Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74666
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.666, "Galuzzo, Josefa Cristina y Ots. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria , Budiño .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar parcialmente a los recursos interpuestos por ambas partes.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver, agregada la memoria de la parte actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, hizo lugar a la demanda de expropiación inversa contra la Provincia de Buenos Aires con respecto al inmueble de propiedad de la actora designado catastralmente como: Circunscripción VI - Fracción 712c, Matrícula n° 117.930 (ex Folio 2209/68). Estableció como fecha de la desposesión la de publicación de la ley 13.007 en el Boletín Oficial (20-I-2003); fijó la indemnización, aplicó intereses a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a calcularse desde el 20 de febrero de 2015 (fecha a la que se determinó el monto indemnizatorio) hasta el efectivo pago, e impuso las costas en el orden causado.
I.1. Explicó que la acción se entablaba a partir de la sanción de la ley 13.007 (B.O. de 20-I-2003) y, luego consideró la presencia de actos de desposesión en el caso, descartando que esa situación hubiera podido generarse con antelación a esa fecha, pues quitó efectos a los actos de los terceros, frente a la posibilidad de los dueños de hacer uso de acciones de restitución hasta la sanción de la ley 13.007 que en su art. 2 establece que el inmueble será adjudicado en propiedad, a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes, con cargo de construcción de vivienda.
En ese contexto, ponderó que recién a partir de la sanción de dicha ley se había configurado la hipótesis del art. 41 inc. "c" de la ley 5.708 y, en consecuencia, determinó como fecha de la desposesión la publicación de la ley 13.007 en el Boletín Oficial, el 20 de enero de 2003.
I.2. Para fijar la indemnización, tomó como base el dictamen pericial de Liliana Nora García, perito martillera designada en autos, en atención a las marcadas diferencias de tasación que arrojaban las practicadas por cada experto de parte. Así, llegó a la suma indemnizatoria, actualizada a la fecha de presentación del informe (20-II-2015), la que estableció en cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($4.400.000).
I.3. Con relación a los intereses peticionados por la actora, puntualmente expresó que, al existir un resarcimiento actualizado al 20 de febrero del año 2015, es a partir de dicha fecha que estos deberán calcularse, conforme a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación y hasta el efectivo pago (arts. 8, 9 y concs., ley 5.708; 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561 y 622, Cód. Civ.).
Y agregó que la indemnización establecida debería hacerse efectiva por la Provincia demandada, mediante depósito en una cuenta a nombre de autos, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde la fecha en que quedara consentida o firme la liquidación aprobada judicialmente (art. 35, ley 5.708). Asimismo, distribuyó las costas en el orden causado.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata modificó parcialmente lo decidido.
Para así resolver, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada realizó las siguientes consideraciones.
II.1. En primer lugar, se abocó al tratamiento de los agravios referidos a la fecha de la desposesión, fijada por la jueza de grado el día de la publicación de la ley 13.007 en el Boletín Oficial (enero de 2003).
Al efecto, y en atención al modo en que fuera planteado el agravio de la demandada, previamente, se expidió sobre la existencia o no de turbación en los términos del art. 41 inc. "c" de la ley 5.708.
Estimó que correspondía resolver el presente caso en armonía con el criterio jurisprudencial sentado por esta Suprema Corte en las causas A. 70.913, "San Justo SAIC" (sent. de 11-III-2015) y A. 70.502, "Gesma" (sent. de 10-VI-2015) ya que, más allá de las diferencias en las plataformas fácticas de dichos antecedentes con los de la presente causa, todos tenían como denominador común una conducta activa del Estado, que intervenía en una situación conflictiva consumada en los hechos y la resolvía mediante el instituto de la expropiación.
Sostuvo que —en la especie— el comportamiento estatal no solo no fue neutral a la relación de conflicto entre los propietarios y ocupantes, sino que la ley 13.007 le otorgó a estos últimos una plataforma de legitimación en la ocupación del bien, cuanto menos desde los dos años anteriores a su entrada en vigencia, al consagrar ese requisito para sanear su situación con la transferencia respectiva (cfr. art. 6 inc. "a", ley cit.).
De ese modo, concluyó que el caso exhibía el acto de turbación suficiente (cfr. art. 41 inc. "c", ley 5.708) para dar cabida a la expropiación inversa en la ocasión que reclamaban los actores recurrentes, estimando como fecha de desposesión el 20-I-2001, por ser esa fecha la considerada por la ley expropiatoria 13.007 para validar el título de ocupación y otorgar así el derecho a obtener el dominio.
II.2. Seguidamente, se refirió a la réplica de ambos recurrentes, relativa a la inclinación de la sentencia por el informe de la perito martillera designada en autos, Liliana Nora García, para fijar el valor de la indemnización.
Al respecto, sostuvo: i) que el objeto de la pericia —determinación del mejor valor de mercado de la fracción de tierra expropiada— resultaba acorde con la aptitud técnica de la experticia, no advirtiendo aristas especiales de justiprecio que autorizaran a desplazar la habilitación profesional del martillero en beneficio de otras profesiones; ii) que las tres pericias se ceñían a las exigencias del art. 12 de la ley 5.708; iii) que la tercerización de la labor pericial era una variable posible (cfr. art. 12 inc. "c", ley 5.708) y iv) que no surgía del informe la valuación de las mejoras incorporadas al bien con impronta determinante para la mayor estimación arribada.
En consecuencia, con arreglo a las reglas de la sana crítica, consideró ajustada a derecho la sentencia apelada en ese aspecto, en tanto las impugnaciones resultaban insuficientes para controvertir lo decidido.
II.3. Posteriormente, la Cámara trató el agravio del Fisco demandado sobre el cálculo de accesorios, e indicó que el límite de los intereses compensatorios no podía superar la fecha de sentencia, pues dichos accesorios integran el contenido de la indemnización junto al monto de resarcimiento.
No obstante, dejó sentado que los intereses moratorios quedaban reservados para la hipótesis de retardo en su cumplimiento, es decir, después de vencido el plazo de cumplimiento que fuera expresamente determinado en la sentencia de primera instancia.
II.4. Finalmente, consideró procedente el agravio de los actores sobre la imposición de las costas en el orden causado.
Indicó que, más allá del acierto del argumento de los recurrentes, que dejaba a la representación fiscal a cargo de las costas por conducto del art. 37 de la ley 5.708, correspondía aplicar el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, en atención al contorno del proceso, a la posición de responde adoptada por el Fisco y, con ello, a su condición de vencido en la anterior instancia.
Para más, señaló que el valor por el que prosperaba la demanda en esa instancia, en su comparación con la oferta del Fiscal de Estado y la estimación de la parte actora, revelaba la misma conclusión (art. 37, ley 5.708).
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia la violación de los arts. 1, 8, 12 y 41 de la ley 5.708 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, alega la existencia de absurdo valorativo y vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte que cita.
III.1. Básicamente, se agravia de que la Cámara le otorgue carácter turbatorio a la promulgación de la ley 13.007 para —de ese modo— tener por configurada la causal de expropiación inversa contenida en el art. 41 de la ley 5.708.
Expresa que en el caso no hubo desposesión, dado que la que alude el art. 8 de la ley 5.708, se refiere a la realizada por el Estado y no por particulares, como ocurre en la especie.
Alega que la ley 13.007 solo declaró la utilidad pública y es apenas el presupuesto para que la expropiación pueda existir ya que, con esa declaración, el Poder Administrador determina —en el marco de la utilidad, mérito y conveniencia— si lleva o no adelante dicha expropiación.
Plantea que, si se adoptara el criterio de la Cámara de atribuir efectos turbatorios a la ley, todas las leyes de expropiación, por el solo hecho de existir, estarían ejecutadas y no cabría más el supuesto de abandono previsto en el art. 47 de la Ley de Expropiaciones. Añade que, de seguirse dicha postura, la legislatura con la sola sanción de una ley declarativa estaría condicionando al Gobernador en el manejo del presupuesto provincial y vulnerando así la división de poderes.
Señala que en este caso resulta necesario determinar un hecho concreto y verificable con potencialidad turbatoria, presupuesto que —considera— no cumple la sentencia en crisis.
Reseña diversos precedentes de esta Suprema Corte en los que se delimitó el alcance del vocablo en cuestión y se estableció que la mera sanción de la ley expropiatoria, aún con su anotación registral, no implicaba un acto de desposesión en los términos de la Ley de Expropiaciones de la Provincia.
Refiere que la ley 13.007 no contiene ninguna previsión legal que le impida al titular dominial recuperar la posesión y que, si no la recuperó, fue porque no habilitó las vías que la ley le otorga al efecto. En ese sentido, indica que el presente caso difiere del precedente citado por la doctora Milanta en su voto (A. 71.315, "Gurevich"), pues allí el hecho turbatorio era el impedimento —suspensión por dos años— de recuperar la posesión por las vías legales conforme el art. 2 de la ley 12.586, señalando que —en la especie—, la ley 13.007 no contiene ninguna previsión análoga.
Agrega que —en todo caso— si la ley le generó dudas al propietario, se debió intimar al Fisco provincial para que expresara si avalaba la ocupación sostenida por el destinatario final de los bienes objeto de la expropiación o utilizar la vía del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial, entre otras pretensiones que se podrían haber promovido a dichos fines.
Remarca que la fecha de desposesión fijada en la sentencia no importa un acto concreto del Fisco, sino el señalamiento de un corte temporal para determinar quiénes serán los beneficiarios de la ley, previsto para el caso de que la expropiación cobre operatividad, pero que carece de efectos turbatorios.
Discrepa con el argumento de la sentencia, referido al cambio de criterio jurisprudencial para hacer lugar a la expropiación inversa promovida, alegando las diferencias fácticas existentes entre los precedentes citados en el fallo —fábricas recuperadas— con el caso de autos —terrenos ocupados por terceros—.
Como corolario, sostiene que: i) no hubo desposesión por parte del Estado; ii) la intrusión de las parcelas fue concretada por terceros por los cuales el Fisco provincial no debe responder y iii) el dictado de la ley expropiatoria, por su carácter declarativo, no pudo acarrear el efecto que se le atribuye en la sentencia cuestionada.
III.2. Seguidamente, reprocha que la Cámara confirme la imposición de intereses compensatorios sobre una indemnización fijada por el juez de grado a valores actuales, lo cual —a su entender— genera un flagrante enriquecimiento ilícito en favor de los propietarios.
Sostiene que los intereses solo corresponden en la medida en que la indemnización sea determinada a la época de la desposesión y que, si no hubo desposesión, no hay compensación. Asimismo, indica que si el monto indemnizatorio es estimado a una fecha actual no debe compensarse (cfr. art. 8, ley 5.708).
Destaca lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa "Sabalette" (C. 102.963, sent. de 28-IX-2016), en la cual se mandó a calcular los intereses, no sobre el monto de la indemnización, sino sobre valores históricos.
III.3. Posteriormente, cuestiona el monto otorgado en concepto de indemnización, por considerar que es fruto de una valoración arbitraria de la prueba producida, violatoria de las pautas fijadas por el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial.
Señala que la Cámara convalidó la preferencia otorgada por la jueza de grado al informe del tercer experto, para fijar el monto indemnizatorio de $4.400.000, cuando —según sostuvo en la apelación ordinaria y reitera en esta sede extraordinaria— dicho informe no cumple con los requisitos del art. 12 de la ley 5.708.
En ese sentido, puntualiza que la experticia contiene los siguientes errores: i) no formula ningún desarrollo técnico que permita justificar el valor alcanzado; ii) compara propiedades con viviendas, cuando la fracción a expropiar lo es libre de mejoras; iii) se trasladan al precio las mejoras introducidas por los particulares y el Estado, en contraposición con las disposiciones del art. 11 de la ley expropiatoria y iv) no se dio estricto cumplimiento al art. 8 de la ley citada.
En virtud de lo expuesto, alega que la única tasación que cumple los recaudos legales es la realizada por el perito agrimensor de su parte, la cual entiende debió servir de fundamento al fallo en crisis para determinar el valor indemnizatorio a pagar.
III.4. Por último, se agravia de la imposición de las costas de primera instancia a su parte con base en que la estimación efectuada por la actora estuvo más cercana al valor de la sentencia (cfr. art. 37, ley 5.708).
Pone de relieve la discrepancia existente entre las fechas en que se realizaron las estimaciones y en las que se presentaron los informes periciales.
Aduce que la Cámara resolvió arbitrariamente su condena en costas sin establecer los parámetros para justificar tal proceder, y requiere que las costas de todas las instancias sean soportadas por la parte actora, ya sea en el supuesto que se resuelva favorablemente su recurso o, en su caso, por su fallida estimación.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Conforme surge del relato de antecedentes, el tema central que se plantea a decisión de esta Suprema Corte, consiste en determinar si resulta acertado lo resuelto en forma coincidente por los magistrados de ambas instancias quienes, en virtud del dictado de la ley expropiatoria 13.007, consideraron existente la turbación del derecho de propiedad, que —consecuentemente— habilitó la acción de expropiación inversa intentada (cfr. art. 41, ley 5.708).
IV.1.a. En varias oportunidades he analizado planteos similares a los que aquí efectúa el Fisco recurrente y en los cuales, en esencia, se debatió si los actos realizados por el Estado provincial —al disponer la expropiación de lotes con la finalidad de entregarlos a las personas que los estaban ocupando— podían ser considerados turbatorios del derecho de propiedad y, por ende, habilitar las acciones de expropiación inversa intentadas (cfr. art. 41, ley 5.708; causas A. 70.913, "San Justo", sent. de 11-III-2015; A. 70.502, "Gesma", sent. de 10-VI-2015; A. 72.880, "Frigorífico y Matadero", sent. de 21-IX-2016; A. 71.707, "Textil San Remo S.A.", sent. de 19-IX-2018; A. 70.072 "Burcaiva", sent. de 17-X-2018 y A. 70.898, "Bellina", sent. de 29-V-2019).
Tal como se expuso en el precedente citado A. 70.502, "Gesma", existen situaciones que escapan del clásico supuesto donde el bien se encuentra en manos del expropiado hasta que el Poder Ejecutivo decide "materializar" el mandato legal. Se trata de hipótesis especiales donde el Estado viene a intervenir en una situación de hecho ya dada, intentando —a través del instituto de la expropiación— otorgar una solución al conflicto suscitado.
Así, se advirtió que la ley expropiatoria que declara de utilidad pública, no resulta aséptica ni menos aún inocua respecto de la situación de hecho cuando legitima la ocupación realizada, pues da un título o razón suficiente a los ocupantes para su permanencia y condiciona ulteriores acciones del titular del bien sujeto a la medida. Y si bien ni la ley, ni aún la simple anotación en el registro resultarían suficientes para la viabilidad de una acción como la intentada, en esa particular situación, corresponde especialmente tener en cuenta si es que el Estado ha tenido una participación que excede la mera declaración de utilidad pública como expresión de deseo, si es que tomó partido de una forma activa respecto a una situación de hecho, accionar del que no puede luego desligarse sin asumir las consecuencias.
Es así que dichas particularidades, han permitido concluir en ciertos casos, que en gran parte la autoridad pública coadyuvó para que el dueño de los referidos bienes haya padecido la turbación o restricción en sus legítimos derechos en los términos del art. 41 de la ley 5.708.
IV.1.b. Observo que las consideraciones hasta aquí expuestas resultan aplicables a este supuesto, más allá de las diferencias en las plataformas fácticas.
En efecto, en la especie, nos encontramos frente al particular caso de un lote de propiedad de la parte actora, que ha sido tomado por diversas familias que luego formaron el barrio denominado La Esperanza, de la localidad de Monte Grande.
Es en ese contexto, y ante el interés público en juego, que el Estado provincial intervino a fin de resolver el conflicto a través del instituto de la expropiación, para garantizar el definitivo acceso a la propiedad de la tierra de las familias ocupantes que se encontraban en una situación de alta vulnerabilidad.
IV.1.c. En cumplimiento de dicho objetivo es que se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble para ser adjudicado en propiedad, a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes, con cargo de construcción de vivienda (arts. 1 y 2, ley 13.007).
Para ello la legislación estableció un organismo de a
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