Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78549
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.549, "Frigorífico Paloni S.A. c/ Fiscalía de Estado -Provincia de Buenos Aires- s/ Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, por mayoría y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, rechazó el recurso de apelación incoado por la Fiscalía de Estado y acogió el interpuesto por la actora. En consecuencia, revocó el pronunciamiento de grado y elevó el monto de la indemnización expropiatoria (v. sent. de fecha 29-IX-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 18-X-2022, 12:46:45 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 6 de diciembre de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal y admitió el de la parte actora. En consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia y elevó el monto de indemnización expropiatoria (v. sent. de fecha 29-IX-2022).
Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada realizó las siguientes consideraciones:
I.1. En primer lugar, efectuó una reseña de las actuaciones. En ese sentido puntualizó:
Que no se encontraba en debate la concurrencia de los recaudos de procedencia de la expropiación inversa, ya que esos aspectos jurídicos-fácticos habían sido abordados por esa alzada al dictar sentencia acogiendo la demanda en la causa C-2139-BB1, "Frigorífico Paloni S.A." (sent. de 9-X-2014), pronunciamiento luego confirmado por esta Suprema Corte el día 29 de mayo de 2019 (causa A. 73.505), en el cual también se fijó como fecha de desposesión el día 12 de diciembre de 2012, correspondiente a la fecha de publicación de la ley de prórroga 14.404 (art. 8, ley 5.708) y se ordenó remitir los presentes obrados a la instancia de origen a fin de que se determine la indemnización correspondiente.
Que devueltas las actuaciones, el juez de primera instancia dictó sentencia fijando la indemnización expropiatoria en la suma de $11.906.363, monto al que adicionó los intereses que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, desde la fecha de la desposesión, que la estableció en la sanción de la ley 13.567 —esto es el 26 de septiembre de 2006—, hasta su efectivo pago (v. sent. de fecha 6-XI-2020).
Que, apelado dicho pronunciamiento y arribados los autos a la alzada, la Cámara ordenó una medida para mejor proveer, a fin de ajustar el fallo a valores más cercanos a la sentencia que debía dictar. A tal fin, requirió a los peritos designados que estimen nuevamente el valor actual de los bienes objeto de autos para establecer el monto indemnizatorio correspondiente.
En cumplimiento de lo ordenado, el perito Guillermo Walter Dennehy presentó nuevo informe con fecha 10 de noviembre de 2021, como así también contestó las impugnaciones y respondió las explicaciones solicitadas mediante presentación de fecha 21 de diciembre de 2021. Por su parte, el perito Luis Gutman presentó su dictamen con valores actualizados en fecha 1 de febrero de 2022 y brindó explicaciones en presentaciones de fechas 25 de febrero de 2022 y 7 de marzo de 2022.
I.2. Delineados los principales antecedentes del sub lite , se abocó a meritar los cuestionamientos y agravios esgrimidos por ambas partes contra la sentencia dictada por el juez de grado el 6 de noviembre de 2020 —a quien le remitieron las actuaciones para determinar la indemnización correspondiente—, en relación a: i) los parámetros aplicables para el cálculo de la indemnización; ii) la fijación de su quantum ; iii) la fecha de la desposesión y iv) el curso de los intereses.
I.2.a. En esa faena, comenzó por señalar que correspondía fijar el valor de los bienes expropiados con criterio de actualidad, ello así en tanto resulte posible a la luz del material probatorio obrante en la causa.
I.2.b. Sentado ello, se abocó a determinar el justo valor de los bienes expropiados:
i) Valor de la tierra libre de mejoras : al efecto ponderó el segundo dictamen presentado por el ingeniero agrónomo Dennehy (10 de noviembre de 2021) pues, —según indicó— el guarismo informado era el que mejor se aproximaba a la cotización más reciente del bien y que surgía de la tasación efectuada por la Sala B del Tribunal Nacional de Tasaciones sobre una parcela lindante al predio en cuestión, de similares características. Asimismo, añadió: que la utilización del dólar como parámetro de referencia no constituía un índice de actualización monetaria; que dicha tasación se mantenía estable al momento del dictamen pericial y que lucía respaldado por la información colectada por el restante perito interviniente, tasador Luis Gutman.
Sin perjuicio de ello, advirtió que el perito Dennehy realizó el cálculo sobre una superficie mayor a la expropiada, por lo que el Tribunal de Alzada realizó las adecuaciones correspondientes. Consecuentemente, modificó la sentencia de grado y fijó el monto indemnizatorio en la suma de $252.431.153.
Agregó que tal solución no implicaba una actualización, reajuste o indexación, sino el deber de indemnizar a los valores próximos a la sentencia.
Para más, ponderó que la suma fijada guardaba sustancial correspondencia con la estimada por el letrado de la Fiscalía de Estado como representativo del justo valor de la tierra libre de mejoras.
Finalmente, y con base en la doctrina de esta Suprema Corte, adecuó el cómputo de intereses los que dispuso se liquiden conforme la denominada tasa de interés puro del 6% anual, desde el 12 de diciembre de 2012 ( dies a quo fijado por esta Suprema Corte mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2019) y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (hito que fijó el día 10 de noviembre de 2021, fecha del segundo dictamen del perito Dennehy). De allí en más, aplicó la tasa de interés pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
ii) Edificaciones y mejoras existentes en la planta frigorífica : para fijar el valor actualizado de las construcciones existentes tuvo en cuenta las tasaciones efectuadas por los peritos Dennehy y Gutman, en cumplimiento de la medida para mejor proveer ordenada por esa alzada, al considerarlas representativas de un valor que se correspondería con aquel que la demandada entendía como justo a los fines de este segmento. Así, promediando ambas cotizaciones, lo estableció en la suma de $233.594.934.
Con relación a los intereses, por tratarse de un resarcimiento calculado según parámetros de actualidad, siguiendo las pautas establecidas al fijar los accesorios del rubro anterior, aplicó la tasa pura del 6% desde el dies a quo fijado por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia de fecha 29 de mayo de 2019, esto es el 12 de diciembre de 2012 hasta el 10 de noviembre de 2021 (fecha del segundo dictamen presentado por el perito Dennehy) y de allí en adelante aplicó la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
iii) Automotores : al respecto, ponderó los informes del tasador Gutman y estimó el valor actual de los vehículos de la empresa en la suma de $20.860.000 —conforme cotización que efectuara con fecha 1 de febrero de 2022— toda vez que según indicó el trabajo del experto no evidenciaba absurdos, inconsistencias o contradicciones notorias que puedan atentar contra su eficacia probatoria; destacando asimismo, que su labor no fue objeto de críticas en este segmento, ya que si bien el apoderado de la demandada impugnó diversos pasajes de su dictamen, ninguna objeción planteó en relación a la valuación realizada por el perito respecto del rubro automotor.
Con relación a los intereses, aplicó la tasa pura del 6%, desde el dies a quo fijado por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia de fecha 29 de mayo de 2019, esto es el 12 de diciembre de 2012 hasta el 1 de febrero de 2022 (fecha del segundo dictamen presentado por el perito Luis Gutman) y de allí en adelante la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
iv) Otros bienes muebles y maquinarias : en relación a este rubro, consideró que los informes presentados en cumplimiento de la medida para mejor proveer, carecían de la fuerza de convicción necesaria para dilucidar el tópico en examen, toda vez que los guarismos informados no importaban una estimación del valor actual, sino una mera compilación de presupuestos actualizados (cfr. tasación presentada por Gutman el 1 de febrero de 2022) o el resultado de una operación prohibida de conversión a divisa extranjera de un monto histórico (para luego traducirlo a la cotización del dólar vigente al 10 de noviembre de 2021), como propuso el ingeniero Dennehy.
Consecuentemente, estimó prudente fijar como resarcimiento un importe equivalente al término medio entre las primigenias tasaciones efectuadas por ambos peritos, lo que se tradujo en la suma de $1.071.551,70.
En lo concerniente a los intereses, al no haberse podido establecer el valor actual de los bienes, aplicó la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el dies a quo fijado por la Suprema Corte, esto es 12 de diciembre de 2012 y hasta su efectivo pago.
v) Valor llave : en esta parcela confirmó lo resuelto por el juez a quo que —a su turno— rechazó la indemnización del rubro en cuestión.
Al efecto ponderó que con anterioridad al dictado de la ley 13.567 la empresa se encontraba sin actividad, paralizada, ocupada por sus obreros e inmersa en un proceso falencial, por lo cual era carga de la actora acreditar que la empresa conservaba un capital intangible susceptible de ser indemnizado, considerando inapropiados a tal fin los informes periciales presentados, pues se basaron en apreciaciones potenciales o conjeturales sobre la capacidad productiva.
Finalmente, agregó que la valorización que provenga de la expropiación en sí se encontraba excluida del resarcimiento, ya que el valor de los bienes debe regularse por el que hubieren tenido si no hubieren sido declarados de utilidad pública, no pudiendo ponderarse —en la especie—, el mayor valor que pueda haber introducido la cooperativa.
II. Contra dicho pronunciamiento el Fisco demandado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 18-X-2022, 12:46:45 hs.), en el que denuncia violación de los arts. 8, 9, 35 y concordantes de la ley 5.708; 2, 3 y concordante del Código Civil y Comercial de la Nación; 384, 474 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 7 y 10 de la ley 23.928 (modif. por la ley 25.561). Asimismo, alega absurdo valorativo y vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte y de fallos de la Corte de Justicia de la Nación que cita.
Sostiene que la Cámara incurre en absurdo en su ficta búsqueda de un criterio de actualidad para fijar el valor del bien inmueble expropiado puesto que, por un lado, soslayó el proceso falencial en el que se encontraba la firma actora al momento de dictarse la ley expropiatoria y, por otro, estableció el valor real del bien expropiado en dólares y ponderó para su fijación todos los aumentos intrínsecos y extrínsecos que incrementaron notablemente su valor.
Manifiesta que el Tribunal de Alzada aplicó de un modo mecánico y ritual el abstracto criterio de actualidad, desentendiéndose de las constancias objetivas de la causa y consagrando así una solución que veda el acceso a la verdad objetiva, cercenando con ello la posibilidad legal de establecer la justa indemnización a la fecha de la desposesión (cfr. arts. 8, 9, 35 y concs., ley 5.708).
Agrega que también aplicó mecánicamente las estimaciones realizadas por los expertos intervinientes, cuyas tasaciones —aduce— lucen inidóneas, carentes de rigor científico y sin ninguna fuerza probatoria (cfr. art. 474, CPCC).
Por su parte, postula que la sentencia en crisis, en cuanto utiliza al dólar como mecanismo de ajuste/actualización, violenta la prohibición de actualizar contenida en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (modif. por el art. 4 de la ley 25.561).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se advierte que las cuestiones sometidas a decisión a través de la impugnación extraordinaria deducida en autos, referidas a la violación del art. 8 de la ley 5.708 por haberse fijado en las instancias de grado un monto indemnizatorio en un momento distinto al de la desposesión, como así también a la utilización del dólar estadounidense como parámetro de referencia, han sido resueltas por este Tribunal en las causas A. 73.043, "Fisco de la Provincia c/ Borgoglio" y sus citas (sent. de 5-III-2021) y, más recientemente, en A. 73.615, "Mendi Agrícola Ganadera S.A. Comercial y Forestal" (sent. de 22-III-2024), a cuyos fundamentos remito en honor a la brevedad para desestimar los agravios bajo análisis (cfr. art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
III.2. Por otro lado, tampoco es de recibo el intento del Fisco recurrente tendiente a descalificar la valoración de la prueba efectuada por los sentenciantes.
Al respecto, cabe destacar que conforme tiene dicho este Tribunal, determinar el justo valor expropiatorio a través del análisis de la prueba producida en la causa —fundamentalmente de la pericial— constituye una tarea propia y privativa de los jueces de grado, que solo puede ser objeto de revisión en la instancia extraordinaria si se demuestra que ha sido el producto de un razonamiento viciado por el absurdo (doctr. causas A. 69.632,"El Inca de Alsina S.A.", sent. de 27-XI-2013; A. 72.040, "Municipalidad de General Pueyrredon", sent. de 19-X-2016; e.o.).
En el caso, a los fines de determinar el justo valor indemnizable, la Cámara ponderó las particulares circunstancias de la causa, a partir de las cuales ordenó una medida para mejor proveer a fin de que los peritos intervinientes estimen nuevamente el valor de los bienes objeto de autos para ajustar el fallo de grado a los valores más cercanos a la sentencia a dictar por esa alzada. Luego meritó minuciosamente cada uno de los rubros pretendidos y los informes periciales producidos, llegando incluso a realizar las adecuaciones correspondientes para calcular correctamente el valor del terreno —en virtud de que la dimensión del predio expropiado resultó menor a la calculada en las experticias— y desestimar la petición actoral por el ítem "valor llave" por no encontrar elementos de juicio idóneos que le permitieran apuntalar ese reclamo.
Por su parte, y de conformidad a lo resuelto por esta Suprema Corte mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2019, fijó el dies a quo de los intereses el 12 de diciembre de 2012 y readecuó la tasa al 6% anual, en aquellos supuestos en los que el bien se calculó a valor actual.
A la luz de estas consideraciones, se advierte que las críticas ensayadas por el Fisco recurrente, afincadas en que el Tribunal de Alzada se desentendió de las constancias objetivas de la causa para fijar el valor del bien expropiado y que las tasaciones realizadas por los expertos intervinientes carecen de rigor científico, no resultan suficientes para demostrar el razonamiento erróneo de los sentenciantes que, en grado de absurdo, permita reeditar los temas apuntados (arts. 279 y 384, CPCC).
Es que este vicio es de tal magnitud que solo puede constituirse por el error grave y ostensible en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, de todo lo cual haya resultado una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica (doctr. causas A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 75.529, "Arias", resol. de 14-VIII-2019; e.o).
Como se adelantara, el Fisco recurrente no logra probar el defecto señalado, resultando sus agravios una mera disconformidad con lo resuelto, situación que resulta insuficiente para revocar la decisión recurrida (art. 279, CPCC).
III.3. Tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal, que el impugnante intenta fundar con la trascripción de sumarios jurisprudenciales provenientes de fallos de este Tribunal como de la Corte federal, que entiende vulnerados por el fallo en crisis.
Cabe señalar que, conforme tiene dicho esta Corte, para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (cfr. causas A. 76.590, "Zheng", sent. de 23-VI-2023; A. 74.300, "Hernández", sent. de 14-II-2024; A. 78.628, "B., G. M.", sent. de 6-V-2024; e.o.).
Por lo demás, y conforme lo ha resuelto este Tribunal, la invocación de precedentes de otros órganos judiciales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de la Nación (doctr. causas A. 74.746, "Clavero", sent. de 6-X-2021; A. 78.027, "Beneitez", sent. de 29-IV-2024; e.o.).
Tal déficit argumental no puede ser suplido por este Tribunal.
III.4. La misma solución desfavorable se impone para la invocada violación a las normas constitucionales y legales, por cuanto no se acredita de qué manera el resolutorio en crisis colisiona con los derechos y garantías emergentes de esos preceptos que se dicen infringidos, tarea a cargo del Fisco recurrente —en el caso insatisfecha— que no puede ser suplida por esta Corte (doctr. causas A. 77.421, "Báez", sent. de 7-III-2024; A. 78.628, cit.).
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la parte demandada (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
Voto por la negativa.
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al Fisco recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Kohan dijo:
Dejando a salvo el criterio expuesto al tiempo de votar en C. 108.722, "U.N.I.R.E.C." (sent. de 16-II-2023), causa en la cual formulara nociones que entiendo fundamentales sobre la cuestión expropiatoria, adhiero a lo expuesto por el doctor Torres en el punto III.1 de su voto; adhesión que hago extensiva al resto del desarrollo de tal voto pues, como el ponente, advierto también en el caso la indisputable insuficiencia del medio revisor en lo demás que es materia de agravio.
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.