Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76293
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.293, "De Urquiza Anchorena, Diógenes c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a los recursos de apelación deducidos por las partes, actora y demandada. Así, modificó el valor de la hectárea, fijó la condena en moneda extranjera y reconoció intereses desde la notificación de la demanda y hasta la sentencia dictada por el propio Tribunal de Alzada, aplicando la alícuota del 0,07% anual y, a partir de allí, conforme la denominada tasa pasiva más alta aplicable a los depósitos en dólares.
Impuso las costas a la demandada por los rubros acogidos y en el orden causado respecto de los desestimados (v. fs. 761/771 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el Fisco provincial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 30-VIII-2019), el que fue concedido a fs. 775/776.
Dictada la providencia de autos para resolver a fs. 780 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Con carácter preliminar, creo menester efectuar una reseña de cómo llega la causa a esta instancia extraordinaria.
Al dictar sentencia definitiva, el magistrado de primera instancia rechazó la excepción de prescripción adquisitiva interpuesta por la demandada, hizo lugar a la demanda de expropiación inversa promovida por el actor y condenó a la Provincia a abonar como justa indemnización, incluyendo las mejoras, la suma de $3.713.144,98, con más intereses a la tasa pasiva del Banco Provincia desde el 29 de junio de 2005, fecha en que se notificó la demanda al Fisco, y hasta el efectivo pago.
Impuso las costas a la demandada vencida por los parciales acogidos y en el orden causado por los desestimados.
Apelado por ambas partes el pronunciamiento anterior, la Cámara interviniente —por mayoría— revocó la sentencia, decretó la prescripción de la acción de expropiación inversa y declaró abstracto el tratamiento del recurso de la parte actora. Impuso las costas de ambas instancias en el orden causado.
Interpuesto por la parte actora recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esta Suprema Corte dictó sentencia haciendo lugar —por mayoría—, al recurso incoado y ordenó la devolución de la causa al Tribunal de Alzada, para que con nueva integración trate los agravios pendientes. Impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida.
A fs. 725 el Tribunal de Alzada con nueva integración llama autos para el acuerdo, a fs. 726 dicta una medida de mejor proveer y solicita la ampliación de las pericias con valores actualizados y finalmente dicta sentencia con fecha 18 de julio de 2019.
Al resolver hizo lugar al recuso de la actora, modificó el monto indemnizatorio determinado por el señor juez de grado y fijó el valor de la hectárea expropiada en la suma de USD 2.056,40 de conformidad con lo informado por el perito ingeniero agrónomo Enrique Alfieri en su dictamen obrante a fs. 757/759. De tal modo cuantificó la indemnización correspondiente a la superficie afectada de 208 ha, 26 a y 08 ca, en la suma de USD 433.242,35 o el equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio que le permita al acreedor adquirir en el mercado libre la suma equivalente de moneda extranjera. Confirmó el criterio seguido por la sentencia de grado de computar intereses desde la fecha en que fue notificada la Fiscalía del traslado de la demanda —29 de junio de 2005—. Aplicó intereses de acuerdo a la tasa del 0,07% anual, desde esta fecha y hasta la de la sentencia de Cámara —18 de julio de 2019—, a partir de allí y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta para los depósitos en dólares.
Desestimó el agravio relativo al reconocimiento de la construcción de un puente sobre el Canal 11, que había admitido el señor juez de grado para integrar las dos fracciones en que quedó dividido el campo.
Con relación al dies a quo de los intereses confirmó lo decidido en la primera instancia, debiendo computarse desde el día 29 de junio de 2005, en que se notificó la demanda a la Fiscalía de Estado. Y adecuó los intereses al capital de condena en moneda extranjera, estableciendo para su cálculo la alícuota del 0,07% anual desde el 29 de junio de 2005 y hasta la fecha de la sentencia dictada por la propia Cámara, es decir, el 18 de julio de 2019, luego, a partir de allí y hasta el efectivo pago de acuerdo a la tasa pasiva más alta para depósitos en dólares, conforme lo establecido en las causas C. 101.774, "Ponce", L. 94.446, "Ginossi" y C. 119.176, "Cabrera".
Admitió indemnizar por depreciación la fracción sobrante como consecuencia de la división del inmueble. Lo que estimó en una reducción del valor del 10% sobre la base del valor de la hectárea informado por el perito Alfieri de USD 2.056,40 multiplicado por la superficie remanente de 4.291 ha, 89 a y 93 ca, lo que asciende a la suma de USD 882.401,24 (v. cons. 5° de la sentencia).
Por otra parte, rechazó el agravio del actor tendiente a obtener el reconocimiento de las demás mejoras reclamadas, tales como alambrados, aguadas, mangas y corrales, entre otras. Y, finalmente desestimó el cuestionamiento de la actora sobre la imposición de costas por su orden sobre los rubros que no fueron admitidos.
Impuso las costas de alzada por el recurso de la actora en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% a cargo de la recurrente; y por el recurso de la demandada, en un 20% a cargo del actor y en un 80% a cargo de la recurrente (arts. 68 y 71, CPCC).
II. Para así resolver sostuvo que la indemnización debía ser justa, sin disminuir ni enriquecer el patrimonio del expropiado, debiendo constituir un valor equivalente al que en economía se designa como "valor de cambio", pues la indemnización reemplaza a la cosa en el patrimonio expropiado (causa SCBA C. 101.107, "Arbizu", sent. de 23-III-2010).
Precisó que la demandada, en ocasión de contestar la demanda, señaló que dada la antigüedad de la obra y la falta de datos suficientes y confiables, el precio de la tierra expropiada debía calcularse a valores actuales, en consecuencia, rechazó el agravio relativo a la fijación del precio al momento de la desposesión con fundamento en la doctrina de los propios actos y el principio general de buena fe. Citó al respecto fallos de esta Corte donde el valor de la porción expropiada se estableció tomando en cuenta el que tenía al momento de dictarse la sentencia.
En ese contexto y de acuerdo a lo informado por el ingeniero agrónomo Enrique Alfieri en su dictamen obrante a fs. 757/759, determinó el valor de la hectárea en la suma de USD 2.056,35 por ser el precio con mayor probabilidad de abonarse en operaciones potencialmente realizables. Así, teniendo en cuenta la porción expropiada de 208 ha, 26 a y 08 ca, la suma a indemnizar asciende a USD 433.424,35.
Argumentó que la condena en dólares estadounidenses dispuesta no constituye por sí misma la aplicación de un índice de actualización monetaria, sino un modo de establecer una indemnización justa, invocó al respecto el voto de la doctora Kogan en la causa C. 102.963, "Sabalete", sentencia de 7-IX-2016. Añadió que en virtud de la facultad que el art. 765 del Código Civil y Comercial, cuya aplicación fundamenta en la exégesis que hace sobre el art. 7 y la posibilidad de aplicar el nuevo Código a procesos en trámite, habilita al deudor a liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio que le permita al acreedor adquirir en el mercado libre la suma equivalente de moneda extranjera, lo que según la Cámara solo se logra si a la fecha de hacerse efectivo el pago el deudor abona en pesos al tipo de cambio vendedor.
Desestimó la crítica de la demandada, contra el reconocimiento indemnizatorio para la construcción de un puente sobre el Canal 11 por falta de fundamentos idóneos que desbaraten el razonamiento seguido por el magistrado de grado, quien ponderó específicamente lo informado por los expertos en la audiencia celebrada a fs. 542/543, junto con lo informado por el perito Roberti a fs. 544/545, y reconoció la necesidad de integrar mediante un puente las dos fracciones en que ha quedado dividido el campo (v. punto V.3. de la sentencia de Cámara).
En cuanto al dies a quo de los intereses confirmó lo resuelto por la sentencia de primera instancia, es decir, desde el 29 de junio de 2005, fecha en que se notificó la demanda y hasta su efectivo pago, con fundamento en que el valor de la porción afectada se fijó con criterio de actualidad. Adecuó la tasa al capital de condena fijado en moneda extranjera, aplicó la alícuota del 0,07% anual, desde el día 29 de junio de 2005 hasta el 18 de julio de 2019, fecha de la sentencia de Cámara, ocasión en que se determinó la deuda conforme los arts. 772 y 1.748 del Código Civil y Comercial. De allí en más dispuso aplicar la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce", L. 94.446, "Ginossi" y C. 119.176, "Cabrera" (v. punto V.4. de la sentencia).
Relativo a la desvalorización del remanente, con independencia de las 21 ha, que han quedado aisladas y cuyo reconocimiento se admitió en la instancia anterior, la Cámara con fundamento en la experticia de fs. 456/468 realizada por el ingeniero Alfieri, quien había estimado una reducción del 10% del valor del establecimiento Quemú Quemú , por la construcción del Canal 11, admitió la queja de la actora, y dispuso indemnizar este rubro con la suma de USD 882.401,24. Aclarando, al igual que lo hizo anteriormente, que la fijación en moneda extranjera no es un índice de actualización monetaria, sino un modo de establecer una indemnización justa, pudiendo el deudor liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio vendedor a la fecha de pago conforme el art. 765 del Código Civil y Comercial.
Finalmente rechazó el intento recursivo del actor de obtener el reconocimiento de las restantes mejoras, alambrados, aguadas, mangas y corrales, por falta de crítica motivada y contra la imposición de costas por su orden respecto de los rubros desestimados que dispuso el señor juez de grado. Las costas de alzada las impuso por el recurso de la actora, en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% a cargo de la recurrente; y por el recurso de la demandada: en un 20% a cargo del actor y en un 80% a cargo de la recurrente (arts. 68, 71 y concs., CPCC), recordando para ello que el régimen de excepción establecido en el art. 37 de la ley 5.708 rige solo para las erogaciones judiciales de primera instancia (con cita de la causa de esta Corte C. 93.451, sent. de 11-IV-2018).
III. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el Fisco denuncia errónea aplicación de los arts. 8, 9, 12, 35 y 37 de la ley 5.708; violación de la doctrina legal y absurdo en la valoración de la prueba.
III.1. En primer lugar, denuncia infracción del art. 8 de la ley de expropiaciones.
Sostiene que la Cámara al ordenar pagar la indemnización en dólares estadounidenses, desconoce lo dispuesto en el art. 8 y siguientes de la ley de expropiaciones.
Puntualiza que el aludido equívoco evidencia la primera y principal transgresión de la doctrina legal emanada de los fallos que desarrolla (causas C. 108.722, "UNIREC", sent. de 16-II-2023; A. 70.072, "Burcaiva", sent. de 17-X-2018; C. 113.733, "Albisu", sent. de 18-V-2018 y C. 102.963, "Sabalete", sent. de 7-IX-2016) y vulnera la doctrina legal de este Tribunal.
En tal sentido invoca lo dicho por esta Corte en la causa C. 108.772, con relación a que atribuir a la moneda extranjera el carácter de asimilable al dinero, no significa que revista el atributo de medio legal de pago para que pueda exigirse al deudor el cumplimiento de la obligación en esos términos. En tanto, la carencia de curso legal en la República tiene sus consecuencias, pues en derecho monetario la expresión dineraria continúa reservada a la moneda nacional única de curso legal.
También cita mi voto en la causa A. 70.072, "Burcaiva", sentencia de 17-X-2018, en el que, como en el caso, no se trataba de una obligación que originariamente hubiere sido pactada en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, o en la que se hubieren establecido cláusulas de ajuste en dólares u otra moneda extranjera, y que con motivo de la normativa de emergencia pública y reforma del régimen cambiario correspondiere su pesificación, declarada constitucional por la Corte nacional y por este Tribunal, sino que por el contrario en la especie el sujeto expropiado no tiene un derecho a que los perjuicios derivados de la expropiación sean satisfechos mediante una indemnización fijada en dólares.
Añade que una correcta interpretación del art. 8 de la ley 5.708 que lo inscriba dentro del sistema monetario vigente conduce a la conclusión de que la indemnización expropiatoria debe ser establecida en moneda de curso legal.
En la misma línea argumental afirma que la sentencia atacada desconoce la doctrina legal de esta Corte emergente de la causa C. 113.733, "Albisu", en la que se admitió el cuestionamiento contra la fijación del monto indemnizatorio en dólares estadounidenses. Y se dijo que, si bien es cierto que por justa indemnización debe entenderse el pago del valor real de la cosa (art. 2.511, Cód. Civ.) la sentencia debió establecer su cuantía en moneda de curso legal, toda vez que no existe norma alguna que autorice su determinación en moneda extranjera. En tal circunstancia se dispuso que el valor indemnizatorio determinado será convertido a pesos a la cotización del dólar estadounidense a la fecha de la sentencia de primera instancia.
Aclara que no impugna la utilización del valor de moneda extranjera como parámetro de cálculo, sino que la indemnización se fijara y mandara a pagarse en dicha moneda, o dando el equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio vendedor a la fecha de pago, conforme el art. 765 del Código Civil y Comercial, en tanto el monto a pagar queda librado a la volatilidad de la cotización de una moneda que no es de curso legal y al arbitrio del mercado.
III.2. Denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación o errónea aplicación de los arts. 10 y 11 de la ley 5.708.
Afirma que la sentencia recurrida violenta lo dispuesto en el art. 10 de la ley de expropiaciones que determina en qué casos se autoriza a abonar la depreciación que pueda sufrir la fracción sobrante como consecuencia de la división del inmueble. Entiende que la sentencia, con un escueto desarrollo, hace mérito de lo informado por el ingeniero Alfieri en su dictamen de fs. 456/468, y ordena indemnizar con una suma que duplica el valor de la tierra afectada, y que representa un enriquecimiento sin causa, pues permite al expropiado adquirir dos campos del tamaño de lo afectado por los canales.
Sostiene que la presunta desvalorización que se ordena indemnizar obedece a la obra pública realizada en el año 1911 (año al cual el canal debe su nombre). Y que, de las probanzas de autos (que no especifica), surgiría que el campo fue adquirido por la familia Urquiza Anchorena más de veinte años después de construido el canal mencionado, mediante contrato de compraventa (conforme cédula catastral) en el año 1932 a Josefa Antonia Larumbe y Firundarena de Insausti.
De todo lo expuesto colige que, la manera de llevar a cabo la producción agropecuaria no cambió en nada desde que el predio fue adquirido por el actor y por lo tanto no hay perjuicio alguno sobreviniente. En todo caso, fueron los antecesores del actor quienes padecieron la mutilación del campo (al respecto invoca por análogo el argumento desplegado en la sentencia de la SCBA en la causa A. 71.799, "Establecimiento La Magdalena S.A." donde se precisó: "quien sufrió el daño fue, no la sociedad actora, sino quien por entonces era dueño del bien"), por lo tanto, no hay daño alguno que merezca reparación. Más aún es de suponer que quizás hayan pagado un precio por debajo de los valores de mercado por tratarse de la adquisición de un predio atravesado por un canal.
Aclara además que la desvalorización —al 50%— de las 20 hectáreas que han quedado aisladas a partir de la construcción del canal de enlace hacia los arroyos Camarones-Zapallar, que fue fijada en primera instancia, no es motivo de agravio.
III.3. Asimismo y con relación a la desvalorización del remanente otorgado, sostiene que la Cámara incurre en la contradicción de ordenar al mismo tiempo indemnizar la desvalorización del remanente y pagar lo que demande la construcción de un puente sobre el Canal 11 (además del que ya está construido sobre la calle adyacente) para integrar las dos fracciones en que ha quedado dividido el campo.
Añade aquí que lo expuesto se ve reforzado por la propia sentencia que reconoce que el monto que manda a pagar en concepto de "puente sobre el canal 11" remedia la incomunicación y el aislamiento de ambos sectores. Circunstancia que se evidencia aún más cuando asevera que el magistrado de grado halló necesaria la construcción del mentado puente, promediando su costo en los guarismos arrojados por los expertos, " a los fines de permitir una adecuada explotación agropecuaria ".
Rebate la conclusión de la Cámara de que la circunstancia descripta por el ingeniero Alfieri respecto "al alto grado de anegamiento temporal pero prolongado que pueden sufrir las parcelas 1969 y 656 por la presencia de las obras referidas " fundamenta la procedencia del rubro desvalorización del remanente, porque en rigor ello no es una consecuencia "directa y forzosa" de la expropiación (conforme requiere el art. 8, LE), sino una derivación de la obra pública.
Finalmente afirma que el concepto de desvalorización del remanente se encuentra directamente relacionado con la continuidad y perdurabilidad del perjuicio, es decir que este se produzca en todos los ciclos productivos y que sea irreversible, en consecuencia, el anegamiento de un campo que se produce en períodos de excesivas precipitaciones, no se ajusta a los preceptos básicos que definen la desvalorización de un campo.
Dicho todo esto entiende que ha quedado sobradamente acreditada la improcedencia del rubro desvalorización del remanente.
III.4. Por último, señala que la base de cálculo de la superficie remanente de la totalidad del campo de propiedad del expropiado que asciende a 4.291 ha, 89 a y 93 ca, desconoce que la unidad económica de producción agraria en esa zona de la Provincia es de 220 hectáreas.
En segundo lugar y siendo que lo relevante (tal lo que surge de la cita del informe de Alfieri) es la anegabilidad del predio, debiera considerarse qué porcentaje del campo se inunda y cuál no. Añade que la Cámara prescindió ponderar que el predio rural se halla en la región centro-este de la Provincia de Buenos Aires, llamada Pampa Deprimida, donde la topografía suele ser llana, surcada por cañadas y bajos, con mal drenaje y escaso escurrimiento (pericias ings. Villamarín, Vázquez y Alfieri, anexo 6). Y que, en el linde entre los dos inmuebles afectados en autos (uno de ellos en el partido de Rauch, el otro en el de Las Flores) se trazó la obra hidráulica de principios de la década del setenta, sobre un canal o cañada de vieja data que es el que oficia de límite geográfico entre los dos partidos.
Reitera que esta segunda obra se ejecutó para beneficio
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.