Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72833
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia impugnada en punto a la prescripción dispuesta y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento (art. 289, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen a la vencida (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 68 y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado en autos deberá restituirse a la parte actora (art. 293, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.833, "Marin de Donovan, Paula María y ots. contra Provincia de Buenos Aires s/ expropiación inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó, por mayoría, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto acogió favorablemente la defensa de prescripción impetrada por la Provincia de Buenos Aires.
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Las señoras Margarita Ernestina Perkins de Anchorena, Paula María Marín de Donovan y Margarita María Marín, interpusieron demanda contra la Provincia de Buenos Aires por la expropiación parcial de una parcela de su propiedad, ubicada en el Partido de General Belgrano, Cuartel III, Parcela 236 f, con motivo de la ejecución de la obra pública denominada "Canalización del Zapallar - Gualicho - Camarones".
II. Corrido el traslado de ley se presentó la Fiscalía de Estado oponiendo excepciones de falta de personería —deficiencias en los mandatos otorgados a los apoderados de la parte actora por dos reclamantes— y prescripción, y contestando, en subsidio, la demanda interpuesta. La parte actora repelió estas defensas.
III. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Dolores hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, rechazó la demanda en todos sus términos.
Este pronunciamiento fue apelado por la parte actora.
IV. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, por mayoría, resolvió desestimar el recurso de apelación interpuesto por Margarita Ernestina Perkins de Anchorena y confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto acogió favorablemente la defensa de prescripción impetrada por la Provincia de Buenos Aires. Cabe señalar que la sentencia de origen quedó firme respecto de las coactoras.
Para así resolver, con base en argumentos vinculados a las consecuencias negativas que en los hechos produce la imprescriptibilidad de la acción de expropiación inversa, y con el aditamento de cierta jurisprudencia y legislación comparada, la Cámara se apartó de la doctrina de este Tribunal sobre el punto, admitiendo en el caso que el cómputo del plazo de prescripción debía comenzar en el mes de abril de 1971 (fecha que se desprende de la opinión del perito Juan Carlos Zubía, fs. 321/337), advirtiendo que las apelantes esperaron hasta el 25 de septiembre de 2006 —cargo fechador de fs. 57 vta.— para iniciar la acción de expropiación inversa, esto es, cerca de treinta y cinco años después desde el momento en que el Estado provincial ingresó al inmueble para ejecutar los trabajos de "Rectificación y conexión hasta el Río Salado de los Arroyos Gualicho, Zapallar y Camarones".
V. Contra dicha sentencia, la señora Margarita Ernestina Perkins de Anchorena, quien es la única de las demandantes que mantuvo su impugnación, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denunció absurdo en la valoración de las constancias obrantes en autos, violación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 384 y 394 del Código Procesal Civil y Comercial, como así también de los arts. 4, 35 y 41 de la ley 5.708. Asimismo, denunció la vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte en materia de prescripción de la acción de expropiación inversa.
VI. Por las razones que seguidamente desarrollo, en mi opinión el recurso extraordinario en análisis debe prosperar, en tanto asiste razón al recurrente cuando plantea la violación de la doctrina legal de esta Corte sobre el punto.
VI.1. Oportunamente, en la causa Ac. 82.155 (sent. de 22-X-2003), adherí al voto del doctor de Lázzari quien dijo que razones de economía procesal indicaban la conveniencia de adecuar el pronunciamiento a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de prescripción en la expropiación inversa (S.738.XXXVII, "Staudt, Juan Pedro Guillermo c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 27-V-2004; e.o.; cfr. mi voto en causa C. 89.426, "Peñalba", sent. de 16-II-2005; A. 72.594, "De Urquiza Anchorena", sent. de 20-IX-2017; A. 72.522, "Lorda" y A. 72.806, "Santiano", sents. de 26-XII-2018).
El Alto Tribunal resolvió en la causa "María Georgina Cecilia Acevedo de Cámpora" (Fallos: 287:387) que la adquisición del dominio sobre el bien expropiado por el Estado se halla subordinada al pago de la indemnización previa, determinada en la sentencia definitiva del juicio expropiatorio (art. 17, Const. nac.). Pues, "constituyéndose la relación expropiatoria con la declaración de utilidad pública y extinguiéndose con el pago de la indemnización que se fije por acuerdo de partes o sentencia definitiva y quedando, por lo tanto, sometida íntegramente al derecho público, mientras no se extinga aquélla, el Estado no podrá adquirir el dominio del bien o de las cosas afectadas a expropiación por las vías normadas en el Código Civil. De ahí que la invocación de la prescripción adquisitiva es inoficiosa mientras subsista la mentada relación publicística expropiatoria".
Siguiendo la misma línea, también en la causa "Recabarren de Pérez Caillet" (Fallos: 304:862), la Corte federal declaró, por los fundamentos desarrollados por el señor Procurador General, que el art. 51 de la ley de expropiaciones de San Juan "...deviene inconstitucional, pues consagra una expropiación sin indemnización previa, lo cual resulta contrario a los principios contenidos en el citado art. 17 de la Carta Magna". El mismo criterio fue mantenido en las causas "Aranda Camacho" (Fallos: 315:596) y "Garden" (Fallos: 320:1263), pronunciamientos en que se declaró la inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 21.499.
Luego la Corte Suprema se pronunció en idéntico sentido en la causa "Staudt" antes citada. En tal oportunidad, al descalificar el pronunciamiento de este Tribunal, reiteró los conceptos reseñados, puntualizando asimismo que "al resultar la indemnización una condición para el desapropio, ese derecho al cobro del valor del bien expropiado ha de calificarse como ilíquido e inexigible, hasta tanto exista una sentencia judicial que determine su precio. Es esta inexigibilidad la que hace que el derecho no pueda ser extinguido por el transcurso del tiempo". Por ende, concluyó que "cualquiera fuere el plazo extintivo al que se pretenda sujetar la acción expropiatoria irregular, no cabe admitir el inicio de su cómputo antes de que se hayan cumplido los requisitos previstos en el art. 17 de la Constitución Nacional". Este criterio fue reiterado en el caso "Figueroa" en Fallos: 339:468.
VI.2. Siendo así, conforme la doctrina sentada por este Tribunal, dictada en seguimiento a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por razones de celeridad y economía procesal cabe reiterar aquí que la adquisición del dominio sobre el bien expropiado por el Estado se encuentra subordinada al pago de la indemnización previa, determinada en la sentencia definitiva del juicio expropiatorio (art. 17, Const. nac.), no pudiendo en el caso declararse la prescripción de la acción intentada (conf. doctr. causas Ac. 85.060, sent. de 1-IV-2004; Ac. 71.768, sent. de 7-IX-2005; Ac. 76.907, sent. de 9-VIII-2006; C. 95.623, sent. de 27-III-2008 y C. 98.880, sent. de 6-V-2009).
De tal manera, corresponde concluir en que el Tribunal de Alzada se ha apartado de la doctrina que esta Corte, por cuestiones de economía procesal sigue de su par nacional, sin que los argumentos novedosos invocados para ello resulten suficientes para modificar una doctrina que en la actualidad aparece como consolidada. Ello resulta suficiente para revocar la decisión recurrida (conf. art. 289, CPCC).
Cabe aclarar que, del modo en que se han concedido los recursos, el alcance de la sentencia quedará limitado a la cuota parte de la única recurrente que mantuvo interés en la cuestión.
VII. Por los fundamentos expuestos, considero que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia impugnada en punto a la prescripción dispuesta y, en consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento (art. 289, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen a la vencida (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 68 y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado en autos deberá restituirse a la parte actora (art. 293, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la solución propuesta por el doctor Soria.
En las causas Ac. 85.060 (sent. de 1-IV-2004), Ac. 89.426 (sent. de 16-II-2005), C. 95.623 (sent. de 27-III-2008) y C. 102.848 (sent. de 29-XII-2009), entre muchas otras, sostuve que compartía la doctrina del Tribunal Superior de la Nación en cuanto postula que la adquisición del dominio sobre el bien expropiado por el Estado se halla subordinada al pago de la indemnización previa, determinada en la sentencia definitiva del juicio expropiatorio y que recién a partir de tal momento puede empezar a correr el término de prescripción (causas "Garden, Jacobo Arón y otros c/ Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires s/ expropiación inversa", sent. de 1-VII-1997; "Recabarren de Pérez Caillet, Helina A. y otro c/ Provincia de San Juan, Bianchi, Héctor A. y otro c/ Dirección Provincial de Vialidad", sent. de 12-XII-1985; e.o.).
Ello así, pues conforme al art. 17 de la Constitución nacional "...La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada...", por lo que hasta tanto no se halle perfeccionada la expropiación mediante el cumplimiento del requisito de pagar la indemnización dispuesto en la cláusula constitucional citada, no cabe admitir el cómputo de plazo de prescripción inversa prevista en el art. 41 de la ley 5.708.
Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y, como señala mi colega, remitir los autos para que se dicte un nuevo pronunciamiento (art. 289, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen a la vencida (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 68 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia impugnada en punto a la prescripción dispuesta y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento (art. 289, CPCC).
Las costas de todas las instancias se imponen a la vencida (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 68 y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado en autos deberá restituirse a la parte actora (art. 293, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/05/2025 14:10:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/06/2025 09:32:01 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 10:35:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 14:32:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 15:14:59 - GORDILLO Valeria - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/06/2025 15:17:46 hs. bajo el número RS-44-2025 por GORDILLO VALERIA.
Fin de la sentencia