Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72023
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado con el alcance indicado en el apartado IV.2 (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Las costas de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso presentado por la demandada, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, -texto según ley 13.101-; 68, 274 y 289 in fine, CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora (arts. 289, CPCC; 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
A.72.023 "ESTABLECIMIENTO SANTA CATALINA S.A.C.I.F.I. C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. S/ EXPROPIACION INVERSA --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY—"
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín, hizo lugar parcialmente a la pretensión de expropiación inversa promovida por el apoderado de la firma "Establecimiento Santa Catalina SACIFI" contra la Provincia de Buenos Aires con motivo de la afectación parcial de una fracción del campo de su propiedad ubicado en los partidos de Leandro N. Alem y Junín, a raíz de la construcción de la obra pública denominada "Saneamiento y Canalización de la Cañada de las Horquetas II Etapa – Enlace Laguna La Picasa a Cañada Las Horquetas" del plan maestro de la cuenca del Rio Salado.
En consecuencia, declaró expropiada a favor de la demandada las fracciones de terreno objeto de autos y fijó el monto indemnizatorio -teniendo en cuenta el valor de la tierra expropiada a la época de la sentencia y la reparación por el daño derivado de la incomunicación entre las fracciones del campo dada la distancia entre los dos puentes existentes- en la suma de pesos tres millones trescientos sesenta y ocho mil trescientos seis con setenta y tres centavos ($3.368.306,73); más intereses a calcularse a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en sus diversos períodos de aplicación, en forma fraccionada en dos etapas, la primera a partir de mayo de 1995 y para la segunda desde el mes de abril de 2004 y hasta el efectivo pago.
Asimismo, desestimó la indemnización reclamada en concepto de depreciación del remanente y reconoció para la construcción de un tercer puente la suma de pesos cuatrocientos mil setecientos sesenta y nueve con cincuenta centavos ($400.769,50) más los intereses a computar a partir de la desposesión operada en abril de 2004.
Por último, rechazó la pretensión de que se reconozca una indemnización por la realización de obras de arte, mejoras y alambrados e impuso las costas a la demandada (art. 37 primer párrafo, ley 5.708).
II. Ambas partes apelaron dicho pronunciamiento, la parte actora a fs. 539/548 y la demandada a fs. 554/558.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás admitió parcialmente los recursos de apelación interpuestos. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en relación a la determinación del monto indemnizatorio de la tierra expropiada con criterio de actualidad, pero unificando el cómputo de los intereses desde la fecha de desposesión del bien (abril 2004). Paralelamente, estableció para fijar el valor de la tierra expropiada que la moneda de referencia utilizada se determinará al tipo de cambio comprador.
En torno al rubro depreciación del remanente, coincidió con el rechazo decidido por el señor juez de primera instancia (v. punto d) de la sent. agregada a fs. fs. 689/711 vta.).
Respecto a la indemnización por mejoras (alambrados, alcantarillas y esclusas) el Tribunal de Alzada consideró que debía ser admitida teniendo en cuenta los informes de los peritos intervinientes. Por lo tanto, ordenó a la Dirección de Hidráulica, en coordinación con la Autoridad del Agua, la construcción de dieciocho (18) alcantarillas con cierre de drenaje.
En lo concerniente al puente cuya construcción ordenara el juez de primera instancia, consideró que su realización no fue reclamada en la demanda, motivo por el cual admitió el agravio de la representación fiscal en este aspecto, revocando en consecuencia esta parcela de la sentencia.
Finalmente en lo atinente a la distribución de las costas, confirmó su imposición a la demandada vencida e impuso las de la alzada por su orden.
III. Frente a lo decidido, ambas partes interponen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 722/733 y fs. 734/763), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 764/765 y 774/774vta.
III.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el Fisco demandado, se denuncia la violación de los arts. 8 y concs. de la ley 5.708 y 17 de la Constitución nacional, entre otras normas.
Básicamente, los reproches de este recurrente se circunscriben a cuestionar: i) la determinación del monto indemnizatorio a un momento distinto al de la fecha de la desposesión y, con ello, la violación del art. 8 de la ley 5.708 y su doctrina; ii) la aplicación de intereses desde la desposesión sobre una indemnización fijada con criterio de actualidad y iii) absurdo, por cuanto la Cámara ordena construir obras de desagües sobre la base de recomendaciones efectuadas por los peritos propuestos por la parte actora, y estas obras, según entiende, por un lado interfieren en el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Rio Salado y, por otro, resultan injustificables.
III.2. En el recurso interpuesto por la parte actora, se plantea una errónea interpretación de los hechos por parte del Tribunal de Alzada en lo atinente a la fecha a partir de la cual comienzan a computarse los intereses, conforme el momento de desposesión.
En tal sentido, la demandante entiende que por tratarse de una obra que comprende dos etapas, la primera efectuada en el año 1994 y la segunda en el año 2004, los intereses deben comenzar a correr desde la fecha de inicio de cada una de las obras referidas como consecuencia de cada desposesión, tal como había sido dispuesto por el juez de primera instancia.
Finalmente, se agravia: i) del rechazo del rubro depreciación del remanente o desmejoramiento del sobrante; ii) del tratamiento del rubro "mejoras"; y iii) del modo en que fueron impuestas las costas del proceso.
IV. Corresponde, en primer lugar, analizar la procedencia de la impugnación presentada por el Fisco demandado.
Al respecto, corresponde señalar que el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- otorga a este Tribunal la facultad de desestimar o hacer lugar a los recursos extraordinarios con la sola mención de esa norma, cuando hubiese rechazado o estimado otros remedios en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
IV.1. Sentado lo que antecede, se advierte que las cuestiones sometidas a decisión a través de la impugnación extraordinaria deducida en autos, referidas a la violación del art. 8 de la ley 5.708 y a la procedencia de la aplicación de intereses y su correspondiente tasa, ya han sido resueltas por este Tribunal en la causa A. 73.043, "Fisco de la Provincia c/ Borgoglio" y sus citas (sent. de 5-III-2021) y, muy recientemente y con su actual integración en la causa A. 73.615, "Mendi Agrícola Ganadera S.A. Comercial y Forestal" (sent. de 22-III-2024). En esos casos, sustancialmente análogos a este, se estimaron parcialmente los recursos extraordinarios deducidos, circunstancia que resulta suficiente, de acuerdo a lo establecido en la disposición referenciada en el párrafo anterior, para dar respuesta al presente (cfr. art. 31 bis, cit.).
IV.2. En virtud de ello, y a tenor de los argumentos expuestos en los precedentes citados, se hace lugar al recurso en cuanto a los intereses respecta, correspondiendo su fijación en un interés puro del 6% anual sobre el monto del crédito indemnizatorio en cuestión, desde la fecha de la desposesión hasta la fijación del valor de la porción expropiada (v. decisiones de las instancias de grado); de allí en adelante resultará aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a treinta días -tasa pasiva digital- conforme la doctrina legal establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" -ambas sents. de 21-X-2009- y C. 119.176, "Cabrera" -sent. de 15-VI-2016- (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
IV.3. Por otro lado, no es de recibo la denuncia de absurdo respecto a la construcción de obras de desagües que ordenó la Cámara, pues siendo una cuestión netamente fáctica resulta -en principio- excluida del control casatorio.
En el caso no se encuentra configurado el vicio de absurdo denunciado, en tanto el Tribunal de Alzada ha ponderado suficientemente el resultado de los dictámenes periciales producidos, habiendo concluido en la necesidad de la construcción de alcantarillas de drenaje e incluso ha explicado que, a fin de no perjudicar la obra en su conjunto, la encargada de realizarlas será la autoridad administrativa competente.
Las conclusiones expuestas en la sentencia de la Cámara sobre el punto lucen razonables, en función de los elementos obrantes en la causa, no configurándose el supuesto de absurdo que amerite la intervención de este Tribunal.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que el mencionado vicio se configura con el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa, no configurándose con la mera exhibición de un criterio discordante por parte del recurrente (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827; doctr. causa A. 76.243, "Accordino", sent. de 1-VII-2020).
V. Cabe analizar, ahora, la procedencia del recurso interpuesto por la actora.
V.1. Corresponde en primer lugar abordar el reproche concerniente a la unificación efectuada por la Cámara para dar inicio al computo de intereses, los que ordenó devengar desde abril de 2004.
Respecto de ello, el Tribunal a quo ponderó que la propia actora en el escrito inicial nada dijo ni reclamó respecto de la primera etapa de la obra, circunscribiendo su pretensión a la segunda etapa "Saneamiento y Canalización de la Cañada Las Horquetas – II etapa – Enlace Laguna La Picasa a Cañada Las Horquetas". He de aquí que la Fiscalía de Estado contestó la demanda bajo esos términos, quedando de esa forma trabada la litis .
En ese marco, la Cámara dejó establecido que la desposesión se produjo en abril de 2004 y, en consecuencia, dispuso que desde ese momento debían computarse los intereses.
Sobre este punto, que implica la revisión de una típica cuestión de hecho, la recurrente omite denunciar absurdo a fin de rebatir la evaluación de la cuestión atinente al alcance de la pretensión esgrimida en su escrito postulatorio.
Ello constituye un óbice infranqueable para abordar este tópico. La recurrente argumenta en paralelo y manifiesta una mera disconformidad con lo decidido, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura el fallo, afincado exclusivamente en la segunda etapa de la obra.
V.2. En lo que hace al rubro depreciación del remanente, la parte actora se explaya sobre la prueba pericial producida en autos y que fuera ponderada por el juez de grado para desestimarlo.
Al respecto, el Tribunal de Alzada sostuvo que las consideraciones de las experticias efectuadas por el magistrado de primera instancia no pueden tener cabida ni tratamiento en la presente litis , ya que las consecuencias derivadas de la utilización de la obra exceden los alcances de la pretensión de autos y, más allá de ello, advirtió que los dictámenes periciales no distinguieron las hipotéticas consecuencias derivadas de la primera obra respecto de la segunda, que es, en definitiva, la que motivara la expropiación inversa objeto de autos.
Frente a ello, la parte actora alega absurdo en la apreciación de la prueba pericial rendida. En tal sentido, señala que los ingenieros Zubía, Page y Bona, en sus informes, se pronunciaron de manera asertiva sobre el rubro peticionado.
Pero el vicio denunciado no se encuentra acreditado en tanto que el Tribunal de Alzada ponderó que la causa de la indemnización es producto de la utilización de una parte de la propiedad del actor para ampliar la obra ya existente (canal), concluyendo que la eventual depreciación del predio por su división en dos partes debió ser reclamada en la primera expropiación.
Respecto al defecto denunciado, tiene dicho esta Corte que no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar el absurdo sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado. Y ello debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca, circunstancia que no acontece en la especie (doctr. causas A. 76.255, "Souto", sent. de 12-II-2021; A. 77.421, "Báez" sent. de 7-III-2024, e.o.)
V.3. Por otra parte, en torno al agravio de la parte actora referido al rubro mejoras (punto IV.d), las manifestaciones que la recurrente trae no son otra cosa que una serie de proposiciones que, por su alto nivel de abstracción y generalidad, se presentan ineficaces a los fines de desarticular los fundamentos brindados por las instancias ordinarias vinculadas con el tema, siendo insuficiente a los fines pretendidos.
V.4. Finalmente, tampoco merece favorable acogida el agravio dirigido a cuestionar el modo en que fueron impuestas las costas, en atención a su manifiesta insuficiencia.
Al respecto, se tiene dicho que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y, como tal, irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, que en el caso no ha sido denunciado y mucho menos acreditado (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827; doctr. causas A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019 y A. 74.659, "Valot", sent. de 16-XII-2020, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado con el alcance indicado en el apartado IV.2 (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Las costas de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso presentado por la demandada, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, -texto según ley 13.101-; 68, 274 y 289 in fine, CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora (arts. 289, CPCC; 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-). Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:31:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:57:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:24:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 00:13:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 10:54:25 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/05/2024 11:13:12 hs. bajo el número RR-361-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia