Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74008
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (cfr. arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 primer párr. y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.008, "Izquierdo, Ezequiel German c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en consecuencia modificó la sentencia de primera instancia en lo referido al monto indemnizatorio, fijándolo con criterio de actualidad. Por último, impuso las costas de ambas instancias a la demandada vencida.
Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos, glosado el memorial de la parte demandada y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la pretensión de expropiación inversa promovida por la actora contra la Provincia de Buenos Aires con motivo de la afectación de seis lotes de terreno de su propiedad ubicados en la localidad de Pilar, cuya declaración de utilidad pública se dispusiera por la ley 13.742.
En consecuencia, declaró expropiados a favor de la demandada los lotes de terreno objeto de autos y fijó el monto indemnizatorio en la suma de ciento cincuenta y dos mil pesos ($152.000). Para arribar a dicho importe, el señor juez de grado tuvo en consideración el valor de adquisición en subasta judicial que abonara el actor en el mes de agosto del año 2006, que por otra parte sostuvo era el más cercano al momento de la desposesión que consideró operada el día 5 de noviembre de 2007 (fecha de publicación en el Boletín Oficial de la ley 13.742). Por último, fijó intereses a calcularse a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días desde el día 5 de noviembre de 2007 hasta el efectivo pago. Las costas fueron impuestas en el orden causado (art. 37, ley 5.708).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que aquí interesa destacar por ser materia de agravio, modificó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, determinó el valor de la tierra expropiada en un momento más cercano a la sentencia, fijándolo en la suma de seiscientos setenta y dos mil ochocientos ochenta y cinco pesos ($672.885), confirmando —a su turno— el modo de imposición de los accesorios dispuesto por el señor juez de grado.
Por último, impuso las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 52 y concs., ley 5.708; 68 y 274, CPCC).
III. Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal mediante el cual aduce violación del derecho de propiedad (arts. 17, Const. nac. y 31, Const. prov.), de la doctrina legal de esta Suprema Corte y absurdo en la valoración de las pruebas.
Esencialmente, los reproches del recurrente transitan por tres andariveles: i) que para la fijación del monto indemnizatorio no se han considerado las mejoras; ii) violación de la doctrina legal de esta Corte y iii) absurdo en la valoración de la prueba.
En lo tocante al primer agravio, a partir de fs. 392 vta., sostiene que la Cámara violó la doctrina legal de esta Corte referida a que la indemnización debe ser "justa". Cita preliminarmente jurisprudencia en apoyo de su postura, y a partir de fs. 393 vta. dirige su agravio a señalar que la falta de justicia de la indemnización está dada por no considerar las "…mejoras preexistentes en los predios expropiados, suprimiendo así deliberadamente la indemnización por una serie de bienes que obviamente debieron integrarla, incurriendo en flagrante violación al art. 17 de la Constitución Nacional, y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires."
En tal contexto expresa que los bienes en cuestión no carecen de valor, y que debieron ser incluidos en el cálculo indemnizatorio (v. fs. 393 vta.). Expresa que fue justamente la existencia de viviendas lo que justificó el dictado de la ley declaratoria de utilidad pública.
Alega como segundo tramo del recurso, a partir de fs. 394 vta., la violación de la doctrina legal, por cuanto no se habría tomado un valor más cercano a la sentencia.
Respecto del tercer agravio, puntualiza que el absurdo valorativo se evidencia al haberse ponderado el dictamen pericial realizado por el perito ingeniero Terpolilli por sobre los restantes informes. En tal sentido, aduce que —a diferencia del dictamen seleccionado por la Cámara— los informes periciales realizados por los peritos Bona y Di Leo expusieron referencias concretas de inmuebles comparables en venta, con cita de las inmobiliarias que los ofrecían, elementos que —entiende— dan cuenta de la verosimilitud de los valores allí asignados. Asimismo, cuestiona la selección de dicho dictamen pericial por cuanto —sostiene— se abstuvo de tasar las mejoras preexistentes en los predios. En tal dirección, argumenta que las construcciones eran anteriores a la toma de posesión, no habiendo siquiera el perito tenido la precaución de averiguar de cuando databan esas mejoras.
IV. Previo al tratamiento del recurso cabe efectuar algunas consideraciones respecto del proceso que antecede a la sentencia.
a.- En primer lugar, el planteo de inconstitucionalidad formulado por el recurrente a fs. 64 del escrito de demanda ha sido rechazado en la sentencia de primera instancia, y no ha sido debidamente impugnado por este, por lo que esta parcela llega firme a esta instancia de excepción.
b.- Por otra parte, encontrándose los autos para resolver, el expropiado solicita una nueva tasación del inmueble objeto de este pleito. Estando las medidas de este tipo vedadas expresamente por el art. 284 del Código Procesal Civil y Comercial, corresponde declarar la inadmisibilidad de tal planteo (conf. causas A. 75.488, "Cresta", sent. de 6-V-2024; A. 73.155, "Fabeiro", sent. de 13-V-2024; C. 105.166, "Cárcamo de Erbin", sent. de 10-VI-2024; C. 120.004, "Demichelis", sent. de 12-VI-2024; entre muchas otras).
V. Efectuadas las salvedades anteriores, e ingresando en lo que hace estrictamente a la impugnación, habré de adelantar que el recurso no prospera atento su insuficiencia técnica (conf. art. 279, CPCC).
V.1.a. El primer tramo del recurso plantea un embate basado en la violación de los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de la provincial. En un avance inicial de dicha parcela el recurrente, con cita de jurisprudencia de esta Corte, plantea consideraciones generales en torno al monto a reconocer en un proceso expropiatorio (v. fs. 392 vta. y 393).
Ahora bien, inmediatamente después de estas expresiones genéricas, a partir de fs. 393 vta. expresa que la fijación del precio validada por la Cámara no se ajusta a derecho, por cuanto en el dictamen pericial que le sirve de base no se han considerado las mejoras y construcciones que existían sobre el predio antes de la expropiación.
Es decir, lo que el quejoso refuta no es intrínsecamente el valor tomado por la Cámara, ni la suma del valor de la tierra expropiada, sino que para determinarlo no se tuvieron en cuenta una serie de construcciones ya existentes en el fundo.
Delimitado así el marco del embate, cabe señalar que este argumento resulta novedoso y fue incorporado tardíamente al pleito, pues en la apelación ante la sentencia del juez de grado, primera oportunidad útil para articular este agravio, el expropiado omitió hacer cualquier consideración al respecto.
Tal omisión, dadas las exigencias propias de esta instancia de excepción, determinan el destino trunco de este tramo del recurso. En este aspecto, es oportuno traer a colación la doctrina de esta Corte en cuanto a que los argumentos novedosos, que al no haber sido oportunamente planteados no han podido ser objeto de debate ni de juzgamiento en las instancias anteriores, son inabordables en esta instancia extraordinaria toda vez que resultan ser el fruto de una reflexión tardía e inhábil para la apertura de la revisión casatoria (doctr. causas C. 117.127, "Courouniotis", sent. de 22-IV-2015; C. 118.333, "Salamone", sent. de 15-VII-2015; C. 120.499, "Bide", sent. de 21-XII-2016; A. 75.649, "Vasirani", sent. de 28-VIII-2021; A 75.851, "Chester", sent. de 25-III-2022; e.o.).
V.1.b. A todo evento, y aun cuando lo dicho anteriormente es suficiente para desestimar el agravio, cabe señalar que a fs. 263 vta. el perito tasador señala que "…se encuentran construcciones económicas y precarias sobre los predios, en general se detectan edificaciones precarias de madera y de mampostería, las que prácticamente no poseen valor comercial. Las mismas se presumen realizadas por los ocupantes".
Sobre la base de ello, el agravio carece de sustento, pues la falta de consideración de las construcciones previas se debió a que estas no tenían valor comercial.
Para más, lo expresado por el experto en su diligencia no ha sido debidamente desacreditado por el actor, quien no ha demostrado que las construcciones en cuestión tengan el valor que este alega.
Siendo ello así, mal podría este Tribunal sobre la base de meras alegaciones sin sustento, revocar la sentencia impugnada.
V.2. Con relación al segundo agravio, se observa que el Tribunal de Alzada aplicó —con cita del precedente C. 101.107, "Arbizu", sentencia de 23-III-2010— la doctrina de este Tribunal referida a la fijación del precio de la tierra expropiada a valores actuales más cercanos a la sentencia y no a la época de la desposesión, ello por aplicación del principio de justa indemnización —reparación justa, actual e integral del bien expropiado— (arts. 17, Const. nac. y 31, Const. prov.).
En tal contexto, consideró que la solución propuesta por el señor juez de grado —con base en la aplicación del art. 8 de la ley 5.708— no representaba el perfil de justa indemnización que reconoce fuente directa en la Constitución nacional. Por el contrario, sostuvo que el reconocimiento de la cuantía del resarcimiento debía desprenderse del suceso de la desposesión (5-XI-2007) y ubicarse en el momento del concreto avalúo en sede judicial (24-II-2012).
En tal razonamiento, la Cámara concluyó que la valuación realizada por el perito ingeniero Terpolilli —una vez confrontada con el resto de las particularidades de la causa— representaba el justo valor de la tierra expropiada.
Frente a ello, yerra el recurrente al afirmar que no se ha fijado valor con criterio de actualidad al no haberse ponderado los dictámenes periciales por él seleccionados, revelando dicha posición —en todo caso— una discrepancia personal con el resultado que le es adverso, lo que resulta técnicamente incorrecto; es decir, el embate no satisface la premisa básica que establece el art. 279 del Código Civil y Comercial en lo concerniente a la denuncia relativa a la errónea aplicación de la doctrina de este Tribunal. En concreto, el a quo acuña la expertise en cuestión por su idoneidad más allá del tiempo en que fuera llevada a cabo cada una de las diligencias. En lo que al asunto interesa, cabe señalar que la fijación del valor se hizo en un momento distinto al de la desposesión, lo que en modo alguno implica quebrantar la doctrina de esta Corte.
En la especie, resulta de aplicación la jurisprudencia de este Tribunal que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por la alzada, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (conf. causas A. 70.261, "L., D. F.", sent. de 5-X-2011; A. 73.545; A. 75.948, "Urrutia", resol. de 23-X-2019; e.o.). Lo expuesto es suficiente para rechazar el agravio en tratamiento.
V.3. Idéntica suerte corre la denuncia de absurdo efectuada por el recurrente respecto de la valoración de la prueba realizada por la Cámara para determinar el valor de la tierra libre de mejoras.
En este aspecto, vale recordar que el Tribunal de Alzada descartó las conclusiones de los peritos ingenieros Bona y Di Leo. En cambio, tuvo en cuenta para su determinación las opiniones brindadas por el perito ingeniero Terpolilli.
Para así decidir, consideró que su dictamen daba cuenta de una labor más completa y convincente que la desarrollada en los otros informes, destacando en particular el aporte de valores registrados por los bancos oficiales de la localidad como así la compulsa de valores promedio y el detalle de las inmobiliarias de consulta, habiendo descartado finalmente valor a las mejoras con base, por un lado, en su precariedad y, por el otro, con fundamento en lo dispuesto en el art. 7 de la ley 13.742, declarativa de la utilidad pública, en cuanto estableció que se presumían realizadas por los ocupantes (v. fs. 263 vta.).
Así las cosas, habiendo el tribunal confrontado dicho dictamen con las particularidades del caso —y en especial, el valor de adquisición en subasta judicial abonado por el actor— es que decidió ponderarlo por sobre los otros presentados en la causa.
Frente a ello, lo cierto es que, en rigor de verdad, el recurrente estructura su queja sobre la base de argumentos que tienden a controvertir el criterio empleado por el a quo en lo que respecta a la elección y valoración de las pruebas —al escoger las conclusiones de una experticia y descartar los resultados de otra—, olvidando precisamente que seleccionar los medios de prueba y atribuirles la jerarquía pertinente dentro del conjunto del material probatorio es facultad privativa de los jueces de grado (doctr. causa C. 123.274, "Juárez", sent. de 18-II-2021) por lo que el control casatorio en este plano queda excluido, salvo supuesto de absurdo, extremo cuya configuración no concurre en la especie en tanto fueron expuestas razones fundadas para así decidir.
En síntesis, las conclusiones expuestas en la sentencia de la Cámara lucen razonables en función de los elementos obrantes en la causa, no configurándose el supuesto de absurdo que se alega, circunstancia que no amerita la intervención del Tribunal en este terreno.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que el mencionado vicio se configura con el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa no configurándose con la mera exhibición de un criterio discordante por parte del recurrente (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827; doctr. causa A. 76.243, "Accordino", sent. de 1-VII-2020). Lo expuesto sella la suerte adversa del agravio en tratamiento.
VI. Por los motivos expuestos, no habiéndose demostrado absurdo, ni violación de la doctrina o de las normas legales denunciadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto. Con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
Ahora bien, con relación a lo expuesto por mi distinguido colega en el punto IV.a. de su voto observo que, aunque el planteo de inconstitucionalidad referido no constituye uno de los agravios expresamente traídos por la parte actora en su recurso extraordinario, tampoco se evidencian elementos suficientes en este caso que determinen declaración de incompatibilidad constitucional alguna (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Con tal alcance, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Como lo advierte el doctor Soria en su voto, en principio debe reconocerse que el rechazo por parte del señor juez de primera instancia del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (modificada por el art. 4 de la ley 25.561) introducido por el expropiado en la demanda (v. fs. 64) fue consentido al no haber sido motivo de agravio al tiempo de fundar su respectivo memorial.
Por otra parte, ingresando a evaluar los específicos agravios que se traen en el recurso, tal como bien revela el ponente en el punto V de su voto, y en un todo de acuerdo con los fundamentos que estructuran la solución anunciada, el recurso no prospera atento su insuficiencia técnica (cfr. art. 279, CPCC).
De tal modo, condicionada la labor evaluativa por tal déficit argumentativo, y estando vedada en esta sede extraordinaria la nueva tasación del inmueble objeto de este pleito conforme reiterada doctrina asumida por el Tribunal (causas A. 75.488, "Cresta", sent. de 6-V-2024; A. 73.155, "Fabeiro", sent. de 13-V-2024; C. 105.166, "Demichelis", sent. de 12-VI-2024; entre muchas otras), no resulta posible alcanzar una solución que permita discernir si nos hallamos, en el caso, frente a una indemnización justa (indemnidad del expropiado dada en reconocerle una indemnización que cubra el costo de reproducción o reposición de un bien igual al del que se lo priva) o, por el contrario, si estamos frente a un capital resarcitorio que se ha convertido, en la actualidad, en una suma insignificante que carece de toda equivalencia con el valor del inmueble expropiado (v. mi voto en causa C. 108.722, "U.N.I.R.E.C.", sent. de 16-II-2023).
Más allá de esta aclaración, la insuficiencia advertida conduce irremediablemente al rechazo del recurso.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos concordantes, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (cfr. arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 primer párr. y 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos y (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/04/2025 12:13:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2025 13:20:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/04/2025 11:34:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2025 16:43:43 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2025 07:59:45 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/04/2025 08:00:28 hs. bajo el número RS-17-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia