismo redujo el valor asignado a la mejora en concepto de aguadas y modificó el modo en que se impusieran las costas en la primera instancia, cargándoselas a la demandada. Por su parte impuso las de la alzada en el orden causado.
III. Disconforme con dicho pronunciamiento, el Fisco demandado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal -que fue concedido por la Cámara-, en el que denuncia la violación de los arts. 8 y ccs. de la ley 5.708, entre otras normas.
Básicamente, los reproches del recurrente se circunscriben a cuestionar: i) la determinación del monto indemnizatorio a un momento distinto al de la fecha de la desposesión y con ello la violación del art. 8, de la ley 5.708 y su doctrina; ii) la aplicación de intereses desde la desposesión sobre una indemnización fijada con criterio de actualidad; iii) la ponderación de la Cámara para determinar el valor promedio de la hectárea y la suma reconocida en concepto de tranqueras, alambrados y aguadas, a cuyo respecto denuncia absurdo, y iv) la imposición de la costas a su representada.
IV. Pasando a analizar la procedencia de la impugnación, corresponde señalar que el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- otorga a este Tribunal la facultad de desestimar o hacer lugar a los recursos extraordinarios con la sola mención de esa norma, cuando hubiese rechazado o estimado otros remedios en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
IV.1. Sentado lo que antecede, se advierte que las cuestiones sometidas a decisión a través de la impugnación extraordinaria deducida en autos, referidas a la violación del art. 8 de la ley 5.708; a la procedencia de la aplicación de intereses, y su correspondiente tasa, han sido resueltas por este Tribunal en la causa A. 73.043, "Fisco de la Provincia c/ Borgoglio" y sus citas (sent. de 5-III-2021) y, muy recientemente y con su actual integración, en la causa A. 73.615, "Mendi Agrícola Ganadera S.A. Comercial y Forestal" (sent. de 22-III-2024). En esos casos, sustancialmente análogos a este, se estimaron parcialmente los recursos extraordinarios deducidos, circunstancia que resulta suficiente, de acuerdo a lo establecido en la disposición referenciada en el párrafo anterior, para dar respuesta al presente (cfr. art. 31 bis, cit.).
IV.2. En virtud de ello, y a tenor de los argumentos expuestos en los precedentes citados, se hace lugar a la parcela recursiva en cuanto a los intereses respecta, correspondiendo su fijación en un interés puro del 6% anual sobre el monto del crédito indemnizatorio en cuestión, desde la fecha de la desposesión (abril de 2005) hasta la fijación del valor de la porción expropiada (v. decisiones de las instancias de grado); de allí en adelante resultará aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a treinta días -tasa pasiva digital- conforme la doctrina legal establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" -ambas sents. de 21-X-2009- y C. 119.176, "Cabrera" -sent. de 15-VI-2016- (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
V. Por otro lado, no es de recibo la denuncia de absurdo respecto de la fijación del valor de la hectárea expropiada y el reconocimiento del rubro alambrados y tranqueras que efectúo la Cámara, en tanto la demandada estructura su queja sobre la base de argumentos que tienden a controvertir el criterio empleado por el a quo en lo que respecta a la elección y valoración de las pruebas -al escoger las conclusiones de una experticia y descartar los resultados de otra-, olvidando precisamente que seleccionar los medios de prueba y atribuirles la jerarquía pertinente es facultad privativa de los jueces de grado (doctr. causa C. 123.274, "Juárez", sent. de 18-II-2021). Por lo que el control casatorio en este plano queda excluido, salvo supuesto de absurdo, extremo cuya configuración no concurre en la especie, en tanto fueron expuestas razones fundadas para así decidir y el Fisco en su embate no desarrolla adecuadamente el peculiar vicio que le endilga a la sentencia, de acuerdo a las pautas sentadas inveteradamente por esta Corte para tenerlo por configurado (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827; doctr. causas A. 72.459, "Veltri", sent. de 28-VI-2017 y A. 77.115, "Cortazzo", sent. de 26-XI-2021).
Y es que para así resolver el Tribunal de Alzada evaluó los dictámenes de los tres peritos intervinientes en la causa y fundó su decisión en lo informado por el perito desinsaculado en autos, quien estableció un valor promedio por hectárea considerando las distintas características de la zona afectada.
Iguales conclusiones aplican al reconocimiento en concepto de tranqueras, alambrados y aguadas, pues esa cuestión remite a consideraciones que -por regla- se encuentran excluidas de esta instancia extraordinaria, salvo supuesto de absurdo.
Dada la insuficiencia, se impone el rechazo del recurso en esta parcela (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
VI. Finalmente, tampoco merece favorable acogida el embate dirigido a cuestionar el modo en que han sido impuestas las costas de primera instancia, en atención a su manifiesta insuficiencia.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y, como tal, irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, que en el caso no ha sido acreditado (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827; doctr. causa A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado con el alcance indicado en el apartado IV.2 (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Las costas de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:57:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 14:18:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:35:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:48:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 09:16:28 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 09:19:26 hs. bajo el número RR-259-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia